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Jujuy: crónica de una pueblada en defensa de la vida y la dignidad

Nota elaborada y publicada por Noelia Carrazana para Red Eco Alternativo y Mink’a Comunicación.

Foto: Imagen Cítrica

A 15 días de comenzadas las diferentes movilizaciones en la provincia de Jujuy, este lunes el gobernador Gerardo Morales manifestó en conferencia de prensa que va a retirar los artículos 36 y 60 de la reforma de la Constitución, textos que afectan directamente a la vida y a la posesión de los territorios de las comunidades indígenas.

El mandatario también expresó que van a mantener los artículos que limitan la protesta social, indicando que ya existe el derecho a circular (garantizado por la Constitución Nacional) y volvió a mencionar que cada persona que participó en la protesta pagará una multa de un millón y medio de pesos. Es decir, está “garantizado” el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo.

En respuesta a estas declaraciones, desde diferentes comunidades indígenas solicitaron que para este martes se intensifiquen los cortes de ruta. Desde Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), se invitó a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia, tal como lo vienen haciendo en los últimos días.

A través de comunicados emitidos luego de la conferencia de prensa, aclararon que «la lucha que llevamos adelante no es por uno o dos artículos, sino contra toda la reforma de la constitución provincial».

Pero… ¿Qué está pasando en Jujuy?

El día 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.

El 9 de junio se realizó una multitudinaria Marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín y otras localidades de la provincia en un reclamo unánime de aumento salarial. A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, policía en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con quita de sus productos en pos de “un Jujuy ordenado y limpio”.

El mismo día a través del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación». Esto se vivió como una coacción ya que las cifras a pagar son altísimas, pero lejos de desistir en la lucha la ciudadanía siguió movilizada.

El 14 y 15 de junio, con el cántico “Abajo la reforma, arriba las wiphalas”, las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada “Tercer Malón de La Paz” hacia la capital provincial para mostrar su rechazo a la reforma inconsulta de la Constitución Provincial, que estaba gestando Gerardo Morales a puertas cerradas.

El jueves 15 a la noche se aprobó la reforma a la Constitución Provincial, siendo ésta la gota que hizo explotar la bronca del pueblo jujeño.

El viernes 16 llegó el Malón de La Paz a San Salvador y ahí, después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. “Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades”, explicó con emoción Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.

El sábado 17 Jujuy se despertó con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto la ciudad capital hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar, la orden fue: represión feroz. Dejó varias personas pertenecientes a comunidades indígenas heridas de gravedad, un adolescente perdió un ojo y todavía existen denuncias de personas que se les desconoce el paradero, ya que no han sido encontradas por sus familias en los hospitales o salitas de emergencia cercanas.

“Lo que más me dolió fue ver como sacaron todas las pertenencias de los que estábamos movilizados, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les importó las mujeres, niños, ni ancianos”, contó Gumersindo que estaba en un corte en una localidad cercana a Purmamarca.

Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy y allí además de elegir un nuevo gobernador también se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución. Carlos Sadir, perteneciente al partido de Morales consiguió el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participación electoral fue de un 60%, es decir que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.

Estas elecciones estuvieron teñidas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores políticos de argentina solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro político e incluso los dirigentes de mayor peso del peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando así la elección.

juan grabois fraude jujuy

Luego de estas elecciones Morales siguió conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios años ya es una figura de renombre nacional y desde 2021 – cuando fue elegido el presidente del Partido Radical – esa cuota de poder se amplió.  A principio de este año recibió el apoyo de su partido para ser uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones de octubre, por lo que desde hace tiempo, sus aspiraciones miran mucho más allá de su provincia.

Como todo patrón está acostumbrado a mandar y que se le obedezca, por lo que luego de la conferencia de prensa del día de este lunes circularon audios y capturas de pantallas por los grupos WatshAp de docentes jujeños donde se denunciaba “el ofrecimiento de 10.000 pesos a cada persona que asista el día martes 20 para la jura de la nueva Constitución Provincial”.

Reforma exprés de la Constitución

La propuesta de reforma era la modificación a 193 de los 212 artículos vigentes y los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Pero las reuniones de “debate” no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.

El 1 de junio se conoció el proyecto que proponía recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara de Diputados al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales.

En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El actual gobernador, Gerardo Morales – que también es convencional constituyente – ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del pasado septiembre de 2022, como la actual.

Solo denunciaron estas maniobras la Izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se ya se manifestaba en las calles.

Comunidades indígenas y el litio

La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que por la legislación argentina pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor. Particularmente lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy, donde están asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.

Desde que llegó Gerardo Morales a la gobernación no tuvo empacho en tejer diferentes maniobras para conseguir financiamiento extranjero para explotar estos territorios. El año pasado incluso llegó a escribir un Twitter público al locuaz empresario Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos “Jujuy Verde”, es decir que la explotación del litio es uno de sus proyectos más ambiciosos de gobierno.

gerardo morales reforma constitucion

Pero además del Litio las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a través del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N° 26160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas personas. Entonces además de este histórico pedido, los principales reclamos del Tercer Malón de la paz son:

-Rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.

-Rechazo a la reforma “inconstitucional”.

-Reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades.

-Renuncia de Gerardo Morales.

 Salarios de hambre

En Argentina según datos de mayo del INDEC, la canasta básica fue de 203 mil pesos para que una familia no esté bajo la línea de pobreza. En esta provincia el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y según datos del Ministerio de Educación de la Nación, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales más bajos.

comparación salarial jujuy salta tucuman

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 20 de junio 2023

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Rompiendo Fronteras:

  • HONDURAS: Asesinan al defensor del territorio Oqueli Domínguez en Guapinol, el activista antiminero es uno de al menos 3 asesinatos de opositores a los megaproyectos que invaden la zona.  Por Guapinol.
  • WALLMAPU CHILE: Un año de Estado de Excepción ES UNA DECLARACIÓN DE GUERRA AL PUEBLO MAPUCHE MOVILIZADO POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA Comunicado de Héctor Llaitul Carrillanca Vocero Coordinadora Arauco Malleco-CAM.
  • GLOBAL: La “revolución de Gladis”: ¿por qué las orcas atacan a las embarcaciones? Por Radio Temblor
  • ITALIA FRANCIA: Declaración conjunta de la coordinación de los opositores al Tren de Alta Velocidad (TAV Lyon-Turín). Más de 5.000 personas en la movilización internacional a pesar de las prohibiciones y la violencia policiaca. De Notav.

Desde el Ombligo del Monstruo

  • OAXACA: Eloxochitlan bajo amenaza y en autodefensa. Jornada de lucha en la ciudad de Oaxaca, amenazas a familiares y la formación de un llamado grupo de autodefensa. Vamos a escuchar el podcast  de Kino Balu
  • OAXACA: Comunidad de Puente Madera logra suspensión del parque industrial en su territorio ante imposición del Corredor Interoceánico. Noticias de abajo.
  • MORELOS: Exigen justicia para el Samir Flores ante mal trabajo y montajes por parte de la fiscalía que lleva el caso.
  • CHIAPAS:  3 mil personas desplazadas de Frontera Comalapa, denuncian omisión de los gobiernos federal y estatal ante violencia de crimen organizado.
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Avispa Midia

Tecnologías de la transición energética requieren 29% más aluminio; Amazonía en riesgo

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El aumento de la demanda mundial por aluminio, considerado material crítico para la llamada “transición energética”, aumentará los impactos en comunidades tradicionales en la Amazonía brasileña e intensificará la deforestación. La alerta hace parte del estudio Transición energética y la demanda por aluminio en Brasil, realizado por la Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI).

El aluminio es uno de los metales claves en la “transición energética” y podrá, según el estudio, tener un crecimiento mundial de 29% en la demanda hasta 2030. El metal ya es el segundo más utilizado en el mundo, después del hierro, con 67,2 millones de toneladas producidas en 2021.

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Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo, materia prima del aluminio, y posee la cuarta mayor reserva internacional del mineral, después de Australia, Guinea y Vietnam.

El estado de Pará, en la Amazonía, posee alrededor de 75% de las reservas nacionales brasileñas de la bauxita. En el municipio de Oriximiná, en el mismo Estado, está la mayor productora de bauxita del país, la Mineração Rio do Norte (MRA).

De acuerdo con el estudio, la MRN a lo largo de los 40 años de operación, ha causado deforestación de 10,8 mil hectáreas para dar lugar a la instalación de minas de bauxita y presas de jales en la reserva Floresta Nacional de Saracá Taquera, en zonas originalmente utilizadas por comunidades tradicionales.

“Las comunidades impactadas por proyectos mineros, como los pueblos tradicionales de Oriximiná, sufrirán más la aceleración de la explotación minera y la apertura de nuevas minas y proyectos en Brasil, y particularmente en la Amazonía”, sostienen los autores del estudio Luiz Jardim Wanderley y Pedro Catanzaro Rocha Leão.

Emisión de carbono

Los autores alertan también para el hecho de que el aumento de la extracción de minerales, demandado para las nuevas tecnologías que requiere la “transición energética”, aumentará las emisiones de carbono. “Las emisiones de carbono relativas a la explotación minera mundial crecieron 50% entre 2005 y 2018. La emisión de carbono por la producción de aluminio casi duplicó en el mismo periodo y ya representa el 2% de las emisiones globales”, señalan los autores.

Inversiones para la “transición”

La “transición energética” cuenta con promesas de robustos paquetes económicos de los grandes Estados Naciones, conocidos como “New Green Deal Global”. “Los analistas del mercado apuestan en un nuevo ciclo de las commodities, en especial de los bienes minerales”. La meta de la Unión Europea y de los Estados Unidos, según el estudio, para cumplir el Acuerdo de París es alcanzar una matriz energética de emisión cero y una emisión líquida de impacto neutral hasta 2050.

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Para eso, se estima ser necesario una inversión de 2,5% del PIB mundial por años, es decir, 2 trillones de dólares en inversiones pública y privada. Solo en el sector minero, para aumentar la producción de los cinco principales metales para las tecnologías de la transición, serán necesarios 1 trillón de dólares en 15 años, siendo 335 billones destinados para el aluminio.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 13 de junio 2023

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Rompiendo Fronteras

  • EUA: Estados Unidos: Arrestan a organizadores del fondo de fianzas para manifestantes contra la Ciudad Policía, la semana de acción se fortalece. Hijos de la tierra
  • ECUADOR: pueblos en resistencia de todo el país entregaremos un MANDATO POPULAR para exigir la declaratoria de un Ecuador Libre De Minería. Frente Nacional AntiMinero.
  • PANAMÁ: En Panamá se realiza piqueteo y conferencia de prensa en defensa de Cerro Quema. Radio temblor.
  • GLOBAL:  11 de junio: La historia de un día de solidaridad de prisioneros anarquistas. Crimethinc.
  • CHILE GLOBAL: Palabras de los presos anarquistas Mónica, Joaquín, Marcelo, Juan y Francisco frente a la arremetida represiva del estado contra compañeros en la cárcel-empresa Santiago 1  y a la compañera Itamar en el CPF de San Miguel.
  • PÓDCAST: Píldoras de Salud Libre: Los Miomas

Regionales

  • CDMX: Movilizaciones del 10 de junio para no olvidar el Halconazo y la violencia del Estado. Por  Tasha.
  • OAXACA: #Manifiesto de las Mujeres Autodefensas Por la libertad desde la Sierra Mazateca y denuncia de asesinato de niño por policías en Eloxochitlan. Por Juan Pérez y audio de Kino Balu
  • GLOBAL MÉXICO: Jornada Global por los zapatistas. Cientos de acciones en una decena de países en México y  el mundo se han sumado a la campaña contra las agresiones a las comunidades zapatistas. El gobierno guarda silencio cómplice. Radio Zapatista.

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Avispa Midia

Pueblos y organizaciones de Perú anuncian reanudación de protestas en junio

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.

Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.

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Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.

Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.

Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.

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Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.

Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.

La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).

Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.

Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.

Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.

Racismo letal

El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de
Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.

De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.

Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.

Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.

Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.

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Raúl Zibechi: El despojo recién empieza y va a durar mucho tiempo

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto: La Tinta

La guerra de despojo que viven los pueblos en el mundo recién empieza y va a durar mucho tiempo. La alerta fue lanzada por el escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, Raúl Zibechi, durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas. “Por más que ha avanzado (el capital), todavía hay mucha tierra que no controla, por eso digo que el despojo va para largo”.

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En los países donde se han hecho estudios sobre la propiedad de la tierra, comenta, se ha revelado que el 40%, es decir 4 de cada 10 hectáreas, aún no está en las manos ni de la oligarquía, ni de las corporaciones, ni del gran capital.

Un caso es el de Brasil. Existen análisis bastante rigurosos, sostiene, los cuales revelan que el 40% de las tierras en el país son tierras de reforma agraria, de los pueblos negros e indígenas, tierras que son reservadas por el Estado como parques naturales o reservas de conservación, aquellas tierras que son de los pequeños campesinos, además de tierras donde están los pescadores tradicionales.

Hay países que sobrepasan el 40%. Un ejemplo es Colombia. “Los pueblos originarios tienen un tercio de las tierras reconocidas por la Constitución, además de las tierras donde están los pueblos negros, las reservas naturales. Probablemente en Colombia sea más de 50%”, analiza.

Las guerras de despojo son estructurales del capitalismo. “Hoy el capitalismo no puede vivir sin estas guerras. Hoy el capitalismo no puede actuar sin violencia contra los pueblos. Hay que despojar, hay que matar, hay que asesinar; y, por lo tanto, el militarismo llegó para quedarse”.

En la izquierda siempre “habíamos desconfiado de los militares, pero ahora los progresistas de América Latina defienden a las fuerzas armadas”. México es el paradigma más brutal de la militarización, sostiene, cuando les da a las fuerzas armadas la construcción de las grandes obras.

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Y eso está pasando en Argentina también. “Las Fuerzas Armadas no podían salir en público porque cometieron un genocidio durante la dictadura, y ahora el gobierno progresista argentino decreta que ocho grandes emprendimientos extractivos se militarizan, algo que ningún gobierno, ni la derecha, ha podido hacer”.

En Colombia, donde hay un nuevo progresismo con el gobierno de Gustavo Petro, ya se hizo una alianza con las Fuerzas Armadas de EEUU para “defender” la Amazonía.

El narcotráfico hoy también es sistémico, analiza. “Estamos ante un período en el cual hay un entrelazamiento entre el narco y el capital. El narco y el Estado. El narco y las Fuerzas Armadas. A tal punto que sería muy difícil establecer una línea, dibujar una frontera y decir esto es narco, esto es burguesía”.

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Entonces el diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la Cuarta Guerra Mundial, que se ha hecho hace más de dos décadas, “nos parece totalmente acertado y totalmente correcto; se vive una guerra de despojo contra los pueblos para ‘limpiar’ el territorio, y remodelarlo a imagen y semejanza de los intereses del capital”.

Sostén de la lucha

Zibechi ha entendido en toda su vida que la base de la autonomía de los pueblos era las tierras en común. “Y, por supuesto, las tierras comunales son bien importantes, son fundamentales para que pueda haber pueblos en resistencia”, sostiene.

Pero hoy entendió, cuenta, que la base de la tierra comunal y de las autonomías es la espiritualidad de los pueblos. “La espiritualidad es lo que nos permite sostenernos en el tiempo largo; la principal victoria es que llevamos 500 años. Y es capaz que haya que estar otros 500 más”.

Hay un cuento que lo escribe el Subcomandante Marcos, un diálogo con el viejo Antonio, que dice que la lucha es como un círculo. “Empieza en un lugar pero nunca termina. Y esto ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Si la lucha nunca termina, quiere decir que no hay un objetivo final, la toma del palacio. No hay una victoria final. No hay un triunfo final”.

La idea de triunfo final, señala, es una idea muy católica, muy cristiana, incorporada a la lucha social. “Si la lucha es un círculo que nunca termina, la espiritualidad es lo que nos sostiene en este tiempo largo”.

La Internacional Comunista habla de la lucha final. “La lucha final es entrar en el palacio, tomar el poder. Y se considera que tomar el poder es sinónimo de hacer la revolución. Gracias a los pueblos originarios y gracias a los aportes de los compañeros del EZLN hoy sabemos que no hay una lucha final, sino un círculo”.
El escritor sostiene que es necesario superar la idea del cálculo político de costo-beneficio, el pragmatismo político. “Porque sino siempre vamos a estar volviendo a esta ideología capitalista, a estos valores capitalistas, que son centrales en la dominación”.

Zibechi cita como ejemplo las guerras de Guatemala y El Salvador. “Vemos como a la lucha de los pueblos originarios se le montó encima un aparato de vanguardia y este aparato de vanguardia – de varones blancos, académicos – actuó de una manera, como solemos decir, pragmática. En cierto momento, hizo un cálculo de costos y beneficios, como el capitalismo lo hace. Y lo hicieron y negociaron, en una situación deplorable, porque no cambió nada”.

Para superar la lógica del pragmatismo, la espiritualidad de los pueblos es central, defiende. “Si queremos ser verdaderamente rebeldes, luchar por cambios de fondo, tenemos que superar esta lógica del cálculo, que es siempre individual”. Continúa: “La espiritualidad nos coloca en otro lugar, no material, profundamente humano para poder ir más allá de las contradicciones materiales”.

Todo lo que “vemos hoy es que viene una enorme tormenta, que ya está en marcha, un terremoto infernal sobre nosotros. No podemos construir barreras materiales contra eso (…) podemos unirnos y darnos los brazos y entregarnos a la vida ya a la madre tierra, con la esperanza de que ella nos indique el camino”.

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Articulan resistencias contra megaproyectos en el sureste mexicano

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio
Fotos: Medios libres / El Sur Resiste

La caravana El Sur Resiste 2023, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones aliadas, recorrió zonas afectadas por los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, del 25 de abril al 7 de mayo.

La difusión de campañas informativas traducidas en lenguas indígenas, el mapeo de los megaproyectos, análisis de redes sociales, encuentros nacionales para las juventudes y una movilización internacional, fueron los acuerdos a los que llegó la asamblea de la caravana, tras la culminación de las actividades.

El 5, 6 y 7 de mayo, se efectuó el Encuentro Interno y el Internacional en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) en San Cristóbal de Las Casas. De la primera reunión surgieron acuerdos con las comunidades articuladas.

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Caravana y Encuentro internacional El Sur Resiste

PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL EL SUR RESISTE “Capitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonomías en rebeldía”

CIDECI-UNITIERRA / CARACOL JACINTO CANEK 7 de mayo 2023.

A la Comandancia General del EZLN:
Al Congreso Nacional Indígena:
Al Concejo Indígena de Gobierno:
A las organizaciones nacionales e internacionales que luchan y resisten:
A los medios de comunicación libres, alternativos, independientes o como se llamen:
A los pueblos de México y el mundo:

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Desde el Corazón de la tierra donde nació, creció y se reproduce la digna rabia, los pueblos rebeldes de las geografías del Sur Sureste que caminamos la caravana El Sur Resiste 2023, pueblos binnizá, Ayuuk, Nahua, Nuntajiyi (Nuntajuyi), Maya, Chol, Zoque, Tzeltal, Tojolabal, Tsotsil y mestizos, convocados por diversas organizaciones de esta geografía y por el Congreso Nacional Indígena, recorrimos los territorios afectados por los megaproyectos militares interconectados, Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico. Llegamos al territorio zapatista del CIDECI-UNITIERRA / Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nos reunimos con muchos otros pueblos y organizaciones de los pueblos originarios y las zonas urbanas del sur sureste del país y de otras muchas regiones de nuestra Madre Tierra para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación, aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencia y rebeldía planetaria.

Del 25 de abril al 4 de mayo, los integrantes de la Caravana El Sur Resiste viajamos por comunidades y pueblos de ocho Estados de la República Mexicana; partiendo de la comunidad de El Progreso, municipio de Pijijiapan, con una escala en Tonalá, recorrimos la costa de Chiapas y cruzamos el Istmo de Tehuantepec, desde la comunidad Binniza en resistencia de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, pasando por el campamento rebelde “Tierra y Libertad” en el paraje de la comunidad Aayuuk de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi ambas comunidades del estado de Oaxaca y llegando a la comunidad nahua de Oteapan en el Sur de Veracruz. De ahí, emprendimos el recorrido rumbo a los territorios mayas de la península de Yucatán, atravesando el Estado de Tabasco por Villahermosa y la comunidad costera de El Bosque devorada por el mar por efecto del calentamiento global, llegando a Candelaria, Campeche, y siguiendo la ruta hasta la comunidad de Zakí, hoy nombrada Valladolid en Yucatán y la comunidad de Noj Kaaj Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, regresando por Xpujil nuevamente en territorio campechano para regresar a Chiapas y encontrarnos con los pueblos zoque, chol, tsotsil, tojolabal y tzeltal, con una parada en Palenque, cruzando la región de los Altos para llegar a nuestro destino final, Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas.

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Avispa Midia

En Guatemala, pueblos ixiles conmemoran 10 años de sentencia por genocidio contra Ríos Montt

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes
En portada: Pueblos ixiles se movilizan para conmemorar una década de la sentencia condenatoria por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Foto: Festivales Solidarios

Pueblos originarios y organizaciones sociales de Guatemala conmemoran este miércoles (10) el décimo aniversario de la sentencia por genocidio dictada contra el general y dictador Efraín Ríos Montt, a quien la jueza Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión por el asesinato de 1,771 mayas ixiles del norte del país centroamericano entre 1982 y 1983.

En la Ciudad de Guatemala, esta mañana se realizó una ceremonia maya con la participación de diferentes organizaciones y sobrevivientes del conflicto armado interno que se desarrolló desde 1960 hasta 1996. “Es conmovedor recordar que se condenó a un general con tanto poder, pese a que la Justicia no está a favor de las víctimas”, declaró a medios internacionales Juan Pérez Cerillo, sobreviviente del genocidio originario de la comunidad ixil de Nebaj.

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En El Salvador, campesinos acusan inseguridad alimentaria y devastación ambiental en construcción de nuevo aeropuerto

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Familias de Condadillo y Flor de Mangle denuncian la devastación de sus parcelas debido a las obras para la construcción de la nueva terminal aérea.

Desde el pasado 8 de febrero, las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el pacífico salvadoreño, han sufrido la invasión de sus parcelas por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, quienes con el argumento de realizar estudios de suelo para la construcción del Aeropuerto del Pacífico han causado estragos en los medios de subsistencia de los campesinos y el medioambiente.

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Mediante conferencia de prensa realizada el pasado viernes (28), las y los campesinos acusaron que el órgano gubernamental y la empresa iniciaron las excavaciones en las parcelas agrícolas, sin contar con los permisos requeridos, con profundidades de hasta 13 metros, afectando con ello sus medios de subsistencia. Además, señalaron la tala de árboles, desviación del cause natural de las fuentes de agua, compactación del suelo y contaminación sonora, afectando con ello a la fauna del bosque adyacente al manglar El Tamarindo, un área natural protegida.

Destrucción del bosque de Condadillo. Foto: MILPA

“El Aeropuerto del Pacífico estará abarcando más de 530 manzanas de terreno, donde más del 50% por ciento será impermeabilizado; afectando la capacidad de captación hídrica de la cuenca hidrográfica Sirama ubicada en la Franja Costera Marina de Usulután, San Miguel y La Unión, territorio que también forma parte del Corredor Seco Centroamericano”, sostiene Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).

En entrevista, Flores denuncia la afectación por las mega excavaciones en el bosque de la comunidad de Condadillo y en las proximidades del principal río de la comunidad. Protegido por sus habitantes, dicha área posee manantiales, riachuelos y alberga árboles de gran tamaño como las Ceibas que sirven de santuario a una diversidad de fauna propia del territorio, así como aves migratorias que visitan el estero de El Tamarindo.

Entre las violaciones cometidas contra los derechos de las comunidades, Flores enumera el derecho al agua; la falta de consulta libre, previa e informada así como el irrespeto a tratados internacionales como el Convenio Ramsar, el cual enlista el ecosistema de manglares de la región dentro de las áreas prioritarias para su conservación a nivel global.

Inseguridad alimentaria

Además de la devastación ambiental, los campesinos acusan que las obras han aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre en la región. Flores explica que, desde octubre del 2022, funcionarios de CEPA comenzaron hostigamientos contra la población, quienes en aquel momento habían definido su rechazo a vender sus tierras para el megaproyecto.

“Hubo un proceso de intimidación donde las personas se les amenazó con que iban a ser denunciados en la Fiscalía y les iban a quitar las tierras”, detalla Flores. Mediante la estrategia, consiguieron la firma de decenas de campesinos, quienes ante el temor de ser despojados aceptaron las condiciones del gobierno salvadoreño para recibir una indemnización.

A pesar de que el plazo para el pago por sus tierras se planeó a más tardar el mes de abril del 2023, las y los campesinos acusan que el Estado no cumplió con su promesa. Esta situación se suma a las amenazas que los pobladores han vivido desde 2021, cuando ante el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea, funcionarios de CEPA les prohibieron realizar trabajos agrícolas. Las y los campesinos acusaron pérdidas que ascienden a más de 540 mil dólares, debido a que desde hace dos años ya no producen cultivos como sandía, granos básicos, chile y tomate que destinan tanto para el autoconsumo como para proveer a los mercados de La Unión y San Miguel.

Familias de Condadillo e integrantes de MILPA durante conferencia de prensa realizada el 28 de marzo del 2023.

“Son más de 225 familias campesinas afectadas directamente; además de los trabajadores agrícolas que se empleaban en la producción y cosecha agrícola en ambas comunidades”, sostiene Flores, quien prevé que la situación se agravará debido a los estragos de las parcelas por parte de las obras, además de que los campesinos no cuentan con recursos monetarios para retomar su producción.

Édgar Hernández, uno de los agricultores de la zona, afirmó que las familias se están quedando sin los granos básicos que habían guardado desde el año pasado y, al no cultivar, no tendrán más alimentos. “No nos vemos en la seguridad de sembrar acá, las constructoras ya andan haciendo sus trabajos en la zona, pedimos que nos den un sitio para poder sembrar”, reclamó.

Inversiones

Los pobladores señalan que funcionarios del Estado no han compartido ninguna información sobre las obras, ni de las empresas responsables de las mismas. Fue derivado de las interacciones con algunos trabajadores, que los campesinos se enteraron del involucramiento de la empresa guatemalteca.

Según Flores, Rodio Swissboring es una empresa que ha mantenido una relación estrecha con el gobierno de El Salvador, sin importar si el partido en el poder era de derecha o de izquierda. “En el gobierno actual, de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se le está adjudicando diferentes megaobras. En el departamento de San Miguel se está concluyendo un bypass (paso a desnivel), que abarca prácticamente toda la ciudad”.

El problema, señala el integrante de MILPA, es que, durante el proceso de esta megaobra, Rodio Swissboring intervino sin contar con los permisos necesarios y violentando a los habitantes. “Ya están concluyendo (las obras) y las familias que fueron afectadas ahí, que han sido desplazadas, ya llevan ya dos años y no han recibido ningún pago (…) eso deja un mal antecedente, por lo cual se cree que en Condadillo y Flor de Mangle pretende hacer lo mismo”, acusa Flores, quien enfatiza que es la misma empresa que estará a cargo de la construcción del Tren el Pacífico, megaobra que conectará con otras redes de trenes entre Guatemala y México.

Otro punto es la sospecha de que exista financiamiento de China en las obras de la nueva terminal aérea. Según testimonios de las y los campesinos, señalan la presencia de personas de origen asiático durante las excavaciones. “Se han hecho presentes acá… (China) también está financiando algunas obras públicas del gobierno, como el caso del polideportivo de la Universidad de San Salvador. Aquí ha habido financiamiento, pero no se tiene nada oficial, el gobierno ha sido muy hermético y todo se basa a partir de lo que la población ha ido percibiendo”, sostiene Flores.

Los habitantes de la región señalan que la organización contra las obras se ha dificultado por la aprobación por parte de la Asamblea salvadoreña, durante más de un año, de un estado de excepción que restringe derechos constitucionales. “Eso también ha servido para inmovilizar aquí a los habitantes (…) Eso ha generado cierto temor también a ser capturado, porque en nuestro país se ha capturado personas sin tener ningún tipo de vinculación con estructura terrorista o de pandillas”, acusa Flores.