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Avispa Midia

Comuneros de Michoacán responden amenaza de criminalizar a su Guardia Comunal

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula. Foto: Regina López

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

En entrevista, integrantes del Consejo Comunitario de Ostula enfatizan las razones por las cuales mantienen la vigilancia en los accesos a su territorio. Lxs comuneros destacan el asesinato en 2015 de Hidelberto Reyes, niño de 12 años víctima de las agresiones que involucaran a siete elementos del ejército mexicano, quienes participaban en un operativo acompañados de policías y marinos para retirar un bloqueo carretero que mantenían lxs pobladores nahuas.

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El homicidio del niño Reyes a manos de militares que no han sido aprehendidos, selló la desconfianza de la comunidad nahua, quien mediante acta de Asamblea reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. “Es la razón por la que nosotros no permitimos que ninguna fuerza del Estado entre a nuestra comunidad, así de claro”, sostuvieron lxs comuneros en entrevista con Avispa Midia.

La comunidad nahua también subraya que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Al contrario, enfatizan que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Tras la amenaza del gobernador de Michoacán, el pasado jueves (8) habitantes de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, se manifestaron en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en las proximidades de la cabecera municipal. Ahí exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Minería, detrás de la amenaza

Según información de la Secretaría de Economía, sólo en el municipio de Aquila existen 101 concesiones mineras, de las cuales 58 se mantienen vigentes. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, en los distritos mineros de Aquila y San Pedro existen yacimientos importantes de hierro, plata, oro, cobre y manganeso.

Destaca la compañía Las Encinas, S.A., quien cuenta con la concesión de casi 150 mil hectáreas, de las cuales extrae toneladas de hierro, abarcando de las montañas de la sierra indígena nahua desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta la costa de Michoacán. En el municipio de Aquila opera una mina a cielo abierto, cuyos materiales se envían a Estación Alzada de Colima para la producción de aglomerados y la sinterización de hierro en la planta peletizadora propiedad de Ternium México S.A. de C.V.

Michoacán es el principal productor de mineral de hierro de México y ya en 2013 el gobierno había suspendido momentáneamente las exportaciones de este mineral debido a que el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado a poco más de 200 kilómetros de Ostula, era utilizado por el cártel de los Caballeros Templarios para exportar hierro ilegalmente hacia China.

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Ahora, detrás de la amenaza del gobernador, lxs integrantes del Consejo Comunitario apuntan al interés de la industria minera como una de las razones por las que se busca desarticular su sistema de seguridad comunitario.

“Nosotros tenemos (minería) por el perímetro norte de nuestra comunidad. En el municipio de Aquila es un terreno que tiene mineral. Pensamos que es la razón también por la que están tratando de someternos en este momento”, aseveran lxs comuneros quienes afirman que la comunidad nahua jamás vendió los terrenos donde se encuentran las concesiones.

Seguridad comunitaria

En la historia reciente de Ostula cobra relevancia el año 2009, cuando aproximadamente 2 mil comuneros tomaron la decisión de recuperar mil hectáreas de tierras de carácter comunal pertenecientes a la población nahua, pero que se encontraban en posesión de pequeños propietarios vinculados al cártel de los Caballeros Templarios.

En ese momento, cuentan lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula, se vivía bajo el régimen de la narcopolítica pues el crimen organizado operaba bajo el cobijo de funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes propiciaban la división del tejido comunitario además de actuar violentamente contra lxs nahuas que reivindicaban la recuperación de tierras. Entre los años 2009 y 2014 asesinaron a 34 personas y 6 más fueron desaparecidas, entre autoridades agrarias y líderes comunales, como parte de la respuesta violenta del narcotráfico y el Estado.

Lxs comunerxs subrayan que durante ese momento la seguridad, a cargo de la policía municipal de Aquila, contaba con personas foráneas, quienes no conocían el contexto de la región y, aún peor, trabajaban bajo órdenes del crimen organizado, razón por la cual decidieron expulsar al cuerpo de seguridad local y retomar la estructura comunal. En ese contexto cobra relevancia la consolidación de la Guardia Comunal, cuya tarea es la de proteger no solo a lxs habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, sino también a otras poblaciones del municipio de Aquila.

Foto: Regina López

“Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”, explican lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula quienes recalcan que la participación en el sistema de seguridad es una obligación de lxs comuneros al cumplir la mayoría de edad para prestar el servicio gratuito en beneficio de la población.

A su vez, el Consejo Comunal funciona como órgano donde se analizan y aprueban las propuestas que son enviadas a la Asamblea General, y donde resalta la determinación de mantener las funciones de la Guardia Comunitaria permanentemente.

Por su parte, el abogado Raymundo Martín considera que la intención de prohibir las actividades de la Guardia Comunal es “un atentado contra las prácticas autonómicas” de la comunidad nahua. Esto debido a que, a la par de las declaraciones del gobernador, existe en andamiento una reforma a la ley del sistema de seguridad pública de Michoacán, relacionada con la ley orgánica municipal, las cuales buscan otorgar validez solo a las guardias comunitarias que reconozca el Estado. No obstante, el sustento legal de las guardias recae en el artículo 2 de la Constitución mexicana, así como con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Lxs comuneros afirman que cuando recuperaron sus tierras y fundaron el poblado de San Diego Xayacalán no tenían armas, pero ahora que cuentan con ellas no piensan desarmarse pues de ello depende su defensa en un contexto de gran violencia en Michoacán. Por ello, enfatizan su preocupación por las declaraciones del gobernador del Estado pues apunta a desintegrar una estructura fundamental para la seguridad de la comunidad nahua, “lo que nos lleva a abrigar la sospecha de que la complicidad entre crimen organizado e instituciones de gobierno sigue imperando”, aseveran mediante comunicado.

Paz, en medio de la zozobra

La comunidad de Santa María Ostula es un oasis en medio de la espiral de violencia que se registra en Michoacán. Mientras lxs comuneros nahuas aseguran que no existen homicidios en el municipio de Aquila donde opera la Guardia Comunal, en contraste, solo de enero a julio de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra 1,270 asesinatos en el Estado, lo cual muestra un incremento sostenido pues comparado con el año 2018 el aumento es mayor al 70%.

La comunidad indígena de Ostula afirma que su lucha ha sido pacífica pero enérgica en la defensa de su territorio y organización. “Nuestra comunidad es una de las más seguras del país y en ella podemos vivir en un clima de paz y libertad, realizando nuestras actividades económicas y sociales cotidianas, pues, aquellos tiempos de violencia, miedo, zozobra y terror han quedado atrás”, enfatizan mediante comunicado público.

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“Él (gobernador) no entiende cómo nosotros estamos conformados. Creo que es el municipio más seguro del estado”, afirma uno de lxs comuneros entrevistados, quien incluso invita al gobernador a visitar la comunidad nahua; “que venga sin seguridad porque nosotros aquí se la vamos a dar”, asegura.

La población de Santa María Ostula asegura el sustento de su Guardia Comunal apelando al ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad. Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) difundió este lunes (12) un comunicado en el que asegura que la organización de Ostula cuenta con protección en términos constitucionales en materia de derechos humanos, “cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 13 de septiembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS

–ABYA YALA: Porque no celebrar la independencia. FGER.

–WALLMAPU: Comunicado Público Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco frente al plebiscito constituyente de salida. Malleco.

–CHILE: Libertad a Marcelo Villarroel, anarquista preso en el estado chileno. Buskando La Kalle.

–ESTADO ESPAÑOL: Jara y Cris son dos de las seis sindicalistas de CNT condenadas a tres años y medio de cárcel por las concentraciones realizadas delante de la Pastelería Suiza de Gijón para señalar un conflicto laboral. CNT

–INGLATERRA: Muere en la impunidad, sin ser juzgada, la reina pirata.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–MÉXICO POLITÉCNICO: Más de 15 escuelas en Paro por mejores condiciones para las tareas educativas. Redes

–MÉXICO MAGISTERIO: Conferencia de prensa de los maestros democráticos de la CNTE sobre el nuevo plan de estudios y la imposición de la Secretaria de Educación Púbica Leticia Ramírez Amaya. Noticias de abajo

–MORELOS: Tepoztlan en lucha contra la ambición capitalista para defender el territorio y el agua.

–MÉXICO MILITARIZACIÓN: Senado aprueba militarización de México. Avispa Midia

Música:

Que arda – Susana Cofre

Good save te queen – Sex pistols

Joven Rebelde – La furia

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Red Ajmaq

Visita al Caracol 10 y Nuevo San Gregorio

Compañeras , compañeros y compañeroas del CNI-CIG
Compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta Nacional e Internacional
Compañeras, compañeros y compañeroas que asumieron la Declaración Por La Vida

Compartimos que el día sábado 10 de septiembre personas que integramos la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ y el compañero Raúl Zibechi visitamos a las compañeras y compañeros de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde” y decidimos como Red hacer una visita a las familias zapatistas de la comunidad de Nuevo San Gregorio.

Nos movió; acercar nuestro abrazo, escucha, palabra y mirada compañera desde la solidaridad que se encarna al saber de cómo sigue lacerando y desgastando la vida ésta situación de Guerra hacia las familias zapatistas.

La realidad que se vive nos duele mucho y profundamente: sigue la violencia de los invasores y el gobierno en Chiapas no existe, no mira, no oye y no habla.

Pero está vez no vamos a describir hecho por hecho. Eso lo hará Raúl Zibechi y/o el Centro de Derechos Humanos Frayba. Hay algo tremendo que nos cuesta mucho describir, pedimos disculpas por eso. Y es que, no deja de sorprendernos, cómo a pesar del ensañamiento hacia estas familias de Nuevo San Gregorio, en cada compañera, compañero, compañerita y compañerito hay una luz tremenda en sus miradas, una actitud formidable frente al agobio de tres años de violencia. Una insistencia para crear y mantener el trabajo colectivo. Esto nos maravilla y conmueve al ver tanto amor en su seguir y estar siendo zapatistas.

La fotografía que les dejamos es la de Una comunidad que ha quedado en un diseño de cercamiento.

Y en un/ese cachito de tierra, de media hectárea, y en medio de la tormenta, se asoma un pequeñito destello que irrumpe el escalofriante escenario de Guerra: ahí está ese bebe naciendo, esos niños y niñas con miradas de sorpresa, esos jóvenes y jóvenas creando. Hombres y mujeres Zapatistas cuidando con paciencia y esperanza esas semillas para que florezcan, quizás no allí mero, pero si en un otro jardín, en un asfalto, en una maceta y/o una otra montaña. No lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que mientras tanto, la ORCAO, los 40, los líderes criminales y el desgobierno mexicano pretenden avivar el infierno para alcanzar esas flores que siguen convocando a la palabra: a la vida.

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados

Informe para CECILIA JIMÉNEZ-DAMARY, relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos.

Resumen Ejecutivo

En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado ha tenido varias causas desde los sesentas hasta la actualidad, por diversos motivos entre ellos los conflictos religiosos, proyectos de desarrollo, y desastres natures, así como por violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente que dejó alredodor de 12 mil personas desplazadas en los noventa tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la actualidad, el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los años setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de Los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción.

Desde el año 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14,476 personas en el estado de Chiapas. Más recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares.

Mujeres

Durante el desplazamiento forzado, las mujeres están expuestas al acoso, a la violación y a la tortura sexual, como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan, fabricándoles delitos, revictimizándolas y poniendo en el desamparo a sus hijos e hijas para castigarlas. Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño.

La indiferencia, el desprecio, el racismo y sexismo se extiende a fiscales, jueces, funcionarios y funcionarios del estado, quienes con sus políticas públicas patriarcales profundizan la marginalidad, la dependencia y la subordinación de las mujeres, más vulnerables.

Niños, niñas y adolescentes

No existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector.  Se calcula que 3 de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4400 y 5500 de población total.

Los impactos psicosociales del fenómeno en sus vidas son profundos al ser expuestos a situaciones de violencia extrema. Hay quienes no cuentan con documentos de identidad, lo que obstaculiza el acceso y exigibilidad de sus derechos, particularmente a la salud y educación en los nuevos lugares de residencia, y dificulta también todos los procedimientos para su reconocimiento como desplazados.

Situación en la frontera México-Guatemala

La creciente presencia del Crimen Organizado ha llevado a una agudización de los conflictos territoriales en regiones de frontera generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio del Crimen Organizado (CO).

No existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, sin embargo varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el CO, que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio. Hay que sumarle las personas quienes por años han radicado en esta región, al menos en dos generaciones, quienes nunca realizaron trámites para legalizar su estadía, de estas familias jamás se encontraran registros, pues su permanencia en territorio mexicano ha sido al margen de las leyes.

Ley de desplazamiento en Chiapas

En Chiapas en el año 2012 se promulgó la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada. En primer lugar, mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, en medio de la ausencia de un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la Ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno, en medio de una ausencia de un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad.

En los hechos se observa que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno, y menos aún para erradicarlo. Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados.

Situación de las personas defensoras de derechos humanos de las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado

Las personas defensoras de derechos humanos asumen tareas de defensa y acompañamiento en torno al desplazamiento forzado que pone en riesgo su vida e integridad personal. En el trabajo de documentación al interior de los lugares de refugio para desplazados se exponen también a la falta de garantías de seguridad y protección que debería procurarles el Estado.

Cuando se trata de casos de desplazamiento ocasionado por violencia relacionada a enfrentamientos armados o Crimen Organizado, no cuentan con las condiciones para ingresar a los territorios afectados. Personas defensoras han sido agredidas al acompañar a víctimas de desplazamiento forzado.

Las organizaciones firmantes sugieren a la relatora las siguientes recomendaciones y exigencias al Estado mexicano:

  • Se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
  • Implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos.
  • Cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas.
  • Consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en Chiapas.
  • Impulsar el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno.
  • Que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el estado de Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado.
  • Investigación y desarme de grupos armados,  se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.
  • Se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras   que acompañan a víctimas del fenómeno.
  • Rendición de cuentas por parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

Logos-ONGs

       
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Avispa Midia

Senado aprueba militarización de México

Fuente: Avispa Midia

Después de 12 horas de sesión, entre reparticiones de culpas y reclamos, la madrugada de este viernes (9) el Senado mexicano aprobó la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con el visto bueno del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, sin modificar una sola coma del proyecto enviado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ejército mexicano asumirá las funciones administrativas, financieras y operativas del cuerpo de seguridad militar desplegado en México desde 2019.

“Se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron por varios sexenios”, argumenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha alertado acerca de los riesgos de la profundización de la militarización en las labores de seguridad pública en México.

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De acuerdo al Centro Prodh, la iniciativa profundiza la militarización de México pues también otorga el control a las Fuerzas Militares en aspectos sustantivos de la GN, además amplía la intervención del cuerpo de seguridad militar en tareas de investigación, labores de inteligencia y prosecución de delitos.

La organización de derechos humanos ha remarcado que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública, ajenas a su sector, implica riesgos de mayor corrupción y de politización del sector castrense.

Manifestantes exigen al Senado que rechace el proyecto de decreto de AMLO para integrar a la Guardia Nacional en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, un bloque de legisladores integrado por partidos de la oposición anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicha reforma.

Militares con mayores atribuciones

Por mucho ésta no ha sido la única organización crítica de la medida. La Red Feminista Antimilitarista, que aglutina organizaciones internacionales y mexicanas, alerta que la iniciativa para reformar la Ley de la Guardia Nacional incluye la permanencia al personal castrense para seguir protegido por el fuero militar, a pesar de que constitucionalmente la GN sigue siendo de carácter civil.

Sobre este punto, el Centro Prodh, que ha dado seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos de la GN, señala que “los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.

A pesar de que, en 2019, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para proceder con la creación de la Guardia Nacional fue que dicho organismo respondería a mandos civiles adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la aprobación del decreto se militariza completamente la cadena de mando de la GN al quedar suscrito a la Sedena, lo cual viola el carácter civil que se le reconoce a dicha corporación de seguridad en el artículo 21 constitucional.

Protesta fuera del Senado durante el momento de la discusión del proyecto de decreto presidencial.

La Red Feminista Antimilitarista también señala que la reforma que dio creación a la GN establecía el uso, extraordinario y con condiciones y límites, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, lo cual va en sentido contrario a la iniciativa impulsada por el presidente AMLO y los legisladores de su partido, Morena, quienes buscan concretar las labores del ejército en seguridad pública de manera permanente.

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Por otra parte, 29 integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se posicionaron para rechazar la aprobación en el Congreso de reformas a leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.

Las comisiones estatales advirtieron que la incorporación de la GN a la Sedena reducirá el margen de acción de los organismos públicos de protección de derechos humanos pues  “se generará un vacío en la atención de las víctimas”,  toda vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional no es competencia de los organismos locales sino de la CNDH, organismo que no se ha pronunciado sobre la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas.

Aplanadora

La aprobación del proyecto de decreto promovido por AMLO recorrió rápidamente los trámites en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, las cuales procedieron a enviar la iniciativa a votación en la cámara alta del Congreso.

Pese al llamado de distintas voces civiles, organizaciones y otras fuerzas políticas para convocar espacios de discusión para examinar a detalle la iniciativa, la mayoría de votos de Morena y sus aliados aceleró el trámite del decreto enviado por AMLO apenas el 2 de septiembre pasado.

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Entre los principales argumentos de los senadores a favor del decreto se enunciaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, la cual afirma que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen un nivel de confianza entre la población mexicana. De la misma manera, el proyecto de decreto argumenta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana califica de “efectivo” el desempeño de la GN en 2022.

Para el Centro Prodh, la ausencia de visión estratégica – donde se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales – permite la continuidad de la violencia, pese a la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

“El despliegue de fuerzas armadas es una medida de contención de presencia en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en este sexenio que es el de la acción decidida de la justicia, para desarticular redes criminales, con herramientas criminológicas del siglo XXI”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro Prodh para entrevista con medios nacionales.

Más presupuesto

Según el Centro Prodh, con esta acción se dota de más recursos presupuestales a Sedena, quien no cuenta con controles externos civiles robustos para fiscalizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que involucran a elementos de la GN.

La Red Feminista Antimilitarista también alerta sobre la eliminación del control civil sobre el presupuesto de la Guardia Nacional, lo que le permitiría a la Sedena el uso discrecional de dichos recursos.

“El decreto otorga un poder sin precedentes a la Sedena. Le otorga recursos materiales, económicos y humanos que continuarán fortaleciendo a una secretaría que actualmente es la segunda institución con más plazas dentro de la administración pública federal, sólo después del Instituto Mexicano del Seguro Social”, advierte la Red.

Con la incorporación de la GN a la Sedena, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que las Fuerzas Armadas contarán con un aumento de más de 60% de presupuesto para el año 2023, con más 160 millones de pesos, lo que equivale a los recursos destinados al valor total de 12 secretarías entre las que se encuentran la de medio ambiente, energía, hacienda, economía, entre otras. Con la aprobación del decreto se reforman cuatro leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

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Comunidad Nahua de Cuentepec, Morelos

Exigencia de la comunidad Nahua de Cuentepec Morelos para la cancelación de concesiones mineras que existen en su territorio, así como petición de salud, educación, vialidades y seguridad en su comunidad

Cuentepec municipio de Temixco, Morelos a 07 de septiembre de 2022.

 

  1. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS  

 

PRESENTE

Mediante el presente escrito, nos dirigimos a usted con el debido respeto que se merece, el C. CALIXTO SALAZAR GARCIA AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS así como MODESTO SUÁREZ DOMINGUEZ, SIMON DOMINGO ESTRADA, FLORINO PACHECO TENORIO, FIDEL OLIVARES MOLINA en calidad de autoridades Ejidales y a los señores ALEJO ANALCO MORALES, ARNULFO DOMINGO FLORES y MALAQUIAS ESTRADA MARIACA en calidad de autoridades Comunales de Cuentepec, y en representación de esta comunidad por derecho propio señalando domicilio, correo electrónico y teléfono celular para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en: calle Emiliano Zapata sin número, Pueblo Cuentepec, Municipio de Temixco, Estado de Morelos, correo electrónico cuentepectosepan@gmail.com, 7774397017, ante usted exponemos lo siguiente:

  1. El pueblo indígena de Cuentepec, las tierras ejidales y las tierras comunales se encuentra en la sexta concesión de las 7 concesiones mineras de las empresas Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver que abarcan los municipios de Temixco, Miacatlan, Xochitepec, Coatetelco y Cuernavaca. Nuestro territorio ancestral, nuestras vidas, nuestra cultura están en peligro de desaparecer, somos el único pueblo del estado de Morelos que conservamos nuestra lengua materna que es el náhuatl un 99.99%, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, nuestras ofrendas, hemos vivido en este territorio ancestralmente, nosotras y nosotros hemos cuidado este lugar, la flora, la fauna, sabemos de la importancia de cuidar la naturaleza y todo el legado cultural que exististe en ella, somos un pueblo que seguirá resistiendo y que seguirá luchando por su territorio. Señalamos que las y los habitantes se dedican a la agricultura, a la siembra del maíz, frijol, cacahuate, calabaza, sorgo, por lo que nos alimentamos de estas tierras, asimismo se recolectan frutos de temporada para consumo y en ocasiones para obtener ingreso para nuestros hogares. También en nuestro territorio se está llevando a cabo el programa de Sembrando Vida, con el cual seguimos cuidando los recursos naturales y nuestro territorio.

Por esto, exigimos que apoye a la comunidad nahua de Cuentepec la cancelación de las concesiones mineras que existen, que respeten nuestros derechos individuales y colectivos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, y así proteger a las futuras generaciones, a la paz, a la libre determinación  y a la autonomía, a la protección de nuestra cultura, que se respeten nuestros lugares sagrados ancestralmente y nuestra cosmovisión, a la consulta previa, libre e informada, el cual en ningún momento se nos consultó si queremos o no estas mineras, misma que ahora no lo estamos solicitando, porque ya no es previa a que se de las concesiones, entendemos que  el presidente de la república el Lic. Andreas Manuel López Obrador ha señalado que no se darán más concesiones, y que en este caso no estamos solicitando que no la den, solicitamos que se cancelen las que ya existen,  y al derecho de petición, mismas que son reconocidas en las leyes nacionales e internacionales, como son: los artículos 1, 2, 4, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Así como se señala también en el DECRETO DONDE SE PROHIBE LA MINERIA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y PROYECTOS DE MUERTE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DEL ESTADO DE MORELOS aprobado los días 23 y 24 de abril del 2022 por los pueblos nahuas del Estado de Morelos. Misma que anexamos.

 

    1. Como siguiente punto, SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE A MÉDICOS en el centro de salud, que atiendan las 24 horas del día, esto porque nos encontramos en una zona alejada y marginada de la ciudad, lo que obliga qué en la noche tenemos que trasladarnos a otra comunidad o hasta un hospital que queda a una hora de distancia, lo que pone en peligro al paciente y a los acompañantes, asimismo SOLICITAMOS MEDICAMENTOS para el centro de salud, porque se encuentra con muy pocos medicamentos, y porque la comunidad es de bajos recursos económicos lo que imposibilita que las personas que requieren medicamentos no pueden adquirirlos. Señalando además que se ha dado y sigue una epidemia de dengue hemorrágico desde el mes de abril hasta la fecha, en la que ha fallecido dos personas jóvenes, por lo que es urgente que se suministre de medicamentos y que el servicio de atención medica sea las 24 horas.
    2. La cantidad de habitantes de la comunidad ha incrementado, esto se ve reflejado en la cantidad de niñas y niños que asisten a la escuela primaria, misma que se están brindando clases en el turno matutino y vespertino, lo que ha ocasionado que no se puedan realizar otras actividades que requieren las y los alumnos para su desarrollo, y por ello le SOLICITAMOS EL APOYO PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  donde las niñas y los niños pueda tener una educación de calidad sin ningún tipo de obstáculos, señalando que ya se cuenta con el espacio para la construcción.
    3. Señalamos, que nuestras calles de la comunidad se encuentran en muy mal estado, por lo que SOLICITAMOS SU APOYO PARA PAVIMENTACIÓN, en las calles: Vicente Guerrero (colinda con calle Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), Francisco I. Madero (colinda con calle Aldaco y calle Morelos), Calle Morelos, Calle Emiliano Zapata Norte, Calle Leandro Valle, Calle Francisco Mendoza (colinda con calle Revolución Mexicana y Mariano Matamoros), calle insurgentes, calle Reforma, calle independencia oeste y Calle Obregón.
    4. Como séptimo punto, en nuestra comunidad falta que se proporcione más luminaria, existen algunos focos dañados y algunos faltan que sean colocados, por lo que SOLICITAMOS QUE SE APOYE CON LOS FOCOS en los postes de luz, para que de esa manera se pueda garantizar la seguridad en nuestra comunidad.
  • Además, el pueblo, el ejido y la comunidad agraria de Cuentepec, no reciben ningún tipo de recursos para el mejoramiento del nuestro entorno, por lo que SOLICITAMOS QUE NOS APOYE CON EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS CON CUNETA en los caminos: Tlalpatlaco hasta Tlalpatlaco, Tenango, camino de prensa, para este mejoramiento de caminos saca cosechas se requiere maquinaria de 8 o 9 toneladas y que pueda cortar tepetate y/o rocas.
  • Por último, SOLICITAMOS LA ACTIVACIÓN DEL MODULO O SECTOR DE POLICIAS, que se encuentra ubicada en la entrada de la comunidad, esto porque se ha presentado un alto índice de violencia, señalando que la comunidad se encuentra retirada del municipio por lo que se tarda en brindar el servicio solicitado.

 

Sin más por el momento, agradecemos su atención y estamos en espera de una respuesta favorable, que desde sus funciones que realiza nuestras peticiones sean revisadas y que en verdad se apoye a la comunidad. Que en todo momento se nos este informando de los avances de las peticiones en el correo electrónico y teléfonos señalados, así también el acompañamiento para la realización de cada uno de los puntos ya expresados este documento.

A T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

 

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  1. CALIXTO SALAZAR GARCIA

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC

 

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  1. MODESTO SUAREZ DOMINGUEZ                   C. SIMON DOMINGO ESTRADA

PRESIDENTE DE BIENES EJIDALES                SECRETARIO DE BIENES EJIDALES

 

 

 

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Amazonia Real

El último indígena Tanaru será enterrado en la tierra donde siempre han vivido en el sur de Rondônia

Por Josi Gonçalvez

El cuerpo del último superviviente de su pueblo está siendo examinado en Brasilia, pero las autoridades dijeron que volverá a Rondônia. Los líderes temen las invasiones en la Tierra Indígena de Tanaru debido a la falta de demarcación del territorio y quieren que el lugar sea un monumento a la resistencia. Imagen de la maloca de la víctima indígena (Foto: Survival International/Divulgação)

 

Porto Velho (RO) – El cuerpo del último hombre de Tanaru encontrado muerto por un equipo de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) fue enviado el domingo 28 de agosto 2022 desde Porto Velho a Brasilia para un examen más detallado por los forenses del Instituto Nacional de Criminalística (INC) de la Policía Federal. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, tan pronto como todos los exámenes se completen, el cuerpo del “indio del agujero”, como el único sobreviviente de la Tierra Indígena Tanaru (TI), ubicado en Chupinguaia, en el Cono Sur de Rondonia, a unos 533 kilómetros de Porto Velho, se conoció. Volverá a Rondonia y deberá ser enterrado en la zona donde vivía solo y aislado desde 1995. La fecha de su regreso aún no ha sido confirmada por Funai.

El grupo de expertos del INC tratará de detectar la causa de la muerte de la víctima indígena y también realizará exámenes toxicológicos y antropológicos forenses que puedan aportar algunas respuestas sobre la etnia del “indio del agujero”. El equipo es el mismo que trabajó en los informes de las víctimas de las catástrofes medioambientales de Brumadinho y Mariana, en Minas Gerais, y del activista indígena brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, asesinados en junio en el TI de Vale do Javari, en Amazonas.

Amazônia Real se enteró por un indígena de Rondônia, que pidió permanecer en el anonimato, que los “indios del agujero” eran monitoreados periódicamente cada tres meses por el Frente de Protección Etnoambiental de Guaporé (FPE-Guaporé), vinculado a la Coordinación General de Indios Aislados y Contactos Recientes (CGIIRC) de la FUNAI.

La vigilancia tenía por objeto verificar los movimientos del pueblo indígena Tanaru y las posibles invasiones de su territorio. Durante estas incursiones de vigilancia, se instaló una cámara para detectar la presencia y las acciones del indígena y registrar imágenes del mismo. La cámara se recogió al final de cada actividad.

El objetivo del intervalo de tiempo entre una visita y otra era evitar el tránsito de otras personas por el territorio para no contaminarlo con enfermedades no autóctonas. Según este indígena, el “indio del hoyo” parecía estar bien durante el último control realizado en mayo. Sin embargo, en la última acción de seguimiento, la semana pasada, fue encontrado muerto. Por ello, se estima que la muerte se produjo hace más de un mes. El equipo forense tendrá que determinar la fecha exacta.

Los indígenas Tanaru vivían en 8.070 hectáreas de territorio situado en un perímetro de aproximadamente 50 kilómetros entre los municipios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis y Pimenteiras do Oeste. En la región hay muchas explotaciones de producción agrícola y ganadera. Al no estar demarcado, el territorio está bajo la amenaza de invasiones y ataques.

El “indio del agujero” fue visto por primera vez en 1996 por el equipo del experto indígena Altair José Algayer, el mismo que encontró al indio aislado muerto en su hamaca la semana pasada. “Lo encontraron en la red y cubierto de plumas de guacamayo. Estaba esperando a morir, no tenía signos de violencia”, dijo el indigenista Marcelo dos Santos, que trabajó vigilando el territorio con Algayer, según publicó Amazônia Real. Le llamaban el “indio del agujero” porque cavaba dentro de la maloca, hecha de paja.

En 1998, el IT de Tanaru fue clasificado como de uso restringido por ordenanza (1.040/2015). La entrada, locomoción y permanencia de extraños en el territorio está restringida al personal de Funai. La ordenanza es válida hasta 2025, por lo que dentro de tres años expira esta normativa, que hace ilegal la exploración y entrada en estos territorios.

Según el informe, el indigenista informó que “la idea de la Funai es transformar el sitio en un centro de formación para actividades centradas en la protección de los indios aislados”. Según él, el MPF de Vilhena, Cono Sur de Rondonia, solicitará un estudio arqueológico de la zona para definir las estrategias que deben adoptarse en relación con el futuro de la tierra de Tanaru.

Según Funai, a lo largo de 26 años se encontraron 53 viviendas del pueblo indígena Tanaru y todas seguían el mismo patrón arquitectónico: una sola puerta de entrada/salida y siempre con un agujero en el interior de la casa.

En una entrevista para el programa Globo Amazônia, el experto indígena Altair José Algayer dijo que creía “que el agujero tiene un valor místico para los indígenas”, y que se alimentaban de “animales como el cerdo de monte, el jabuti y las aves, cazados con flechas o atrapados en trampas, y también de miel”.

Sensación de pérdida


Jefe André Karipuna (Foto: Alexandre Cruz Noronha/Amazônia Real)

André Karipuna, jefe del pueblo Karipuna en Porto Velho, capital de Rondônia, dijo que aunque no pertenece a la misma etnia que el “indio del agujero”, el sentimiento es de pérdida. “Es muy triste. Ellos también son mi gente. Es un familiar nuestro que se ha ido y debería haber tenido más protección. Pero, por desgracia, todos sufrimos mucha presión”, declaró.

Otro dirigente, Adriano Karipuna, activista ambiental indígena, culpa al presidente Jair Bolsonaro de la reducción y extinción de los pueblos indígenas. “El actual presidente ha cumplido todas sus amenazas de campaña y ha desguazado administrativa y financieramente a los organismos medioambientales. Intencionadamente. Nuestros territorios han quedado desprotegidos”, afirmó.

El líder indígena Karipuna considera que si el pueblo Tanaru hubiera tenido la protección del Estado no habría desaparecido. Adriano dice que, al igual que el “indio del agujero”, su pueblo ya ha estado al borde de la extinción. Hace medio siglo sólo había cinco Karipuna en Porto Velho.

“Mi pueblo es un pueblo de resistencia, casi nos extinguimos en los años 70 por culpa del sarampión, la tosferina y la varicela. Mis familiares también fueron asesinados, asesinados en 1912 en nombre de la economía, del desarrollo (construcción del Ferrocarril Madeira Mamoré – EFMM). El Estado brasileño debe mucho a la población indígena”, acusó Adriano Karipuna.

Según él, el pueblo karipuna consiguió mantenerse vivo en Rondônia gracias a medidas como el distanciamiento social de la civilización. Al pueblo de Tanaru le espera un destino diferente. Con la muerte del último habitante del TI Tanaru, los líderes de los pueblos indígenas de Rondônia están preocupados por el destino de la zona habitada por el “indio del agujero”.

Almir Narayamoga Suruí, líder del TI Sete de Setembro, en Cacoal, Rondônia, es reconocido internacionalmente por luchar contra las amenazas de los ocupantes ilegales, madereros, mineros y otros interesados en las tierras de los Suruís. Afirma que teme la invasión de la TI de Tanaru y piensa que la zona debería transformarse en un monumento a la resistencia de los pueblos indígenas. “Sería muy importante para los pueblos indígenas y también para Brasil, reconocer toda la resistencia de los pueblos indígenas frente a los desafíos y problemas que se enfrentan. Lucharemos por ello”.

El líder surui también refuerza que es necesario defender a los pueblos indígenas aislados que aún viven en el estado. “Tenemos que proteger y preservar las regiones donde habitan, definiendo estos territorios para ellos. Esto es lo que tenemos que hacer, para que esto (la extinción de un pueblo indígena) no vuelva a ocurrir en Brasil.

Adriano Karipuna imagina un futuro diferente para la Tierra de Tanaru. “Muchos pueblos indígenas buscan retomar sus territorios. Son ellos los que deben decidir si quieren ir a esta tierra”, dijo.

La escritora y educadora Márcia Mura, del pueblo Mura, dijo estar llena de tristeza por la muerte del indígena aislado y sentir una gran pena. “Sólo podía imaginar la soledad y el dolor que debió sentir todo este tiempo, huyendo, escondiéndose, sabiendo que podía ser asesinado en cualquier momento por invasores, terratenientes y asesinos. Sabiendo que era el último de su pueblo, esto es sumamente terrible”.

Márcia también defiende que el TI de Tanaru debe conservarse. “Creo que este territorio, que defendió hasta el último día de su vida, tiene que mantenerse como territorio indígena. Este territorio tiene que estar garantizado para los pueblos indígenas. No podemos permitir que los agricultores y los terratenientes ocupen esa zona.


Uno de los agujeros encontrados por Funai y realizados por los últimos indígenas Tanaru (Foto: Survival International/Divulgación)

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Josi
Josi Gonçalves

Josi Gonçalves es periodista con trabajos publicados para cadenas de televisión (Globo, Record, Rede TV), agencias de noticias (BBC, UOL, EFE), derechos humanos y salud mental (autismo, esquizofrenia). Es activista, feminista, madre y presentadora de televisión. Tiene experiencia en asesoría de prensa y comunicación en la gestión pública y privada y en periódicos impresos y digitales. Colabora con la agencia Amazônia Real de Porto Velho (RO) (Twitter: @josigoncalvess)

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Avispa Midia

No cesó la noche Uribe: Continúa criminalización de manifestantes del Paro Nacional en Colombia

Fuente: Avispa Midia

por Cooperativa Tierra Negra

Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.


Los queremos libres

Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.

Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”

Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.

En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.

También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).

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Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.

Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.

El virus de Colombia se llama uribismo

Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.

Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha  realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.

Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.

Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).

También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.

Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.

Álvaro Uribe llegando a la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 2019.

Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.

La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.

Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también  documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.

En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.

En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.

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Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de  todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.

Todo el poder para la gente

El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.

Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.

Manifestaciones en el marco del Paro Nacional del 2021

A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el  ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.

Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.

Sueños tras las rejas

Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.

Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.

Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.

Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 6 septiembre 2022

 

Rompiendo Fronteras

–CHILE Chile: Derrota de la política de abajo. Raúl Zibechi en Desinformemonos.

–GLOBAL ESPIONAJE: Con un software isrealí llamado Pegasus se espia a Defensores de Derechos Humanes, periodistas y activistas en más de 25 países del mundo. Visualizing

palestine y TadamunAntimili

–CHILE: Sobre la semana de agitación y solidaridad con presxs anarquistas y antiautoritarixs en el mundo. Y se levanta la huelga de hambre de presos mapuche de Biobio. La zarzamora, Radiokurruf.

Desde el ombligo del monstruo

–CDMX: Se realiza el Festival por la Vida y por las Paz en la UNAM para celebrar la autonomia zapatista. Noticias de abajo

–MÉXICO MILITARIZACION: El mal gobierno mexicano integro a la Guardia Nacional al Ejército para seguir imponiendo la militarización del país y de la policía. Redes.

–OAXACA: Expulsan a refresquera local por saqueo de agua en San Bartolo Coyotepec. Redes.

–PODCAST CHIAPAS: Notifrayba – Desplazamiento forzado, presos políticos y justicia. Frayba.

Música:

¿Quién cuida al pueblo? – Varios artistas

Amapola – no hacen falta banderas

Gato e monte -Nuestro Incendio

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Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia / Liberación de la Madre Tierra

No nos vamos: esta es nuestra casa para vivir y luchar II

Carta al mundo: Esta es nuestra casa para vivir y luchar II

Ahora que se cumplieron las 48 horas, enviamos esta carta al mundo para contarles de nuestra lucha y del peligro que nos acecha y lo que vamos a hacer ante el peligro. El gran jefe manda a decir que somos invasores y nos da 48 horas para que abandonemos nuestra lucha y la tierra donde luchamos o nos caerá todo el peso de la ley del estado colombiano.

Primero les contamos de nuestra lucha. Este 2 de septiembre cumplimos 17 años de haber retomado las vías de hecho para luchar por la tierra, una lucha que tiene raíces en 1538, cuando nuestro pueblo decide declararle la guerra a los invasores. Los invasores se apoderaron de nuestra tierra y nos desplazaron hacia las montañas, los invasores hicieron del despojo una forma de vida, el cómo de su civilización, y hoy tienen en su poder las tierras más fértiles y tienen documentos que prueban que son propietarios y son un poder organizado que mueve los hilos de la política y la economía y la justicia y los medios de comunicación en Colombia para mantener los documentos al día y explotar más y más la Madre Tierra hasta quitarle la piel y chupar su sangre y escarbar en sus entrañas y a esto le llama progreso, desarrollo.

Para nosotras y nosotros, familias del pueblo nasa del norte del Cauca, la tierra es Uma Kiwe, nuestra madre. Todo lo que hay en ella tiene vida, toda ella es vida, todos los seres son nuestros hermanos y todos los seres valemos por igual. El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que los humanos estamos por fuera de nuestra Madre y que somos superiores a ella, pero en el fondo de nuestro corazón, nasa üus, sabemos que la gente somos Uma Kiwe así como el cóndor y la mariposa y el maíz y la piedra son Uma Kiwe. El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que el páramo es un recurso que produce dinero, que al talar la selva podemos aumentar las cuentas bancarias, que al escarbar la entraña de Uma Kiwe con grandes tubos podemos acceder a una vida de bienestar. Esa es la palabra del invasor y la llama el objetivo, el plan de vida.

Las tierras del valle del río Cauca, donde ahora vivimos, desde donde hacemos nuestra lucha, es la casa y hogar de cientos de animales, plantas, rocas, aguas, espíritus en una forma de vida que en español le llaman bosque seco tropical. El invasor destrozó todo, esa casa y hogar ya no existe, le ha dañado el rostro a la Madre Tierra. En su afán por imponer su civilización, los que poseen los documentos de estas tierras sembraron todo el valle del río Cauca de caña de azúcar y son 400 mil hectáreas donde la caña está sembrada hasta la orilla del río. En otras regiones de Colombia el invasor desplazó con la guerra a las comunidades y sembró palma en miles y miles de hectáreas y en otras regiones han desplazado comunidades para construir represas o para sacar oro o para sacar petróleo.

Y una vez, en una región que se llama Antioquia, el río Cauca se rebeló y dañó las máquinas y los equipos de la represa y se desbordó y la gente que ya había sido desplazada por el proyecto hidroeléctrico tuvo otra vez que desplazarse porque otra vez se inundaron sus tierras. Por estos hechos no hay culpables, a los invasores del río Cauca, a los desplazadores de esas comunidades y a los que cometieron las masacres para imponer el desarrollo, todavía no les ha caído todo el peso de la ley del estado colombiano. Y así, cada rincón de este país que llaman Colombia, la democracia más antigua y estable de América Latina, está hecho de parches de proyectos de desarrollo instalados donde la guerra desplazó comunidades enteras, donde los bosques, páramos, sabanas, montañas, selvas y llanos fueron o van siendo arrasadas para que unas cuantas personas gocen de las mieles del desarrollo.

Nosotras y nosotros, familias indígenas del pueblo nasa que caminamos la plataforma de lucha del CRIC, nuestra organización, no creemos en ese desarrollo y no creemos en esa civilización que impone la muerte a través de leyes y acciones legales para generar monedas. Nos adoctrinaron para que creyéramos en su civilización y nos dijeron que los humanos somos superiores a los otros seres, pero vemos que entre los humanos hay niveles, unos que son superiores que otros, los superiores se llevan toda la riqueza y los inferiores tenemos que vivir arrinconados en los rincones que el desarrollo nos deja disponibles, pero nos dicen que si nos esforzamos o nos vendemos podemos pasar al nivel de los superiores. Esa forma de vida no nos gusta, no la aceptamos.

Por eso es que hace 17 años, un 2 de septiembre de 2005, bajamos de las montañas a hacer una lucha que hoy continuamos y que hemos llamado liberación la Madre Tierra. Porque decimos que la gente no seremos libres mientras Uma Kiwe esté esclavizada, que todos los animales y los seres de la vida somos esclavos mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. En ese tiempo, septiembre de 2005, tuvimos un error táctico, como dijo un liberador, y negociamos un acuerdo con el gobierno de Uribe, error que nos costó un retraso de nueve años. Pero luego volvimos para entrar en las fincas de la agroindustria cañera en diciembre de 2014, o sea que ya estamos por cumplir ocho años, y en estos ocho años la democracia más antigua y estable de América Latina no logró desalojarnos de las fincas a pesar de más de 400 intentos, y no vamos a salir, y hemos ido avanzando con entrar en estas tierras, tanto que ya contamos 24 fincas en proceso de liberación, son ya ocho mil hectáreas.

Al entrar en las fincas cortamos la caña y en lugar de la caña crece la comida que sembramos, crece también el monte porque Uma Kiwe tiene que descansar, crecen gallinas, patos, vacas, marranitos, regresan los animales silvestres… le vamos devolviendo la piel y el rostro a la Madre Tierra. Ése es nuestro sueño, o si prefieren, nuestro plan de vida. Y falta mucho todavía, a veces llega la palabra del invasor y nos confunde pero en comunidad vamos hablando y vamos aclarando. Y otras veces llegan los medios de comunicación de la agroindustria o del poder en Colombia y nos tildan de terroristas, perezosos, que frenamos el desarrollo, y nos dicen que somos invasores, como lo dice el actual gobierno de Petro y Francia, y ahora sembraron la mentira que le estamos robando la tierra a nuestros vecinos de las comunidades afrodescendientes que viven arrinconadas en las orillas de los cañaduzales: lo que podemos decirles con toda certeza es que el documento de las 24 fincas en proceso de liberación figuran a nombre de Incauca, el más grande propietario, y de otros terratenientes, o su tierra está arrendada a Incauca u otros ingenios procesadores de caña para azúcar o agrocombustibles.

Y también al aparato judicial de la democracia colombiana dice que porque somos terroristas nos van a capturar en retenes o con órdenes de captura y nos van a llevar a la cárcel. Y los paramilitares que ha organizado la agroindustria de la caña dicen que como el estado colombiano no ha logrado acabarnos, que ellos sí lo van a hacer y ya llegaron a las fincas en proceso de liberación a dispararnos con armas de corto y largo alcance, pero nuestro alcance es más largo porque ya sabemos cómo están organizados y cómo funcionan. Y los agroindustriales -Incauca, Asocaña, Procaña- desde hace siete años nos mandan propuestas de negociación o de asociación y les hemos respondido que NO porque una lucha no se negocia y que NO porque para ellos ser socios quiere decir que nosotras y nosotros pongamos la mano de obra lo más barata posible y que ellos ponen el capital, no señores, no estamos para cambiar de patrones, luchamos para que no haya más patrones.

Y ahora que llega un nuevo gobierno y un nuevo congreso a fortalecer la democracia más antigua y más estable de América Latina, el congreso nos dice que podemos enviar propuestas para la ley de reforma agraria “porque la liberación de la Madre Tierra es una reforma agraria concreta”; no hemos respondido todavía, pero sabemos restablecer el equilibrio de Uma Kiwe, nuestra Madre Tierra, va mucho más allá de una reforma agraria. Y lo último que ha pasado es que el nuevo gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia, nos dicen que somos invasores y que tenemos 48 horas para abandonar estas tierras donde luchamos sembramos, pastoreamos, vemos crecer el monte y regresar los animales silvestres, bueno, en esta tierra donde vivimos, y así fue que empezamos esta carta.

Al cumplirse las 48 horas, este 2 de septiembre, el estado atacó con ejército y esmad, no hubo media hora de diálogo, como había prometido el nuevo gobierno, la tanqueta entró disparando gases. Más tarde el ejército disparó sus armas de largo alcance contra las comunidades que liberamos la Madre Tierra, tampoco hubo diálogo. Hace 17 años, el 2 de septiembre de 2005, fue Uribe quien ordenó al esmad y al ejército dispararnos sus armas. Este nuevo gobierno es de izquierda, el gobierno de Uribe era de derecha. Después de ocho horas de intento de desalojarnos de una de las fincas en proceso de liberación, el esmad y el ejército de la democracia más antigua… no lograron desalojarnos, aquí seguimos, desde aquí lanzamos esta carta al mundo.

Nosotros y nosotras, proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca, le mandamos a decir al gran jefe que NO vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar II. Decimos II porque antes ya hemos sacado un escrito que esta es nuestra casa para vivir y luchar I. En ese momento, 2018, los paramilitares nos dieron un plazo para abandonar esta tierra, pero los paramilitares nos dieron un plazo un poco más largo, más racional, porque nos dieron dos meses, y al cumplir los dos meses les dijimos que NO, que no podíamos irnos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar. Por eso decimos II, porque a pesar de todo no perdemos la sonrisa.

Y con decirles que ni Uribe, ni Santos, ni Duque nunca nos dijeron “tienen 48 horas”. Y también les decimos que no nos vamos porque aquí en estas tierras en proceso de liberación han caído 12 compañeros desde el 2005, asesinados por la empresa privada de Incauca, Asocaña y Procaña, y por el estado colombiano. Aquí ya echamos raíz. Aquí seguimos hasta que el gobierno haga el trámite de entrega de los documentos a nuestras autoridades indígenas, ya sea por la reforma agraria o por la vía más rápida, y si no lo hace por los años de los años aquí seguiremos.

Al gran jefe también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene. Ayer estábamos en una gran acción para acompañar a una comunidad que está liberando una finca porque el esmad está que los molesta con gases todos los días hace varios días, a pesar de que nos prometieron que el esmad se iba a acabar, luego que a transformar y luego que iba a cambiar de ropa y es cierto porque se puso uniforme deportivo para un partido de fútbol mientras que acá nos sigue disparando gases. Seguiremos nuestras acciones para enraizarnos más con esta tierra y para que nuestra palabra tenga sustento, porque si no sería como un decreto o una promesa de campaña, que se escribe y se firma pero no se cumple.

A las comunidades que en otras regiones de Colombia están haciendo la lucha directa por la tierra les invitamos a que no se salgan de las fincas. Invitamos a más familias, más comunidades en el norte del Cauca y en Colombia y en el mundo a que entren en más fincas y se posesionen y hagan vida y comunidad como ya lo estamos haciendo en estas tierras y como lo están haciendo muchas luchas que han sido tildadas de invasores por los grandes jefes de la patria, porque ninguna lucha se ha ganado a punta de piquitos en la mejilla.

También le mandamos a decir a nuestros compañeros y compañeras de lucha que ahora están en el poder del estado colombiano que no se enreden en el camino. Porque ellos y ellas han caminado junto a nuestras luchas pero ahora vemos que están olvidando de dónde vienen, cosa que le puede pasar a cualquiera que llega a una cima, que no ve que después de la cima viene la bajada. Por eso también les mandamos a decir que entraremos en otra finca en donde haremos rituales y sembraremos comida para compartirles y pediremos por ellos y ellas para que cuando terminen su paso por el estado sigan siendo las mismas personas que un día llegaron allí con los votos de millones de personas que vieron en ellas y ellos una esperanza.

Hasta aquí llega esta carta, pero nuestra palabra sigue de largo. Nuestra palabra la escribimos en las fincas donde estamos liberando, ésa es nuestra primera palabra. Los documentos, las cartas, los videos, la radio…, la segunda palabra, nos sirve para contar al mundo lo que hacemos, el peligro que nos acecha y cómo seguiremos caminando ante el peligro. Gracias a las luchas y pueblos del mundo que nos escuchan y se solidarizan con nosotras y nosotros. Como ya hemos dicho en “esta es nuestra casa para vivir y luchar I”, la mejor forma de apoyarnos es fortalecer su lucha: al capitalismo le va a quedar muy difícil desalojar o caerle con todo el peso de la ley a miles y miles de luchas a lo largo y ancho del mundo.

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia
3 de septiembre de 2022.

 

A pesar de todos los ataques seguimos en pie de lucha en todas las fincas I

 Comunicado a los pueblos en lucha y a la opinión pública nacional e internacional

Frente a los hechos que vienen sucediendo en el norte del Cauca, en el contexto de la lucha por la tierra, manifestamos:

– Desde 2005 retomamos la lucha directa por la tierra, desde entonces la llamamos liberación de la Madre Tierra, porque vemos que ya la Tierra está haciendo sus últimos esfuerzos por mantener el equilibrio que permite la vida como la conocemos. La causa del daño a la Madre Tierra es el sistema capitalista, contra este sistema es que luchamos. No se puede sanar el daño mientras exista el sistema capitalista y su sustento de base que es el patriarcado. Mientras otros pueblos y procesos hacen sus luchas según su modo, nosotras y nosotros luchamos contra el capitalismo y el patriarcado entrando en fincas cañeras, acabando la caña, sembrando, pastoreando, haciendo vida en comunidad, devolviendo el manto a Uma Kiwe. Una lucha que implica enfrentar lo patriarcal y capitalista que todos y todas llevamos dentro.

– La lucha por la liberación de la Madre Tierra la venimos haciendo familias de distintos territorios indígenas del norte del Cauca que caminamos la plataforma de lucha del CRIC. Por eso decimos: somos Cabildo, somos Cxhab Wala Kiwe, somos CRIC.

– En el transcurso de esta lucha, especialmente en los últimos ocho años, hemos afrontado todos los peligros a los que se enfrenta una lucha que decide oponerse al capital, que las hemos recogido en “el prontuario del eje del mal”, que dejan cerca de 400 intentos de desalojo, 12 compañeros asesinados y más de 600 heridos y heridas, robos, amenazas, daño de cultivos, todo cometido por estado colombiano a las órdenes de la agroindustria cañera.

– En los desalojos, daños y robos, en los primeros 7 años, la agroindustria cañera dispuso de maquinaria privada, agentes del esmad, policía y ejército y corteros de caña afro. Siempre les dijimos a los corteros: “ustedes son nuestros hermanos, la pelea no es contra ustedes, el patrón les paga un salario de muerte, únanse a nuestra lucha”. Nunca encontramos oídos receptivos y siempre vinieron más desalojos, daños y robos. Antes de 2022 ninguna comunidad afro se había mostrado beligerante contra nuestro proceso.

– El 7 de marzo de 2020 la fuerza pública al servicio de la empresa cañera lanzó uno de sus múltiples intentos de desalojo en la finca Jagüito. La comunidad afro del sector peleó junto a nosotros y nosotras lanzando o amontonando piedras para lanzar al esmad. Las comunidades afro de base de los alrededores de las fincas siempre nos manifestaron que todavía no era el momento de unirse pero que nunca serían obstáculo para avanzar en nuestra lucha. ¿Qué hace que hoy nos lancen piedras o nos disparen con armas de fuego? ¿Quién está detrás envenenando a las comunidades afro?

– Ahora que llega un gobierno alternativo, con una vicepresidente del pueblo afro del norte del Cauca, aumentan los problemas. El gobierno nacional lanza los diálogos regionales de paz, la agroindustria cañera responde afirmativamente mientras recoge pandillas armadas para unirlas a los intentos de desalojo. Desde el 7 de agosto en la mañana, en la finca Chimán el ejército y la comunidad civil afro entran y permanecen en la casa hacienda. En Guayabal hay ataques permanentes de la seguridad privada. A la comunidad que se encuentra en la finca Santa Elena la hostigan permanentemente civiles armados, lo cual deja un saldo de tres heridos. En el sector El Batallón la agroindustria contrata gente armada para que hostigue a la fuerza pública, de ese modo cuando esté la comunidad liberadora en la finca aledaña la atacan argumentando que es la guerrilla. En el Alto El Palo la comunidad afro tapona la vía exigiendo derecho al trabajo y respeto a sus territorios, igual pasó en la vía Corinto – Miranda. Antes se habían movilizado los corteros, empujados por los ingenios, para exigir derecho al trabajo, derecho vulnerado por la empresa cañera. Incauca, Asocaña y Procaña diseñan y ejecutan la tormenta perfecta, involucrando al estado colombiano y a grupos paramilitares mientras el gobierno nacional en lugar de cuestionar el accionar de las empresas les da el beneficio de instalar mesas a donde llegan como santas palomas. Aclaramos que nada tenemos que ver con la acción del 22 de agosto en que vecinos y vecinas del sector de El Palo deciden por su cuenta desalojar el boqueo que había en el Alto El Palo. La pelea no es entre comunidades, la pelea es contra un enemigo grande llamado capitalismo, representado acá en la agroindustria de la caña.

– Se incrementa la guerra mediática contra la liberación. Incauca, Asocaña y Procaña crean cuentas en facebook y pagan comunity manager para alimentarlas y para hostigar con comentarios racistas nuestras publicaciones. La derecha publica artículos en medios digitales en los que nos acusa de “perezosos”, “mantenidos”, “invasores”, que atentamos contra el progreso de la región y que ponemos en peligro 100 mil empleos que proveen las empresas cañeras en la región. Pero guardan silencio ante la implementación de máquinas que remplazan cien corteros/día, la falta de agua potable para gente de los municipios del norte del Cauca, la contaminación del río Palo, que en medio de tanto desarrollo las comunidades afro toman agua de desechos… ¿Con qué mentiras llegarán Asocaña y Procaña a los diálogos regionales?

– Frente a estos hechos no hay pronunciamiento de los organismos de Derechos Humanos: hay civiles armados, o sea grupos paramilitares, junto con el ejército; el ejército usa gente civil afro para entrar y permanecer dentro de las fincas en proceso de liberación; los grupos paramilitares disparan a liberadores dejando heridos. Llegó el plan pistola contra la liberación de la Madre Tierra, organizado por la agroindustria cañera, y hasta el momento los organismos de Derechos Humanos guardan silencio. ¿Le corresponde a la liberación de la Madre Tierra pagar el alto costo de la paz total en el norte del Cauca?

– Ahora, el estado que siempre nos persiguió nos convoca. El gran jefe manda a decir que nos sentemos con los industriales, que alimentemos la propuesta de reforma agraria, que propongamos para el plan nacional de desarrollo. No son invitaciones menores, las estamos considerando. ¿Después de ser el proceso más perseguido en Colombia en los últimos ocho años, ahora la liberación de la Madre Tierra quedará en el libro gordo de las leyes nacionales? ¿El estado colombiano tomará nuestro discurso, nuestros mandatos, como ya han hecho otros estados nacionales con los discursos de otras luchas, y dirá que ya nos reconoció? ¿Ése será nuestro éxito o nuestro fracaso? Estamos considerando las propuestas, porque no son cosas menores.

– Estamos en consultas internas para tratar estas propuestas. Para estas consultas no pedimos financiación del estado, así que la vicepresidenta puede estar tranquila. Nos tomará tiempo, porque los tiempos de las comunidades no son los tiempos del estado. En el estado un grupo de profesionales se reúnen a trazar planes según el dictado de su sabiduría o profesión y en una semana tienen tremendo plan. En las comunidades es necesario reunirnos por puntos de liberación, luego todos los puntos, luego volver a cada punto, aclarar, esperar al punto que no pudo llegar esta vez, preguntar al viento y a las nubes, al canto de los pájaros. Seguimos en estas consultas. Mientras tanto, exigimos lo básico: que no se adelante ningún paso ni se implemente ninguna acción que involucre nuestra lucha o las tierras por las que estamos luchando.

– Los diálogos de paz ya los venimos implementado desde 2015 con las comunidades afro y campesinas vecinas de las fincas en proceso de liberación. Mantendremos esta voluntad y acción de diálogo directo entre comunidades. Hay muchas cosas por decirnos, por aclararnos, por disculparnos. Y también por autoconvocarnos a luchar contra el capitalismo. Como liberación de la Madre Tierra, con todas nuestras fallas y tropiezos, la apuesta es por la vida de todos los pueblos y todos los seres en el planeta. Claro, luchamos por un pedazo de tierra, pero también luchamos para detener el calentamiento global, para que haya comida para todos los seres. En estos años hemos sembrado comida, hemos llevado toneladas de esa comida a las ciudades, hemos hecho encuentros con otras luchas que frentean el capitalismo, hemos sostenido nuestra lucha aún cuando todas las fuerzas del eje del mal nos atacan simultáneamente, ¿cómo nos piden que demos más frutos de los ya alcanzados?

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia
29 de agosto de 2022.