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[Comunicado] Convocatoria Jornada de agitación y propaganda en solidaridad con el Wallmapu

«QUEREMOS CONVOCAR A TODOS LOS TERRITORIOS A ACTIVAR UNA JORNADA DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA; CHEM DE RESISTENCIA: CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTE E$TADO POLICIAL/LATIFUNDISTA QUE HOY TIENE SITIADO A LAS DIVERSOS LOF DEL WALLMAPU QUE PERSIGUE Y MATAN A TODA PERSONA QUE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA, DE LA MAPU, DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD.
Iniciando ésta el 19 al 31 de DICIEMBRE con una campaña con afiches/propaganda / diversas acciones de solidaridad con el pueblo mapuche.
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Comunicado

JORNADA DE AGITACION Y PROPAGANDA EN SOLIDARIDAD CON EL WALLMAPU
(19 al 31 de diciembre).

Marri marri pu peñi pu lamien ka pu wenuy

Desde la coordinacion realizada hace un mes para dar a conocer el caso del desaparecimiento forzado de nuestro hermano Jose Huenante por parte de Carabineros de Chile en la que se convoco a diversos territorios para exigir verdad y justicia, confluyendo distintas organizaciones y lugares dando el apoyo y difusion a la familia de nuestro hermano , hoy nuevamente nos autoconvocamos frente a la actual situacion que se esta viviendo en el wallmapu y la militarizacion por parte del estado chileno, comunicando lo siguiente :

Kiñe._Queremos saludar a las organizaciones mapuche y a todxs nuestrxs hermanxs en pie de lucha y resistencia a lo largo de todo el territorio del wallmapu; pu peñi y lamngen ejerciendo control territorial en los lof de una y otra forma aportando a liberación del pueblo nacion mapuche y su autonomia ;a los presxs políticxs mapuche y chilenxs a cada una de sus pu reñma (familias) que sufren diariamente el abandono , la persecucion y los continuos asesinatos de weichafe ; al pueblo consciente que trabaja por la recuperación del kvme mongen en sus distintas expresiones: tomas de terreno urbanas, escuelas autogestionadas, autocultivo, cuidado y protección de menokos y humedales, etc.

Epu._ Hoy, en un momento politico en que nuevamente la pequeña burguesia frena las luchas sociales y buscando su acomodo en este sistema winka y capitalista,con su tendencia fascista por una y por otro la socialdemocracia llevando como ganado a la «ciudadanía» a elegir su proximo opresor en esta mal llamada «democracia»; la represión y la injusticia no han terminado, por el contrario, crecen y se perfeccionan cada día. La misma policía y los yanakonas es la que cuida los predios que lxs ricxs le han robado a nuestros pueblos, la que nos golpea en las marchas, llega con sus tanquetas a las comunidades, invade las calles de nuestras poblaciones y encarcela y asesina a lxs nuestrxs.
Sin ir más lejos, durante estos meses el gobierno del delincuente $ebastián Piñera junto al lacayo poder legislativo ha decretado el estado de excepcion para una parte del Wallmapu, luego de preparar un escenario mediático (con el apoyo de la prensa tradicional) de supuesto «narco-terrorismo desenfrenado» en su zona macrosur, coronado por la presion de camioneros -gremio que históricamente nunca ha dudado en prestarse para los montajes que sirvan a la derecha fascista de este país. Sabemos que este decreto no es otra cosa que el avance militar que hace tiempo buscaban, como respuesta al gran aumento en el número de recuperaciones territoriales por parte de las comunidades. La mayoría de éstas han afectado al gran latifundio agrícola (Kunz, García,etc.) Y a extensos predios dispuestos para el negocio forestal, que pertenecen a los grupos económicos más influyentes de este país, cómo forestal Mininco y forestal Arauco (Matte y Angelini), entre otros.

Kila._ Las fuerzas armadas y de orden han demostrado entonces no ser otra cosa que la bala que protege a lxs verdaderxs asesinxs: lxs ricxs y poderosxs, quienes se amparan en un Estado latifundistas que dicta las leyes para ellxs y dirige sus fuerzas contra quienes se les oponen o atentan sus intereses ($$$). Cómo quedó también de manifiesto durante la revuelta social de octubre, en la que no dudaron en disparar a su propio pueblo, al ver cuestionadas sus políticas de miseria.

Meli._Corren tiempos difíciles, nuestra mapu ha sido ya muy golpeada por el interés capitalista: los ríos se secan, los bosques se destruyen, ya se habla de la crisis del agua que se nos viene, la devastación continúa a pasos agigantados. En este punto, hacemos un llamado a organizarnos, lejos de las instituciones que ellxs mismxs han preparado bajo sus reglas (como la actual convención constituyente), pero no por eso descuidando los avances que hacen en materia de leyes, ya que de esa manera igual nos van achicando la cancha, poniendo candados a nuestra posibilidad de organización, y dándose más licencias con sus leyes malditas para reprimirnos, saquear y destruir la tierra.

Kayu._Por todo lo anterior -y por mucho más- QUEREMOS CONVOCAR A TODOS LOS TERRITORIOS A ACTIVAR UNA JORNADA DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA;
CHEM DE RESISTENCIA: CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTE E$TADO POLICIAL/LATIFUNDISTA QUE HOY TIENE SITIADO A LAS DIVERSOS LOF DEL WALLMAPU QUE PERSIGUE Y MATAN A TODA PERSONA QUE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA, DE LA MAPU, DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD.
Iniciando ésta el 19 al 31 de DICIEMBRE con una campaña con afiches/propaganda / diversas acciones de solidaridad con el pueblo mapuche.

Que no se apague la llama que por estos días ha vuelto a encenderse, ¡sigamos encontrándonos y conversando, compartiendo experiencias, tendiendo nuestras manos en solidaridad, organizándonos y haciéndonos fuertes, superando juntxs el llafkun (división) y kvtran (enfermedad) que nos aqueja, y así encontrando la manera de golpearlxs y recuperar lo que es nuestro, nuestro kvme mongen, la vida!
Amulepe taiñ weichan!!!

Enviado a la radio.

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Avispa Midia

Refugiados haitianos en Tapachula exigen alto a discriminación y racismo

Por Sare Frabes

En portada: Miles de migrantes haitianos subsisten en condición de calle, a la espera de transportes del INM para salir de Tapachula. Foto: Santiago Navarro F.    

Representantes de la Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT) exigieron respeto a sus derechos humanos. Denunciaron que las y los migrantes de Haití sufren constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo por parte de distintos organismos migratorios en Chiapas.

“Al llegar a México sufrimos de rechazo, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades. Hay una negativa de garantizar nuestros derechos más básicos, principalmente por parte del INM (Instituto Nacional de Migración), la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidades de Ayuda a Refugiados)”, denunció una integrante de la ARHT mediante conferencia de prensa realizada este miércoles (15).

En dicho evento, también expusieron las condiciones en que ocurre el flujo migratorio de miles de personas, nacionales de Haití, quienes huyen de la situación de violencia generalizada que existe en el país caribeño, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad política.

“Para salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio. Para llegar a México atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde América del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permitió establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte”, contextualizaron.

Durante la conferencia, una de sus principales demandas fue el llamado para la conformación de una mesa de diálogo con el INM, la COMAR y la representación en México de la ACNUR, para con ello construir soluciones a las problemáticas de la comunidad haitiana que se encuentra en Chiapas.

Maltrato

Los representantes de ARHT detallaron que el INM ha sido la institución encargada de frenar y obstaculizar los trámites de regularización de las y los migrantes haitianos, así como la responsable de realizar constantes operativos de detención contra los mismos.

Es durante las detenciones, señalaron, cuando reciben maltratos y arrestos violentos por parte de los funcionarios de migración. Además, enfatizaron que existen testimonios de migrantes quienes, a pesar de contar con documentos legales que garantizan su permanencia en México, estos son destruidos por parte de las autoridades. También denunciaron que los agentes de migración roban su dinero y teléfonos, maltratan a las mujeres embarazadas y a sus hijos, e incluso realizan deportaciones arbitrarias.

“Todo eso, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención, lo que implica que tenemos el derecho a no ser detenidos, ni deportados. Durante nuestros traslados, pasamos mucho tiempo en el autobús, sin comida ni agua potable con nuestros hijos menores de edad”, acusan.

En lo que respecta a la actuación de COMAR, la ARHT acusó que dicho organismo no respeta los plazos legales para iniciar el trámite de refugio, tampoco realiza las entrevistas ni dicta la resolución a sus procedimientos de acuerdo a una valoración adecuada de la situación de cada uno de ellos.

“Vemos que la Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales”, sostienen.

Entre otros detalles, también refirieron que aún cuando realizan el registro para la solicitud de refugio, la COMAR no proporciona fecha para realizar la entrevista para la residencia, por lo cual viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula.

Además, “la forma en que (COMAR) analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista”, denunciaron. De acuerdo a testimonios, las y los migrantes no son escuchados pues no cuentan con traductores ni tampoco se toma en consideración la violencia generalizada que se vive en Haití y que los obliga a migrar.

“Aunque existe violencia generalizada en nuestro país (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro país), COMAR no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien”, aseguraron mediante comunicado leído durante la conferencia.

Referente a la labor de ACNUR, los integrantes de la ARHT aseguraron que la oficina en México de esta agencia perteneciente a Naciones Unidas, ha actuado de manera discriminatoria, “muchos refugiados haitianos duermen en las calles porque la ACNUR no les brinda ayuda y sus hijos están sufriendo. Hemos observado que en la atención, la agencia no nos dan el mismo trato que a los latinos”.

Refugio

La ARHT es una organización conformada en agosto de este año y está integrada por 3,000 haitianos, quienes comparten la idea de residir en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, aún cuando recientemente el INM ha realizado intentos de reubicar a sus connacionales hacia otros estados del país.

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“Nosotros no aceptamos eso tampoco, por eso estamos aquí para luchar junto con ellos (…) vamos a seguir viviendo aquí por mucho tiempo aquí mismo en Tapachula; por eso estamos pidiendo para que nuestros hijos tengan derecho de ir a la escuela”, demandó Wesly Luc, integrante de ARHT, quien hizo énfasis en que debido a la demora en los trámites, existen personas en situación de calle.

La ARHT enfatizó que sólo tres por ciento de los haitianos que han llegado a Tapachula han sido seleccionados para recibir refugio. De acuerdo a datos de la COMAR, los migrantes de dicho país caribeño que solicitaron este trámite en 2021 alcanzó un total de 47,494 personas, quienes permanecen en situaciones precarias en la ciudad fronteriza.

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Avispa Midia

Surge nueva escuela autónoma en resistencia en la sierra Mazateca

Por Santiago Navarro F

Fotos: Mapoc

En México los proyectos expansivos del capital, a través de mega emprendimientos de “desarrollo”, se aceleran e incluso son considerados de seguridad nacional. En medio de este escenario, donde la incertidumbre ha tomado por asalto a varios pueblos originarios de México, en un rincón del estado de Oaxaca, en la sierra Mazateca, la comunidad de Agua de Lluvia ha decidido marchar a contracorriente.

La mañana del domingo (12), el sol les pintó distinto, era el día, un nuevo comienzo se asomaba con un nuevo espacio de esperanza en la comunidad, el comienzo de la escuelita comunitaria Agua de Lluvia. Con la presencia de las autoridades tradicionales, la comunidad en general e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) inauguraron la escuelita comunitaria.

El surgimiento de esta iniciativa remonta a un escenario de crisis y convulsión política que vivía el estado de Oaxaca en el año 2006. En ese momento, una protesta de los profesores afiliados a la denominada Sección 22, había escalado a nivel estatal. Obtuvieron un gran respaldo de diversos pueblos originarios, es entonces que el gobierno creó un sindicato paralelo para contrarrestar fuerza, la Sección 59.

La comunidad de Agua de Lluvia sufrió las consecuencias de esta estrategia, “la Sección 59 tomó la escuela”, cuenta la profesora Rocío Escudero Rodríguez. Fue entonces cuando nace una primera iniciativa en 2011, “junto con algunos padres de familia, quienes apoyaban a la Sección 22, solicitamos personal docente para que se abriera una escuela alterna en una casita”, que les fue prestada.

La profesora, quien también es parte de esta comunidad, relata que todo iba caminando bien, incluso, el número de estudiantes aumentó. “El espacio era muy chico y ya no cabían los niños. De esta manera surge la idea de conseguir un terreno para la construcción de un aula, bajo un proyecto comunitario”, explica la profesora.

Tras varios intentos de recuperar la escuela tomada por la Sección 59 no obtuvieron una respuesta favorable por parte de instancias del gobierno y de la propia Sección 22. Por ello, “decidimos, con los padres de familia en resistencia que, a través de faenas, se iba a realizar el solar y los adobes. Se realizaron rifas. Los niños vendieron lo que cosechamos, chicharos, rábanos. Con lo poco que se iba juntando, comenzamos a comprar lo necesario. Con los niños elaboramos los adobes, cerca de 2500 adobes, y se compraron algunas cosas como cemento y algunas de las comunidades vecinas aportaron grava y arena”.

Esta acción impactó directamente a los padres que apoyaban a la Sección 59 y comenzaron una campaña de desprestigio contra la iniciativa de la escuelita comunitaria. “Se encargaron de realizar un trabajo político, mal informando a los padres en resistencia, obligándolos a que sacaran a sus hijos, queriendo debilitar el trabajo que ya iba avanzando”, señala la profesora.

Pero no solo realizaron estas acciones, sino que también los lideres de la comunidad, el gobierno y líderes de la Sección 22 hicieron acuerdos sin tomar en cuenta a los padres en resistencia. “Recibí una orden de mis superiores para que me retirara de este lugar y así se pudieran recuperar la escuela. No me quedó otra opción más que aceptar y retirarme de esta comunidad”, agrega la profesora Rocío.

Hoy, la iniciativa de la escuelita comunitaria camina y se le “está dando otro rumbo al proyecto”, remarca la profesora, va a seguir siendo comunitario, pero más abierto. “Se pretenden rescatar las costumbres, la ayuda mutua, la colectividad. Que consolide la armonía de las comunidades que están lastimadas por los partidos políticos, que controlan y dividen a los pueblos”.

Rocío sostiene que el trabajo que se pretende realizar en esta escuelita no busca afectar el trabajo de los docentes de la escuela oficial de la comunidad. “Al contrario, sentimos, que va a ser un apoyo para que realicen sus trabajos pedagógicos de ellos. Porque en esta escuelita comunitaria se van a dar talleres de cuentos, dibujo, lectoescritura, valores, artesanías y del trabajo con el campo, entre otros más, como la música, que pueda servir a la comunidad y a otras comunidades que se quieran integrar. Es un trabajo con los niños, pero también, para los padres”.

Juan Carlos Escudero, mazateco que forma parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (Mapoc), rememora a cada una de las personas que han iniciado este proyecto y el giro que dio la escuela que, en un principio, se buscaba que estuviera bajo la jurisdicción del gobierno. Hoy ha dado un giro radical. “La escancia política de este lugar se ha inspirado en las escuelas y caracoles zapatistas, así como las luchas autónomas y las ocupaciones de tierras”.

El espacio de uso común es una respuesta, también, a los diversos actores que han fracturado a las comunidades mazatecas. “Lo que se pretende con la escuela es retejer el tejido y los lazos en la comunidad. Con el tiempo, se pretende que también sirva para la lucha por la justicia y la dignidad humana y de los pueblos originarios”, agrega Juan Carlos.

Actualmente, mediante los lazos y puentes de solidaridad que han venido construyendo, también se busca resolver las necesidades que requieren. “Porque aquí nadie recibe un sueldo, no se recibe recursos del gobierno y nos movemos con nuestros propios medios. Esa es una gran diferencia con la escuela oficial y nuestra escuela esta inspirada en procesos de lucha que pretende ser desescolarizada”, argumenta Juan Carlos, que anuncia que el próximo año 2022 iniciarán con rifas y una campaña de recaudación de fondos para completar lo que les hace falta.

La profesora Rocío reflexiona que este proceso es una lucecita más que va a fortalecer el caminar de los pueblos que forman parte del CNI. “Con este proyecto vamos a retomar los principios zapatistas. Sentimos que este proyecto va a fortalecer internamente y esperamos que también al pueblo Mazateco y el resto de los pueblos que luchan”.

En el caminar de los 25 años del CNI con sus diversas iniciativas desde los pueblos originarios, “nosotros pensamos que, el hecho de definir este lugar de esta manera, nos fortalece, porque tenemos claro la reconstitución de nuestro pueblo”, agrega Juan Carlos.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

COMUNICADO DEL CNI-CIG: COMPAÑERO GERARDO CAMACHO DE LA ROSA

Hermanas, Hermanos que han acompañado la lucha y caminar del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno.

El caminar del Congreso Nacional Indígena se ha hecho con el paso de quienes, soñando con amor, convierten su solidaridad en fuerza para los pueblos; por ello, hoy nuestro corazón se conmociona con la muerte del compañero Gerardo Camacho de La Rosa, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno.

Saludamos y sembramos un rezo colectivo por nuestro compañero, defensor de la Madre Tierra en la comunidad de San Nicolás Totolapan, desde donde defendió el territorio colectivo y los bosques del Ajusco.

Brillante matemático y físico que sembraba solidaridad. Fundó la Comisión de Apoyo a la Comunidad de Santa María Ostula en la Ciudad de México, desde donde construyó puentes en los momentos peligrosos en que la guerra arreciaba.

Profundo estudioso del zapatismo que le corría por las venas y por lo tanto zapatista de corazón. Publicó el libro  RAIZ Y RAZON DE TOTOLAPAN, EL DRAMA DE LA GUERRA ZAPATISTA, que fue elogiado por destacados investigadores como Francisco Pineda.

Saludamos el digno ejemplo de nuestro hermano Gerardo, campesino de corazón y experto en agricultura orgánica, con la que sembró la tierra hasta el último día; y nos solidarizamos con su familia y compañer@s de lucha.

Compañero Gerardo, sembramos nuestro rezo colectivo por tu honestidad, consecuencia y compromiso con la vida.

Atentamente

a 15 de diciembre de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

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Taller Ahuehuete

Qué sucede en Chiapas? Un sumario de tres minutos

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Prensa Comunitaria

Responsables de extender licencia minera en El Estor, implicados en nuevo caso de corrupción

 Créditos: MEM-Telesur

Por Andrea Hernández Guerra

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público capturó este martes 14 de diciembre a dos exviceministros de Energía y Minas, Ekaterina Parrilla Artuguina y Edwin Ramón Rodas, junto a siete personas más, y emitió una orden de captura en contra del exministro, Érick Archila Dehesa, señalados de participar en un caso millonario de corrupción denominado “Amperios un negocio deslumbrante”.

Los exfuncionarios son acusados por defraudar al Estado e incumplimiento de deberes, a través de una estructura que operaba en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) que, entre 2014 y 2016, creó la necesidad de adquisición de energía eléctrica mediante un contrato para favorecer a la empresa la Libertad.

Por este caso, también se giró una orden de aprehensión en contra del exministro Archila, por los delitos de fraude e incumplimiento de deberes, quien también tiene otra orden de aprehensión vigente por otros dos casos en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y que recientemente obtuvo una licencia de trabajo en Estados Unidos. Según las autoridades, por este caso, aún hay cinco órdenes de captura pendientes.

De acuerdo con el Ministerio Público, los exfuncionarios convirtieron una licitación a corto plazo, de dos años, en una de largo plazo, favoreciendo de forma directa a la mencionada empresa, por intervención y autorización del entonces Ministro de Energía y Minas, Erick Archila. Empresa que, a través del contrato, a septiembre de 2021, fue beneficiada con pagos que ascienden a más de Q826 millones.

El ministerio que amplió de manera ilegal la licencia del proyecto minero Fénix

Los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas del gobierno de Otto Pérez Molina, ahora implicados en un nuevo caso de corrupción, otorgaron beneficios a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) durante su paso por este ministerio.

Érick Archila, en su calidad de ministro, fue el responsable de ampliar de manera ilegal la licencia del proyecto minero Fénix. Él autorizó la ampliación del proyecto minero, beneficiando a CGN, subsidiaria de Solway Investment Group, por 247.9 kilómetros cuadrados por 25 años para la licencia Fénix.

La Corte de Constitucionalidad declaró ilegal la licencia en 2019, debido a que, según la legislación nacional, las licencias de explotación deben ser por “un polígono cerrado no mayor de veinte kilómetros cuadrados”. A CGN, el Ministerio de Energía y Minas otorgó una licencia ilegal 12 veces más grande que lo permitido.

Ekaterina Parrilla, exviceministra de Desarrollo Sostenible, aseguró en 2012 que “tras evaluar el proyecto Fénix había constatado que la empresa había cumplido con la responsabilidad social y protección ambiental”. De acuerdo con su hoja de vida, Parrilla fue viceministra entre enero y diciembre de 2012, trabajando junto a Archila. Completó sus estudios universitarios en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia.

Fue titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segeplan) entre 2013 y 2016, tiempo en el que también fue secretaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, en el que colaboró estrechamente junto a Otto Pérez Molina, para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo K’atun. En ese tiempo también integró el Consejo Directivo del INDE.

“Amperios” no es el primer caso de corrupción en el que están implicados estos exfuncionarios del MEM. En abril 2014, la Contraloría General de Cuentas (CGC) los denunció a ambos, junto a otros 10 miembros del Consejo Directivo del INDE por anomalías en la suscripción de un contrato con la empresa brasileña Intertechne, para realizar estudios de factibilidad para la construcción de la hidroeléctrica Xalalá en el área de las Verapaces.

La denuncia detallaba que el negocio se realizó sin que la empresa tuviera representación legal en Guatemala y que se le pagó un anticipo de Q9 millones. En ese entonces, el MP confirmó que el expediente fue enviado a la CSJ, debido a que la denuncia incluía a Erick Archila y a Ekaterina Parrilla, quienes tenían derecho de antejuicio en ese momento.

Por su parte, Edwin Ramón Rodas Solares, también fue viceministro de Energía y Minas en el área energética y trabajó junto a Érick Archila. Rodas estuvo detenido en 2015 por el Caso Redes, acusado por el delito de tráfico de influencias junto a Filadelfo Reyes Cáceres, exsubsecretario de Planificación del mismo ministerio.

Foto: Edwin Rodas-MEM
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Avispa Midia

México: Se está normalizando y legalizando la actividad militar en la vida civil

Por Samantha Demby

El pasado 24 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las 11 ministras y ministros del Pleno analizarán la controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial, publicado en mayo 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, ordena a la Fuerza Armada permanente -que incluye al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- “a participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”. Esta participación no puede exceder los cinco años desde la entrada en vigor de las reformas que crearon la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019.

El acuerdo especifica que las Fuerzas Armadas deben participar “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria”. Sin embargo, en el informe, “Poder Militar: La Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que en realidad “el Acuerdo Presidencial no se ajustó ni a la Constitución ni a la sentencia interamericana”.

Sofia de Robina Castro, abogada del Centro Prodh, precisó que el acuerdo de 2020 “en ningún momento establece como este uso es excepcional, como es que está delimitado en una cierta temporalidad, en un cierto espacio geográfico, a que decisiones establece su despliegue y, sobre todo, como es que va a estar subordinado a los elementos civiles.”

En el conversatorio, “Retrocesos en el modelo de seguridad desde los estándares internacionales” puntualizó: “Por el contrario, es una labor de coordinación que cada vez más vemos que va quedando en manos de las Fuerzas Armadas. Y todo este contexto es lo que nos hace suponer que estamos ante un modelo que sigue profundizando la militarización.”

A la controversia se suma una serie de otras acciones y amparos presentados por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil contra leyes y acciones que militarizan la seguridad pública en México. Este modelo de seguridad militarizada impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo es ineficaz, sino que crea condiciones idóneas para la violación reiterada de los derechos humanos, señalan expertas y expertos en la materia.

En lo que sigue, hacemos un recorrido breve por las pasos que han consolidado la militarización como una herramienta clave de la 4T, con la mirada puesta en los recientes acontecimientos.

“Militarización sin precedente”

La militarización de la seguridad pública tiene una larga historia en México. Sin embargo, en el informe “Poder Militar” el Centro Prodh señala que durante el sexenio de AMLO la militarización ha alcanzado “una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”.

Durante el conversatorio sobre los retrocesos en el actual modelo de seguridad, Castro destacó algunos de los principales actos que el mandatario ha tomado en este sentido. “Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas [en diversos ámbitos], pero además una reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional con elementos preponderantemente castrenses. Tenemos las posteriores leyes secundarias en donde de nueva cuenta se les da facultades a esta institución de la Guardia Nacional que confunde elementos de prevención y de investigación que no deberían de ser propias de una institución con esta características. Vemos cada vez más que las autoridades y los elementos que están al frente de cargos de altos mandos en la Guardia Nacional son castrenses”.

Como recuerda la abogada, la Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, cuando se publicó un decreto efectuando una serie de modificaciones constitucionales necesarias para extender las tareas reservadas para los cuerpos policiacos al nuevo cuerpo de seguridad. La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo del mismo año.

Aunque la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su entrenamiento, las plazas, el reclutamiento y las prestaciones, “algo así como el ADN de la institución”, según la investigadora de World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon- han estado a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina.

En su informe publicado en junio de 2021, el Centro Prodh cita varios hechos que desmienten la supuesta carácter civil de la Guardia Nacional. Lo que es más, todos los coordinadores estatales de la Guardia Nacional en los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, para aprobar de jure lo que ya es una realidad de facto, en junio del presente año el presidente adelantó que en 2023 presentará una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

Aunque la Guardia Nacional fue creada por reformas constitucionales y leyes secundarias, cabe señalar que hay instrumentos administrativos que “están teniendo tanta trascendencia como si se tratase de actos legislativos”, según afirma el Centro Prodh. El acuerdo presidencial de mayo de 2020 es uno de ellos. Este acuerdo da facultades a la Fuerza Armada Permanente para realizar doce de las cuarenta y cuatro facultades conferidos a la Guardia Nacional por la ley que la conformó.

Por lo tanto, la Fuerza Armada Permanente puede garantizar, mantener y restablecer el orden así como prevenir la comisión de delitos en una muy amplia gama de lugares que incluye “las zonas fronterizas, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, así como en los parques nacionales y otros lugares de carácter civil.

Las Fuerzas Armadas también están participando en tareas públicas civiles como la edificación de sucursales del Banco del Bienestar, la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 y la participación en programas sociales clave de la 4T como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El informe de Centro Prodh resume: “El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación es hoy la pieza fundamental de una militarización sin precedente.”

Megaproyectos en el sur de México

¿Cuál es el propósito de esta militarización excepcional?

Ana Esther Ceceña, economista y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, propone que los megaproyectos estrella de AMLO en el sureste mexicano jueguen un papel clave. En el informe, “Militarización del Sureste mexicano”, publicado en septiembre de 2021, señala que “la importancia económica, real o potencial, actual y futura de las megaobras proyectadas y, de alguna manera, ya en curso para esta región son una razón de gran peso para entender la creciente militarización, sobre todo por la resistencia organizada de los pueblos y comunidades.

Ceceña y sus colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rastrean la estrecha relación entre la imposición de megaproyectos y la militarización, en el marco de un enfoque regional de “seguridad interna” en el que los gobiernos nacionales ubican a los elementos desestabilizadores dentro de la población. Aunque en principio las políticas de seguridad interna dicen combatir el narcoterrorismo, funcionan sobre todo para proteger “los capitales y la propiedad privada de las grandes empresas frente a quienes resisten el saqueo desde los territorios afectados en nombre del desarrollo y el progreso”, según el informe.

Cabe señalar que López Obrador ha incrementado drásticamente la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación de megaproyectos de infraestructura, así como el presupuesto para esta participación. Este es el caso especialmente de los territorios del sureste, marcados por una alta proporción de población indígena y altamente afectados por el tráfico de personas y de drogas, como se documenta en “Militarización del Sureste mexicano”.

De hecho, el pasado 4 de noviembre AMLO anunció que el Tren Maya, los aeropuertos de Palenque y Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, así como el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México, serán administradas por una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente utilizó un discurso sobre la necesidad de blindar contra la futura privatización de estos bienes nacionales para justificar esta alarmante acumulación de poder en manos castrenses.

Bajó la misma lógica López Obrador firmó el pasado 22 de noviembre un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

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El acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar una autorización provisional de un año que permita al gobierno iniciar estos proyectos sin tener que esperar los dictámenes, permisos o licencias que generalmente se requieren.

Al calificar estos proyectos como integrales para la seguridad nacional, el acuerdo permite al gobierno reservarse la información sobre estos proyectos, restringiendo así el acceso a la información de la ciudadanía en general y de las comunidades afectadas en particular. De esta manera y al otorgar automáticamente la aprobación a los megaproyectos del gobierno, el acuerdo abre paso a la opacidad en la gestión de los proyectos públicos, establece un régimen de excepción en la regulación de los mismos y amenaza los derechos a la tierra y a la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios de los pueblos indígenas y agrarios, como señalan organizaciones de la sociedad civil en un comunicado publicado el mes pasado.

El doble discurso del interés público y la seguridad nacional que justifica este abuso de poder está inextricablemente ligado a la militarización sin precedentes del país por parte del presidente. Concluye Ceceña: “Constatamos con preocupación que no hay ningún intento por detener estas obras a pesar de la demostración de su naturaleza altamente depredadora, y que, para complicar aun más el mosaico de conflictividad, no serán posibles sin una amplia militarización de la zona, que ya está ocurriendo, pero que apunta a un establecimiento más permanente con la multiplicación de cuarteles y la fijación de tropas, y que pone en riesgo a la sociedad, las culturas, historias y           riquezas de las ricas tierras del Sureste”.

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Le Mèdia TV

Zapatistas y CNI: Una lucha radical contra el capitalismo

Entrevista en el programa ‘Etat d’Urgence’ de Le Média TV, medio independiente francés, a Maribel Cervantes, delegada del pueblo Popoluca/CNI, y Marcela Méndez, delegada de Yucatán/CNI, sobre la lucha de los pueblos indígenas en México y su papel en la ’Travesía por la vida – capítulo Europa’ (21.11.2021)

radio
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Alerta ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano (segunda parte de tres)

A los pueblos de México y del mundo,

A los medios de comunicación:

  1. Mega proyectos y represión a los pueblos de la región de Cholula, Puebla, y al pueblo Zoque de Chiapas.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, denunciamos que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, despojo y privatización de la tierra, impulsada por el mal gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista, sea con la represión selectiva, como en el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla o con la complicidad con grupos armado, como en la región zoque al norte de Chiapas .

Alertamos de la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.

En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10:00 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal.

Denunciamos que el gobierno neoliberal mexicano, a través de sus instituciones agrarias, propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa PROCEDE bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto.

Exigimos el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas y reiteramos nuestro rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida nuestros pueblos.

Denunciamos también la represión y persecución en contra de las y los compañeros de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar.

Condenamos la cobarde detención de los comunicadores Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, de Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de policías municipales al servicio del presidente municipal José Cinto Bernal, quien ordenó su detención, después de que un grupo de choque irrumpió en una asamblea en la que se discutía la reapertura de las oficinas del Registro Civil.

Saludamos la digna resistencia de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, que desde el 22 de marzo bloquearon el acceso a dicha planta de la empresa Bonafont, que sobre explotaba los acuíferos de la región y el 8 de agosto la tomaron para convertirla en “La Casa de los Pueblos”.

Exigimos que cese el hostigamiento, represión y persecución por parte del mal gobierno neoliberal de Puebla, que junto al gobierno federal, pretende imponer a toda costa los proyectos capitalistas que devastan el medio ambiente, privatizan y contaminan la vida, para convertirla, de una forma corrupta e inmoral, en la mercancía de unos cuantos.

 

Atentamente

Diciembre de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

radio
La Lista

La última semana de Marichuy en Europa

La lucha por la autonomía de los pueblos indígenas es la bandera de Marichuy, quien viajó a Europa para participar en la Gira por la vida, el recorrido que realiza un grupo de integrantes del EZLN.

| 11 diciembre, 2021

Venimos a estos países ‘desarrollados’ para ver si el desarrollo es bueno”, dice entre risas María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI). El comentario provoca las carcajadas de un auditorio diverso que hasta entonces permanecía en silencio en el Ateneu del Raval, justo en el corazón de Barcelona.

Es la última semana de Marichuy y otros miembros del CNI en Europa que fueron invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Gira por la vida. Vinieron a compartir su experiencia en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas, pero también a conocer otras formas de organización social como los movimientos okupas en cuyos espacios han dormido los zapatistas y la vocera.

Las últimas actividades de Marichuy se planearon en Barcelona que los ha recibido con su rostro más frío y las lluvias más largas que ha habido en todo el año. “Les trajimos la lluvia”, dice cuando se entera que el clima es muy distinto en la capital catalana.

Hemos visto cómo les afecta el desarrollo (a los países europeos). Nos llevaron a una mina que quieren reabrir y está saliendo el agua del río contaminada, ya sale color marrón”, cuenta en entrevista Marichuy que se refiere a una zona en Touro, en la comunidad autónoma de Galicia.

Desde que aterrizó en Viena hace dos meses, la vocera del CNI ha participado en un sinfín de discusiones y conferencias en Austria, Italia y España de las que ni siquiera lleva el recuento. A pesar de esto, juzga Marichuy, la gira no se compara con haber recorrido 28 estados de México en 2018 cuando inició el proceso de recolección de firmas para ser candidata a la presidencia.

Para estas fechas, Marichuy ya está curtida en los precios de las frutas y las verduras en distintas regiones. Con la misma reacción que tienen los europeos, se sorprende de que los precios en Barcelona sean mucho más baratos. En Viena pagó cuatro euros por un aguacate, mientras que aquí le costaron poco más de un euro.

Marichuy compró algunos aguacates mientras caminaba por el barrio de Sants, uno de los más auténticos de Barcelona, alejado de lo que los catalanes llaman guiris, es decir, turistas. Sants también es un ejemplo de trabajo colectivo y resistencia, pues hace algunas décadas la presión vecinal ocasionó que una fábrica textil abandonada, en vez de ser atiborrada de edificios, se convirtiera en uno de los parques más hermosos de la ciudad.

En este barrio, el Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB) organizó una charla con Marichuy y Nisaguie Flores junto con otros activistas catalanes. Como en muchos otros espacios, dentro de La Lleialtat Santseca, que significa lealtad al propio barrio, se habla exclusivamente en catalán. Entonces, cuando el moderador las invitó a subir al escenario ellas no lo comprendieron, como el resto de la charla. “Pude entender algunas palabras que se parecen”, dice Marichuy. Por eso, cuando el CNI se reúne hablan en español, porque si dos idiomas de una misma familia lingüística –castellano y catalán– se tornan incomprensibles, habrá que imaginar la complejidad de convivir con las 12 distintas familias lingüísticas que existen en el país.

Aunque la situación de violencia y represión que existe en México es incomparable, Marichuy ha visto que algunas regiones en España padecen también el embate de las empresas o el castigo del gobierno cuando se manifiestan. Barcelona será la ciudad con la mejor red de bibliotecas públicas y parques de ensueño, pero también es el lugar donde los Mossos d’Esquadra han disparado proyectiles contra manifestantes, como sucedió el pasado mes de febrero en el que una mujer perdió un ojo en una marcha a favor de la libertad de expresión. Barcelona, como le han contado a Marichuy, también es el lugar donde las inmobiliarias buscan desalojar a los inquilinos y encarecer los departamentos.

Al final del evento, la gente se les acerca a saludarlas, esta vez les hablan en castellano. A Nisaguie le ofrecen una bebida típica –vermut– que le sabe raro, como a chile piquín. Se nota aturdida de tanta gente que la aborda, dice que no está acostumbrada. “Nisa, ¿te acuerdas de mí?” y ella responde apenada que no. Lo cierto es que a los foros donde se presentan llegan activistas, estudiantes, artistas entusiasmados por escucharlas, aunque no conozcan a detalle la diferencia entre CNI y el EZLN, o a pesar de que, por ejemplo, un periodista catalán anote en su libreta «naua» sin hache intermedia, cuando escucha el pueblo al que pertenece Marichuy en el sur de Jalisco.

A menudo las discusiones se extienden hasta dos horas y media como ocurrió el lunes 22 de noviembre en el Ateneu del Raval, un centro que se define como fábrica de tejido social comunitario. El discurso de Marichuy y Nisa es claro y sus enemigos concretos: se llaman Corredor Interoceánico, Tren Maya, Proyecto Integral Morelos, en suma, los megaproyectos. Nisa, que vive en Juchitán, explica que no se trata solo del despojo de su territorio y recursos naturales, sino que los proyectos acarrean problemas como el narcotráfico. Y no lo dice al aire, pues el mismo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, ha aceptado que el delito de narcomenudeo se ha duplicado en la zona del istmo de Tehuantepec desde 2019, cuando comenzaron las obras del Corredor Interoceánico.

Es aquí en Barcelona, a finales de la gira, donde integrantes del CNI y los zapatistas se enteran de lo que consideran un total desprecio a las comunidades. El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para que las obras públicas federales sean consideradas de seguridad nacional y obliga a las dependencias a entregar los permisos provisionales en un plazo de cinco días.

“Está claro el mensaje. Se nota que les urge echar andar los megaproyectos. Oportunista, la forma en como sacaron esto. No les importa que haya resistencia, ni que haya leyes que protejan a las comunidades. No le importa si hay violación de convenios”, dice Marichuy, a quien las querellas entre partidos políticos la tienen sin cuidado, al igual que los rumores rumbo a las elecciones de 2024, sobre si será candidato Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, y, de hecho, nunca ha escuchado hablar de Claudio X. González, líder visible de la derecha. Para los pueblos indígenas, lo repiten siempre, todos son lo mismo.

Marichuy
Foto: Wikimedia Commons

A lo largo de la semana, durante las charlas, Marichuy saca una libreta de su morral y anota lo que le va pareciendo importante. Explica que en esa libreta registra lo que ha escuchado en distintas regiones y que después, al llegar a México, tendrá que compartirlo con los demás compañeros. Es notoria la experiencia que ha adquirido al comunicarse con la gente y, en ocasiones, arranca suspiros con una retórica infalible: “como dicen los compañeros zapatistas, sin prisa pero sin pausa”, o “no sé por qué hay tanto temor de los de arriba por preguntarle a los de abajo”. Sin embargo, en los momentos más inesperados, acaso para que la solemnidad no devore su discurso, Marichuy dice cosas como: “no pierdan el trabajo colectivo, como decimos nosotros: si nos equivocamos somos varios y las regañadas duelen menos”, y entonces el auditorio estalla en risas. De hecho, no hay una sola charla en la que la vocera no haga reír a los asistentes con sutilezas.

“Tampoco podemos quedarnos en la tristeza absoluta porque si no entonces nos trabamos. Tenemos que estar bien para seguir en lo que estamos y agarrar fuerzas”, dice la vocera en referencia a su sentido del humor.

Con facilidad, Marichuy contesta preguntas sobre cómo se organizan las comunidades indígenas y cómo combaten el machismo dentro de las mismas. Pero para otros que la escuchan, ella no solamente es una indígena en resistencia contra el despojo del territorio sino una especie de gurú a quien le hacen preguntas sobre la cosmogonía, una economista a la que cuestionan sobre la riqueza, una suerte de oráculo de quien esperan conocer el futuro.

Uno de los más entusiastas es Jonathan Eugenio, un actor mexicano que vive en Barcelona desde hace 15 años. Para espantar la nostalgia de su tierra, Jonathan sigue vistiendo poncho y botas vaqueras. Ya no quiso regresar a su natal Chihuahua porque ser homosexual le era complicado en lo que, recuerda, era una ciudad conservadora. Además, descubrió que el sistema público de salud catalán lo proveía de una medicina que necesita tomar de por vida. Es el único que le pregunta a la vocera por su trabajo como médica tradicional. “Cuando era adolescente fui parte de los cordones zapatistas. Quería conocer a Marichuy, solo la había visto por redes sociales en 2018. Me gusta que habla desde la serenidad que es propia de quienes han estado cerca del dolor de otros seres humanos”, dice Jonathan.

A Marichuy se le acercan italianos, franceses, chilenas, colombianas, danesas, catalanes, y con asombro descubre que el proyecto de recabar firmas para obtener la candidatura en 2018 cruzó los mares hasta sitios insospechados.

“No tenía idea, pero están al pendiente. Nos identifican bien. Las danesas dicen que estuvieron de cerca en la campaña. Se me acercó otro que dice que fue parte de un colectivo que levantaron firmas”, cuenta Marichuy. Y es que, en Barcelona, si eres mexicano, es probable que te pregunten por dos cosas: el narcotráfico y el zapatismo, como si el futuro del país vacilara entre esas dos opciones.

En el Raval, barrio de callejones estrechos y laberínticos, es común encontrarse con espacios comunitarios gestionados por migrantes. Desde hace décadas se han creado redes para combatir la exclusión. Fue con este tipo de colectivos que los zapatistas se reunieron. Conocieron el gimnasio de autodefensa feminista, el ecomuseo gitano, el sindicato de vendedores ambulantes, y la realidad de los migrantes africanos que han cruzado el mar en patera. Felipe Ibarra, coordinador del Ateneu del Raval, propuso que los zapatistas recorrieran esos espacios para luego, frente a esos colectivos, explicar la autonomía de los caracoles. Los zapatistas relataron su historia desde 1994, el funcionamiento de la Junta del Buen Gobierno y los siete principios bajo los cuales se rigen. Incluso se sinceraron: “No venimos a decir que todo es bueno, también cometemos errores”.

Felipe piensa que los zapatistas, Marichuy y los integrantes del CNI trajeron un respiro al barrio luego de los estragos de una pandemia. “Nos reencontramos con gente de Barcelona con las que habíamos colaborado y no nos habíamos visto. También conocimos a otros activistas de otros barrios. Pero sobre todo aprendimos que las luchas tanto en la selva de árboles como en la de cemento no son tan diferentes. Cuando se trabaja con la justicia social te puedes ir desanimando, pero ellos explican que la fórmula es la constancia”, dice Felipe.

Marichuy ha recibido varios regalos, pero el más especial se lo dieron durante su estancia en Santiago de Compostela. Una comunidad le obsequió una pluma de un pájaro. Se trata de un arrendajo, un ave que tiene la costumbre de enterrar, a lo largo de sus trayectos, pedazos de los frutos que recolecta. Con ese pequeño gesto, el pájaro contribuye a la expansión de los bosques.

“Eso me pareció muy simbólico”, dice Marichuy, mientras una lluvia insólita arrecia en el barrio de Sants.

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