^{por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales}

^{En portada: Suzano Papel e Celulose, la mayor multinacional productora de celulosa del mundo, se “disculpó” durante una reunión con miembros de la comunidad quilombola Angelim II, después de haber invadió su teritorio situado en Sapê do Norte, en Espírito Santo. Con una operación de corte de eucalipto, de forma totalmente inesperada, provocó miedo e inseguridad a los quilombolas, quienes resistieron la invasión. Junio del 2021}

Las comunidades quilombolas de Sapê do Norte, Brasil, viven un proceso violento ante la expansión de los monocultivos de eucalipto a gran escala. Después de muchas dificultades, iniciaron un proceso para recuperar sus tierras y el agua en sus territorios. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa. A continuación, compartimos un diálogo entre el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) y dos activistas quilombolas para reflexionar sobre este difícil pero fértil proceso de resistencia.

El territorio quilombola (comunidades formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar quilombos en el Brasil colonial e imperial) de Sapê do Norte, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ocupaba una extensa área en los actuales municipios de São Mateus y Conceição da Barra. En esa zona vivían alrededor de 12,000 familias. Las que permanecieron se dividen en 34 comunidades reconocidas por la Fundación Cultural de Palmares, pero todavía hay muchas otras en situación de invisibilidad, sin el certificado que acredita el reconocimiento de las comunidades quilombolas.

Estas comunidades quilombolas fueron expulsadas de sus territorios tradicionales a través de un violento proceso de colonización impulsado por el Estado y luego, en la década de 1970, con la llegada de la empresa Aracruz Celulose (posteriormente conocida como Fibria y actualmente Suzano S.A.) y la expansión de sus plantaciones de monocultivo de eucalipto a gran escala. Con el respaldo del Estado, y en nombre del “desarrollo”, se vieron obligadas a trasladarse a la periferia de los municipios de la región. Otras permanecieron cercadas por plantaciones de eucaliptos.

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En medio de las dificultades cotidianas, los quilombolas siguen luchando contra las diversas formas de violencia a las que se enfrentan. En 2007 iniciaron un proceso colectivo para recuperar el agua, los cultivos y la vida comunitaria. Han pasado 15 años desde que consiguieron recuperar algunas de sus tierras en Sapê do Norte. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) dialogó con Flávia, de la comunidad Angelim II, mujer, madre y activista quilombola, y con João de Angelim, también activista quilombola, agroecólogo e investigador quilombola. Sus palabras y experiencias en las llamadas retomadas (procesos de recuperación de sus territorios) nos dejan muchas lecciones y reflexiones sobre el difícil pero fértil proceso de resistencia de las comunidades quilombolas en el territorio de Sapê do Norte.

WRM: ¿Cómo empezó la historia de las retomadas en Sapê do Norte?

João: Las comunidades quilombolas llevan años resistiendo. Primero, ante la llegada del cultivo de eucalipto a la región, mediante la lucha por el territorio, a través de la justicia, con estudios e informes técnicos que pudieran garantizar que la comunidad recuperara parte del territorio que le fue quitado abruptamente. Pasaron los años y no veíamos ninguna posibilidad de recuperación. Llegamos a la conclusión de que sería necesario dar algunos pasos, presionar, señalar algunos lugares que demostraran que algo malo ocurrió cuando la empresa de celulosa y papel llegó y se apoderó de las tierras.

Luego, a través de la Comisión Quilombola, que cuenta con representación de todas las comunidades, junto con otros movimientos sociales que tenían más experiencia en realizar ocupaciones de tierras, como el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), se realizaron las primeras reuniones. Y así empezaron las retomadas.  La primera ocurrió en 2007, en la comunidad de Linharinho, con el objetivo de recuperar el agua, los alimentos y el suelo.  Hoy esa comunidad reclama 3,500 hectáreas de tierra.

Pero hay que considerar que la retomada ocurre en un contexto de una reparación social y ambiental que nunca llegó a suceder. ¿Cuántas personas murieron por haber sido expulsadas de Sapê do Norte? El Estado brasileño tiene que entregar los títulos (de propiedad) a las comunidades quilombolas, cuyas tierras son mucho más grandes que las que están en proceso de recuperación. Pienso que esta sería la verdadera justicia. No va a abarcar todos esos años que han pasado, pero nos va a posibilitar una alternativa en el futuro. Si uno tiene tierra, tiene libertad. No se puede seguir permitiendo que Suzano destruya el territorio de Sapê do Norte, ni ninguna otra región.

Flávia: La primera retomada en el territorio de Sapê do Norte, que se dio en la comunidad de Linharinho, fue muy difícil. Fue la primera vez que tomamos la decisión y dijimos: “mira, si el Estado no nos entrega, si no nos devuelve nuestras tierras, entonces vamos a iniciar un proceso de recuperación”.

Contamos con una gran organización, con asesoría jurídica y con el apoyo de aliados. Pero, al final, estaba el operativo policial, con furgones, con perros…fue muy difícil. Resistimos como pudimos y, gracias a Dios, no perdimos a nadie. El Estado, representado por la policía, vino con toda su fuerza, armado, y muchas personas de la comunidad fueron detenidas.

Después nos quedamos un tiempo sin emprender nuevas retomadas.

En el año 2010 hubo retomadas en São Domingos y Angelim I. Más recientemente las hicimos en la cuenca de Angelim, en las comunidades de Angelim 2, Angelim 3 y Angelim Disa –Angelim es el río que da nombre a las comunidades. Aunque vengan algunos policías, ahora ya conseguimos que no venga toda la fuerza armada. Estamos mejor preparados y contamos con una red de aliados que hacen su parte para apoyarnos. Y conseguimos evitar que nos criminalicen por recuperar los territorios.

WRM: ¿Cómo se organizan ustedes antes y después de las retomadas?

Flávia: En Sapê do Norte, tenemos la Comisión Quilombola, con representantes de todas las comunidades.  Tenemos reuniones mensuales. Cuando vamos a recuperar tierras, todo se piensa desde ese espacio, con el apoyo de todas las comunidades. Hacemos una lista de entidades que nos apoyan e informamos a todas, y también siempre pedimos asesoramiento jurídico.

Hoy en día, conocemos nuestros derechos y somos capaces de tener el mismo diálogo que un abogado. A pesar de eso, cuando llegamos al lugar de la retomada, los policías, con sus prejuicios, no aceptan que una quilombola como yo pueda dialogar con ellos. Siempre solicitan la presencia de un abogado. Muchas veces el abogado está por estar, pero somos los quilombolas los que realmente hablamos, porque somos nosotros los que vivimos acá y sabemos cuáles son nuestros derechos. Hoy tenemos algunos abogados que nos defienden muy bien, con uñas y dientes, que llevan mucho tiempo con nosotros. Siempre están con nosotros. Hacemos un llamado a los movimientos, los consejos y la secretaría de derechos humanos –aunque no se vea mucha acción por parte de la secretaría.

Así que todos los movimientos se enteran de que va a haber una determinada acción dentro de una comunidad en particular, a una hora determinada, y entonces todos se mantienen alerta.  Los que pueden venir, vienen; los que no pueden, nos apoyan desde sus localidades.

Y también hay una organización inicial en el momento de la acción. Quien puede, lleva plantones, semillas, lo que quiera y pueda contribuir para que realmente podamos ocupar ese espacio que está desocupado o con eucaliptos. Y también organizamos placas de identificación del territorio para delimitar el espacio, con el número de los procesos judiciales y artículos de la ley que nos da el derecho a la tierra. El día de la retomada es un día de tensión, de mucho trabajo, hasta que llega la policía. Claro, no hay ninguna retomada sin que la policía llegue. Ahí empieza el proceso de negociación, que, gracias a Dios, vamos ganando todos, y la policía se va.

La comunidad que va a recuperar la tierra tiene que estar bien movilizada y articulada para que haya gente todos los días, vigilando, trabajando, para que no lleguen al día siguiente y destruyan todo lo que se hizo el primer día. La retomada de Angelim II tuvo lugar el 19 de diciembre de 2020.

João: La retomada de Linharinho fue rápidamente reprimida. No hubo la oportunidad de sembrar el cultivo. Pasamos tres años pensando en una estrategia de cómo hacer una retomada que fuera más permanente. Así, en 2010, la retomada ocurrió en dos comunidades: São Domingos y en Angelim I, un mes después.

La estrategia en Angelim I fue que no nos quedáramos todos en el territorio en recuperación. Entrábamos, plantábamos y nos íbamos. Lo que sucedió en esa primera área fue su consolidación. No hubo interrupción por parte de la policía, ni aislamiento del área, logramos crear caminos y maniobras a través del diálogo directo y otras estrategias de resistencia. En São Domingos utilizamos la misma estrategia. Con el paso del tiempo fuimos eliminando los eucaliptos y cultivando una agricultura de base alimentaria más adaptable a la situación del suelo.

WRM: ¿Cómo el agua se volvió tan importante en esta lucha?

João: En una de las investigaciones realizadas por el movimiento quilombola aquí en Sapê do Norte, en 2002, se constató la desaparición de unos 200 arroyos y humedales en la región. La gente muchas veces ni siquiera tenía agua para beber.

En la retomada de Angelim I, hicimos una acción cerca de una zona húmeda. Después, en 2014 y 2015, vivimos un periodo de mucha sequía. Volvimos a la zona húmeda, ya con menos eucaliptos, pero no lo suficiente. La gente empezó a quitar los eucaliptos. A partir de ese momento, la región ganó otra forma. La lluvia llegó, el suelo se volvió más húmedo y las cosas empezaron a suceder.

En ese momento pasamos a observar lo que estaba ocurriendo en la región: donde estaban las personas, donde se regeneraron los manantiales, el agua estaba ocupando los puntos que antes estaban secos. Uno de los ejemplos más claros es el arroyo Córrego da Velha Antônia, que había desaparecido y que ya hemos conseguido recuperar parcialmente. Esto es algo muy gratificante.

Los cuerpos de agua ahora tienen más agua, con un volumen significativo, gracias a las retomadas, en que más de 400 familias del entorno han retirado los eucaliptos. En esta pequeña muestra vimos brotar el agua, algo que no ocurría durante muchos años. La gente empezó a pescar. En un lugar donde antes no había peces, empezaron a aparecer.  Se empieza a poder navegar en un lugar en el que no había agua. Estamos hablando de un solo arroyo, pero hay cientos de arroyos y ríos afectados aquí en la región. Imagínate la abundancia que había antes de los eucaliptos. Es decir, el gran problema que tenemos es el monocultivo de eucaliptos, que hace con que no tengamos agua; que los ríos no tengan agua.

El tema del agua es inconmensurable; lo hemos tratado como el principal vínculo entre todos los que estamos aquí.

Flávia: En realidad, todo lo que teníamos aquí en el territorio era tierra, agua y bosque. Eso era todo lo que teníamos para sobrevivir. No teníamos otra forma de subsistir. Por eso decimos que el bosque es nuestra madre y el río es nuestro padre. Siempre nos han mantenido. Cuando conocí el río, todavía había muchos peces, había lianas en el bosque, pero hoy nuestra mayor dificultad, en todo el territorio de Sapê do Norte, es la falta de agua.

En Angelim 2 había 105 familias, hoy son 40. Desde que llegaron, las empresas talaron todo el bosque, y poco después llegó la plantación de eucaliptos. El agua y los peces empezaron a disminuir y a morir por envenenamiento. Los manantiales comenzaron a secarse.

El monocultivo de eucaliptos seca el agua de los arroyos e inmediatamente utiliza ese espacio para plantar más eucaliptos, acercándose al manantial hasta que el río se seca por completo. También está la cuestión de las represas, que siempre se construyen por encima de nuestras comunidades, dejando sin agua a los arroyos que se encuentran en la parte inferior. En períodos de mucha sequía, el agua evapora, los ríos se vuelven tierra. Las plantaciones de eucalipto se abastecen con camiones cisterna. Van a las represas, llenan los camiones cisterna y riegan los eucaliptos, las plantaciones de eucalipto. Por esto hacen represas: para tener agua abundante todo el año.

Ni siquiera tenemos agua para beber, es algo cruel. Cuando estoy en los espacios donde están los organismos ambientales del Estado e incluso el actual gobierno, suelo decir que es vergonzoso dejar a más de mil familias en un territorio sin agua para beber.

Tenemos muchos problemas por la falta de agua. Una parte de la comunidad se abastece con un camión cisterna enviado por la alcaldía, pero no consideran la alternativa de quitar los eucaliptos que están cerca de las cabeceras de los ríos, disminuir la cantidad de veneno utilizada (para que tengamos acceso a agua limpia), en lugar de pasar años y años abasteciéndonos con camiones cisterna.

En las comunidades de Angelim 1, Angelim 2 y Angelim 3, solo con recuperar las tierras y reducir el cultivo de eucaliptos, no fue necesario trabajar en la recuperación de los manantiales (específicamente), pues no sería posible recuperar todos los manantiales en tan poco tiempo. Trabajamos en la recuperación de algunos de los manantiales más estratégicos para hacer avanzar el proceso. Pero con solo eliminar parcialmente los eucaliptos, el agua ya empieza a brotar.  Es increíble. En los manantiales en que hace un año no había agua, ahora vuelven a tener. Eso demuestra que lo que seca nuestros manantiales es el eucalipto, aunque ellos digan que no, que el eucalipto es una planta como cualquier otra. ¿Lo es? Sí, pero se trata de un monocultivo. Si hubiera alguna diversidad, tal vez no secaría el agua como ahora.

WRM: En ese proceso de retomada, ¿fue importante el apoyo de los movimientos y organizaciones de la región y los aliados internacionales?

Flávia: Muy importante. Siempre tuvimos esta percepción. Cuando estamos solos, la empresa arremete con fuerza, son muy violentos. Pero como tienen “un nombre que mantener”, como dicen, cuando se dan cuenta de que no estamos solos, quieren mantener el diálogo.

Hoy tienen otra forma de dialogar con nosotros porque son conscientes de que no estamos solos. Y cuando van a la mesa de diálogo, dicen que nosotros somos los agresivos. Siempre es así. Pero el apoyo de las comunidades y de las personas de fuera de Sapê do Norte es esencial. Estamos en un proceso de sostener una red de apoyo con cada uno de los movimientos. Tenemos que ir de la mano de todos para que nunca nos quedemos solos.

João: La lucha quilombola ya surge como una lucha conectada; de denuncia, con alianzas. La lucha quilombola de Sapê do Norte es conocida internacionalmente. Lo más importante para fortalecer esta lucha fueron las alianzas que tenemos a nivel nacional e internacional, aunque las retomadas se autogestionen, con el poder de decidir qué hacer, qué cultivar, qué comer. Todo ello ocurre gracias a este bloque que nos defiende desde los derechos humanos, desde la FASE (Federación de Organismos de Asistencia Social y Educativa) de Espírito Santo, que siempre fue una de nuestras socias, desde los movimientos sociales sin tierra, del MST, en todas las redes en que se articula, la Red Alerta contra el Desierto Verde, el WRM y tantos otros grupos aliados en las redes de América Latina. Tratamos de articularnos para sentir siempre el dolor de los demás, conscientes de lo puede suceder en nuestros territorios.

Intentaron separarnos, ahora queremos acercarnos, estar cerca del río y recuperar el bosque que nos quitaron. El vínculo con el bosque era tan íntimo y valioso que los lugares tenían nombre y se respetaban simbólicamente. Hoy se habla de la protección de los bosques, de las zonas de reserva legal, de las APP (Áreas de Preservación Permanente), pero eso no es suficiente ni comparable con lo que eran los bosques verdaderos.

WRM: ¿Cuáles fueron los principales retos en esta lucha?  

Flávia: Como mujer, hay muchos retos. La mujer tiene que ser militante, madre, ama de casa. En mi caso, tengo dos hijos, y fue mucho más desafiante porque recién había dado a luz. Mi hijo tenía cuatro meses cuando hicimos la retomada. Soy una lideresa de primera línea, dependo del apoyo de las personas. Pero solo confían en el proceso si estoy presente. Entonces yo tenía que estar presente, así que mi hijo y yo estuvimos en todas las retomadas. Es muy agotador, sufrimos. No en la comunidad, porque la comunidad nos da todo el apoyo cuando tenemos un hijo, toda la gente lo cuida.

También sufrimos prejuicios, por ser mujer, negra, quilombola, agricultora, pobre. Generalmente la empresa nos subestima mucho. Piensan que esta mujer, yo, no tengo capacidad para participar en un proceso de negociación, por lo que tengo que estar afirmando todo el tiempo quién soy, para que no nos subestimen o intenten arremeter con fuerza contra la comunidad. Los prejuicios son muy visibles. El día en que ocurrió la agresión contra un compañero, les pregunté si podían imaginarse lo que sucedería si hubiera sido él quien hubiera atacado a alguno de ellos (el personal de Suzano), todos blancos, dónde nuestro compañero estaría ahora. Estaría en la cárcel, seguro. Pero como fue un hombre blanco que atacó a un hombre negro, no pasa nada: dicen “lo siento” y “a dialogar”. ¿Habrían dialogado con nosotros en ese momento si hubiera pasado lo contrario? La resistencia es cotidiana, siempre hay que estar atento.

Otra cosa que me preocupa mucho son las amenazas. Yo siempre tengo miedo en el territorio. Debido a mi participación en el movimiento de derechos humanos, toda la coordinadora tiene un cuidado especial conmigo, una cuestión de vida o muerte. Aquí no hay señal de teléfono, solo tengo acceso a internet cuando estoy en casa. Cuando salgo, nadie sabe dónde estoy. No salir sola, no salir por la noche, no dejar solos a los niños en casa. Es un gran reto tener que estudiar, por la noche tengo que ir a la universidad, pero ¿cómo puedo volver a casa si no puedo caminar sola por la noche? Hay todo un proceso que todavía estoy tratando de manejar.

João: La empresa siempre está buscando una artimaña. En cada proceso de retomada, la empresa salía con un proyecto o con programas para desviar la atención.  Eso ocurrió muchas veces, generando un enfriamiento de la lucha. En ese mismo período, cooptaron quilombolas y líderes, ofreciendo puestos de trabajo, presentando algunos programas, afirmando que era lo mejor para la comunidad.

Lo que ocurrió en algunas de las retomadas fue que, a medida que se consolidaban las áreas en recuperación, fueron llegando personas que no eran quilombolas y que, de algún modo, lograron instalarse. Y, muchas veces, por no comprender la lucha por el territorio y la lucha quilombola, crearon un diálogo torcido y confundieron el proceso. Tuvimos grandes dificultades con eso. Recientemente, en 2020, sufrimos un ataque masivo de invasiones en el territorio de las comunidades, por parte de grupos organizados no quilombolas. Fue necesario tomar una posición, porque ellos estaban eligiendo algunas localidades y contando nuestra historia, como si fueran nosotros, y calificando a esas localidades como áreas de retomada. Algo peligroso. Fue necesario separar cuáles eran las áreas recuperadas en las que estábamos participando, con un poco de la filosofía que tenemos como movimiento. Al final, esas personas (no quilombolas) tuvieron que irse.

Mantener las áreas en recuperación también supone un reto debido a la invisibilidad que tenemos en las políticas públicas. Como trabajamos en autogestión, no tenemos el apoyo de políticas públicas, no tenemos el apoyo de casi nadie. Trabajamos con los agricultores, con los quilombolas que están en el campo casi como un esfuerzo directo por parte de ellos. Y eso está siendo un gran diferencial, está haciendo posible “extraer la leche de la piedra”, cuando se decía que no iba a salir nada. Fue posible volver a tener agua donde no había, tener comida donde no había, tener bosques, volver a criar animales donde en el pasado había muchos.

Otro desafío tenía que ver con la capacidad de rebrote del eucalipto: una capacidad enorme.  Después de diez años, tenemos lugares en los que aún no fue posible eliminar los residuos de los eucaliptos. Los más de 40 años de uso intensivo de maquinaria pesada, de cientos de kilos de glifosato, de toneladas vertidas en las cabeceras de los ríos, en las aguas, dejaron el suelo en muy malas condiciones. Y ahora tenemos que regenerarlo, recuperarlo. La agroforestería siempre formó parte de la vida quilombola.  Pero para regenerar el suelo es necesario conocer el lugar, recuperar la ancestralidad, analizar lo que tiene relación con el entorno y lo que no. Saber qué sembrar, saber qué dejar crecer.

WRM: ¿Qué consejos podrías dar a otros pueblos que se enfrentan a un proceso similar de recuperación de tierras o aguas?  

Flávia: Aquí, en Brasil, creo que no vamos a tener tierras si no las recuperamos. Así que la primera cosa: hay que recuperar la tierra. Pero para hacer eso, hay que tener una organización mínima para no acabar intentándolo sin éxito. Tenemos que estar conectados, trabajar en red, aunque sean redes fuera del estado o del país. Es muy importante tener apoyo en red, estar en contacto con el Ministerio Público Federal, con la Defensoría del Estado, con los consejos de derechos humanos, porque son las instituciones del Estado con las que podemos conseguir algún apoyo jurídico. También es muy importante preocuparse por la vida de nuestros defensores.

Y nunca rendirse, ¿verdad? Porque si renunciamos a cualquier proceso de lucha por nuestros derechos, de una forma u otra, vamos a morir. Si no somos defensores, nos van a fusilar porque somos negros, o nos vamos a morir de hambre porque no tenemos nada que comer, o nos vamos a morir de frío porque no tenemos dónde vivir. Siempre tenemos que estar atentos y tratar de mantenernos vivos.  La prioridad es la vida, no rendirse y trabajar en red. Los apoyos son muy importantes.

João: No dejar de sembrar, no dejar de creer, seguir adelante. En muchos momentos habrá dificultades, pero mientras haya un manantial que necesita ayuda, no podemos quedarnos solo en el discurso. Es necesario actuar. No se puede esperar que la decisión salga de la pluma de un juez, porque él no siente en su piel cómo se están contaminando los de abajo.

Las retomadas hoy son una realidad, y al igual que nos atrevimos a hacerlas, nos atreveremos a mantenerlas. El tiempo transcurrido nos ha permitido reflexionar y comprender mejor la coyuntura. No es fácil comprender un aislamiento de más de 40 años sin acceso a la tierra. Y cuando se abre esta posibilidad, es normal que surjan crisis y confusiones. Las retomadas nos han enseñado eso, y estoy muy agradecido por haber comprendido mejor este gran plan, que funcionó. Y que está demostrando que es el camino que seguir.

Creo que lo más importante fue poner fin al silencio que existía en medio de los eucaliptos, asfixiando a las comunidades que estaban aisladas. Se rompió un silencio que impedía a la comunidad entrar o atravesar parte de una zona de eucaliptos para llegar a un arroyo sin temer a la vigilancia –que aún se mantiene, pero que tenía un control mucho mayor (en el pasado). Entonces, se rompe ese silencio y se restablecen los vínculos comunitarios.

Puedo ver las tierras de los pueblos de todo el mundo, de nuestros hermanos indígenas, de las comunidades tribales de cada país, que se unan y encuentren fuerzas juntos. Hay momentos difíciles, pero nuestro gran enemigo son los grandes proyectos que vienen a ocupar las tierras, las aguas; a matar a nuestros pueblos. Así que, en primer lugar, unión y acción local. Todos los días, si es posible.

La tarde de este miércoles (24), elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Héctor Llaitul Carrillanca, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche fundada en 1997, la cual durante su trayectoria ha recuperado miles de hectáreas de tierras usurpadas por empresas forestales y agrícolas en la región de la Araucanía, sur de Chile.

Según la versión oficial, la detención deriva de una denuncia de 2020 la cual vincula a Carrillanca a tres delitos: hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, este último se relacionaría a disparos contra Carabineros, delito que estaría asociado a la querella por Ley de Seguridad del Estado.

Mediante comunicado, la CAM enfatizó que la detención de su vocero es la materialización de la persecución contra el proyecto político de la organización mapuche que mantiene en jaque la presencia de la industria forestal en la región.

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“La detención de nuestro vocero y dirigente histórico Hector Llaitul, busca amedrentar el proyecto político – estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe (guerrero en mapudungún) dignamente. Quienes, masivamente, hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo control de la industria forestal y el latifundio”, subraya el documento mediante el cual se deslindan “tajantemente” de las mafias de madera y narcotráfico que operan en el sur de Chile.

Para la CAM, la detención de Carrillanca confirma la continuidad del gobierno actual en colocar “su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”, por lo cual hacen un llamado a las comunidades mapuches en resistencia para continuar los procesos de recuperación de tierras.

Específicamente, la CAM convocó “a continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. A no dejarse amedrentar por este gobierno que se ha puesto de rodillas ante el empresariado y que, a través de su plan buen vivir, busca cooptar y dividir a nuestra gente”.

Cabe recordar que, en respuesta a los procesos de recuperación de tierras, en mayo pasado, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno declarar a la CAM, los Órganos de resistencia territorial (ORT) y a la Weichán Auka Mapu (Lucha del Territorio Rebelde, en mapudungún) como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”.

Forestales

La postura de la CAM es que la extracción de madera de las forestales por parte de las comunidades mapuches organizadas no puede concebirse como robo, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en su territorio ancestral.

“Es la industria forestal la que ha provocado un verdadero ecocidio, y ha aumentado de forma descomunal las arcas de los grupos económicos más poderosos de este país. Ecocidio, que se sitúa en un contexto histórico de usurpación al pueblo Mapuche y que ha provocado, en la actualidad, la ocupación de nuestras tierras ancestrales por la actividad extractivista, el latifundio y otras expresiones del gran capital”, señala otro documento difundido el pasado 14 de agosto por la Comisión Política de la CAM.

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La postura de la organización mapuche fue una respuesta a las declaraciones de distintos funcionarios, tales como la de la Ministra del Interior chilena, Izkia Siches, quien ha señalado que la CAM no representa al pueblo Mapuche y ha lanzado duras criticas tanto a su vocero como a la organización.

Para la CAM, es de gran relevancia la reapropiación de recursos y la recuperación productiva, por lo cual niegan que esto pueda concebirse como robo de madera dentro de su territorio ancestral pues son acciones que se realizan acompañadas de otro tipo de actividades productivas como las siembras, construcción de rukas, bodegas, invernaderos o habilitación de espacios ceremoniales.

“La reapropiación de recursos siempre está acompañada de un despliegue cultural con nuestras ceremonias tradicionales mapuche, las que habían sido cercenadas durante un siglo por el modelo económico chileno. Reapropiación que siempre es comunitaria, poniendo en el centro las necesidades programáticas de nuestra lucha como pueblo y como organización. Y es sobre la base del desarrollo de un tipo de economía para la autonomía, es una autonomía de autogestión”, respondió la CAM al gobierno chileno.

Esta respuesta a las acusaciones del Estado chileno aconteció después de que, a principios de agosto, los Órganos de Resistencia Territorial de la CAM anunciaron el inicio del control territorial efectivo de dos predios usurpados por la forestal Mininco en Carahue, en el marco de la expulsión de empresas forestales del Wallmapu. Una semana antes, la CAM había tomado otros siete fundos en las cercanías de la ciudad de Angol, capital de la provincia de Malleco.

“Son las recuperaciones territoriales la columna vertebral de nuestra estrategia, ya que en ellas podemos vivir con dignidad, sembrar, tener animales, hacer trawün, palin, nguillatün (encuentros y ceremonias en mapudungun) y fortalecer nuestro proyecto político sin afectar en lo más mínimo, y en esto somos enfáticos, al pueblo chileno empobrecido”, señaló la CAM.

Protestas

La mañana de este jueves (25), indígenas mapuches se manifestaron en las afueras del Tribunal de Garantía en Temuco, donde se realizó la audiencia en contra de Hector Llaitul. Ahí, Juana Calfunao, lonco (autoridad en mapudungún) de la comunidad indígena mapuche Juan Paillalef en la Araucanía, enfatizó que “desde el Biobio al sur, quiero recordarles al Estado chileno y a los tribunales de justicia del Biobio, el sur es territorio de la nación mapuche y cualquier árbol que esté aquí es nuestro”.

Calfunao también hablo sobre la defensa de Llaitul, quien “ha sembrado trigo, ha dado alimento a mujeres y niños que el gobierno no se preocupa. Eso debería estar preocupado el gobierno de venir aquí a ver la situación en que desposeídos están nuestros hijos, nuestros niños y cómo estamos las mujeres y como sigue la judicialización y criminalización y no seguir haciendo montaje en contra de nuestra gente, en contra de nuestro waichafe, en contra de nuestras personas que están defendiendo el derecho a existir una vida mas justa, mas solidaria y más humana”.

Héctor Llaitul Carrillanca permanecerá 30 días en prisión preventiva, durante los cuales se desarrollará la investigación penal.

La noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se suscitó el inicio de una sublevación que tuvo lugar en la colonia francesa en Santo Domingo, actualmente República de Haití. Este levantamiento fue determinante en la construcción de la independencia del país y la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Con ello, Haití fue la primera nación de América Latina y el Caribe en declarar su independencia y liberarse de la esclavitud.

Tras la sublevación, el 23 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Este día se celebró por primera vez en varios países, en particular en Haití, el 23 de agosto de 1998 y en la Isla de Gorea, en Senegal, el 23 de agosto de 1999.

Como respuesta a la revolución, el capitalismo colonial impuso un bloqueo cultural, económico y político a esta república para impedir que su ejemplo no se expandiera en la región.

Esta sublevación es considerada como la única revolución de esclavos y esclavas, liderados por Toussaint Louverture y otros rebeldes, la cual permitió en 1794 que la Asamblea Nacional francesa suprimiera la esclavitud en los territorios de soberanía francesa. Ya en 1804 se erige la primera República Negra del Mundo y la primera nación independiente de América Latina en el territorio hoy conocido como Haití.

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos y Alemania se disputaron su influencia en este país. Se suscita así la ocupación estadounidense de Haití el 28 de julio de 1915, con el pretexto de salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses. Supuestamente esta ocupación terminó el 1 de agosto de 1934, después de que Franklin D. Roosevelt reafirmara un acuerdo de separación en agosto de 1933.

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Durante los últimos años esta república ha sido golpeada por contextos políticos y económicos, pero también por catástrofes naturales con diversos sismos que han vulnerado la vida de los haitianos y haitianas.

En reportajes anteriores Avispa Midia ha documentado lo que los propios haitianos llaman como “Rebelión en Haití: Lo que estamos viviendo es una crisis del capitalismo y del imperialismo estadounidense”, que permite percibir parte del contexto de constantes crisis que viene sufriendo este pueblo.

^{En portada: Garífunas provenientes de distintas comunidades realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales.}

César Benedict suelta una pequeña sonrisa y dirige su vista en dirección al mar. “Los traje al lugar mas bonito de Triunfo de la Cruz”, menciona, orgulloso de su presencia en estas tierras, donde a su alrededor se asoman plantas de yuca y cocos sembrados por mujeres y hombres de la comunidad garífuna.

Nos encontramos con César, miembro de esta comunidad en la Bahía de Tela, costa atlántica de Honduras, quien nos recibe en una de las zonas de mayor conflicto por el control de las tierras entre la comunidad afroindígena y sectores empresariales, principalmente de la industria turística.

La parsimonia de las olas del mar caribe que bañan este paraíso contrasta con el contexto de violencia y despojo que viven las comunidades garífunas. Entre los años del 2012 al 2022 han reportado 105 ataques contra sus miembros y sólo en lo últimos siete años han sido asesinadxs 25 defensorxs de los territorios garífunas.

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Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), esta situación se agravó después de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a esta comunidad garífuna y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

En Triunfo de la Cruz no existe la propiedad privada, pues cuenta con un título de dominio colectivo que prohíbe la venta a personas ajenas de la comunidad, pero en este paraíso de aguas cristalinas existen complejos turísticos de lujo que contrastan con las viviendas en la comunidad.

Invasión

“Acá hay una franja donde solo hay casas de millonarios, les molesta mucho cuando ellos nos miran aquí”, menciona César, indignado, pues argumenta que estas tierras le han pertenecido durante generaciones al pueblo Garífuna quien hace más de 225 años se estableció en las costas del caribe hondureño.

En el caso de Triunfo de la Cruz, la sentencia de 2015 ordenó al Estado de Honduras la demarcación de las tierras de propiedad colectiva de la comunidad garífuna, donde destaca una extensión de 408 hectáreas correspondientes al Bloque A1, tierras en disputa por la presencia de construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país, como es el caso de la familia Andonie”, ejemplifica César sobre uno de los grupos de mayor poder en Honduras que mantiene inversiones en sectores mercantiles, comerciales y políticos.

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Parte de las tierras en conflicto han pertenecido tradicionalmente al sector agrícola de la comunidad de Triunfo de la Cruz. “Aquí trabajaban nuestros ancestros, de acá nos hicieron crecer a varios de nosotros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César sobre la vida antes de la aparición de los megaproyectos turísticos y de las amenazas y violencias que vinieron en consecuencia.

Desde el año de 1950, el estado de Honduras otorgó títulos de propiedad a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, por lo que la comunidad garífuna cuenta con 615 hectáreas en “dominio pleno” y 128 en “calidad de ocupación”. No obstante, pese a que desde el 2001 el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA) reconoció 408 hectáreas como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz, hasta la fecha estas tierras no han sido ni demarcadas, ni delimitadas, ni tituladas.

Además, entre los años 80s y 90s, la municipalidad de Tela realizó un proceso de ampliación del casco urbano mediante la cual incluyó tierras de la comunidad garífuna sin su aprobación. Según registra la sentencia emitida en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre agosto de 1993 y julio de 1995, la municipalidad de Tela vendió 44 hectáreas de tierra dentro del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz, las cuales pasaron a manos de la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V (IDETRISA) y de terceros para la ejecución del proyecto turístico Club Marbella. Este hecho elevó la conflictividad con persecuciones, amenazas y criminalización contra lxs garífunas que denunciaron la comercialización de su territorio ancestral.

“El mismo Estado se prestó para hacer títulos para los (empresarios) que supuestamente habían comprado y también entraron amenazado a la gente que estaba trabajando en esta zona. Cuando nos dimos cuenta, el Patronato estaba negociando con la municipalidad (…) estaban firmando acuerdos en nombre de la comunidad sin asamblea”, por esa razón, enfatiza César, los habitantes crearon el Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) para así tratar los asuntos de tierras de manera separada a los patronatos.

En la actualidad y pese a la ilegalidad con que fueron erigidos, diversos complejos turísticos se promocionan en estas tierras caribeñas. Ejemplos sobran, como el hotel Villa Escondida que presume sus instalaciones de lujo con playa privada. También se encuentra el exclusivo desarrollo inmobiliario de 30 condominios denominado Playa Escondida, el cual fue construido dentro del territorio tradicional reclamado por la comunidad garífuna.

Destaca el proyecto estrella del plan turístico en la Bahía de Tela conocido actualmente como Indura Beach and Golf Development y que cuenta con cientos de habitaciones de cinco estrellas, club de playa, áreas verdes, un área comercial y un campo de golf profesional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, este megaproyecto se construyó partir de agosto de 2005. A pesar de que fue realizado de forma inconsulta con la comunidad, el complejo hotelero se impuso, afectando a otras poblaciones garífunas, tales como la comunidad de Barra Vieja la cual ha sufrido ataques y amenazas de desalojo al encontrarse próxima a la entrada del hotel.

^{Aspectos de la comunidad garífuna Barra Vieja, la cual ha sufrido intentos de desalojo después de la inauguración del megarpoyecto turístico Indura Beach a finales de 2013. Fotos: Aldo Santiago y Renata Bessi}

“Ellos han entrado, atropellando los derechos de la comunidad, sin ninguna consulta y diciéndonos a nosotros que no somos hondureños”, comparte Benedict sobre la discriminación de los grupos de poder político y económico que han invadido los territorios garífunas.

Recuperaciones

Benedict, padre de familia y músico, también es parte de la resistencia de su pueblo al participar en el CODETT, organización creada hace décadas para encaminar los esfuerzos de sus habitantes en la protección de su territorio.

“Las amenazas usualmente vienen de los empresarios, los dueños de los terrenos que han acaparado. Cuando ellos sienten presión de parte de nosotros, pues mandan a sus guardias de seguridad a amenazar”, resalta el hombre garífuna al tiempo que advierte sobre la molestia de nuestra presencia en el lugar.

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Pese a la sentencia de la CIDH, el gobierno ha dilatado por años el proceso para devolver las tierras a la comunidad afroindígena, pues uno de los pasos para conseguirlo es mediante el “saneamiento” de los terrenos, es decir, de la obligación del Estado hondureño para pagar indemnizaciones por más de 100 millones de dólares a los supuestos propietarios, algo que el gobierno se ha negado a realizar.

Cansados de esta omisión, lxs garífunas de Triunfo de la Cruz decidieron actuar para recuperar su territorio. “Les dije a mis compañeros, vamos a tomarnos ese espacio, porque después vamos a tomar todo”, rememora César sobre el momento en el que decidieron retomar las tierras desde donde ahora conversamos.

Benedict afirma que, pese a que aquí las amenazas e intimidaciones contra las y los garífunas se suscitan a diario, en esta acción participan 56 familias de Triunfo de la Cruz, quienes cuentan con el apoyo de la OFRANEH. “La mayor lucha la están haciendo las mujeres, son pocos los hombres que estamos aquí”, recalca César sobre las recuperaciones.

“La mayoría han dicho que van hacer su casa, por eso es que no han cultivado mucho porque quieren poner su casa para pasar a vivir aquí”, detalla César sobre los planes de la comunidad garífuna para continuar con la lucha por el reconocimiento del territorio garífuna.

Este territorio forma parte del denominado Bloque A1, el cual según la CIDH si es devuelto a la comunidad garífuna posibilitaría una prolongación geográfica entre los distintos territorios reconocidos de Triunfo de la Cruz, pues “esa falta de continuidad entre los distintos territorios que le fueron otorgados, dificulta el correcto uso y goce de los mismos”.

Dos años sin respuesta

De acuerdo a la OFRANEH, sólo entre septiembre de 2019 y agosto del 2020 más de una docena de líderes garífunas fueron asesinados o desparecidos debido a su participación en procesos de defensa de sus territorios ancestrales. Uno de los episodios más trágicos sucedió en la comunidad de Triunfo de la Cruz.

El 18 de julio del 2020, mientras regía un estado de excepción bajo el pretexto de la pandemia por la Covid-19, un grupo de hombres uniformados como policías y militares y portando armas de alto calibre secuestró a cinco personas de la comunidad. De entre ellos, cuatro jóvenes: Albert Snaider Centeno, quien entonces se desempeñaba como presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.

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César rememora el momento preciso de la mañana en que sacaron por la fuerza a su amigo Sneider de su hogar, pues personas de la comunidad llegaron corriendo a su vivienda para alertarle sobre lo que ocurría y el peligro de que también él, involucrado en la defensa de su comunidad, fuera capturado por los sujetos armados.

“Fue un momento muy difícil en mi vida”, menciona César al tiempo que cambia su semblante. Luego retoma el relato con enojo cuando aborda la respuesta de las autoridades. “Cada vez que vamos a buscar investigación, no hay, nada. Dejaron de comunicarse con nosotros. Hicieron un grupo que según ellos eran los que iban a investigar y hasta ahora hay silencio. Después de cumplidos dos años, las familias y la comunidad garífuna aún no tienen respuestas sobre su paradero”, lamenta Benedict.

Para el hombre garífuna aún son palpables las consecuencias que afectan a la comunidad. Tras el secuestro hubo personas que tuvieron que abandonar la comunidad y los jóvenes no quieren involucrarse en la organización debido al riesgo de otra posible agresión, pues existe el miedo latente de morir o ser desaparecido. “Es preocupante porque nosotros como jóvenes somos los que tenemos que defender esto”, afirma César en referencia al territorio ancestral garífuna.

Racismo institucional

El pasado martes (9), acompañadxs de tambores y cantos, las voces de 300 garífunas tomaron por sorpresa las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa. Al grito de “Vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, lxs garífunas demandaron justicia en el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz, así como la restitución de sus derechos territoriales ancestrales.

Para la OFRANEH, quien coordinó la acción y contó con apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas, es la falta de voluntad del Estado para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIDH lo que le convierte en responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de las comunidades garífunas.

Según la organización, las violencias contra lxs garífunas son “mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narco­empresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”.

Indignada porque ningún funcionario del MP recibió a lxs garífunas y frente a la puerta cerrada de Óscar Chinchilla, fiscal general, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, reclamó que desde julio de 2021 se apersonaron en el mismo lugar para solicitar una reunión con el funcionario debido a los nulos resultados en la investigación sobre el paradero de los cuatro jóvenes secuestrados. Hasta ese momento, enfatizó, nunca obtuvieron respuesta.

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En un video difundido por el medio Contracorriente, Miranda recalcó: “Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y a siete años de la sentencia de la CIDH no ha existido voluntad del estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este gobierno y no vemos tampoco voluntad política”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, la CIDH emitió una resolución dirigida al Estado de Honduras en la cual le ordena la protección de las comunidades garífunas, así como la búsqueda de los cuatro jóvenes desaparecidos de Triunfo de la Cruz.

Para OFRANEH la irresponsabilidad demostrada por el Poder Judicial es una manifestación más de racismo que desconoce los derechos ancestrales de autonomía y libre determinación del pueblo Garífuna. Por ello, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, así como la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA en garífuna) como un ente de investigación independiente.

Territorios de lucha

“Triunfo de la Cruz es una de las pioneras en ese tema de la lucha, este territorio que han venido buscando quedarse con él, nuestros ancestros pues han luchado bastante por la permanencia de nosotros y no ha sido fácil”, rememora César Benedict sobre la historia de lucha que no ha cesado por parte de las comunidades garífunas desde hace décadas.

“Los nueve pueblos indígenas de Honduras, sino seguimos fortaleciendo la lucha pues nos van a desaparecer porque ya destruyeron lo que ellos tenían que son sus ríos y sus bosques. Como nosotros somos los únicos que conservamos nuestros ríos y nuestros bosques, y ahora se dieron cuenta que es dinero, ahora ya están inventando leyes, están metiéndole de todo para que puedan despojarnos de los pocos recursos que le quedan a Honduras. Los pueblos somos muy cuidadosos con la naturaleza y ahora vienen por esto”, asegura Benedict.

Pese a la tristeza por la violencia que ha sufrido Triunfo de la Cruz, César recobra el ánimo cuando habla sobre los planes que tienen para la recuperación de tierras, pues son ideas que compartía con su amigo Sneider. “Acá nosotros nos reunimos varias veces y nosotros decíamos que íbamos a fortalecer la lucha como jóvenes y él siempre venía acá, ponía su carro y decía: ‘esto lo vamos hacer una maravilla hermano, todo esto, vamos hacer que nuestra gente se venga para acá”, rememora.

^{Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg}

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.