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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Ante los ataques de intimidación y criminalización que Antonino Morales Toledo encabeza contra nuestro pueblo ¡Llamamos a la solidaridad de los pueblos y movimientos de México y el mundo!

Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, a 03 de octubre de 2022

Contra el cacicazgo y la apropiación de los Bienes Comunales en San Blas Atempa

A los y las habitantes, comuneros y comuneras de San Blas Atempa y sus agencias
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

DENUNCIAMOS

El día viernes 30 de septiembre, el compañero Ismael Luis López, habitante de la comunidad indígena de Puente Madera, se encontraba realizando sus labores de albañilería en una calle concurrida de San Blas Atempa, cuándo una camioneta se aproximó hasta su ubicación, de la cual sé bajo Octavio Morales Toledo conocido como “Santa” y ordeno se bajara la gente que venía con él para insultar, amenazar de muerte y golpear al compañero Ismael López. Tirándolo al suelo y diciéndole que el Parque Industrial, que forma parte de los PODEBIS del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo.

CONTEXTO

Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI en nuestras tierras colectivas, en específico, esta agresión, por quien ahora es representante del Comisariado de Bienes Comunales, hacia el compañero Luis López, se dan bajo el siguiente contexto:

El 19 de julio, el compañero David Hernández Salazar y su familia sufrieron agresiones físicas por parte de Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

A finales del mes de agosto habíamos alertado sobre la convocatoria para el nombramiento de estas nuevas autoridades agrarias. En ese momento sabíamos, y lo confirmamos ahora, que este nombramiento urgente responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021, por nuestro rotundo rechazo a la instalación del Parque Industrial en nuestras tierras colectivas.

El día domingo 25 de septiembre del presente año, se dio la supuesta “asamblea de comuneros”, que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo conocido como “Santa”, nuevo representante del Comisariado de Bienes Comunales de San Blas Atempa, hermano de Antonino Morales Toledo, expresidente municipal, y mano derecha del gobernador electo en el estado, Salomón Jara Cruz.

Ante estos sucesos EXIGIMOS:

A la Procuraduría Agraria, que con base en el artículo 38 de la Ley Agraria, se revise a profundidad los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo. De los que nosotros damos al conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

Que el susodicho, fue detenido en el año 2018 por el operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca” por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo explicar la procedencia legal del dinero. Y en el mes de enero de este año (2022) nuevamente fue detenido por personal del Ejército, por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Y que el ahora Comisariado de Bienes Comunales, promovió una demanda con el Expediente 71/21-15-01-9 en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; así mismo promovió un Amparo Indirecto con el Expediente 466/2012 en contra del Juez De Garantías En Tehuantepec, Oaxaca.

Respeto a la libre determinación y voluntad de la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera en la NO instalación del Parque Industrial del Corredor Interoceánico en tierras de uso común.

Que cesen los hostigamientos, amenazas y criminalización contra nuestros representantes y habitantes de la comunidad Binnizá de Puente Madera.

HACEMOS UN LLAMADO:

A los individuos, colectivos y pueblos indígenas de Oaxaca y México a realizar acciones dislocadas en solidaridad con la comunidad de Puente Madera y en contra del proceso de Industrialización de esta región que traerá consigo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Llamamos a la solidaridad Internacional, ha realizar acciones contundentes en la embajada de México en sus países, en contra del proceso de criminalización que como pueblo indígena hemos venido sufriendo en el marco de la ejecución del megaproyecto de interés geopolítico Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

RESPONSABILIZAMOS del clima de violencia en la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, así como de cualquier detención, amenaza y agresión a los representantes y habitantes de Puente Madera y de nuestra organización regional, A:

Antonino Morales Toledo, líder estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas y presidente de la Fundación Antonino Morales Toledo;

Cesar Octavio Morales Toledo, representante electo del Comisariado de Bienes Comunales;

Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca;

Lila Rodríguez Villanueva, jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec;

Rafael Marín Mollinedo, Director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina;

Salomón Jara Cruz, gobernador electo del Estado de Oaxaca (2022-2028);

Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador del Estado de Oaxaca (2016-2022);

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república

Desde el Bloqueo Carretero
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

PD: A 54 años de la matanza de Tlatelolco
No perdonamos Ni olvidamos
Y recordamos que los militares de hoy
son los mismos asesinos de ayer

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Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes

No vamos a permitir que el robo de agua continúe en nuestros pueblos. ¡Ni extracción, ni distribución!

Al pueblo en general
A Los medios de comunicación

El pasado lunes 26 de septiembre de 2022, el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, hizo acto de presencia en las instalaciones que los pueblos cholultecas recuperamos el año pasado y convertimos en la Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, en la comunidad de San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla, acudió para concretar otra traición: inaugurar una nueva etapa de despojo de agua en nuestra región y otros pueblos de la región cholulteca por parte de Bonafont-Danone.

Cinto Bernal, ha hecho la función principal de vocero y empleado de la planta, facilitando el operativo de la Guardia Nacional para desalojar a los pueblos de Altepelmecalli, permitiendo la intromisión de la empresa en asuntos comunitarios como ocurrió con la consulta realizada en Zacatepec, distribuyendo propaganda en contra de los pueblos y financiando obra pública a cambio de dinero, imagen y simulación.
Este vocero y empleado, ahora cumple la orden de intentar engañar una vez más a los pueblos a nombre de Bonafont Danone, como sabemos, la empresa Bonafont Danone con su filial Arcoiris, en 1992, realizó una consulta falsa en la que solicitaba autorización para un pozo agrícola, los pueblos campesinos de Juan C. Bonilla accedieron, sin embargo, el pozo que instalaron fue un pozo industrial de 36 metros de profundidad que acabó dañando gravemente los mantos acuíferos secando ameyales, canales, zanjas y pozos artesanales terminando con el trabajo local basado en el cultivo y producción de alimentos básicos, la salud y la seguridad económica no solo de Juan C. bonilla sino de más de 20 pueblos de la región cholulteca.

Bonafont-Danone mintió también al decir que tenía una concesión vigente para extraer agua. Sabemos que no es verdad y que estuvo extrayendo millones de litros de agua diariamente sin concesión y con la anuencia de CONAGUA y los tres niveles de gobierno. Según documentos de CONAGUA, la Concesión de extracción 04PUE100118/10FMDL08 se venció desde el año 2014 y la misma CONAGUA les negó la renovación oficialmente. Esta planta ha trabajado ilícitamente desde su creación y las instituciones gubernamentales son parte de este despojo a través de la corrupción.

Tras haber violentado a los pueblos nahuas que recuperamos el agua de miles de personas, mienten una vez más, reabriendo las instalaciones supuestamente para “distribuir” el agua que robarán de otros pueblos, sabemos que no es verdad, sabemos que esta ambiciosa empresa y sus empleados como Fabrice Salamanca (vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Danone), Luis García (Director general de Bonafont), José Cinto Bernal (presidente municipal de Juan C. Bonilla quien en realidad funge como vocero y empleado de Bonafont) y Guillermo Malpica Soto (subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de Puebla) pretenden seguir traficando el agua de los pueblos a costa de la pobreza y sequía de las comunidades.

A cambio de estos favores y de la protección municipal, la empresa traficante de agua ha intervenido, como lo señala en su comunicado oficial del 26 de septiembre, en procesos comunitarios y de competencial local, comprando conciencias y simulando obras que le competen directamente al ayuntamiento. Los traficantes de agua señalan que: “la compañía ha impulsado la brigada de limpieza del río Metlapanapa en colaboración con trabajadores de la empresa; el “Proyecto Pintura” para la iglesia, en conjunto con el Consejo Parroquial; y los Apoyos para Escuela Bachillerato General Estatal Libertadores, donde se realizan labores de reparación, impermeabilización, entre otros”.

En este contexto, en una manipulación y simulación descarada el presidente municipal, José Cinto Bernal, junto con representantes de la parroquia, directores de escuela y supuestos “líderes y emprendedores” locales del pueblo de Zacatepec, han utilizado a la población para favorecer a la empresa, como lo muestran los actos detestables y cobardes donde han manipulado a la comunidad, chantajeado y puesto en riesgo la salud de

Emilia, [10/3/22 7:05 PM]
los estudiantes del Bachillerato General Libertadores de América para simular limpiezas en el río Metlapanapa y otras obras comunitarias, las cuales, como lo señala la empresa traficante, son financiadas por ella.

Es por eso que, Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes declaramos que no vamos a permitir que el robo de agua continúe en nuestros pueblos: ¡Ni extracción, ni distribución! Hacemos un llamado a los pueblos y comunidades a seguir atentos y denunciando las acciones de este crimen organizado llamado Bonafont – Danone y de sus empleados como José Cinto Bernal y demás cómplices. E invitamos a todos a la acción global y gran marcha por el agua, contra la militarización y la guerra capitalista, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre de 2022 a las 4:00 pm. Partiendo del Ángel de la Independencia hacia el zócalo de la Ciudad de México y que realizaremos en conjunto con el Congreso Nacional Indígena.

ATENTAMENTE
Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes
A 3 de octubre de 2022, San Mateo Cuanalá Juan C. Bonilla, Puebla

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Avispa Midia

Ejército sabía lo que pasaba con los 43 y no hizo nada

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto:Aldo Santiago

Un día antes de terminar su mandato en el caso Ayotzinapa, el jueves (29 de septiembre), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014.

El grupo de expertos consolidó, con nuevas pruebas, la vinculación del crimen organizado con las fuerzas públicas mexicanas, el Ejército, las policías Estatal y Federal, así como funcionarios de la administración del Estado Mexicano en el ataque, detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes.

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“Tenemos muchos más elementos en las manos, más documentación que muestran esta relación de una forma estrecha. No se trata solamente de declaraciones, sino que se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de la Sedena [Secretaria de Defensa Nacional], archivos de diferentes corporaciones del propio Estado”, sostuvo Carlos Martin Beristain, integrante del GIEI.

El informe muestra que el Ejército y las policías Federal y Estatal hacían seguimiento en tiempo real a todas las actividades de los normalistas. “Tenemos toda la documentación que prueba los seguimientos que se hacía a los jóvenes, desde hacia mucho tiempo, pero también los seguimientos en el día 26 de septiembre de 2014. Tenían claridad de los autobuses, de las placas, de las marcas, para qué iban tomar autobuses, todo eso estaba perfectamente documentado. Nosotros hemos tenido acceso [a estos documentos]”, revela Beristain.

El Ejército recibió información en tiempo real mediante interceptación telefónica. “Sin embargo, ninguna de estas informaciones llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes, ni en la investigación del caso. Nos enteramos de estas interceptaciones el año pasado cuando pudimos revisar los archivos de Sedena”, dijo el experto independiente.

Intercepciones telefónicas en los archivos de Sedena, revelan conversaciones en las cuales hablan sobre “dónde había que mandar a los jóvenes”. Algunas de ellas son del 4 de octubre, es decir, varios días después de la desaparición. “Estas comunicaciones mostrarían que una parte de estos jóvenes estarían vivos en estos días”, dijo Beristain.

Integrantes del GIEI

Los expertos también pudieron corroborar, con el acceso a los archivos de Sedena, que el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela, quien daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacia en la escuela, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.

Algunos integrantes del Ejército, al menos dos, tuvieron procesos disciplinarios, hechos por el propio Ejército, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre. “Se negó por mucho tiempo. Pero tenemos las pruebas, aunque no sabemos el contenido de estos procesos disciplinarios. Eso falta por saber y hemos pedido acceso a esta información”.

De acuerdo con otra integrante del GIEI, Ángela María Buitrago, el Ejército ha negado que haya posibilidad de hacer monitoreo, interceptaciones y “niegan que ellos hallan realizado, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de las informaciones que recuperamos”.

Los expertos revelaron también parte del contenido logrado por medio de un testigo protegido quien señala que los jóvenes fueron separados en tres grupos y que habían sido llevados a diferentes lugares bajo la custodia militar, de la policía estatal y grupos criminales. Señaló también “que habían sido asesinados”, dijo Beristain.

Además, el informe muestra que el 5 de octubre se montó una coordinación de los altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue llamada War Room (habitación de guerra), que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido se desconoce. “Consideramos que eso es algo que se tiene que aclarar”, sostiene Beristain.

Pegasus

Sedena utilizó el software espía Pegasus para monitorear teléfonos desde 2014, especialmente a partir de septiembre. Miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, familiares de los estudiantes, miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad fueron espiados. “Pegasus fue utilizado de forma indiscriminada”, dijo Buitrago.

Centro de Inteligencia Militar en Iguala

Los expertos de GIEI revelaron la existencia del Centro Regional de Inteligencia Militar denominado zona norte Iguala, que hacia actividad de seguimiento y monitoreo y, en algunos casos, interceptación de comunicaciones.

La Sedena ha negado que este Centro existía en 2014. “Nos han negado la existencia de este Centro en el año 2014, nos dicen que nasce en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto”, dijo Buitrago. Eso porque GIEI tuvo acceso a informes provenientes de este Centro que atestiguan actividades de monitoreo en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Comité de oadres y madres de los 43 normalistas desparecidos se manifestaron el apsado 26 de septiembre en el octavo aniversario del crimen de Estado. Foto: Aldo Santiago

Para la experta, el contenido de los informes generado por este centro es fundamental para saber lo que pasó en aquella noche. “Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia: es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar”.

Los expertos saben que los archivos generados por este Centro “están todavía en las instalaciones de Sedena”.

Basurero de Cocula

Una pieza fundamental de la llamada “verdad histórica” – una versión dada a conocer en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de lo que habría ocurrido con los estudiantes – fue el basurero de Cocula.

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Dicha versión considera que los agentes de la policía de Iguala entregaron a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los estudiantes porque, supuestamente, harían parte de Los Rojos, grupo contrario. Los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero.

En sus investigaciones los expertos corroboraron, por medio de documentos, que esta versión no procede. “No solamente tenemos las declaraciones de testigo que estuvieron el día 27 de septiembre en el basurero y que señalan que ahí no pasaba nada”, dijo Beristain.

“Sabemos que desde el día 4 y 5 de octubre la policía Estatal y Ejercito custodiaban el basurero de Cocula. Hay reportes oficiales que muestran, que el día 12 de octubre hay una inspección del basurero por parte de una patrulla del Ejército, que señalan que no hay nada extraño en el basurero. Quince días después de este informe aparecen unos restos que se señala que eran restos de los jóvenes”, explica.

El día 25 de octubre, supuestamente se descubre por una llamada anónima que habían tirado restos de los jóvenes en el basurero. “Ahora sabemos que esta llamada jamás existió, no es cierta. Sabemos que la persona que hizo eso se retractó y contó por qué lo hizo. Contó cuál fue la presión que sufrió para hacerlo”, relató el experto.

Quinto autobús

Otro elemento clave para entender lo que pasó en la noche del 26 de septiembre de 2014 es la existencia de un quinto autobús tomado por los estudiantes, que “había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, dijo Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI.

Los expertos reafirman, basados en imágenes de cámaras, que este quinto camión salió por la parte de atrás de la central camionera con los estudiantes.

En relación a este vehículo “se ha tratado de rodear de una serie de pruebas que permite decir que la intención clara es seguir ocultando [su existencia, además], fue escoltado por policías federales en la noche de 26 de septiembre”, analizó Buitrago.

De acuerdo con el informe de GIEI, desde su primer documento, los expertos señalan que “debía indagarse si en ese autobús se trasladaban drogas, lo que podría haber actuado como desencadenante de las agresiones, explicar la intensidad del ataque”.

Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Regina López

Desde por lo menos abril de 2014, la FGR tenía conocimiento del trasiego de drogas a través de autobuses de Guerrero hacia Estados Unidos, debido a investigaciones realizadas por autoridades de este país.

¿Hasta dónde va la voluntad de la 4T?

En abril de 2016, el GIEI concluyó su mandato en México, después de nueve meses de investigaciones, con la denuncia de que los obstáculosa su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central que era ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

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En 2020, los expertos regresan al caso. En la presentación de su tercer y último informe, son muy claros al afirmar que solamente lograron acceder a importantes archivos, por ejemplo, los de Sedena, porque hubo autorización expresa de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a lo largo de toda la presentación los expertos mencionaron que no les fue dado acceso a documentos, que saben que existen, y que son clave para entender lo que pasó en aquella noche.

“Cuando contemos con el texto completo de estas comunicaciones sin lugar a duda podremos saber mas sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y la forma cómo fueron trasladados”, dijo Buitrago.

Seguimiento en la busca de la verdad

El GIEI ha pedido una prórroga de un mes para que puedan concluir su trabajo. Sin embargo, sostienen que, después de eso, se tendrá que poner en marcha un mecanismo de seguimiento a su trabajo; fortalecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; y establecer una mejor comunicación entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y los padres de las víctimas, de manera a lograr esclarecer lo que pasó en la noche del 26 de noviembre de 2014.

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Avispa Midia

“Todo se vino abajo cuando se tocó al Ejército”, sostiene familias de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa

Fuente: Avispa Midia

 

Sep 27, 2022 Tras 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el comité de padres y madres de los estudiantes marchó por las calles de la ciudad de México acompañado de organizaciones e individuos para exigir justicia en el caso acontecido en septiembre del 2014 en Guerrero. Durante mitin realizado en la plancha del zócalo capitalisno, lxs familiares demandaron investigación al Ejército mexicano, cuyos elementos están implicados en el crimen y su encubrimiento.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Experta de la ONU visitó a México: “Urge una ley para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internas”

El pasado 3,4 y 5 de septiembre, Cecilia Jimenez-Damary, experta de la ONU sobre desplazamiento forzado, visitó #Chiapas. Además de hacer hincapié en los impactos colectivos del fenómeno contra los pueblos originarios, señalo que “Urge una ley para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internas”.

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Avispa Midia

La farsa de la geoingeniería climática para contrarrestar la crisis climática

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Científicos de todo el mundo han denunciado que la crisis climática llegó a su punto crítico y que alcanzará un punto de no retorno en las próximas décadas si las emisiones de gases de efecto invernadero no fueren reducidas drásticamente.

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También ha sido denunciado por científicos, organizaciones y pueblos que las soluciones a la crisis que están siendo negociadas en las conferencias del clima de las Naciones Unidas, las llamadas COPs (Conference of Parties en inglés, donde cada parte es un Estado), son falsas soluciones y que acaban beneficiando especialmente a las corporaciones responsables por el cambio climático.

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Las negociaciones se han llevado a cabo desde 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y hasta la fecha “no han generado ni solo un impacto en la [reducción] de las emisiones, por lo tanto, continúa el incremento de la temperatura”, explica Martin Vilela, de la organización Corporate Accountability.

La mayoría de las soluciones propuestas para combatir la crisis se basan en lo que llaman ‘neutralidad de carbono’. Es un concepto que “permite continuar extrayendo combustibles fósiles, degradando ecosistemas, expandiendo la frontera agrícola, destruyendo bosques, bajo la promesa que en el futuro se aplicarán medidas que van a absorber y compensar estas emisiones”, explica Vilela.

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Esta lógica predominó en las propuestas de solución a la crisis climática, a las cuales adhirió la mayoría de los países en el mundo, porque hubo una “captura corporativa de las estructuras de gobernanza climática” por parte de las empresas contaminantes, especialmente la industria de petróleo. “Las corporaciones han desarrollado cantidades de mecanismos para poder controlar las negociones internacionales del cambio climático”, agrega Vilela.

Entre las falsas soluciones que han sido denunciadas por pueblos y organizaciones en todo el mundo están el avance de las energías renovables a escala de megaproyectos, el gas como energía de transición y los mercados de carbono.

Sin embargo, hay una cuarta falsa solución que, según la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC), se tiene poca información sobre cómo se está desarrollando en América Latina, la llamada geoingeniería climática.

La cantidad de bosques y tierra necesaria para compensar las emisiones que se están generando y serán generadas en todo el mundo no es suficiente para alcanzar la neutralidad de carbono, entonces surgió la propuesta de un tipo de tecnología que busca separar el carbono emitido de la atmosfera. “Como la naturaleza no alcanza para cubrir todas las propuestas de ‘cero emisiones netas’ y Soluciones Basadas en la Naturaleza, van por arreglos tecnológicos de alto riesgo, como geoingeniería”, explica Ribeiro.

La investigadora aclara que la industria de la geoingeniería todavía se está desarrollando, pero son proyectos experimentales que ya están en toda América Latina, siendo los principales inversionistas las petroleras, automotoras, empresas tecnológicas y otros grandes contaminadores.

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Ribeiro alerta que la presencia y los impactos de estos proyectos en los territorios no son tan evidentes como, por ejemplo, los casos de explotación minera, por eso es necesario aprender a identificarlos.

Además de ser una falsa solución a la crisis climática, ya están causando impactos en pueblos y comunidades. “Lo que va a pasar y lo que ya está pasando con estas tecnologías es que van a impactar las mismas comunidades que ya están siendo impactadas” por proyectos de gran envergadura.

Manipulación de la naturaleza

La geoingeniería, como define Ribeiro, es la manipulación intencional y tecnológica a gran escala de los ecosistemas, sea en la tierra, en el mar y el aire, para tratar de contrarrestar algunos de los síntomas del cambio climático. Todas ellas son todavía “tecnologías desconocidas, de alto riesgo, porque plantean intervenir en los ecosistemas”.

Como ejemplo de estas tecnologías se puede citar proyectos de alcalinización del océano, en marcha en la República Dominicana; el cultivo industrial de algas para capturar carbono, en Chile; la ingeniería solar, en países como Argentina y Jamaica, que consiste en “rebotar los rayos del sol”. Para eso se crea artificialmente nubes con sulfuros, conocidas como volcánicas, que pretenden tapar la luz del sol, ya que son muy densas por haber sulfuros, como cuando hay las explosiones volcánicas. “Esto podría tener impactos sumamente desiguales, ya que puede bajar la temperatura donde se aplica esta técnica, pero crear impactos en otras regiones”, explica la investigadora.

Otra de las propuestas es la captura y uso del carbono, en marcha en Chile y Colombia. “La idea de estos proyectos es utilizar el carbono capturado en algún producto, como por ejemplo en la coca-cola – esto no es un chiste –, [es decir], sacar de la atmosfera el dióxido de carbono y meterlo en botella de coca-cola”. Pero el uso más común sería para la producción de combustibles sintéticos como el ‘hidrógeno verde’.

Hay en Chile un proyecto de captura de aire, que son grandes ventiladores que filtran el aire, utilizando sustancias químicas, y separan el carbono para utilizarlo.

Un último ejemplo, que se desarrolla principalmente en Brasil, es la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono. La teoría, explica la investigadora, es que se planta muchos árboles, los árboles absorben carbono y son quemados para generar bioenergía. Lo que sale de este proceso – los gases – se vuelve a enterrar.

Sin embargo, “cuando se retira las plantaciones, se emite más carbono, además del transporte, fertilizante y los agrotóxicos utilizados, todo eso genera nuevas emisiones”.

Más petróleo

La tecnología más difundida en América Latina es la captura y almacenamiento de carbono, tecnología que tuvo su origen en la industria del petróleo. Está presente en Argentina, Colombia, Trinidad Tobado y, principalmente, México y Brasil (región del PréSal, área de reservas de hidrocarburos que se ubican a más 7 mil metros abajo de la capa salina en la costa de Brasil), países con importante explotación petrolera.

Con la tecnología, explica Ribeiro, el carbono es captado de diferentes formas y es inyectado por gasoducto en pozos paralelos y conectados a los pozos de petróleo, que ya han sido explotados por mucho tiempo, de tal manera que, con la presión, se empuja hacia arriba las reservas profundas de petróleo que no podían ser extraídas. Con eso se extrae más petróleo y el carbono se queda atrapado en el subsuelo.

La investigadora apunta que más de 85% de las plantas de captura y almacenamiento de carbono en el mundo están hechas para recuperar más petróleo, para acceder a reservas que hasta ahora no han podido ser accedidas. “En realidad es una excusa para seguir emitiendo carbono”.

Ribeiro explica que esta es la tecnología más antigua, pero no era utilizada por no ser rentable. ¿Y por qué están utilizando ahora? “Solo porque hay subsidios gubernamentales (…). Además, venden los créditos de carbono que dicen que se almacena dentro de estas instalaciones”.

En todas las formas de geoingeniería se plantea manejar los síntomas, nunca las causas de la crisis climática y, por lo tanto, el cambio climático va a continuar, analiza Ribeiro. “Esto crea un mercado cautivo para los que promueven la geoingeniería y desvía la atención y recursos de las soluciones reales”.

Nuevos mercados

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías sus inversionistas buscan nuevos mercados. “Solo les interesa si hay dinero. Y el dinero se prevé a través de los nuevos mercados de carbono que están siendo discutidos en Naciones Unidas, específicamente con el Acuerdo de Paris”, puntualiza la investigadora.

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Para todo eso el Banco Mundial, el Banco Interamericano, Comisión Andina de Fomento están construyendo nuevos marcos de préstamos, y los están intermediando las grandes ONGs conservacionistas, como WWF y Conservación Internacional. Además, ha surgido una serie de nuevas empresas que son las certificadoras y las verificadoras, que “van a ganar mucho con esto”, remarca la investigadora.

Información para la defensa

El tema de la geoingeniería climática es relativamente nuevo, sin embargo, los expertos que han acompañado y estudiado el tema coinciden en que es necesario que los pueblos, las organizaciones, la gente en general, reconozcan estos proyectos en el territorio, de manera que se pueda construir resistencia a ellos.

“Parece algo muy abstracto y muy técnico, pero está manifestándose en las distintas regiones, lo que queremos es informar de la forma mas adecuada posible para que las organizaciones, los activistas puedan defender sus territorios”, dijo Verónica Villa, del Grupo ETC.

De acuerdo con Ribeiro, existe solamente un lugar en el mundo donde están prohibidas las tecnologías de captura de carbono, es el condado de Nueva Orleans, Estados Unidos. “Esto porque las comunidades de descendencia africana no lo permitieron”.

“Es muy importante aprender a identificar estos proyectos y lo que conllevan para que nos vayamos organizando y podamos hacer presión a los gobiernos, pero sobre todo promover alternativas reales desde las comunidades”, conluye Ribeiro.

El tema fue debatido en el encuentro Geoingeniería Climática en América Latina, organizado por el Grupo ETC y Corporate Accountability.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento del Modevite ante el contexto de inseguridad y violencia y amenaza de reactivación minera en Chicomuselo

Chicomuselo, Chiapas México, 26 de septiembre de 2022.
DENUNCIA PÚBLICA

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO EN GENERAL

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, expresa su preocupación ante el contexto de inseguridad y violencia ante la amenaza latente de reactivar las actividades mineras en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, originado por la falta de intervención de las tres órdenes de gobierno.

En los últimos meses del presente año se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en las diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia, Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades que se verán afectados con estas actividades.

Esta situación pone en riesgo la estabilidad de las comunidades que han decidido rechazar estos proyectos extractivos y han estado en resistencia por mantener la paz y la armonía desde la defensa de los derechos humanos y colectivos. La respuesta de estos grupos con intereses personales, económicos y políticos ha sido la intimidación, el hostigamiento y las amenazas de muerte en contra de nuestras compañeras y compañeros defensoras y defensores de derechos humanos como recurso para frenar la lucha en la defensa de la vida y el territorio, por ello nos preocupa la integridad y la vida de cada uno de ellos que a diario enfrentan diversas situaciones por denunciar estas acciones.

En 2009, los habitantes del municipio de Chicomuselo han sido testigos de las afectaciones ambientales, daños a la salud, división comunitaria, conflictos sociales, entre otros, provocado por la empresa minera canadiense Blackfire

Exploration Ltd en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, bosques, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que culminó con el asesinato del señor Mariano Abarca Roblero.

Desde el mes de noviembre del año 2021, integrantes de este movimiento han presentado al actual Presidente municipal Jorge Martin Sepúlveda Morales, la situación social del municipio y las luchas y resistencias contra la explotación minera, el programa MOSCAMED, el proyecto de remunicipalización, la venta ilegal de bebidas alcohólicas, que son una problemática en conjunto, ya que vulneran los derechos humanos y colectivos de las comunidades; tomando en consideración que en su campaña había manifestado que estaba en contra del proyecto minero y apoyaría al pueblo en sus luchas y resistencias, caso que durante el tiempo de su administración no se ven los resultados.

La Delegación de Gobierno en este municipio ha minimizado esta problemática social al no atenderlos con responsabilidad y compromiso, puesto que en varias ocasiones se han detenido a personas que realizaban actividad minera de forma ilegal en el municipio y donde se han comprometido a no seguir realizando estas actividades al presentarles las resistencias del pueblo, el delegado de gobierno de este municipio no ha hecho ninguna acción tomando en cuenta que a nivel estatal y municipal no hay un permiso para la actividad minera en Chicomuselo.

De manera formal se ha presentado denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso Chicomuselo, sin embargo, la respuesta ha sido la falta de interés vulnerando los fundamentos legales plasmados en el marco jurídico nacional e internacional.

Actualmente seguimos en espera de una mesa de dialogo con funcionarios del gobierno estatal y federal para atender esta problemática social sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna.

Con respecto al proyecto de remunicipalización en los ejidos Unión Buena Vista y Pablo L. Sidar no existen las condiciones y no cumple con los requisitos según la ley para hacerse municipio, sin embargo quienes tienen sus intereses en este proyecto están presionando a los ejidos vecinos para que acepten el proyecto, vulnerando sus derechos ejidales.

El programa de MOSCAMED en nuestro municipio se está convirtiendo en un programa impuesto aunque en los ejidos no hayan aceptado, permanece la insistencia de entrar poniendo en contra a las personas y fracturando el tejido social.

Nos percatamos que quienes tienen sus intereses en nuestro territorio van conjuntando estos tres proyectos e insistiendo bajo engaño, intimidación y amenazas con el fin de presionar a las comunidades y acepten por temor.

La falta de respuesta oportuna de parte del estado pone en riesgo a quienes defendemos la vida y el territorio con acciones pacíficas y dentro del marco legal.

Por lo anterior, hacemos un llamado a los distintos niveles de gobierno a que cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la población en general que busca por medios pacíficos generar espacios de unidad para construir la paz entre los pueblos y comunidades en un entorno de respeto y armonía.

Responsabilizamos al estado mexicano sobre cualquier acto que ponga en riesgo la integridad y la vida misma de quienes defendemos el territorio y los derechos humanos que actualmente se encuentran amenazados por los intereses económicos y políticos de unas cuantas personas.

Finalmente invitamos a los diferentes movimientos sociales del estado y del país, así como de la población en general a fortalecer la unidad y a permanecer atentos ante los nuevos acontecimientos sociales que violentan nuestros derechos para responder de manera articulada, organizada, consciente y en apego al marco legal.

¡SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA DEPREDADORA ¡
¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO! ¡NO MAS CONCESIONES MINERAS ¡
¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!! ¡CANCELACION DE CONCESIONES MINERAS EN CHICOMUSELO!
¡NO AL PROGRAMA MOSCAMED!
¡NO A LA REMUNICIPALIZACION!

Atentamente
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

radio
Comité de Padres y madres de los 43

Ayotzinapa | A ocho años se vislumbran horizontes de impunidad

Ayotzinapa , Guerrero a 26 de septiembre de 2022 .-

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero a ocho años de que agentes del estado y criminales desaparecieron a nuestros hijos, seguimos de pie y con la frente en alto en su búsqueda permanente.

En este sinuoso camino hemos perdido a varias madres y padres que se han adelantado sin saber el paradero de sus hijos. Un ejemplo de este temple y entrega por la causa es la de nuestro compañero Bernardo Campos que arriesgó su salud y perdió la vida buscando hasta el último aliento a su hijo.

A que las imágenes de la violencia irracional de policías, soldados y delincuentes desplegada la noche del 26 de septiembre contra nuestros hijos golpean nuestra memoria en estos días. Sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que solo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un estado decadente.

Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias, para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte el gobierno actual pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales.

Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor.

Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde allí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión. No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables. Se creen fuera del imperio de la Ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando 16 órdenes de aprehensión que existían en su contra.

Como en el gobierno anterior las autoridades nos mienten, primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales entre ellas contra 16 militares, mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía como muestra de su indolencia.

Este gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Se acude al fantasma de la infiltración e intereses ajenos en las protestas para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y digna rabia.

Para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras intestinas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron, creando un ambiente enrarecido que frena el avance del caso. De igual forma el propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia. Se usa nuestro caso para que un poder del Estado golpee políticamente a otro, se culpan mutuamente por los fracasos judiciales, por su parte los perpetradores se engalan y tienen voz en los medios de comunicación. Mientras nosotros, como víctimas pasamos los tragos amargos de la impunidad que acrecienta nuestro dolor y sed de verdad y justicia.

Las anteriores, son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. El tiempo transcurre inexorable, los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos, zancadilas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad.

Pero desde aquí les decimos las madres y padres de los 43 y la normal ruralde Ayotzinapa, no lo permitiremos. Alzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia.

Atentamente ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y madres de los 43

radio
MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

Llamado de la Misión Civil de Observación Sexta

25 de septiembre de 2022.

Compañeros y compañeras de México y del mundo. Les pedimos puedan difundir y exigir al gobierno de Guerrero seguridad para nuestros compañeros y compañeras miembros de distintas colectividades de la Sexta, que estuvieron en las comunidades del CIPOG-EZ dando talleres para niños, niñas, hombres y mujeres de las comunidades desde el 23 de septiembre. Ya que la Guardia Nacional se negó a acompañar su salida de Alcozacán, a pesar de que se había acordado el acompañamiento, dejando a nuestros compañerxs solo con la Policía estatal.

La petición se hizo en tiempo y forma, pues sabemos que el grupo narco-paramilitar de los Ardillos, ha atentado contra la vida de nuestros hermanos del CIPOG-EZ en esa carretera. El comandante Jesús Eduardo López Cruz de la Guardia Nacional fue el responsable que retiró el acompañamiento aproximadamente a las 4 pm del día de hoy 25 de septiembre en la comunidad de Alcozacán.

No es posible que mientras nuestros compañeros brindan sus empeños en la construcción de un camino comunitario de paz, los gobiernos lo miren con desprecio.

Por el momento nuestrxs compas están a punto de salir de Alcozacán por lo que pedimos llamen al Gobierno del Estado de Guerrero a no ser indiferente a esta situación y de la misma forma responsabilizamos al gobierno de Evelyn Salgado de lo que pueda ocurrirle a algún compañero de la MCO-S.

Atentamente:

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

 

 

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radio
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Nace la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad.

 

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

                       Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

22 de septiembre de 2022

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Se cree que las abejitas (los insectos), en tiempo de frío y de lluvias dejan de trabajar, solamente porque no salen al campo a buscar flores y lo que necesitan para hacer la miel; en realidad, nunca descansan dentro de su caja, o sea, siguen trabajando internamente. Así nos pasa también a nosotros, que a pesar de la lluvia literal de este mes y de la lluvia de ataques, desprestigios, violaciones a nuestros derechos humanos y amenazas a nuestros proyectos autonómicos, seguimos organizándonos y, sobre todo, construyendo casas y espacios para la formación de nuestra lucha No Violenta.

Y desde esta Tierra Sagrada, la colmena donde mantenemos viva la memoria y el clamor de nuestros 45 mártires y los 4 bebés que sacaron del vientre de sus mamás, seguimos exigiendo que la impunidad no tenga la última palabra. Exigimos que se haga justicia y se desmantelen las redes de acción paramilitar que creó el mal gobierno en Chiapas desde 1995 y que sigue manteniendo hasta la actualidad para desgastar, amedrentar y aterrorizar a todos los que deciden no alinearse con el gobierno y sus partidos políticos. Los que hemos sobrevivido casi 25 años al desgaste que han organizado de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acallar este grito, sabemos que sólo con justicia y memoria se puede evitar que se vuelva a repetir un crimen tan atroz como el que cometieron aquí.

Las guardianas y guardianes de la memoria que somos, hoy queremos recordar y denunciar que no ha cambiado nada la situación que vivimos hace justamente 25 años. Entre el 16 y 21 de septiembre de 1997, las agresiones paramilitares se intensificaron en contra de nuestra Organización y de las bases zapatistas del municipio autónomo de San Pedro Polhó. A pesar de que se denunciaron públicamente tales actos de violencia, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal no actuaron para investigarlos, sino que simplemente permitieron que dicha violencia culminara con la masacre de Acteal.

Por estas fechas pero hace 25 años, una comisión de nuestra Organización Las Abejas buscó al entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, para aconsejarle que él y sus agentes rurales detuvieran los actos de violencia ejercidos por el grupo paramilitar. Sin embargo, este señor sólo nos acusó de ser provocadores y de ser zapatistas; días después, se escaló la violencia y esto provocó miles de desplazados que tuvieron que huir a las montañas y buscar refugio en comunidades aledañas. En este mes de septiembre pero de 1997, los paramilitares priistas y cardenistas balearon nuestras casas y nuestras banderas de paz, borrando con lodo o con disparos de armas de grueso calibre nuestro letreros que decían: Sociedad civil -Paz- Zona Neutral, y nos amenazaban diciendo: “ahora no es tiempo de paz, ahora es tiempo de guerra, vamos a liberar a nuestro municipio de Chenalhó, porque todos debemos ser del PRI, y tienen que renunciar a su organización; si no lo hacen, entonces son zapatistas y los vamos a matar y quitarles todas sus pertenencias”. Y lamentablemente, cumplieron sus amenazas con el desplazamiento masivo y la Masacre de Acteal.

Una enfermedad maligna que no se trata a tiempo y a la que no se le busca una cura seriamente, se vuelve un cáncer que después pudre todo el cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en Chenalhó con la enfermedad de la impunidad. Estos actos de violencia cometidos por los paramilitares de hace 25 años nunca se investigaron; ni los paramilitares autores materiales, ni las autoridades de alto nivel que son los autores intelectuales de la masacre de Acteal, fueron castigados. Gracias a esto, los paramilitares priístas y cardenistas de hace 25 años ahora tienen herederos muy activos. Son una nueva generación que hace el mismo encargo de una forma mucho más letal y hasta parece ser que ni el propio gobierno federal, estatal, ni el actual presidente municipal de Chenalhó pueden controlarlos.

Así, la impunidad es una estrategia eficaz para continuar atacando nuestra lucha e intentar minar nuestra resistencia civil y pacífica. Actualmente, en varias comunidades de Chenalhó donde existen miembros de Las Abejas, han sido violentados nuestros derechos y hasta hemos sido desplazados de nuestras comunidades, o nos han cortado nuestros servicios de agua y de luz eléctrica como un castigo por tener otro modo de pensar. Esto porque el conflicto suscitado desde el año de 1997 en nuestro municipio no se ha solucionado; y ahora la nueva generación paramilitar, con otro rostro pero controlados por el mismo patrón, se encargan de desgastar nuestra lucha por que sea respetada nuestra organización y sus objetivos, como la construcción de la libre determinación, el autogobierno y demás proyectos autonómicos. Intentan, sobre todo, frenar la búsqueda de la justicia verdadera para la Masacre de Acteal, esa que dé lugar a una verdadera paz.

Esa misma justicia es la que hoy siguen persiguiendo los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y desaparecidos por elementos del cártel “Guerreros Unidos” con el conocimiento y participación del Ejército Mexicano y policía estatal, cuyo encubrimiento se construyó desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con la participación de la Marina de México. Seguiremos apoyando la digna lucha para dar con el paradero de sus hijos que sus padres, madres y demás familiares han mantenido desde hace ocho años, que se cumplen el 26 de este mes, y por el castigo a todos los responsables, en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas involucradas.

También es la justicia que buscamos en Chiapas y todo México para que la criminalización y asesinato de los defensores de la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, como nuestro compañero y hermanos Simón Pedro Pérez López, dejen de ser política de estado. No podemos seguir viviendo en un país con 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en un año, 13 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, como documenta hasta mayo del 2022 el último informe del Comité Cerezo, presentado hace unos días.

Por ello nos unimos a las demandas de nuestros hermanos creyentes de la región tseltal de Chilón y del equipo Chab de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que el día de ayer realizaron una Marcha-Procesión en Bachajón para exigir la libertad de líderes comunitarios que se encuentran encarcelados o enfrentan procesos penales en libertad condicional, en represalia por participar en la defensa de su tierra o fomentando el autogobierno comunitario sin partidos políticos: dos de Bachajón (José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, cuya sentencia se espera este 27 de septiembre), cinco de San Juan Cancuc. También exigimos junto con ellas y ellos, la cancelación de la orden de aprehensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, quien tendrá siempre nuestro apoyo pues ha caminado con nosotros diciendo la verdad y promoviendo la paz con justicia en nuestros pueblos, perjudicando intereses que no se lo perdonan, arriesgando la vida y la libertad, como Jesús.

También queremos solidarizarnos con nuestros hermanos de las organizaciones indígenas en Michoacán que este mes han enfrentado duros golpes a su autonomía. Por un lado, por parte de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Ricos y Criminales de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, y que como dicen nuestros hermanos: “representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas”. Y por otro lado, por el anuncio del Gobierno Estatal de Michoacán de querer desmantelar la Guardia Comunal del municipio Aquila, esfuerzo autónomo que por años ha mantenido la heroica Comunidad Indígena de Santa María Ostula, como única alternativa a la inseguridad que provocan los cárteles de la droga en su región. Nos unimos a nuestros hermanas y hermanos p’urhépechas que no permitirán que los intereses de los partidos políticos y el crimen organizado, fortalecidos con sus socios en todos los niveles del gobierno, limiten su autonomía que permite la defensa de la vida de sus pueblos.

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad; y porque reproducir y difundir la memoria de lo que pasó, hará que hechos vergonzosos como la Masacre de Acteal no se repitan. Por eso, precisamente, es que nos urge que la CIDH publiqué sin más demora su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

Hace casi 25 años los mensajeros de la muerte, enviados por Ernesto Zedillo Ponce de León a masacrar a 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, hirieron nuestro corazón y nuestra organización. Es grande el dolor que nos causaron, pero dentro de ese dolor, brotaron fuerzas y esperanzas. Ahora, ya nada ni nadie nos puede callar. Ya nada puede detener nuestra lucha. Hace 25 años empezó la violencia paramilitar en Chenalhó e intentaron destruirnos, pero hoy aquí seguimos construyendo nuestro panal, trabajamos para producir paz.

Y hoy nos alegra compartirles una construcción física más que hemos logrado: la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal, apoyada por la organización Desarrollo tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S. C., con la cual estamos muy agradecidos por permitirnos caminar juntos y juntas.

En tiempos de lluvia, las abejitas trabajan internamente, pero, aunque no lo miramos, también vuelan.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

 

                                                             Atentamente.

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

Manuel Pérez Jiménez.                 Antonio Ramírez Pérez

Presidente                             Secretario

 

Víctor Manuel López Gómez           Mariano Sánchez Díaz

Tesorero                                 Sub Secretario

 

Audio de comunicado

https://archive.org/details/comunicado-abeja-22-de-septiembre-2022