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Por Santiago Navarro F
A continuación presentamos un fotoreportaje que registró la situación de miles de migrantes haitianos, quienes atrapados durante los primeros días de diciembre en Tapachula, esperaron ante la promesa de las autoridades migratorias para conseguir trasladarse hacia otros puntos del país. Aún cuando la información oficial habla de miles reubicados, las autoridades desalojaron el campamento improvisado y aún no se tienen informaciones claras de hacia dónde partieron los migrantes y del número que aún permanecen en la ciudad fronteriza.
Algunos llevan años desde que emprendieron su marcha, ya no por el sueño americano, sino por mejores condiciones de vida. El destino es incierto. Las posibilidades reales se desvanecen en cada frontera y con cada declaración de algún político que jamás ha conocido en carne propia lo que significa la migración eterna, lo que significa dormir bajo un puente, en la intemperie, quedarse sin comida y sin dinero.
“Vengo de Chile, tengo cinco meses en camino. Gracias a Dios llegue acá y llevo dos semanas durmiendo acá (en Tapachula Chiapas)”, dice un migrante proveniente de Haití, quien se ha presentando como Reynol. (Continuar leyendo…)
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Por Avispa
En portada: “Alto a los agrotóxicos en Brasil y la complicidad de Suiza con el agronegocio”. Manifestantes señalan la responsabilidad de Syngenta en ocultar información para continuar con el negocio de sus herbicidas que provocan daños a la salud.
Una investigación europea denuncia que la empresa suiza Syngenta, líder en transgénicos y agrotóxicos, tenía pruebas de la letalidad de su herbicida paraquat pero las omitió para seguir vendiéndolo. Sus productos, como la atrazina, están prohibidos en Europa, pero Syngenta lo exporta a América Latina.
“En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien”, afirma la publicidad que se reitera en radios y canales de televisión. Pero, desde su propio país de origen (Suiza), la empresa acumula denuncias por el impacto de sus productos en el ambiente y la salud. Entre sus químicos más cuestionados sobresalen los herbicidas paraquat y atrazina. “El accionar de Syngenta con sus pesticidas es muy similar al de Monsanto/Bayer con el glifosato, privilegian sus ganancias por sobre la salud”, afirma Laurent Gaberell, de la organización suiza Public Eye. Una investigación de esa ONG reveló que la compañía sabía del efecto letal del paraquat desde 1990, pero aún así lo sigue produciendo. (Continuar leyendo…)
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Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta
El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.
Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.
Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal. (Continuar leyendo…)
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Ante la negativa de acatar orden judicial por por parte de gendarmería que ordenó traslado de hermanos Ancalaf a cárcel de Temuco, estos han iniciado una huelga de hambre por traslado a cárcel de Angol.
Comunicado Público
A la opinión pública nacional e internacional, a las comunidades en resistencia, les comunicamos que:
El martes 21 de diciembre se inició la huelga de hambre por parte de los presos políticos mapuche Matías Ancalaf y Moroni Ancalaf, quienes están en prisión preventiva desde el 9 de octubre del presente año, en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.
Kiñe: Hace más de dos meses que la familia de lo PPM solicitaron el traslado de los lamgen a la cárcel de Angol, quienes aún se encuentran en prisión preventiva, Morini y Matias Ancalaf.
Epu: El día 15 de diciembre en la Audiencia de traslado en el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, dónde se determinó el cambio a la cárcel de Temuco; el día 16 de diciembre se les notificó el traslado a los lamgen Matías y Moroni Ancalaf, situación que se ha dilatado hasta la fecha.
Kvla: El mismo día 16 de diciembre es dejado en libertad con arresto domiciliario nocturno al lamgen Víctor Ancalaf, cuyo tramite dejo en espera a la familia más de 4 horas a las afueras de la cárcel, justificando que la notificación oficial aún no llegaba desde el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, trámites que son vía online de rápida notificación y donde se le informó al lamgen, desde antes del mediodía que sería dejado en libertad, la cual recién cercana a las 20:00 p.m. se le dejo salir de la penitenciaría, extendiendo lo mayor posible su liberación.
Meli: Repudiamos rotundamente las condiciones carcelarias, el trato inhumano y racista de parte del Director Regional de Gendarmería en la región de Los Ríos: PEDRO FERRADA QUINTANA, denunciamos su actuar racista en contra de los presos políticos mapuche en la cárcel Llancahue de Valdivia, donde no existe las condiciones adecuadas, que demuestran una violación a sus derechos carcelarios, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se contempla crear unidades dentro de los penales para personas indígenas.
Kechü: Estas peticiones son mínimas y alcanzables, sólo por decisión política del gobierno no se ha llevado a cabo el traslado a la cárcel de Temuco, con la clara muestra de debilitar emocionalmente a pu lamgen y mantenerlos alejados de sus familias y su mapu.
Kayu: Exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuche que se encuentran en las cárceles del Wallmapu y han sido injustamente condenados por el estado chileno con sus medidas arbitrarias y racistas.
Regle: Se hace un llamado a llamado a pu lamgen ka pu peñi de Ainileufu (Valdivia) a reunirnos mañana 24 de diciembre, a partir de las 10 am. A realizar un ayekan en las afueras de la cárcel Llancahue, en apoyo a la lucha que llevan al interior del recinto pu lamgen Moroni Ancalaf y Matías Ancalaf.
Esperamos que por medio de la presión y solidaridad de quienes apoyan nuestra justa lucha, podamos alcanzar debidamente estos objetivos.
¡Libertad a todos los presos políticos Mapuche!¡¡AMULEPE TAIÑ WEICHAN!! ¡¡MARRICHIWEW!!¡¡FUERA LAS FORESTALES DEL WALMAPU!!
Hogar estudiantil y Centro Cultural Weliwen, Ainileufu (Valdivia).
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Por: La Zarzamora
En horas de esta tarde terminó su huelga de hambre la Werken del lof Boyen Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra encarcelada en el CDP de Angol tras ser detenida el 9 de Septiembre de este año.
La Werken quien llevaba 31 días de huelga de hambre líquida, finalizó su protesta tras lograr el compromiso de Gendarmería de cumplir su petitorio, el cual responde a garantías mínimas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre del 2008.
A continuación compartimos el comunicado de la vocería de la lamngen Carolina Marileo, publicado en la página de la comunidad Boyen Mapu.
Hoy después de 31 días de huelga líquida de CAROLINA MARILEO
Sostuvimos una reunión con el alcaide Rafael Rojas y mayor Luis Povea Pavéz en el CDP de Angol, junto a voceros e INDH para poder llegar a un acuerdo que ponga a fin a la larga huelga de nuestra lamgen.
Gendarmería acepto las peticiones nuestra Werken CAROLINA MARILEO
Módulo femenino diferenciado para mujeres mapuche.
Realización de rogativa o ceremonia mapuche dentro del módulo.
Ingreso de alimento de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, así también su preparación.
Visitas extendidas de 10 a 16 hrs 2 veces por mes, entendiendo que actualmente existe la pandemia de covid 19 y que al estabilizarse la pandemia, serían visitas normales, dentro del módulo o del sector umi de la misma unidad penal.
Ingreso de machi una vez por semana, para ver estado de Carolina.
Gendarmería se compromete a construir módulo ante una futura condena donde existan condiciones dignas para la lamgen.
Agracemos a las personas concientes que apoyaron la movilización de nuestra werken, lamgen de lof y warria y wenuy que han acompañado en este proceso, a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la movilización de la werken Carolina. Chaltumay.
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Créditos: Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Por Joel Pérez
El pasado lunes un grupo de comerciantes del piso Plaza, ubicados en la terminal de buses del municipio de Ixcán, ocupó la calle principal de la zona 1 para vender sus productos en esta época de Navidad y Año Nuevo. Esto con el objetivo de obtener más clientela según indicaron los mismos comerciantes. De las autoridades municipales la postura inicial fue desalojarlos, pero tras varios días de tensión lograron el acuerdo de permanecer en esta zona hasta el 31 de diciembre. Ixcán es uno de los 21 municipios del departamento de Quiché a unos 370 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
Los comerciantes indicaron que únicamente permanecerán en el lugar durante 8 días, dijeron que en su momento enviaron solicitudes a las autoridades municipales para que les permitieran estar en el lugar. No recibieron respuesta y un grupo de comerciantes decidió ocupar el espacio sin autorización.
A raíz de esto, el juzgado de asuntos municipales, la oficina de servicios públicos municipales y la policía municipal intentaron desalojarlos el pasado lunes 20 de diciembre, sin embargo no lograron su objetivo.
A primeras horas del día martes un fuerte contingente de antimotines se hizo presente a la cabecera municipal, esto para brindarle apoyo a las autoridades municipales para poder desalojar a los comerciantes, ante la presencia de la Policía Nacional Civil PNC el grupo de comerciantes se opuso a ser desalojados.
Momentos de tensión se vivieron durante más de 4 horas en la calle principal de Ixcán, ya que los comerciantes optaron por lanzar piedras contra los policías municipales, también lo hicieron las personas que pasaban por el lugar como muestra de inconformidad ante la decisión de las autoridades municipales.
Según los comerciantes la Municipalidad de Ixcán no accedió inicialmente a reunirse con ellos, para buscarle una solución viable ha dicho caso. Frente a la tensión local que se había generado los síndicos municipales, delegados del juzgado de asuntos municipales, oficiales de la Policía Municipal (PM) y de servicios públicos municipales optaron por reunirse con los comerciantes ese día. Logrando acordar qué los comerciantes permanecerán en el lugar hasta el 31 de diciembre.
Esta vez, ante la falta de una orden del juez competente, los antimotines no actuaron contra los comerciantes.
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
La postura del Consejo Municipal
El consejo municipal se reunió este jueves 23 de diciembre para aclarar el tema de la intención de desalojo a comerciantes que ocupaban la calle principal de la zona uno de Ixcán.
Durante la reunión la mayoría de integrantes del concejo municipal aseguró no haber tenido conocimiento sobre las diferentes solicitudes presentadas por integrantes del comercio informal, también indicaron que no tuvieron conocimiento sobre el motivo de la presencia de antimotines el pasado martes.
El alcalde municipal Antonio Elías Calel, indicó haberse reunido con los integrantes del comité de comerciantes del piso Plaza, pero considero no ser de mayor relevancia razón por la cual decidió no presentarlo ante el consejo.
Durante la sesión del concejo municipal, los concejales solicitaron una explicación al alcalde municipal sobre la presencia de los policías antimotines en el municipio, del cual tampoco tuvieron conocimiento, así mismo dijeron que en ningún momento se les solicitó reunirse de manera urgente el pasado martes.
Según un documento leído durante la sesión, la solicitud de los anti antimotines fue realizada por Cristal Colindres, encargada de servicios públicos municipales y aprobado únicamente por el alcalde municipal, no existió orden de juez competente para que los antimotines accionaron contra los comerciantes, razón por la cual no actuaron.
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
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Por Sare Frabes
El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara en estado de alerta por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias federales a emitir autorizaciones a megaproyectos en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, anunció que iniciaron la interposición de amparos en contra del acuerdo desde diversos pueblos indígenas.
Dos de estos amparos fueron interpuestos por pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por mujeres zapotecas de diferentes comunidades de la región, y otro por la comunidad Puente Madera, donde se pretende construir uno de los 10 polos de desarrollo.
De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización integrante del CNI, el acuerdo viola por lo menos diez artículos constitucionales, cuatro convenios internacionales y 120 artículos de leyes federales. “Estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, incluyendo el presidente de la República y la Fuerza Nacional”, explica el abogado.
La exigencia de los pueblos es que los jueces otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia a los pueblos indígenas, donde primero van a disparar y después van a preguntar”, sostiene el abogado.
Inconstitucionalidad
En la reforma constitucional de 2001, les negaron a los pueblos indígenas el derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho público. “Se estableció el derecho de los pueblos indígenas como de interés público. Aun con esta migaja, los megaproyectos, también declarados de interés público [por el acuerdo], no pueden estar por encima de los pueblos”, explica Flores.
Además, argumenta el abogado, los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de México. “Los ejidos y los bienes comunales tienen esta garantía constitucional de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, montes o aguas. Son también de interés publico los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo marca la constitución, lo marca la ley agraria”. Por eso “estamos demandando la suspensión de este acuerdo”, reafirma el abogado.
Condiciones desiguales
El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad de llevar a cabo la defensa de los territorios en México. “Los amparos son complejos y desgastantes para los pueblos. En los procesos hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.
Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje que demandan los procesos. “En el caso del Proyecto Integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete años buscando un perito en vulcanología que es necesario para demostrar la inviabilidad de este proyecto y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología”, relata Flores.
En comunicado, el CNI sostiene que las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están “fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema”.
Por lo mismo, “nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitrarias determinaciones políticas, administrativas y judiciales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos”, detalla el comunicado.
Frente a todo ello, “a estas condiciones desproporcionadas de defensa del territorio, ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar a los megaproyectos. Estamos viviendo un acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.
Otro punto que ha sido poco comentado sobre el acuerdo firmado por Obrador es que, por establecer los megaproyectos de seguridad nacional, puede vulnerar la privacidad de los defensores de derechos humanos. Puede “implicar intervención de las comunicaciones de las personas defensoras de territorio y de derechos humanos”, aclara Flores.
Llamado
El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de México. “Vayamos organizándonos en nuestros territorios, interponiendo recursos legales contra esta acción regresiva de los derechos indígenas, porque significa el exterminio de nuestros territorios”, dice el abogado.
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Por Ñanì Pinto
En portada: Policías antimotines preparándose para desalojar a la comunidad de San Isidro. Foto: Witness for Peace
Este martes (21), bajo un contexto de terror y fuertes amenazas, 1,500 elementos de seguridad, en su mayoría miembros de las Fuerzas Especiales Cobras, quienes han sido entrenadas y financiadas por Estados Unidos, realizaron el desalojo de 252 familias campesinas integrantes de la Cooperativa Remolino ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, costa norte de Honduras.
Esta acción violenta es la más reciente en una serie de desalojos ocurridos durante la última semana y en donde al menos cuatro comunidades han sido despojadas de sus tierras.
Los operativos comenzaron el pasado 16 de diciembre y han sido dirigidos contra cooperativas de la Reforma Agraria, quienes tienen documentación legal que les respalda su derecho al acceso a tierra, y otras familias de escasos recursos, así lo denunció la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
En comunicado, la Plataforma Agraria recalcó que la orden de desalojo ilegal y fraudulenta contra la Cooperativa Remolino busca favorecer a la empresa Inversiones Ceibeña, productora de palma aceitera. “Los jueces han abusado de su autoridad y dado órdenes ilegales de desalojo para beneficiar empresas agro-extractivas como las familias Facussé, Canales y Morales, dejando sin techo y sin alimentación a las familias campesinas”, denuncia la Plataforma Agraria.
De acuerdo a un reporte del equipo del Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz, quien se encuentra monitoreando los desalojos violentos, “las comunidades sienten que esto es un acto de represalia, y tal vez uno de los últimos movimientos de represión por parte del régimen de Hernández [presidente Juan Orlando Hernández, que cumple su mandato hasta enero de 2022] y sus amigos de las familias terratenientes de Honduras”.
Por su parte, Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria manifestó que “una vez más se demuestra que el poder judicial en Honduras se vende al mejor postor, hemos visto su confabulación de los jueces y fiscales con las familias Facussé, Morales, Canales y Pérez; otro ejemplo muy claro es el caso de Guapinol donde la justicia hondureña se ha encaprichado en mantener privados de libertad a los ocho defensores del rio Guapinol y San Pedro para favorecer a los interés de las familia terratenientes y mineras que tienen poder e influencia en todo el poder judicial”.
La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán señala que las acciones recientes violan el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos que establecen “el Estado debe garantizar la reubicación, alimentación y atención médica a las familias que han sido desplazadas”, por lo cual exigieron el cese inmediato de los mismos.
Desalojos
Familias pertenecientes a la cooperativa San Isidro y la cooperativa La Confianza fueron las primeras en ser desalojadas durante los operativos iniciados el 16 de diciembre. Un día después, la comunidad Palma Sol Río Claro, quien no hace parte de la Plataforma Agraria, también fue desalojada.
El operativo ocurrió a pesar de que la cooperativa de San Isidro posee un título de propiedad definitivo de la finca San Isidro y ocupó durante dos años dichas tierras. No obstante, la Corporación Dinant afirma ser la propietaria de dicho territorio. En ese espacio, las familias de la cooperativa habían eliminado pequeñas secciones de las plantaciones de palma para plantar yucca, maíz, frijoles, plátanos y otros cultivos de subsistencia.
“Una fuente nos dijo que había al menos 800 policías y fuerzas especiales presentes para el desalojo de la comunidad. Observamos que esto incluía a los ‘Tigres’, las Fuerzas ‘Rurales’, la DPI y la Policía Nacional. Sabemos que los Tigres y la Policía Nacional reciben financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos. Algunos llevaban viejas mochilas verdes con el sello ‘US’, otros tenían parches militares estadounidenses que parecían llevar como una especie de recuerdo”, señala el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.
En el informe de Testigo por la Paz también destacan la presencia y colaboración de guardias de seguridad privados contratados por Dinant, pertenecientes a la empresa Servicios Especiales de Colón (SEC). “Después del desalojo, vimos a los guardias repartiendo comida y bebidas a la policía desde la parte trasera de una camioneta, y en general siendo muy amables con la policía durante todo el día. Las relaciones entre la policía y los guardias del SEC, donde trabajan juntos para reprimir y criminalizar campesinos en recuperación de tierra, han sido denunciadas por la Plataforma en numerosas ocasiones. Tras marcharse, la policía dejó a los guardias a cargo del terreno”.
Ante la situación de alerta, integrantes de las cooperativas y de la Plataforma se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con quien señalaron la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los conflictos de tierras del Aguán que insta al Estado de Honduras a no realizar desalojos en la región, y buscar un diálogo para resolver el conflicto de terreno.
En el mismo martes (21), otras 60 familias de La Brea Chapaguita fueron desalojadas después de tres años de la recuperación de sus tierras. Esta es la cuarta comunidad campesina del Bajo Aguán en ser desplazada desde el inicio de los operativos.
Conflicto
La región conocida como el Bajo Aguán ha estado marcada por las luchas por la tierra de organizaciones campesinas quienes disputan el usufructo de las mismas contra grandes terratenientes, empresas de aceite de palma y de la agroindustria como la Corporación de Dinant.
Fue en la década de los setentas cuando el Estado hondureño distribuyó tierras fértiles a cooperativas agrícolas en el valle del Bajo Aguán e incluso estas organizaciones campesinas recibieron títulos de propiedad. No obstante, durante las décadas de los ochenta y noventas estas cooperativas sufrieron el ataque y despojo de sus tierras por parte de empresas productoras de aceite de palma, quienes contaron con apoyo del gobierno para adquirir contratos ilegales de uso de la tierra del Instituto de la Propiedad (INA).
Tras los conflictos por la tierra que se sucedieron en los años posteriores, fue en el contexto del incremento de la represión estatal tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la Plataforma Agraria aglutinó a diversos movimientos campesinos quienes han luchado por la recuperación de sus tierras.
Actualmente, la Plataforma integra a nueve cooperativas, las cuales poseen títulos definitivos de sus tierras. No obstante, necesitan realizar esfuerzos de reocupaciones en el que las personas ingresan en las tierras, presentan sus títulos de propiedad y establecen viviendas permanentes, inicialmente en condiciones básicas y a merced de los ataques de las empresas y de las fuerzas del Estado.
“Mientras tanto, las empresas productoras de aceite de palma y los intereses comerciales de la región, conocidos por trabajar estrechamente con las autoridades gubernamentales, han impulsado campañas de difamación contra las cooperativas, presentándolas como ‘invasoras’ armadas y violentas, perjudiciales para el desarrollo económico de la región”, contextualiza el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.
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La CIDH solicita al Estado mexicano disposición para efectuar una visita in situ a fin de conocer la situación de las Medidas Cautelares implementada en los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó
• Se mantiene los factores de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la vida de los habitantes de 22 comunidades indígenas de Chiapas.
El 15 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su disposición para realizar una visita a México, específicamente a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, con la finalidad de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18).
Desde hace 3 años, 9 meses y 20 días la CIDH solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad personal de los habitantes de 9 comunidades colindantes del municipio de Chalchihuitán y una de Chenalhó. En la misma zona y desde 236 días, la CIDH nuevamente otorgó medidas cautelares a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama colindantes con la comunidad Santa Martha del municipio de Chenalhó, frente a las constantes agresiones de un grupo armado de corte paramilitar.
La CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia, lo que permite que persista los ciclos de violencia incluyendo disparos y agresiones de armas de fuego que atenta contra la vida de las personas. La CIDH lamentó las muertes ocasionadas como resultado de los actos de violencia en las comunidades de estos municipios.
Frente a los factores de riesgo que permanecen en las zonas, la CIDH ha decidido mantener las medidas cautelares a favor de 22 comunidades indígenas de Chiapas, requiriendo al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de seguridad para proteger la vida y la integridad personal de los habitantes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los beneficiarios de estas medias cautelares, solicitamos al Estado mexicano su disposición para que la CIDH efectúe la visita in situ a las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de diciembre de 2021
Boletín No. 16
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Delegaciones zapatistas y del Congreso Nacional Indígena visitaron diferentes luchas contra la minería en el centro y norte de Portugal. Desde las montañas del sureste mexicano hasta los valles neblinosos de Portugal, diferentes pueblos se hermanan en lucha. Juntos, dicen sí a la vida y no a los proyectos de muerte.
Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta
Movimientos y personas de diferentes pueblos de Barroso recibieron a los y las representantes indígenas y zapatistas en un ambiente de resistencia, rebeldía y esperanza. En este lugar, se miraron al espejo luchas contra proyectos extractivos que los malos gobiernos alegan que son por el bien del pueblo.
(Imagen: Mauricio Centurión)
(Imagen: Mauricio Centurión)
Minas de litio a cielo abierto, termoeléctricas, parques eólicos, presas, gasoductos, agroindustria y agropecuaria intensiva, fracking, emprendimientos y trenes turísticos, todos estos proyectos llegan con las promesas de reducir emisiones, acelerar el desarrollo económico y traer prosperidad. Pero, en verdad, dictan una sentencia de contaminación del aire, del agua y de la tierra en los pueblos a donde se establecen, destruyendo no solo los medios de subsistencia locales, sino también el acceso a recursos naturales básicos.
“En nuestro país también hay despojos de tierra y agua. Hoy estamos aquí para decir que las luchas no deben de caminar solas ni tener un solo protagonista. Mandemos para allá el individualismo, que es el fracaso de las luchas. No más luchas solas, ahora luchas hermanadas.
No estan solos, no estamos solos”. Palabras del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Barroso.
La delegacion del CNI alerta: “La Madre Tierra nos pide a gritos que nos levantemos de una vez y frenemos la destrucción que la va a matar, y que nos va a llevar a todos con ella”.
(Imagen: Mauricio Centurión)
Escuchamos los gritos que irrumpen de las cicatrices que dejó la extracción de estaño en Cerdedo, de las heridas abiertas por la antigua mina de tungsténio en Borralha y la exploración de quarzo y feldespato en Couto de Dornelas. También son ensordecedores los gritos que salen de los terrenos comunales que cubren las montañas de Covas do Barroso, ahora amenazadas por la minera británica Savannah Resources, y las montañas de Morgade, amenazadas por Lusorecursos.
En la Caravana por la Vida, los pueblos indígenas de México unieron su fuerza con los pueblos de diferentes zonas de Portugal que están en lucha contra la llegada de las “mineras verdes” a sus valles. Estos valles tricolores, los pinares brumosos y el horizonte de montañas azules hacen sentir en casa a los visitantes.
(Imagen: Mauricio Centurión)
Barroso y sus habitantes luchan por preservar la vida, en una región repleta de cultura y tradiciones ancestrales. La biodiversidad tiñe de colores estas montañas que están amenazadas de volverse gris oscuro con estos megaproyectos.
La lucha por el agua es uno de los principales lazos que une todos estos pueblos. El agua está amenazada por megaproyectos y también por las multinacionales que, con sus fábricas, la saquean y después, dicen, vienen a “salvar” el pueblo, vendiéndole agua embotellada que las propias compañías contaminaron.
(Imagen: Mauricio Centurión)
“Ese río hermoso que ven ahí ya no va a estar hermoso, compas, si se instala la mina. Se va a contaminar y va a ir contaminando a los ríos que lo unen. El agua que hoy se toma ya no se va a poder tomar”. Palabras del Congreso Nacional Indígena.
Al paso que las transnacionales recorren a las redes sociales y a los medios masivos para anunciar sus encuentros con importantes personalidades y mantener su imagen, los pueblos se encuentran de forma discreta, se miran y se reconocen unos en los otros, tejiendo lazos de fuerza y esperanza para enfrentar al enemigo común: el capitalismo.
Barroso ya está del otro lado del mundo también, junto a los pueblos de México. Y, como dicen las compañeras del CNI, ya no somos solo la voz y los ojos de todos los pueblos de México, sino de todos los pueblos del mundo.
Barroso ya no lucha solo.
(Imagen: Mauricio Centurión)
“Aquí, como les están haciendo, allá nos hicieron”
El caminar del Congreso Nacional Indígena también les ha llevado hasta la Serra de Argemela, otra zona de montañas amenazada por la minería de litio, ahora en el interior y centro del territorio portugués. Una vez más, la delegación del CNI se miró al espejo, intercambiando con movimientos y la población local sobre sus dolores, sus problemas, los ataques que enfrentan, que son los mismos y uno solo. Sobre la necesidad de responder al llamado de la Madre Tierra y organizarnos desde abajo, desde cada comunidad, para defender nuestros modos, nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestro territorio, nuestra agua, nuestra Vida.
(Imagen: Mauricio Centurión)
“Hermanos y Hermanas, la mejor manera, la mejor receta, el mejor remedio, es organizarnos. Ya decía, dejemos a un lado nuestras diferencias. Que no haya liderazgos, que no haya políticos, que no haya caudillismo. Porque donde hay caudillos, hay protagonistas, hay un político en una organización, fracasan. ¿Por qué? Porque esa persona, líder o dirigente, se vende, lo compran, y la organización se fue para abajo. Esto debe ser comunitario, colectivo. La colectividad es lo que nos lleva al triunfo de nuestras luchas”. Palabras del CNI en el pueblo de Barco, en la Serra de Argemela.
*Por Medios Libres/Gira por la Vida-Portugal para La tinta / Imagen de portada: Mauricio Centurión.
