Las Abejas de Acteal
Chiapas: Continúa desplazamiento forzado en los Altos por violencia e inseguridad
Por Sare Frabes
En portada: Misión de observación visitó tres albergues y contabilizó mas de 3 mil desplazados por la violencia del crimen en Pantelhó y Chenalhó. Foto del CDH Frayba
Más de tres mil personas, en su mayoría mujeres, ancian@s y niñ@s se encuentran en situación de desplazamiento forzado tras la continuación de sucesos violentos en el municipio de Pantelhó y los límites de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.
Así lo informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una misión de observación el pasado sábado (10). Según registraron, las familias desplazadas se encuentran entre los municipios vecinos de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.
De acuerdo a los testimonios recogidos por organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, las víctimas del desplazamiento enfatizan tener miedo y preocupación por sus vidas y las de sus familiares, pues “el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región”.
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Las organizaciones enfatizan también la falta de actuación del Estado ante la contingencia, pues no ha instalado suficientes albergues ni tampoco ha implementado un mecanismo de atención integral a desplazad@s, puesto que ha sido la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, quienes han reaccionado para atender la grave crisis humanitaria.
“Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia”, enfatizan las organizaciones que visitaron la región.
Según la comunicación, preocupa el alto riesgo de inseguridad alimentaria para las familias desplazadas. Tanto porque dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, como por el abandono de sus cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales, los cuales de no atenderse representarían la pérdida de la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año.
Esta situación agrava aún más la crisis alimentaria imperante desde la pandemia del COVID-19.
“Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”, denuncian las organizaciones defensoras.
Por lo mismo, hacen un llamado urgente para garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.
Durante su visita, las organizaciones atestiguaron que las principales enfermedades en los campamentos son casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres, lo cual pone en particular riesgo a menores de cinco años.
También identificaron afectaciones a la salud mental de la población, tales como tristeza y ansiedad.
“Las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”, sintetiza el documento difundido este jueves (15).
Autoridades locales exigen renuncia de alcaldesa y presidente electo
El mismo sábado (10), mediante reunión entre autoridades locales y representantes de 66 de las 85 comunidades que integran el municipio de Pantelhó, habitantes exigieron la renuncia de la presidenta Dayli Wendy Lorena López Gochez, así como también del presidente electo, su esposo, Raquel Trujillo Morales, por encabezar a los grupos delictivos que operan en la región.
En la reunión, agentes municipales, comisariados ejidales y representantes religiosos desmintieron la versión difundida por Trujillo Morales, quien en entrevista aseguró mantener el respaldo de las 85 comunidades.
“Es totalmente falso que están formando grupos paramilitares y que están encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, y por personas de la comunidad San José Terceros, ya que no existe tal grupo”, enfatizaron también sobre la criminalización de parte del alcalde electo contra el párroco, quien es conocido entre la población por denunciar las actividades criminales en los Altos de Chiapas.
El comunicado, firmado por las autoridades rurales municipales reunidas en la comunidad San José Tercero, enfatiza su preocupación por “el crimen organizado que ‘SÍ’ está encabezado por Austreberto Herrera Abarca”, a quien señalan como responsable de la violencia, junto a la presidenta actual, el presidente electo y bajo la protección del PRD, sus dirigentes y diputados.
Por último, aclararon que sí es verdad el surgimiento de “Autodefenzas del Pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del gobierno federal y estatal”.
Por su parte, la misión de observación que visitó la región enfatiza que la principal razón que ha impedido la paz dentro de las comunidades es la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio.
“Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”, señala el documento.
Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”.
Cabe señalar que después de nueve días del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la tarde de este miércoles (14) la captura de Hugo Rolando “N”, presunto responsable por el asesinato, quien fue trasladado a la capital para determinar su situación jurídica.
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Mientras, aún con la presencia de efectivos policiacos y militares, continúa el desplazamiento forzado de familias enteras, debido al temor de más enfrentamientos violentos.
México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021
Por Sare Frabes
Al cierre de esta edición, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó sobre la presencia del crimen organizado y el inminente riesgo de un ataque armado contra 120 personas desplazadas, integrantes de Las Abejas de Acteal, quienes se encuentran refugiadas en la sede de dicha organización.
En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios.
De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.
Mediante pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto.
“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, enfatiza el pronunciamiento.
También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia l@s sobrevivientes, las familias y comunidades.
El caso más reciente es el asesinato del ex presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el pasado lunes (5) en el municipio de Simojovel.
Chiapas, violencia desbordada
Recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en el municipio de Pantelhó y en los Altos de Chiapas.
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En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pantelhó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales.
Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la la Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pantelhó quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas.
En la carta, se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Además, el documento señala que durante los últimos tres años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de mas de 10 comunidades del municipio.
Nueve días después, Simón Pedro Pérez López fue asesinado.
“La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia, del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pantelhó”, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo.
Desde la mañana de este miércoles (7) se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pantelhó. Reportes en redes sociales mencionan el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos quienes tomaron caminos y catearon viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas informó sobre ocho efectivos policiacos y militares lesionados en una emboscada la mañana de este jueves (8).
Agresiones sistemáticas
La denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualiza también casos de asesinatos registrados en otras geografías de México.
Es el caso de Oaxaca, donde el 23 de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna y quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), organización que defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
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Debido a la organización contra dicho proyecto, en solo un periodo de tres meses fueron asesinados cinco defensores indígenas. Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal, así como Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes.
Por otra parte, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, han ocurrido cinco homicidios. Las personas asesinadas formaban parte de cinco comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado en la región.
María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados mientras actuaban como parte de la ronda comunitaria.
Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones.
“Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”, detalla la Iniciativa.
Por último, también se menciona el caso de desaparición del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, ocurrido el pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora.
“Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada”, denuncian las organizaciones de derechos humanos.