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Radio Zapatista

Tribunal Permanente de los Pueblos: Anuncio Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”

Este miércoles 16 de julio de 2014, se realizó en las oficinas del Frayba una conferencia de prensa para anunciar la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) México, Eje “Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia”.

La preaudiencia versará sobre el Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94, el caso de la masacre de Viejo Velasco, la situación de las zonas Norte, Selva y Altos en Chiapas, con la participación de víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dió como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.

Palabras en la conferencia de prensa:

Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco (lee el texto aquí)
(Descarga aquí)  

Eréndira Sandoval, Eje Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos
(Descarga aquí)  

Alejandro Cerezo Contreras, Juez de la Preaudiencia (Memoria, justicia y reparación) (lee el texto aquí)
(Descarga aquí)  

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Frayba

Ante la falta de justicia del Estado familiares de víctimas de la masacre de Viejo Velasco exigen verdad

A 16 de julio de 2014.

Buenos días a todas y todos los presentes, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa.

Mi nombre es Diego Moreno Vázquez. Soy indígena chol, miembro de la Organización Xinich al igual que todos mis compañeros víctimas del presente caso. Soy promotor de salud. Vengo en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco.

Esta masacre se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2006, cuando aproximadamente las 6:00 de la mañana, un grupo de aproximadamente 40 personas de la comunidad Nueva Palestina quienes iban muy bien armados, algunos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron violentamente a la comunidad Viejo Velasco. Así también, estas personas eran acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial, estos policías iban armados con armas de alto poder algunas conocidas como “cuerno de chivo” y R-15; a su ves todos iban acompañados de otras autoridades.
Todos éstos de inmediato rodearon la comunidad ubicándose en diversos lugares, para posteriormente entrar a las casas y robar las pertenencias de nuestros familiares que vivían en la comunidad Viejo Velasco.

El resultado de este hecho violento fue: de 4 compañeros indígenas muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, este último del grupo agresor), 4 más resultaron desaparecidos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo quien era mi padre, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López). Además se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada hacia la montaña todos los habitantes de la comunidad, sobrevivientes del ataque, quienes posteriormente se refugiaron en la comunidad vecina Nuevo Tila.

Ante la falta de justicia del Estado, nosotros los familiares nos dimos a la tarea de buscar a nuestros familiares desparecidos y el 6 de julio del 2007 juntó con la Comisión Civil de Observación de Derechos Humanos para el caso Viejo Velasco, recorrimos la ruta que va de la comunidad Paraíso hacia Viejo Velasco donde encontramos 2 osamentas, las cuales resultaron ser de Miguel Moreno Montejo quien era mi padre y de Pedro Núñez Pérez.  El gobierno nos decía que nuestros familiares habían agarrado sus mochilas y que se habían ido al norte de nuestro país. Fue hasta noviembre de 2011 que nos entregaron los restos y le dimos cristiana sepultura.
Hasta el día de hoy continúan desaparecidos nuestros compañeros Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, los desplazados están prestando tierras o trabajando en distintos lugares para poder alimentar a sus familias. Así también 4 compañeros de la comunidad Nuevo Tila continúan con órdenes de aprehensión acusados de la muerte de nuestros familiares, siendo que no tienen nada que ver, al contrario ellos y la comunidad Nuevo Tila recibieron a la mayoría de los desplazados ese día. Estos 4 compañeros corren el mismo riesgo que nuestro compañero Diego Arcos Meneses, quien fue acusado falsamente por los hechos, permaneciendo casi un año en la cárcel acusado de la muerte de nuestros familiares, siendo que es un promotor de salud, como yo, que lo único que él hizo fue brindar apoyo a nuestros familiares.
La masacre en la comunidad Viejo Velasco, que se presentará en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, se llevó a cabo en el contexto de la lucha de los derechos agrarios dentro de la llamada comunidad Lacandona y dentro del gobierno del presidente Vicente Fox Quezada. A pesar de las denuncias de hostigamientos y amenazas de desalojo que sufrían las comunidades, el gobierno no hizo nada para evitar estos graves hechos. Además el modo de actuar de los agresores se enmarca dentro de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano desde el 1 de enero de 1994, con la puesta en marcha de su Plan de Campaña Chiapas 94’, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas.
A casi 8 años de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, nosotros los familiares continuamos exigiendo justicia, castigo a las autores intelectuales y materiales de estos graves hechos y nuestro derecho a saber la verdad de lo sucedido, así como el paradero de nuestros familiares desaparecidos. Lo único que ha hecho el gobierno mexicano es seguir alimentando la impunidad.
Es por eso que hoy, les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen el día 18 de julio del 2014, a partir de las 6 de la mañana en la comunidad Limonar municipio de Ocosingo, Chiapas; para la celebración de la preaudiencia del caso ante los Jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde testificáremos los sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones a derechos humanos cometidas. Así también contaremos con la presencia de familiares de los casos de Acteal y Zona Norte de Chiapas.
Nuestras voces serán de exigencia de justicia y derecho a la verdad. Nuestra participación en la preaudiencia fortalecerá nuestros corazones para continuar con nuestra lucha de memoria y esperanza.

Muchas gracias a todas y todos.

Palabras de Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, durante la conferencia de prensa: Anuncio de la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”. 16 de julio 2014, 10 hrs., San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Fotos: Osamentas halladas en Viejo Velasco en julio de 2007, posteriormente identificadas por el Equipo  Argentino de Antropología Forense, en 2011, como restos que correspondían a Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. (Archivo Frayba)
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Manuela Picq

Autodeterminación como antiextractivismo: la resistencia indígena desafía las políticas mundiales

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Self-Determination as Anti-Extractivism: How Indigenous Resistance Challenges World Politics Print
Written by Manuela Picq
Monday, 02 June 2014 19:46
This article was originally published in E-International Relations’ free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons License.

Indigeneity is an unusual way to think about International Relations (IR). Most studies of world politics ignore Indigenous perspectives, which are rarely treated as relevant to thinking about the international (Shaw 2008; Beier 2009). Yet Indigenous peoples are engaging in world politics with a dynamism and creativity that defies the silences of our discipline (Morgan 2011). In Latin America, Indigenous politics has gained international legitimacy, influencing policy for over two decades (Cott 2008; Madrid 2012). Now, Indigenous political movements are focused on resisting extractive projects on autonomous territory from the Arctic to the Amazon (Banerjee 2012; Sawyer and Gómez 2012). Resistance has led to large mobilized protests, invoked international law, and enabled alternative mechanisms of authority. In response, governments have been busy criminalizing Indigenous claims to consultation that challenge extractive models of development. Indigenous opposition to extractivism ultimately promotes self-determination rights, questioning the states’ authority over land by placing its sovereignty into historical context. In that sense, Indigeneity is a valuable approach to understanding world politics as much as it is a critical concept to move beyond state-centrism in the study of IR.

The Consolidation of Indigenous Resistance against Extractivism

Indigenous peoples are contesting extractive projects in various, complementary ways. Collective marches have multiplied as an immediate means of resistance throughout the Americas. In 2012, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador led thousands of people on a 15-day, 400-mile March for Life, Water, and the Dignity of Peoples, demanding a new water law, the end of open-pit mining, and a stop to the expansion of oil concessions. Within days, a similar mobilization took over Guatemala City. The Indigenous, Peasant, and Popular March in Defense of Mother Earth covered 212 kilometers to enter the capital with nearly 15,000 people protesting mining concessions, hydroelectric plants, and evictions. In Bolivia, various marches demanded consultation as the government prepared to build a highway within the Indigenous Territory and National Park Isidoro Sécure (TIPNIS). From Canada’s Idle No More movement to the protests against damming the Xingú River Basin in Brazil, Indigenous movements are rising and demanding they be allowed to participate in decisions affecting their territories.

Protests are at the core of global Indigenous agendas. In 2013, the Fifth Continental Summit of Indigenous Peoples of the Abya Yala encouraged communities to step-up resistance in light of the threat posed by state-sponsored extractivism. This is what Indigenous women were doing when they walked from Amazon territories to Quito, Ecuador, denouncing government plans to drill without consultation in the Yasuní reserve. Local protests are not trivial or irrelevant in world politics. Rather, they are part of a larger effort to transform local concerns into international politics.

Indigenous peoples have remarkable expertise in international law and are savvily leveraging their rights to consultation and self-determination guaranteed in the ILO Convention 169 (1989) and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (UN General Assembly 2008). They have won emblematic legal battles at the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), at times obliging states to recognize Indigenous territorial authority. In the decade-long case of Sarayaku v. Ecuador, the IACHR upheld the right of free, prior, and informed consent with a binding sentence against the Ecuadoran State for allowing a foreign oil company to encroach on ancestral lands without consultation during the 1990s. A 2011 petition by communities of the Xingú River basin led the IACHR to order Brazil’s government to halt the construction of the Belo Monte Dam. The Mayan Q’eqchi’ expanded jurisdiction by taking Hudbay Minerals to Court in Canada for crimes committed at an open-pit nickel mine in Guatemala. In Canada, two Manitoba First Nations used their own legal systems in 2013 to serve eviction notices to mining companies operating illegally on their land.1

International pressure is significant, yet states frequently eschew what they perceive to be uncomfortable mechanisms of accountability. Courts may validate Indigenous resistance, and UN reports warn against the catastrophic impact of extractive industries, but Brazil continued to build the Belo Monte Dam and Peru’s government did not consider suspending the Camisea gas project of drilling 18 wells on protected territories that have been home to Amazonian peoples in voluntary isolation (Feather 2014). Nevertheless, states that evade prior consultation obligations only foster Indigenous inventiveness. In the absence of official mechanisms of consultation, people establish autonomous ones. Local communities of the Kimsacocha area took matters in their own hands after years of being ignored, demanding Ecuador’s government consult them on a mining project in the highlands. In 2011, they organized a community-based consultation without the authorization of the state that was nevertheless legitimized by the presence of international observers (Guartambel 2012). The community voted 93% in favour of defending water rights and against mining in the area. Autonomous forms of prior consultation are increasingly common in Latin America. In Guatemala alone, there have been over sixty community-based consultations since 2005 (MacLeod and Pérez 2013).

Contesting States of Extraction

Indigenous resistance has been the target of severe government repression, ranging from judicial intimidation to assassinations of activists. Mobilizations against the Congo mine in Cajamarca, Peru, led President Ollanta Humala to declare a state of emergency and unleash military repression. An estimated 200 activists were killed in Peru between 2006 and 2011 for resisting extractivism (Zibechi 2013). Colombia’s government, in turn, declared protests against the mining industry illegal. In Ecuador, about 200 people have been criminalized for contesting the corporatization of natural resources. Many have been charged with terrorism. Violent repression against TIPNIS protesters in Bolivia revealed that even Evo Morales, Latin America’s first elected Indigenous president, is willing to use force to silence demands for consultation. Various activists opposing the multinational mining giant AngloGlod Ashanti have been assassinated. Argentina’s Plurinational Indigenous Council, which calls for an end to extractivism, has recorded eleven assassinations since 2010. The Observatory of Mining Conflicts in Latin America (OCMAL) estimates there are currently 195 active conflicts due to large-scale mining. Peru and Chile lead the list with 34 and 33 conflicts respectively, followed by Mexico with 28, Argentina with 26, Brazil with 20, and Colombia with 12. Mega-mining alone affects nearly 300 communities, many of which are located on Indigenous territories.

This wave of intense criminalization indicates the expansion of the extractive frontier. In Peru, where anti-extractivist unrest toppled two cabinets under the Humala government and led to the militarization of several provinces, mineral exploration expenditures increased tenfold in a decade. In 2002, 7.5 million hectares of land had been granted to mining companies; by 2012 the figure jumped to almost 26 million hectares, or 20% of the country’s land. Nearly 60% of the province of Apurímac has been granted to mining companies. In Colombia, about 40% of land is licensed to, or being solicited by, multinational companies for mineral and crude mining projects (Peace Brigades International 2011). According to OCMAL, 25% of the Chile’s territory was under exploration or operation as of 2010. In 2013, Mexico’s government opened the state-controlled energy sector to foreign investment, changing legislation to allow private multinationals to prospect for the country’s oil and natural gas resources for the first time since 1938.

The problem is that governments are largely licensing Indigenous land. In 2010, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues reported that Colombian mining concessions had been awarded in 80% of the country’s legally recognized Indigenous territories. Colombia’s government has 8.8 million hectares of Indigenous reserves designated as oil areas and granted 168 mining licenses on Indigenous reserves in 2011. Extractive industries lead to evictions, toxic waste, and resource scarcity, creating conflicts over water, soil, and subsoil. Open-pit mining uses unsustainable amounts of water. The controversial Marlin mine, partly funded by the World Bank in 2004, and today fully owned by Goldcorp, uses in one hour the water that a local family uses over 22 years (Van de Sandt 2009).2 In Chile, mining consumes 37% of the electricity produced in the country – which will reach 50% in a few years – compared to 28% for industry and 16% for the residential sector. This requires the Chilean State to continually expand energy sources, thereby accelerating displacement and the transfer of agricultural land to hydroelectric projects.

Conflicts against extractivism should not be dismissed as only concerning Indigenous peoples. They encompass larger debates about the role of extractivism in politics and contest a development model based on the corporatization of natural resources. In particular, they reveal the continuous role of resource exploitation as a strategy to finance states. Governments are prioritizing extractive industries as key engines of growth, although there is ample evidence that extractive industries create relatively few jobs. President Juan Manuel Santos promised to turn Colombia into a mining powerhouse because it attracts quick investment. Opening Ecuador to mega-mining financed much of President Correa’s third re-election. In fact, his unexpected policy shift to approve drilling within the Yasuní Reserve is explained largely by his government’s urgent need for cash. China, which holds over 35% of Ecuador’s foreign debt and financed 12% of its budget in 2013, buys about 60% of the country’s oil and is expected to pre-buy Yasuní oil (Guevara 2013).

Indigenous claims against extractive projects contest a world system based on predation and usurpation. In Guatemala, mining is managed by long-standing political elites and inscribed in the colonial genealogy of power. In many instances, the entrepreneurs promoting mining today are the scions of the same oligarchical families that have controlled Indigenous land and peoples for centuries (Casaús 2007). The political economy of extractivism encompasses global inequalities of exploitation, within and among states. About 75% of the world’s mining companies are registered in Canada, and most operate in the so-called Global South (Deneault et al. 2012). Extractive industries in the North rely on alliances with national elites to exploit natural resources of peoples and places historically marginalized from power politics.

Indigeneity as a Way to Rethink International Relations

Claims against extractivism are ultimately claims to the right of self-determination. The unilateral expropriation of land for mining today is a continuation of the Doctrine of Discovery. It conceptualized the New World as terra nullis, authorizing colonial powers to conquer and exploit land in the Americas. It also paved the way for a paradigm of domination that outlasted colonial times to evolve into a broader – and more resilient – self-arrogated right of intervention embodied by the modern state (Wallerstein 2006). Today, the idea of “empty” lands survives in extractivist practices. Large-scale mining by multinational corporations perpetuates the human abuse and resource appropriation initiated by Spanish colonizers centuries ago in the Bolivian mines of Potosi. International rights to self-determination may have replaced Papal Bulls, yet the political economy of looting natural resources on Indigenous lands continues, now in the name of development.

In this context, Indigeneity is a privileged site for the study of international relations. First and foremost, the extent and sophistication of Indigenous political praxis is relevant to any explanation of world politics. The rise of anti-extractivism as a politics of contestation against state exploitation calls for alternative sites of governance, such as the Inuit Circumpolar Council (Shadian 2013). Indigenous claims are shaping political practice, framing international legislation, and destabilizing assumptions about stateness. They seek the redistribution of rights as much as the uprooting of the concentration of power in the state. In that sense, Indigenous claims to consultation challenge the authority of states over natural resources as much as Westphalian forms of sovereignty.

Second, Indigeneity disrupts state sovereignty (Ryser 2012). The UNDRIP became the longest and most hotly debated human rights instrument in UN history because the expansion of Indigenous rights is intrinsically related to issues of state authority over territory. Rights to self-determination entail the recognition of plural forms of territorial authority in competition with states. Indigeneity is attributed to peoples who have historically been excluded from projects of state-making. Yet it contributes much more than making visible historically excluded groups. It refers to a politics that both precedes the state and lies outside of it. It is the constitutive “other” of the modern state, marked by a co-constitutive history that explains why Indigenous politics vary depending on different processes of state-formation. Consequently, Indigeneity is vital to a discipline dedicated to studying relations among states precisely because it is intrinsically related to state-formation. Standing outside of, and prior to, the state makes Indigenous standpoints valuable in terms of thinking critically about world politics and imagining what post-national political assemblages may look like (Sassen 2008).

Finally, Indigeneity is a strategic perspective in expanding scholarly debates on what constitutes IR. Indigenous experiences complement and broaden official national histories with forgotten or repressed narratives (O’Brien 2010), thus expanding methodological assumptions on how to do IR (Jackson 2010). Its precedence over the modern state encompasses alternative worldviews to think about the international beyond stateness. Indigeneity thus defies core epistemological foundations about power. In particular, it historicizes the state and sovereignty, moving away from Eurocentric conceptions of the world (Hobson 2012) and breaking with the discipline’s unreflective tendencies (Tickner 2013). The vibrancy of Indigenous struggles not only confirms the inadequacy of the state, echoing calls to provincialize Europe’s political legacies (Chakrabarty 2000), but it also provides concrete experiences of what the international can actually look like within and beyond the state (Tickner and Blaney 2013). Indigeneity is therefore doubly valuable for world politics. In addition to contributing alternative praxis of the international, it instigates critical theory to expand disciplinary borders.

Conclusion

Indigeneity is a valuable category of analysis for world politics. Indigenous experiences offer a fuller understanding of the world we live in. Integrating indigenous perspectives in the study of IR speaks to the ability to extend our political practice beyond the ivory tower. It is not a category of analysis that concerns merely Indigenous peoples, just as racism is not a matter for people of African descent only, or post-colonial studies the domain of previously colonized societies. The entire thrust of Indigeneity is that the non-state is the business of the state, and that there are alternative pathways available to decolonize the discipline.

Stripping IR of its state-centrism invites us to reflect upon the entrenched colonialism of international relations. Indigenous perspectives will hopefully inspire scholars to adventure beyond the conventional borders of the discipline. After all, opening an alternative locus of authority is nothing short of revolutionary.

Article originally published in E-IR’s free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0) license

References
Banerjee, S. (2012) Arctic Voices: Resistance at the Tipping Point. New York: Seven Stories Press.
Beier, J.M. (2009) International Relations in Uncommon Places: Indigeneity, Cosmology, and the Limits of International Theory. New York: Palgrave Macmillan.
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Chakrabarty, D. (2008) Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.
Cott, D.L.V. (2008) Radical democracy in the Andes. Cambridge: Cambridge University Press.
Deneault, A., Denis, M. and Sacher, W. (2012) Paradis sous terre: comment le Canada est devenu la plaque tournante de l’industrie minie`re mondiale. Montre´al: E´cosocie´te´.
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Wallerstein, I.M. (2006) European Universalism: The Rhetoric of Power. New York: The New Press.
Zibechi, R. (2013, October 27) “Latin America Rejects the Extractive Model in the Streets.” Americas Program. Available at: http://www.cipamericas.org/archives/10983 (Accessed 29 January 2014).Endnotes
1 A delegation from the Red Sucker Lake First Nation descended on the work camp of Mega Precious Metals, Inc., a mineral exploration company, to stop them from working and demand that they vacate the land immediately. The Mathias Colomb First Nation issued a similar order to Hudbay Mining and Smelting Co., Ltd. and the Province of Manitoba.
2 According to the company’s own social and environmental impact report, the Marlin mine consumes about 250 thousand liters of water every hour (MacLeod and Pérez 2013).

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La Jornada

Todavía andan libres los asesinos de Bety Cariño y Jiry Jaakkola

Aún sin cumplir, detención de asesinos de los activistas Bety Cariño y Jaakkola

Por Fernando Camacho Servín
jue, 24 abr 2014 16:47
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En imagen de 2010, diputados perredistas salen del Zócalo con una caravana que transportaría ayuda al municipio autónomo de San Juan Copala. Foto Carlos Ramos Mamahua

México, DF. Pese a tener claramente identificados a los responsables del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el gobierno federal se ha negado a cumplimentar las órdenes de aprehensión que hay en contra de ellos, por lo que los familiares de las víctimas iniciarán una jornada de protesta para obligar al gobierno a cumplir su responsabilidad.

Karla Michel Salas, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, indicó en rueda de prensa que al menos 13 personas ya han sido identificadas como presuntos autores del homicidio, luego de una investigación realizada por la fiscalía general de Oaxaca, pero a pesar de ello ni las autoridades locales ni las federales las han detenido.

“Sabemos sus nombres y que algunos de ellos incluso son servidores públicos, pero se niegan a cumplimentar las órdenes de aprehensión” con el argumento de que no pueden entrar a la zona controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuyos miembros habrían asesinado a las dos víctimas.

Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, lamentó por su parte que desde la muerte de su compañera y del activista finlandés –ocurrida el 27 de abril de 2010, cuando fueron atacados a tiros mientras se dirigían en caravana hacia la comunidad de San Juan Copala–, son los familiares de ambos quienes han realizado las investigaciones, en lugar de las autoridades.

Para llamar la atención sobre el tema y obligar a las autoridades a actuar, Omar Esparza se pondrá en huelga de hambre a partir del 29 de abril ante la sede de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, a donde llegará en marcha desde la representación del estado de Oaxaca en el Distrito Federal.

Previamente, el 27 de abril dará inicio en redes sociales una campaña sobre el tema y el 28 se realizará un foro en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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Radio Zapatista

Liberación de feminicidas en Chiapas

El pasado 1° de abril de 2014 fue excarcelado, por orden del juez Mariano Domínguez Hernández, Elmar Darinel Díaz Solórzano quién le dio un tiro en la cabeza a Tatiana Trujillo Rodríguez, el 19 de abril de 2010, en Ocosingo Chiapas. En otro acto de injusticia, el 19 de febrero de 2014, el juez Juan Carlos Alfaro Cruz otorgó el auto de formal libertad a Romeo Pumian Flores, quien asesinó a Citalli del Lourdes Molina Aguilar el 29 de junio de 2013 en Tuxtla Gutiérrez. A cuatro años del feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez, y  en el segundo aniversario del de Itzel Yanet Méndez Pérez, familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos siguen exigiendo justicia, para ellas y las demás asesinadas en Chiapas.

Ante lo anterior, se realizó el lunes 21 de abril de 2014 una conferencia de prensa en las oficinas del Frayba (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas), por invitación de:

  • Familiares de Tatiana Trujillo Rodríguez
  • Familiares de Citlalli del Lourdes Molina Aguilar
  • Familiares de Itzel Yanet Méndez Pérez
  • El Observatorio Nacional de Feminicidio
  • Alerta Popular Permanente contra la Violencia de Género y el feminicidio en Chiapas

Escucha y/o descarga los audios de la conferencia de prensa:
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CRAC-PC

Denuncia urgente de las comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia CRAC-PC

Al pueblo de Guerrero y de México
A la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad
Al Congreso Nacional Indígena
A la prensa nacional e internacional
A las organizaciones de derechos humanos

El día de hoy, jueves 26 de septiembre de 2013, ciudadanos y ciudadanas de comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, acompañados por nuestras autoridades comunitarias, llevamos a cabo la decisión y el mandato de las asambleas comunitarias en el sentido de recuperar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, casa de los pueblos me´phaa, na savi y mestizos de la Costa Montaña que durante 15 años de esfuerzo y sacrificio hemos mantenido como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

Informamos que un primer contingente de ciudadanos y ciudadanas encabezados por nuestros Comisarios Municipales y Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales de las comunidades de Arroyo Faisán, Santa Cruz del Rincón, Arroyo Hoja de Venado, Rio Iguapa, Jicamaltepec de la Montaña, Pascala del Oro, Cerro Zapote, Tlaxcalixtlahuaca, Llano Silleta, El Carmen, Potrerillo del Rincón, La Parota, Coyul Chiquito, Pajarito Grande, Buena Vista, Colonia Guadalupe, Cerro Cantón, Santa Cruz el Mesón, Llano Guaje, Miahuichan y San Luis Acatlán, fuimos reprimidos por las fuerzas especiales y Policías Comunitarios pagados por los malos gobiernos y respondiendo al mando de Eliseo Villar Castillo.

Estos Policías Comunitarios y las fuerzas especiales encañonaron y golpearon con culata a ciudadanos y ciudadanas civiles, siendo que ninguno de nuestros compañeros bajo armado. Incluso hicieron disparos al aire quedando como prueba tres casquillos calibre 22. Resultado heridos los compañeros Eusebio de Aquino Herrera, Magdaleno Ponce Mendoza y Ángel Mendoza Díaz.

El supuesto coordinador Eliseo Villar se refugió al interior de las oficinas y mandó traer más grupos de policías de Hondura Tigre, Arroyo Cumiapa y Loma Romero. También llegaron familiares suyos y vecinos de Yoloxóchitl, así como dos Comisarios de las comunidades de Tuxtepec y San José Vista Hermosa, negándose a entregar la Casa de Justicia y dando como respuesta la oferta de convocar a una próxima Asamblea Regional, instancia que esta agotada desde el 23 de febrero de 2013 y que fue destruida como espacio de reflexión y diálogo por ellos mismos.

Reunidos en Asamblea a las afueras de la Casa de Justicia y considerando que estas personas, las que secuestraron la institución de nuestros pueblos, y quienes hoy dicen ser coordinadores no tienen ninguna calidad moral ni ética, considerando que nuestros pueblos demandan recuperar la Casa de Justicia que es de todos, como parte de la reconstitución integral del Territorio Comunitario, decidimos montar un campamento a las afueras de nuestra Casa de Justicia y esperar a los nuevos contingentes de ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos.

Informamos que el acuerdo de nuestra Asamblea extraordinaria fue de no caer en provocaciones y que siendo esta acción de carácter civil hacemos responsable a Eliseo Villar de cualquier represión que pueda ocurrir en contra de nuestros pueblos. Le pedimos respetuosamente a Policías Comunitarios de otras regiones de la Costa Chica, integrados en los últimos meses a la coordinadora que encabeza Eliseo, pagados por el gobierno y credencializados por la SEDENA, así como a Policías Comunitarios integrados a la coordinadora de El Paraíso en el municipio de Ayutla, reprimidos el mes pasado por fuerzas gubernamentales, a no prestarse a la represión contra nuestro movimiento y respetar el proceso de reconstitución de nuestra de Casa de Justicia hasta lograr la plena legitimidad de todos los grupos de Policías Comunitarios, coordinadores y consejeros que son cargos de servicio al pueblos y que deben ser nombrados y ratificados en su Asamblea Comunitaria y en la Asamblea Regional.

Hacemos un llamado a al pueblo de Guerrero y de México, a la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de lucha, a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa nacional e internacional a estar atentos a la integridad de nuestros pueblos y a no caer en el engaño de quienes han acusado a nuestras autoridades de ser traidores, paramilitares, pistoleros, grupos de choque todo esto sin ningún fundamento.

Somos Autoridades Comunitarias, Consejeros, ciudadanas y ciudadanos de pueblos me´phaa y na savi que fundamos el 15 de octubre de 1995, hace casi 18 años, en la Comisaria Municipal de Santa Cruz del Rincón nuestra Policía Comunitaria, proyecto que hemos construido y cuidado con muchos esfuerzos y sacrificios en todo este tiempo.

Damos fe…

C. Comisario Municipal de Arroyo Faisán.
C. Comisario Municipal de Santa Cruz del Rincón.
C. Comisario Municipal de Arroyo Hoja de Venado.
C. Comisario Municipal de Rio Iguapa.
C. Comisario Municipal de Jicamaltepec de la Montaña.
C. Comisario Municipal de Pascala del Oro
C. Comisario Municipal de Cerro Zapote.
C. Comisario Municipal de Tlaxcalixtlahuaca.
C. Comisario Municipal de Llano Silleta.
C. Comisario Municipal de Potrerillo Cuapinole.
C. Comisario Municipal de El Carmen.
C. Comisario Municipal de Potrerillo del Rincón
C. Comisario Municipal de La Parota.
C. Comisario Municipal de Coyul Chiquito.
C. Comisario Municipal de Pajarito Grande.
C. Comisario Municipal de Buena Vista.
C. Delegado Municipal de Colonia Guadalupe.
C. Delegado Municipal de Cerro Cantón.
C. Delegado Municipal de Santa Cruz el Mesón.
C. Delegado Municipal de Llano Guaje.
C. Comisariado del Ejido de Buena Vista y anexos.
C. Comisariado de Bienes Comunales Santa Cruz del Rincón.
C. Comisariado de Bienes Comunales de Tlaxcalixtlahuaca.
C. Comisariado del Ejido de San Luis Acatlán y anexos.
C. Comisariado del Ejido del Carmen.
C. Comisariado de Bienes Comunales de Miahuichan
C. Consejo de Vigilancia de San Luis Acatlán.
C. Consejo de Vigilancia de Tlaxcalixtlahuaca.
C. Consejo de Vigilancia de Santa Cruz del Rincón.
C. Consejo de Vigilancia de Buena Vista.

radio
Koman Ilel

“No voy a pedir el indulto porque soy inocente. Lo que yo pido es un acto de justicia y nada más.” Alberto Patishtan

Vídeo de la conferencia de prensa ofrecida por el Profesor Alberto Patishtán el 13 de Septiembre después de conocer el fallo que le niega la libertad por parte del Tribunal Federal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez

radio
Mujeres denunciantes Atenco

Informe de las Mujeres denunciantes ante la CIDH de Atenco sobre la audiencia y siguientes pasos

Informe sobre la audiencia en la CIDH y lo que viene

Compañeras y compañeros de la Sexta nacional e internacional.

Compañeras y compañeros de la Red vs la represión y por la solidaridad.

A todas y todos,  compas solidaria/os que han acompañado ésta lucha, que es la de toda/os.

El pasado mes de marzo  acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar nuestro testimonio,  encarando a la nutrida delegación del Estado mexicano, en este contexto, hicimos un llamado para que enviaran fotos y pronunciamientos en solidaridad con nosotras, fue muy copiosa la respuesta desde todos los rincones de México y más de 10 países, a través de sus acciones nos acompañaron. Hoy queremos informarles de cómo se desarrolló la audiencia y lo que está por venir.

El pasado 14 de marzo, se celebro una audiencia pública  testimonial en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en la ciudad de Washington por el caso # 12,846 “Mariana Selvas Gómez y otras” en contra del Estado mexicano, por los actos de tortura física y sexual; detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado en agravio de 11 mujeres denunciantes y peticionarias ocurridas en los operativos policiacos llevados a cabo en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en  mayo de 2006.

La audiencia consistió en tres partes. La primera fue testimonial a cargo de nuestra compañera  Italia Méndez, peticionaria y denunciante en representación de las 11 mujeres que integramos la denuncia, seguida de los alegatos presentados por nuestras abogadas  en voz de Alejandra Nuño y Stephanie Erin Brewer, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, y Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, respectivamente.

La tercera parte fueron  los alegatos del Estado mexicano,  a cargo de Lía Limón, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la SEGOB y  Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, Subsecretario  de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la SRE; quienes dijeron tener la intención de disculparse y pidieron a los comisionados su intervención para una salida alterna o “amistosa” exigiendo su derecho a ofrecer ésta alternativa por encima del derecho de nosotras las denunciantes de obtener justicia, verdad, memoria y reparación.

Mediante una carta firmada por todas las mujeres que acuerpamos la denuncia y leída en voz alta por Italia Méndez, se le informo a los comisionados “Por este medio, le compartimos que no vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia -máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional- sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia.  En efecto, la postura del Estado es que ya ha proporcionado acceso a la justicia, cuando en los hechos el caso ha quedado impune, por lo cual no podemos esperar avances del Estado; al contrario, el pleno acceso a la justicia que pudiera haber ofrecido el Estado en un primer momento, a estas alturas sería prácticamente imposible de alcanzar”.

La audiencia concluyo con la intervención del Procurador de Justicia del Estado de México, que hizo gala de su demagogia y consumió los últimos minutos de la audiencia pronunciando palabras huecas que no transmitían nada.

Pedimos a los comisionados que emitieran su informe de fondo a la brevedad.

Mientras el litigio internacional sigue su curso, en México se lleva a cabo un proceso penal en contra de dos policías que supuestamente fueron mandos a cargo de los traslados al penal de Santiaguito y donde  ocurrieron numerosos actos de tortura.  Este proceso despierta nuevas sospechas sobre la simulación del Estado en sus investigaciones pues,  las órdenes de aprensión se dieron en el contexto de la examinación realizada al Estado mexicano por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).

Fue en Nueva York donde el Estado mexicano, hizo público que un día antes de su encuentro con el comité CEDAW habían girado órdenes de aprensión contra tres policías y que para la hora de la comparecencia ya estaban detenidos dos policías y uno más había fallecido.

Ahora, sabemos que pronto seremos llamadas a sostener careos con los policías procesados, éste hecho es muy duro para nosotras, pues conocemos las prácticas revictimizantes de las autoridades. No nos negaremos a participar en el proceso, iremos y sostendremos la mirada y daremos testimonio, porque hace ya 7 años atrás, decidimos no avalar la impunidad, el silencio y el olvido.

De nueva cuenta les hacemos un llamado, para que estén atenta/os, nos acompañen y pronuncien su solidaridad en este momento difícil y doloroso.

Es mediante la solidaridad y el apoyo mutuo que hemos logrado llegar hasta éste momento, la denuncia social que hemos impulsado desde el 2006 ha tenido frutos extraordinarios en la construcción de la verdad y la memoria. Seguiremos adelante con paso firme porque caminamos codo a codo con ustedes.

¡Contra la represión política!

¡Contra la tortura sexual!

Solidaridad siempre.

Mujeres denunciantes ante la CIDH, Caso Atenco.

radio
Ejido Tila, adherentes a la Sexta

Denuncia de provocación y hostigamiento del ejido Tila, adherentes a la Sexta en vispera de la decisión de la SCJN

Palabra del Ejido ch’ol Tila adherentes a la Sexta

A la comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena CNI

A la Junta de Buen Gobierno Caracol V.

A las y los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

A las organizaciones y personas que luchan por dignidad y justicia

A las personas honestas quienes pueda llegar este mensaje

A los medios de comunicación indendientes y tradicionales

Queremos informarles que la discusion en la Suprema Corte sobre nuestro caso esta con el numero 1 del orden de la lista, y sera mañana lunes 1 de abril. Hemos tenido una larga espera para nosotros y nosotras como cientos de  familias ejidatarias del Ejido Tila para esta decisión sobre nuestras tierras que llevamos defendiendo de estas instancias del gobierno desde 1966 y hasta hoy que seguimos luchando. Se discutirá sobre nuestro amparo ganado en 2008 contra el Decreto 72 y el fraccionamiento de tierras ejidales que han hecho con ese decreto en sus manos.

Porque se va a ver si es la ley, la historia, la razon y los derechos de los pueblos indígenas lo que guia la decisión de la Suprema Corte o es la falsa información que han sembrado el Ayuntamiento y Gobierno del Estado para no cumplir la sentencia de restitución que es que si nos entregan las tierras destruiremos construcciones en el poblado de Tila.

Queremos DENUNCIAR PUBLICAMENTE que el Ayuntamiento Municipal que está apoyado por el Gobierno del Estado están provocando y hostigando en el poblado de Tila para hacernos caer en violencia que es una trampa para hacer violencia y la Suprema Corte decida no restituir a regimen ejidal todos los robos de tierra que han hecho por sus mentiras y falsedades que han ido a contar ahí para que les sea favorable a ellos la resolución o que se sigan poniendo obstáculos para que no se respete nuestro derecho como ejido y como Pueblo indígena.

La situación en el pueblo de Tila en estos días:

En su casa del comisariado ejidal han llegado personales de la policía sectorial estatal con miembros del ayuntamiento haciendo rondines en la calle para ver si se encuentra el comisariado y la siguiente vez fue con personales de la policía judicial portando videocámaras haciendo saber a la gente que el comisariado está siendo intimidado. Esto pasó a inicios del mes de marzo cuando el ejido mandó una comisión a Mexico esperando sobre el resultado y que salieron noticias sobre nuestro caso.

Este viernes 29 de marzo que fue antier entro la policia sectorial estatal por la calle por donde vive el comisariado ejidal y se detienen enfrente de su casa y quedan viendo la casa del comisariado. En la noche los vieron llegando la policia municipal atras de casa apagaron sus luces de la camioneta y se quedaron en la oscuridad, ya como 10 o las 11 encendieron sus luces pero enfocando en su casa del camisariado y luego se fueron.

La policía  pasa en altas horas de la noche para intimidar. Hace sus rondines en la calle. Las 10, 11, 12 de la noche se encapuchan. Andan en las camionetas de Municipales y Sectoriales gente de Paz y Justicia de la zona baja, la gente ya los tiene identificados. También está entrando la gente de la Procuradura General de Justicia del Estado. Las policias estatales entran pero en las camionetas de la policia municipal para esconderse pero se reconocen por sus uniformes.

También es de gravedad que el ayuntamiento estan entrando puros paramilitares porque el propio presidente municipal los esta reclutando. Ha buscado exsoldados para tenerlos en sus ordenes. Por eso esta pasando bien grave en comunidad autonoma del EZLN comandante Abel porque son mismas autoridades municipales quienes planean atacarlos. También están vigilando casas de ejidatarios y han entrado en casas habitaciones de personas ejidatarias del ejido sin permiso. No hay paz en el pueblo de Tila sino que estan comenzando las violencias y mostrarse la gente agresiva como en el periodo de tantas masacres por Paz y Justicia.

El sabado pasado 23 de marzo quisieron enfrentar un grupo de puesteros que son organizados por el Ayuntamiento con la comision de fomento del Ejido. Cada año en fiestas la comisión de Fomento sale a medir las calles para dar los espacios. Se juntaron esa gente que vieron que venia la comision de fomento agrario acompañados por el Consejo de Vigilancia. Cuando empezaron a medir un lugar no los dejaron diciendoles que porque tenian que llegar personas del ejido que no quieren que midan porque el lugar no es de la asamblea sino del ayuntamiento cuando es la asamblea la maxima autoridad. Entonces la comision vieron que los puesteros querian sacar palos y machetes y mejor se retiraron para no generar un enfrentamiento. El ayuntamiento le dio que firmaran un documento para solicitar la entrada de las policias estatales a ese grupo de puesteros ambulantes.

Hacemos publico este INFORME SOBRE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL y su violencia y despojos por años para que se vea quienes son la otra parte que llega en la suprema corte para que no nos restituyan tierras y seguir haciendo toda su delincuencia:

Contamos en este periodo 2013-2015 que estamos ahorita; Segundo periodo de C. Limber  Gregorio Gutiérrez, para lograr este su segundo periodo sus componentes en el transcurso electoral, hubo mucho hostigamiento por parte de sus dirigentes que son Paz y Justicia que coordinan grupos paramilitares. Para hostigar  a la gente, estuvieron disparando armas de fuego en la plena población y hirieron a una persona perteneciente al (PRI).

Cuando fueron las elecciones subia gente de la zona baja que son paz y justicia porque estaba habiendo conflictos entre ellos partidistas por peleas. Por eso volvieron a tener presencia en el pueblo los de paz y juticia. Mucha gente lo vio que venian en carro de 3 toneladas lleno de la zona baja. Venian vestidos de civil pero con mucho coraje para intimidar a la gente. Esto fue cuando se hicieron las votaciones en julio del año pasado de 2012.

Fue en las fechas de 8 de noviembre donde policias municipales arribaron a sus acahuales de comisariado ejidal y los fueron a buscar pero se logro esconder. El estaba en su milpa y lo estuvieron buscando. Son policías municipales. Esto fue porque se  había realizado la marcha caravana a Mexico en agosto y estabamos por realizar la marcha por aniversario de la Revoluión de Tierra y Libertad.

El Ayuntamiento sigue promocionando que en el pueblo es fundo legal porque le dicen a la gente que si quiere comprar casa que hay lugar para hacer casa y construir sus viviendo controlado por el municipio que para hacer progreso. Se han estado organizando con paz y justicia diciendo a la gente que no queremos fundo legal.

En el periodo 2010-2011; Una vez que salio el C. Limber Gregorio porque termino su primer periodo puso a su esposa Sandra Luz Cruz Espinoza y ella siguio con el engaño de que el ejido les pertenece a la presidencia y mando poner dos letreros en las entrada de Tila sin consentiemiento de la asamblea. También mando a poner medidores de agua diciendo que ellos construyeron la obra pero esa obra es pago de daños al ejido causado el Ayutnamiento por destruir la antigua presidencia tradicional sin permiso. Le ganamos amparo 723/2000 y tuvieron que firmar convenio para pagar con construcción de obra de agua para todo el pueblo y una nueva casa ejidal por los daños y perjuicios cometidos.

En el periodo 2008-2010, el presidente municipal primer periodo de C. Limber Gregorio Gutiérrrez por ser concuño del que estuvo antes Juan José Diaz Solorzano. Para ganar su campaña intimido mucha gente para qe votaran por el. Compro un terreno sin consentimiento de la asamblea y comenzaron a hacer destrozos entonces el Ejido se amparo y gano y tuvieron que regresarlo el terreno pero amenazaron mucho con ordenes de aprension. En este tiempo ganamos el amparo y comenzamos a hacer movilizaciones de miles de familias de ejidatarios. Ahi empezaron las policías en altas horas de la noche, y tambien policias estatales, todo para intimidar a los ejidatarios y ejidatarias se encapuchan para no reconocer la cara portando armas de fuego y haciendo tiros al aire en las orillas del pueblo.

También estuvo registrando catastros en el registro publico de la propiedad. Fue en ese tiempo donde fueron engañados muchos de que si habia fundo legal y que compraran tierras y que habia registro de tierras en el registro publico de la propiedad.

2005-2007; periodo del C. Juan José Díaz Solórzano. El 14 de febrero del 2005 entro la sectorial a las 2:00 de la mañana haciendo desalojo y haciendo detenciones en casas de ejidatarios y se llevaron a una persona anciana la edad de 80 años y se le dio libertad en ese mismo día adelante de Salto de Agua todo mal herido. El siguiente dia  15 de febrero a las 2 de la tarde entro 2 helicópteros y 20 comboys  de sectorial tirando bombas lacrimógenos, intimidando a muchas personas, somatándoles las puertas y muchas familias huyeron en los montes y murieron dos recién nacidos por el gas lacrimógeno. Al momento que entro la sectorial a bombardear al pueblo con gas lacrimógeno estaba coordinado con los de paz y justicia y son ellos los que iban mostrando las casas donde se encontraban tales personas. Fue asi que agarraron a muchas personas del pueblo y detuveron injustamente.

Encarcelaron a 49 personas que no estaban involucradas, más bien iban de compras por necesidades alimenticias y fueron llevadas a la cárcel de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, todo por una imposición de un presidente municipal llamado Juan José Díaz Solórzano y muchas familia quedaron traumados por los problemas del ayuntamiento que ha generado  en los últimos años cantidades de discriminación y sobre todo a los derechos humanos.

Perido 2002-2004; El presidente C. Jesús Méndez Gutiérrez, hizo su proyecto de fundo legal y con engaños lo hizo firmar a un ejidatario pero sin consentimiento de la asamblea. Ahi hubo despojo de tierras porque siguio registrando solares en el registro publico de la propiedad promocionando que Tila es fundo legal y que habia derecho a la compra y venta de tierras.

Periodo 1999-2001. Periodo del C. Carlos Torres López. En aquel entonces la seguridad pública mato a golpes a un campesino de la comunidad jolnopa Guadalupe en la salida de tila. Viendo el´pueblo protestaron la salida de la seguridad pública y el ayuntamiento. Mucha gente llegó en el pueblo y tomaron la presidencia. El Ayuntamiento convocó a Paz y Justicia y subieron de la zona baja esos paramilitares al pueblo tiraron balas al aire, golpearon gentes, machetearon puestos, entraron a robar en casas de ejidatarios del pueblo. Mucha gente huyeron en el monte. Después de eso el Ayuntamiento acusó a varias persona campesinas del ejido de  saqueo de la presidencia municipal y se dicto 29 órdenes de aprensión injustamente.

En 1999 destruyen construcción antigua de Autoridad Muncipal sin permiso de la asamblea. Viendo que lo habia tumbado se hizo asamblea y se demanda y se gana amparo 723/2000  y entonces se comprometio a pagar daños y perjuidicios que fue de realizar obras de agua potable para todo el pueblo de Tila y construcción de casa ejidal pero no lo hizo sino que quedo pendiente. Entonces construyó una nueva instalaciones del ayuntamiento sin informar a la asambla. Agarró sin permiso el terreno donde se hacia el teatro del pueblo y construyo la nueva presinedncia municipal.

El ayuntamiento municipal de periodo 1996-1998, su periodo del C. Carlos López Martínez en este tiempo fue cuando les dieron armas a paz y justicia y fue cuando hubo tanta masacre en la zona baja de tila. Fue cuando esa gente subia y golpeaban puestos casas, hacian muchos desastres porque estaban organizados por el gobierno federal y los manejaban.

En ese periodo acusaron y detuvieron a un ejidatario Patronato de Agua de cortar manguera y golpearon mucha gente que se oponía a su detencion. El ayuntamiento utilizo a un avecindado para que lo culpara y denunciara falsamente  pero como luego salio que el ayuntamiento habia pagado por ese falso testigo el compañero ejidatario salio.

En periodo de 1992- 1995; estuvo el C. Jesus Artemio Decelis Guillen, quien es hermano del que es secretario municipal actualmente y esta muy metido en varios periodos en Ayuntamiento. En este periodo el Ayuntamiento municipal con engaño agarró un terreno de hectárea y media y en una parte cometió daños y perjuicios, tumbo matas de café y entre otras siembras sin consentimiento de la asamblea. La autoridad ejidal convoco una asamblea general extraordinaria se discutió en uno de los  puntos principales del problema suscitado, un campesino procedente de la comunidad Mariscal Subicusqui lo insulto al presidente municipal. Ya terminada la asamblea el presidente lo buscó en el camino y lo mato con un arma de fuego y no fue castigado por el crimen cometido. Esto fue en febrero de 1994. Dejó el cargo y se huyó. Una vez huido la gente del partido PRD tomaron la instalaciones del ayuntamiento. Hicieron plantones. Y una vez que vieron que habia bastante gente el Ayuntamiento convoco los dirgentes de paz y justicia porque antes no se conocian y con esta accion se dieron a conocer como paramiliates de la zona baja que fueron convocado para hacer enfrentamiento. Se disperso la gente.

En 1993 este periodo quitaron el terreno del campo que se llama de futbol sin consentimiento de la asamblea. Metio tractor y construyo un auditorio muncipal. En ese campo se hacia la danza tradicional del carnaval y los bailes de las fiestas patronales. Ahi llegaban a hacer bailables.

Periodo de 1989-1991, presidete municipal C Arturo Sanchez Sanchez exigió a todos los ejidatarios a revisar su solar pero con policias armados. Donde habia terrenos los agrarraba y metia a otra gente que no era del pueblo. Primero hacian negocio en el ayuntamiento y salian con sus policias. Se exigieron con amenazas y violencia a muchas familias de ejidatarios del pueblo de que sacaran sus registros de catastros para meterlos en el registro publico de la propiedad. Ese presidente era muy violento. Fue en ese tiempo que quitó el casino del pueblo que era el lugar donde se hacian las asambleas del ejido y las fiestas tradicionales. Lo quito porque habia pedido la llave al ejido y ya no lo regreso y le metio otro tipo de llave, cambiola chapa y metio a su guardia y ya no dejaban entrar a nadie.

En el periodo de 1983-1985; el presidente municipal el C. Abraham Gutiérrez López, metió nueva brecha  de carretera afectando aproximadamente 15 hectareas de compañeros ejidatarios quedando el terreno sumamente  en pésimas condiciones. Habiendo carretera con brecha y metió otra brecha afectando en su totalidad los cultivos de café, maíz y entre otras, sin su consentimiento de la asamblea. La gente protesto pero no le hicieron caso.

En periodo de 1977-1979; se dicto 27 órdenes de aprensión fueron cateados en sus hogares dos compañeros ejidatarios por defender sus tierras, ordenadora la presidenta municipal América Pinto Gutiérrez, en su segundo periodo de la presidencia municipal. Porque estaban defendiendo sus casas porque el ayuntamiento estaba adjudicando sitios de vivienda de ejidatarios a otra gente y haciendo despojos de tierra de los campesinos sin permiso de los dueños y de la asamblema. Luego la gente se entero de que el ayuntmiento estaba solicitante del FUNDO legal y el decreto de Gobernador, La gente protestó y la sacaron del cargo y entró un consejo municipal.

En 1971-1973 la presidenta municipal ordeno quemar diez casas de familias campesinas es decir ejidatarios y fueron embodegadas  sus pertenencias dos años en la comandancia. Esto para construir sin permiso de la Asamblea -Escuela primaria del Estado Angel Albino Corzo.

Compañeros y compañeras y hermanos y hermanas: Vean quienes son y que han hecho el Ayuntamiento que son la parte contraria contra quienes nos defendemos del despojo y quienes también llegan en la Suprema Corte para que les den la razón pero no la tienen. Ellos promueven la violencia y la discrimación en contra de nosotros como Pueblo indígena.

Pero nosotros seguiremos en defensa de nuestra tierra y territorio como hombres, mujeres, ancianas ancianos y niños porque es un ejemplo para muchos Pueblos de que unidos como personas, colectivos, organizaciones, pueblos, tribus se puede lograr a que se respete nuestros derechos.

En nuestra parte esta la ley, la razón, la historia y nuestro derecho como ejido y como pueblo indígena. Lo miren que es lo que tienen ellos en su lado que es solo violencia, mentira, falsedad, son una mafia de malos gobernantes.

No más despojos. Ya no mas a la intimidación, a la discriminación y que viva la resistencia de los pueblos y la resistencia del pueblo ch’ol que lucha por una justicia verdadera. NUNCA MAS UN TILA, CHIAPAS Y MEXICO SIN NOSOTROS COMO PUEBLOS INDIGENAS. RESPETO.

Atentamente

Tierra y Libertad

Ejido Tila Chiapas

Organos de representación ejidal

Presidente del Comisariado Ejidal          Presidente de Consejo de Vigilancia

radio
Desinformémonos

“Nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes llenas de esperanza”: mujeres de Atenco

MéxicoEl Estado mexicano, que señaló de mentirosas a las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual durante la represión en Atenco y Texcoco en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr una “solución amistosa” por las acciones, que son parte de su fracasada estrategia por frenar la organización de abajo y a la izquierda. Las sobrevivientes lo rechazan y reiteran que seguirán su demanda de justicia, que va más allá incluso de las acciones jurídicas.

En un par de meses se cumplirán siete años de los brutales operativos policiales ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco. Su saldo es bien conocido: cateos ilegales; cientos de detenciones arbitrarias; el asesinato de Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea  a manos de la policía; la tortura física y psicológica de todas las personas arrestadas; y la expulsión ilegal de cinco personas  extranjeras. El caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la violencia generalizada, fuimos sometidas a la tortura sexual, de la que se documentaron por lo menos 26 casos.

La violencia institucional no sólo se tradujo en cárcel, asesinato y tortura; luego enfrentamos la represión judicial, procesos interminables; sentencias inauditas  -hasta por 112 años de prisión-. Tras conseguir la libertad de todos y todas después de años de movilización y resistencia, no podemos dejar de percibir que la impunidad ha sido el común denominador en este asunto.

En las primeras horas de la detención, en el enorme comedor de visitas del penal de Santiguito, nos encontrábamos las mujeres en silencio, esperando pasar a rendir declaración. Una chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.

mujeres de atenco.

Hemos vivido la criminalización y estigmatización. Los diferentes funcionarios del gobierno federal y estatal nos llamaron mentirosas, inventando que seguíamos un manual utilizado por grupos radicales para inculpar falsamente a los agentes policíacos de violación.

La impunidad anunciada.

Acudir a las autoridades para denunciar la represión parecía una locura. Ellos usaban a los medios de comunicación comerciales para anunciar que no existían denuncias formales, cuando según su preciado Estado de derecho debía seguirse una investigación por oficio ante las evidencias físicas de tortura. Nosotras decidimos no legitimar sus mentiras con nuestro silencio: Denunciamos.

Comenzó el largo peregrinar acudiendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) -ahora FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas). Pasaron dos años en donde rendimos declaración; ampliamos declaración; nos sometieron a peritajes; más citaciones y demagogia; padecimos a las diferentes fiscales que pretendían hacerse de capital político con nuestra demanda de justicia. Elena Pérez Duarte, entonces fiscal, nos hablaba como madre adolorida por sus hijas caídas en desgracia; después vino Guadalupe Morfín, que con su prepotencia dijo que no había avances y que no nos hiciéramos falsas ilusiones respecto a consignar el caso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) llevaba una investigación llena de irregularidades. Donde 29 policías habían sido señalados directamente por una compañera denunciante, las autoridades procesaron a 9 de ellos por los delitos de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero nunca por tortura. En resumen, todos los policías fueron absueltos y el costo emocional para nuestra compañera fue devastador.

En este contexto acudimos en abril de 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la petición de que investigara lo ocurrido el tres y cuatro de mayo de 2006. Supimos entonces que nos encontrábamos en medio de un proceso que por lo menos se llevaría siete años más.

La simulación ha sido la estrategia del Estado mexicano. En febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su dictamen respecto a la investigación del caso, reconoce la flagrante violación a las garantías individuales y abuso de autoridad. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo y cualquier autoridad que haya participado en la planeación y ejecución de los operativos se le deslindó de toda responsabilidad del ejercicio de la fuerza pública, argumentando que los policías actuaron por cuenta propia, diluyendo así la responsabilidad de la cadena de mando y de los funcionarios partícipes.

En septiembre del mismo año, la FEVIMTRA, declinó la competencia a la PGJEM, no sin que antes Guadalupe Morfín sacara su tajada política al declarar ante los medios de comunicación la consignación federal del caso en el contexto de su salida de la fiscalía para candidatearse para ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué más da una mentira en la carrera de altos vuelos de la exfiscal!.

Pasaron los años y el Estado mexicano hizo todo lo necesario para perpetuar la impunidad. Fue hasta julio del año pasado, que durante la exanimación a la que fueron sometidas las autoridades mexicanas por parte del Comité CEDAW de la ONU (Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), realizada en Nueva York, con bombos y platillos se anunció que la Procuraduría había consignado y arrestado a dos policías por actos de tortura en agravio de nosotras. Extraordinaria coincidencia que giraran órdenes de aprehensión el mismo día en que se le cuestionaría al Estado acerca de las investigaciones.

El panorama le cambió a partir del 14 de marzo el Estado mexicano. Durante la audiencia de fondo ante la Comisión Interamericana, en un acto desesperado por mantener intacta su imagen de garante de los derechos humanos ante organismos internacionales, se dirigió a nosotras diciendo ofrecer “disculpas” y exigiendo su derecho de convenir una salida “amistosa”, un derecho que visto desde el poder, está por encima de nuestro derecho de justicia. Dejamos de ser las mentirosas, nos ofrecieron becas y apoyos. De sus bocas salio la palabra “solidaridad”, como si ésta pudiera venir de los de arriba.

No fue difícil tomar una decisión al respecto. ¡No creemos en las promesas de las autoridades mexicanas! Hemos entendido durante estos años que lo que nos ha fortalecido y nos permite seguir explorando los caminos hacia la justicia, la construcción de la memoria y la reparación no está exclusivamente en los espacios jurídicos.

Hemos encontrado eco y solidaridad en nuestras organizaciones y colectivos, incluso en la sociedad en general. Nuestra apuesta sigue siendo la organización y el fortalecimiento de los procesos colectivos. Sabemos que la tortura sexual es una herramienta poderosísima usada para rompernos y desmovilizarnos.

Logramos hablar del tema de forma franca y abierta, sin tabús, desmontamos la victimización y el estigma, logramos colocar el término tortura sexual en un sitio visible, la forma en que se instrumenta y el daño que causa. Avanzamos en estrategias de afrontamiento individuales y colectivas. Nunca fuimos víctimas, somos sobrevivientes, llenas de esperanza por cambiar el actual estado de las cosas. Nuestra lucha no es por becas, programas y terapias psicológicas.

Los hechos en Texcoco y Atenco no fueron la decisión de un par de policías nerviosos a los que se les pasó la mano; fue un acto concertado por los tres niveles de gobierno. Los tres partidos políticos más relevantes (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática) se hermanaron para reprimir y detener a la organización nacional en torno a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y La Otra Campaña. Sus crímenes han sido en vano.

Seguiremos caminando abajo y a la izquierda.

Proyecto Mirada Sostenida
Publicado el 18 de marzo de 2013

Fuente:  Desinformémonos

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