justicia
México: TC Energía acelera gasoducto “Puerta al Sureste” para funcionar en 2025
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
La transnacional canadiense TC Energía (antes Transcanada) ha anunciado a sus inversionistas que ha avanzado significativamente en la instalación del gasoducto denominado “Puerta al Sureste” en México, un ambicioso complejo para el mercado del gas proveniente de Canadá y Estados Unidos, el cual suministrará a los polos de desarrollo del llamado Tren Maya y Corredor Interoceánico. El objetivo es acelerar las obras para entrar en funcionamiento a mediados de 2025, declaró François Poirier, CEO de la empresa.
A través del gasoducto “Puerta al Sureste”, la transnacional venderá a México 1 mil 300 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) de gas para los proyectos del sur sureste del país. Consta de un ducto submarino de 715 kilómetros, que también conecta con otro de 800 km, llamado Sur de Texas-Tuxpan, también submarino y de propiedad de la canadiense junto con la estadounidense Sempra Energy, a través de su filial mexicana Sempra Infraestructura.
En un video-informe presentado en la habitual conferencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el pasado mes de julio, remarcó que “adicionalmente se desarrolla el gasoducto “Puerta al Sureste”, que permitirá el transporte de gas conectando Texas con los estados de Veracruz y Tabasco, duplicando la capacidad en el transporte de este combustible”.
Además del ducto submarino, “Puerta al Sureste” también tendrá un tramo terrestre. Según los informes de la empresa, de este mes de agosto, ya se ha avanzado “más del 98% del tendido” de este tramo. Además, esperan “finalizar los últimos 3 kilómetros (faltantes) en aguas someras durante el presente trimestre”.
El presidente de la empresa destacó la importancia de las importaciones de gas de México, las cuales han aumentado considerablemente durante los últimos meses. Por ello anunció a sus inversionistas que también está en conversaciones iniciales con Comisión Federal de Electricidad (CFE) para “adelantar la entrada en servicio del proyecto” para responder a la demanda interna, pero también, la transnacional busca continuar sus exportaciones de gas desde el territorio mexicano principalmente con destino a Europa y Asia.
Re-exportación
De acuerdo con los datos de este año 2024 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el consumo de gas interanual de México creció un 5%, lo que equivale a 3 mil millones de metros cúbicos. Son datos que fueron reflejados entre octubre de 2023 y marzo de 2024.
La dependencia de este insumo es principalmente para generación de electricidad en el país. Es por ello que, según la IEA, las importaciones mexicanas diarias son de alrededor de 5 mil 894 millones de pies cúbicos. Mientras tanto, la producción interna va en picada. En abril de 2024, la producción se desplomó un 14.6% en comparación con el año 2023, alcanzando un mínimo de 3 mil 756 millones de pies cúbicos diarios, el nivel más bajo desde abril de 2021, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En entrevista para Avispa Mídia, el investigador Luis Pérez, del colectivo Geocomunes, puntualiza que “el gas es el energético que sostiene la matriz energética del país”, por tanto, el discurso de que México va exportar gas no tiene sustento, en todo caso se trata de una “re-exportación” de las empresas como TC Energy y Sempra Energy, puntualiza el investigador.
Ira a: Crecen activos de Sempra Energy en México, exportará gas desde el Istmo y Ensenada
Pérez alerta que el entramado de gasoductos que se va edificando en todo el territorio mexicano, los cuales abastecen a las centrales eléctricas, así como al sector minero y la industrial en general, “ahora tiene un papel a escala global, por el interés de comerciar el gas proveniente de la costa este de los Estados Unidos”, explica.
El integrante de Geocomunes advierte que han identificado al menos “ocho proyectos de plantas de exportación sin contar sus ampliaciones. En su conjunto, estos proyectos tienen capacidad de exportación de 11 mil 500 millones de pies cúbicos diarios. El consumo diario de México es de entre 8 mil 500 y 9 mil millones de pies cúbicos”.
El investigador asevera que este mercado del gas, extraído mediante el método conocido como fracking (fractura hidráulica) en los Estados Unidos y Canadá, “es gigantesco, se está intentando exportar más de lo que consume México. Entonces es una re-exportación” donde las empresas transnacionales están usando la infraestructura en México para poder llevar el gas a otros continentes, como Europa Y Asia.
El CEO de TC Energy no duda en avisar a sus inversionistas las oportunidades que ven venir con el aumento del consumo de gas en México, presionado por la demanda de las nuevas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las inversiones en el llamado nearshoring y para la exportación.
“Somos muy optimistas sobre el papel que México va a desempeñar en el mercado de gas de Norteamérica, tanto por su creciente demanda interna como por su potencial de exportación”, puntualizó Poirier.
La resistencia
Detrás de cada proyecto hay descontento, principalmente comunidades nativas y organizaciones civiles. El pasado mes de junio, diversos pueblos originarios de México y Canadá sumaron sus voces para remarcar a la Asamblea General de Accionistas de TC Energy, que esta empresa ha violado sus derechos más elementales, como la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para la construcción del gasoducto “Puerta al Sureste” tampoco se realizó ningún protocolo de consulta hacia los pueblos aledaños al ducto. No hubo “la participación de las comunidades indígenas locales, sobre todo de las comunidades pesqueras de la costa del sur de Veracruz que no han sido informadas por la empresa de los impactos directos e indirectos de la obra para sus medios de vida”, denunciaron en un comunicado que lanzaron el pasado mes de junio, firmado también por diversas organizaciones no gubernamentales como el Centro de los Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño; Greenpeace A.C., entre otros.
Mientras que TC Energía avanza con el ducto “Puerta al Sureste” y muestra optimismo por el crecimiento del mercado de gas en México, el gobierno mexicano lo presenta como un gran avance de lo que ha llamado como Cuarta Transformación.
En su conferencia matutina de López Obrador, del pasado mes de julio, en el video que presentó se anunciaba que CFE “despliega la mayor infraestructura energética en la historia del sureste, que tiene por objetivo suministrar, entre otros proyectos, al Tren Maya”.
También argumenta que han creado las condiciones “para transportar el gas a las centrales generadoras, ampliando la infraestructura de gasoductos en el sureste.
Se interconectó al antiguo gasoducto Mayakán con el sistema nacional de gasoductos, lo que implicará que la disponibilidad de este combustible aumente en un 400% en la región”.
Ver investigación: Ver investigación Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México
Perú-Cusco: criminalización de comuneros detenidos en protestas
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.
Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones.
El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).
La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.
Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.
El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.
A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).
Persecución coordinada
El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.
El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.
Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.
En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses.
Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital.