Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.

La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.

En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.

Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.

Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.

La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.

Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.

La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.

A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.

Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.

A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.

De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.

El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.

La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.

“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.

A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.

“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.

La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.

“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.

Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.

El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.

^{En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella}

“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.

Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.

El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.

El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.

También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.

El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.

Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.

Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.

“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.

Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.

Solicitud de apoyo, sin respuesta

Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.

Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.

“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.

En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.

Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.

Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.

Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.

Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.

“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.

Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.

No hay detenidos

A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.

Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.

Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Contubernio

Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.

Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.

En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.

Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.

“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.

En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.

Texto: Roderico Y. Díaz y Emily Rhyne

Portada: La abogada Lucia Xiloj abraza a una de las mujeres achí sobreviviente de violencia sexual. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

En un caso histórico para la justicia en Guatemala, un tribunal especial condenó a cinco ex paramilitares a 30 años de cárcel por deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). Los culpables de estos crímenes son Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino y Gabriel Cuxum Alvarado.

En 2018, un grupo de 36 mujeres indígenas Maya Achí, todas sobrevivientes de violencia sexual, iniciaron el proceso judicial, casi 40 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (ex PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

El tribunal estuvo compuesto por tres jueces, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, destacados por su trabajo en casos anteriores de derechos humanos de alto impacto.

Las 36 mujeres maya achí fueron representadas por un equipo de tres abogadas indígenas de la Asociación Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, entre ellas la abogada Lucía Xiloj, reconocida internacionalmente por su trabajo en casos de derechos humanos enfocados en violencia contra las mujeres.

La abogadaLucía Xiloj, en sus conclusiones finales ante el tribunal, argumentó que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Es una práctica que se comete durante los conflictos armados […] Estos hechos han permanecido en la impunidad, al ser una estrategia contra las mujeres y sus comunidades.”.

El juez Sical leyó el veredicto histórico a la pequeña multitud de abogados, testigos, periodistas y observadores de derechos humanos reunidos dentro de la sala del tribunal, mientras en las afueras del edificio del tribunal, otro grupo de mujeres sobrevivientes, escuchaban la transmisión del proceso en un altavoz y teléfonos celulares, debido a las restricciones de salud pública.

El veredicto contiene un análisis importante que puede servir como precedente para litigios futuros relacionados a casos de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. “Los soldados atacan a las mujeres […] con la intención de romper el tejido social, de romper emocionalmente al adversario. […] Violencia sexual contra las mujeres achí fue utilizada como parte de la estrategia militar que las consideraba enemigas internas [del Estado] […] A través de la violencia sexual buscaban destruir al pueblo maya achí a través de los cuerpos de las mujeres achí. [… ] Fueron utilizados como ‘botín de guerra’ y como instrumento de tortura”. […]

Continúa el veredicto: “Al escuchar las declaraciones de las sobrevivientes, este tribunal determinó que las mujeres achí sufrieron violencia sexual individual, colectiva y sistemática y esclavitud doméstica. […] Reconocemos la valentía y el respeto que merecen las mujeres Achí por su valentía y perseverancia al sacar adelante este caso, rompiendo el silencio sobre los hechos a los que fueron sometidas, y que crímenes de esta naturaleza nunca más se repitan.”

Afuera del juzgado, cientos de simpatizantes celebraron el veredicto y las sobrevivientes se dirigieron a la multitud. “Estamos contentas con esta sentencia y doy gracias a Dios y a nuestra sagrada tierra. […] Estamos aquí porque es nuestro derecho y es una obligación del Estado [guatemalteco]. Nos deben esto porque no solo por violarnos, también mataron a nuestros familiares”.

Testimonios dolorosos y actos atroces de violencia

Los dolorosos testimonios de las mujeres describieron abortos espontáneos y embarazos forzados, daño emocional severo y estigmatización como resultado del abuso.

Relataron cómo las Fuerzas Armadas de Guatemala y las PAC llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas de familiares mientras quemaban todas sus pertenencias, incluidas sus viviendas y cultivos alimentarios, durante las masacres. También describieron la destrucción del tejido social y los valores de apoyo mutuo en las comunidades indígenas.

Pedrina López tenía solo 12 años cuando el 29 de agosto de 1982, luego de que sus padres fueran capturados, los paramilitares Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, hermanos, se turnaron para violarla frente a sus hermanos menores. En su testimonio describió los hechos atroces:

“Mataron a mi padre y a mi madre. Luego regresaron a la casa y me violaron. No tengo vergüenza de contar lo que me pasó porque Benvenuto golpeó a mi hermanito contra la pared, hicieron lo que quisieron conmigo. Querían dinero, encontré 50 centavos en el cajón y se los di. Es duro vivir sin padres, pasamos hambre. Y queremos justicia, lo que hicieron, la violación, son mayores, yo no sabía, yo era una niña. Ellos vivían abajo de nuestra casa, los conocíamos, siempre los encontrábamos en el mercado. Me dejaron sangrando durante un mes por lo que me hicieron, y lo hicieron frente a mis hermanos. El dolor de mi corazón no se va, siempre lo recordamos.”

Margarita Alvarado Enríquez estaba lavando ropa cuando los paramilitares la agarraron y procedieron a amordazarla y golpearla en todo el cuerpo. Amenazándola con armas de fuego, la obligaron a desnudarse y posteriormente procedieron a violarla en grupo a pesar de que estaba embarazada de tres meses, lo que resultó en un aborto espontáneo.

“Me pusieron la pistola en el pecho, me amordazaron la boca, me violaron, me patearon, me abofetearon. Yo tenía 20 años cuando me violaron, me violaron dos veces”.

Su hermana, Marcela Alvarado Enríquez, estaba con ella en ese momento y también sufrió un aborto espontáneo como resultado de los brutales ataques.

En su testimonio describe “a mi esposo lo mataron los paramilitares cuando estaba trabajando. Nos obligaron a salir de nuestras casas y tuvimos que vivir en la selva. […] Llegaron a la casa preguntando por mi esposo, pero ya lo habían matado. […] Estaba asustada y temblando, me dijeron ‘ahora vas a pagar’. Grité y me taparon la boca. ‘Quita tu corte [un tipo de falda usada por mujeres indígenas en Guatemala] te vamos a violar.’ […] Me violaron dos veces. Yo tenía unos dos o tres meses [embarazada]. Me duele la espalda. Nos llevaron [y nos obligaron] a hacer tortillas en la base militar de Xococ”.

Deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia

En un comunicado, la U.S Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en enero 2020, indicó que Francisco Cuxum Alvarado se había refugiado en los Estados Unidos por varios años, y que fue localizado en Waltham, Massachusetts, y deportado hacia Guatemala para responder a los señalamientos de violencia sexual en contra de las mujeres maya achí.

Parte del comunicado de ICE señala: “Según documentos judiciales, desde principios de la década de 1980, las fuerzas armadas guatemaltecas, asistidas por milicias civiles conocidas como Patrullas de Defensa Civil (PAC), perpetraron una serie de masacres contra el pueblo indígena maya achí de Río Negro, en y alrededor del municipio de Rabinal, en Guatemala. Más de 400 maya achí fueron asesinados en estas masacres y cientos más fueron sacados a la fuerza de sus hogares. En 1998, Cuxum Alvarado fue nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 de 177 personas, incluidos 107 niños en Cerro Pacoxom.”

El largo camino hacia la justicia

En 2011, el grupo de mujeres maya achí rompió el silencio denunciando lo sucedido durante la guerra de más de 30 años antes.

Unos años más tarde, en 2016, Guatemala vio un veredicto innovador que condenó a dos militares a más de 100 años de prisión cada uno por la esclavitud sexual de 15 mujeres maya q’eqchi’ de la comunidad de Sepur Zarco. Éste fue el primer caso en confrontar las secuelas de la violencia sexual generalizada cometida durante el brutal conflicto armado interno de Guatemala.

En mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados ​​de crímenes de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres maya achí. Este es solo el segundo caso de alto impacto que aborda el tema de la violencia sexual y la esclavitud durante el conflicto armado.

En 2019, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, la jueza Claudette Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados ​​y dejó en libertad provisional a los tres restantes.

En un comunicado de 2019, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien actuó como querellante en el caso en ese momento, aseguró que “la impunidad que [la jueza Claudette Domínguez Guerrero] otorga a militares acusados ​​de graves violaciones a los derechos humanos durante la conflicto armado interno” confirma “su parcialidad en estos casos”.

El Centro indicó que “la jueza se escudó alegando secreto militar para evitar revisar documentos militares presentados por el Ministerio Público”. Además, expresó su solidaridad con las mujeres maya achí de quienes dijeron que “valientemente” rompieron su silencio para buscar justicia e instaron al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional ya las autoridades competentes a “denunciar estos actos de impunidad”.

Las víctimas interpusieron recurso de apelación argumentando que en la audiencia de apertura de juicio, el juez Domínguez, además de dictar clausuras y sobreseimientos provisionales, “omitió o no se pronunció” respecto de los hechos de violencia sexual, “desvirtuando los hechos” y “omitiendo del caso el 80% de las víctimas exigiendo justicia para sus familiares que sufrieron violencia sexual”.

Luego de varios meses de espera para que una corte de apelaciones resolviera el estado del caso de violencia sexual Maya Achí, el 9 de septiembre de 2019 se resolvió que la jueza Claudette Domínguez no podía seguir presidiendo el “Caso Mujer Achi” por interés indirecto, ordenando que el caso fuera trasladado a otro tribunal.

La resolución de 2019 fue el momento crucial que permitió que el caso de las sobrevivientes siguiera adelante. El caso fue reabierto en enero de 2020 por el juez Gálvez, quien determinó que había pruebas suficientes para detener a 5 de los imputados, fijando la fecha del juicio público para enero de 2022 y que llevó a la condena de 30 años de prisión a los cinco acusados.

En sus alegatos finales, la abogada Lucía Xiloj recordó al tribunal que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, y que tales crímenes no prescriben. Un elemento importante para el caso porque existen aún varios ex paramilitares prófugos por estos mismos señalamientos.

^{En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria}

“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.

Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.

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“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.

De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.

40 años sin justicia

La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.

Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.

Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.

“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.

Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.

Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.

Violencia contra los cuerpos

En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.

“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.

A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.

Violencia contra el territorio

Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.

Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.

Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.

Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.

“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.

Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

Testimonios

En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.

“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.

“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.

Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre