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Avispa Midia

Con financiamiento del Banco Mundial, proyecto de conservación en África desplazará a miles de personas

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En el sur de Tanzania, con el argumento de la conservación de la naturaleza y el financiamiento del Banco Mundial, más de 20 mil personas del pueblo Maasai se enfrentan a la amenaza de desplazamiento forzado debido a la expansión del Parque Nacional Ruaha (RUNAPA, por sus siglas en inglés).

Fue en octubre 2022 cuando Angeline Mabula, del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo de Asentamientos Humanos del país africano, anunció que las aldeas de Luhanga, Madundasi, Msanga, Iyala y Kalambo, sumando una población de 21,252 personas, junto con 47 subaldeas dentro de la región de Mbeya, serían dadas de baja y sus residentes desalojados para la expansión del RUNAPA.

Los intentos de desalojo en dicha área se dispararon como consecuencia del programa Gestión Resiliente de Recursos Naturales para el Turismo y Crecimiento (REGROW, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, un proyecto de 150 millones de dólares que tiene como objetivo la financiación de infraestructura y gestión para el desarrollo de cuatro parques nacionales en el país africano.

El informe Irresponsable y cómplice: El Banco Mundial financia los desalojos y los abusos de los derechos humanos en Tanzania, elaborado por el Instituto Oakland, acusa al ente financiero por “consentir” los desalojos, violaciones y asesinatos que se han registrado para la expansión del RUNAPA, el cual el gobierno pretende ampliar de uno a más dos millones de hectáreas.

“La violencia perpetrada por los guardabosques de la vida silvestre y las incautaciones desenfrenadas de ganado se están llevando a cabo para obligar a la gente a salir de sus tierras”, denuncia el Instituto quien también señala casos de violencia sexual y otras prácticas de crueldad por parte de los guardabosques financiados por REGROW.

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Entre los testimonios recopilados para el informe, destacan la actuación de los guardabosques armados, quienes han sido involucrados en asesinatos. “Los tratan con crueldad, incluso los matan sin razón. No hay estado de derecho. RUNAPA está arrebatando tierras a agricultores y pastores y nos vemos obligados a abandonar nuestras tierras ancestrales”, comparte un poblador Maasai.

Según una alerta de la organización Salva la Selva, “estas estrategias de violencia y desplazamiento no son nuevas para los pueblos indígenas de Tanzania: más de 100,000 Maasai luchan por sus tierras y medios de subsistencia en el cráter del Ngorongoro y en el Serengeti”.

La alarma ante el desplazamiento de 80,000 habitantes de Ngorongoro, al norte del país africano, se disparó cuando en enero de este 2024 el gobierno de Tanzania anunció el cambio del estatus legal del Área de Conservación del Ngorongoro para no permitir ningún asentamiento humano. Tras el posicionamiento, las autoridades fijaron el objetivo de evacuar a 20,000 personas antes de marzo del presente año.

Estos desplazamientos se suman al caso del parque Ruahua, donde el gobierno de Tanzania afirma que, desde 2008, los límites del RUNAPA abarcan los territorios de las aldeas que busca desalojar en la actualidad. Sin embargo, los pobladores locales aseguran que dicha demarcación se limitó a un anuncio del gobierno que nunca fue implementado y, las aldeas que se ubican en dicho lugar que han permanecido durante generaciones, nunca otorgaron su consentimiento para la expansión del área protegida. Por ello, 852 pobladores mantienen una lucha legal ante el Tribunal Superior de Tanzania para detener los desalojos.

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Acorde al informe del Instituto Oakland, las amenazas de desplazamiento repercuten negativamente en la cotidianidad de las poblaciones africanas. Esto debido a que grandes extensiones de arrozales no se han cultivado ante el temor de que los desalojos masivos sucedan en cualquier momento.

“En varias comunidades ya se han señalado casas para su demolición. Las obras de construcción de una escuela secundaria en la villa de Luhanga se han paralizado. En el pueblo de Iyala, el número de alumnos que pasan de la escuela primaria a la secundaria ha disminuido drásticamente. Los padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela debido a la amenaza de desalojo”, detalla el documento.

Turismo y conservación a costa de las personas

A pesar de que el informe del Instituto Oakland revela las violaciones del gobierno de Tanzania, producto del financiamiento del Banco Mundial, éste informó que su “mandato no se extiende a supervisar el comportamiento de organismos de los gobiernos de los países miembros” y se excusó de la violencia debido a que “en la medida en que el gobierno lleve a cabo desalojos con el fin de ampliar los límites del parque, tales actividades quedarían fuera del ámbito del proyecto”.

Ante las declaraciones del banco, Anuradha Mittal, directora del Instituto Oakland, acusó que el proyecto REGROW, que argumenta enfocarse en proteger la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, por el contrario, financia un modelo represivo y violento de crecimiento económico con base en el aumento de los ingresos por turismo.

Cabe resaltar que el sector turístico en Tanzania representa uno de los mayores generadores de divisas, por lo que el gobierno del país africano se basó en estudios del Banco Mundial que busca aumentar la llegada de uno a ocho millones de turistas para 2025, principalmente de aquellos provenientes de China, India y Rusia.

“En vista de la condena internacional de los desalojos forzosos de los Maasai en Ngorongoro y Loliondo, resulta asombroso que el banco sea cómplice de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar la ampliación de otro parque nacional para el turismo”, condenó Mittal.

El programa REGROW se ejecuta desde el año 2017 y está previsto para implementarse hasta 2025. El proyecto abarca cuatro zonas protegidas: Parque Nacional de Mikumi, Parque Nacional Nyerere, Parque Nacional de las Montañas Udzungwa y Parque Nacional Ruaha, todos ubicados en lo que el Banco Mundial considera zonas turísticas prioritarias en el sur de Tanzania.

De un presupuesto total de 150 millones de dólares, 106 se destinarán a la ampliación de infraestructuras en áreas protegidas para con ello construir carreteras para mejorar el acceso a lugares turísticos, pistas de aterrizaje y centros de visitantes. También se encamina a la consolidación de puestos de seguridad y para el equipamiento de los guardaparques para evitar el uso “ilegal” de los recursos con actividades como la agricultura y el pastoreo.

Para octubre de 2023, el Banco Mundial había desembolsado ya 92 millones de dólares del programa, de los cuales 28 millones se entregaron tras efectuarse la queja oficial de los miembros de la comunidad Maasai en junio de 2023.

Para organizaciones como Salva la Selva, la situación en Tanzania es una muestra del peligro que representa la implementación de modelos de conservación como los que promueve la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad COP 15. Esto debido a que en 2022, casi 200 países acordaron colocar bajo protección el 30% de sus tierras y aguas para el año 2030.

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“Si esta propuesta se implementa de mala manera, hasta 300 millones de personas podrían llegar a perder sus tierras y sus medios de subsistencia. Sin embargo, la expansión indiscriminada de las zonas protegidas no detendrá la destrucción del medio ambiente y la extinción masiva de especies”, sostiene la organización ambientalista.

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Avispa Midia

Mujeres mazatecas inician el 2024 con jornada de lucha por la libertad

Fuente: Avispa Midia

Texto y fotos por Karen Castillo

En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.

En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.

En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.

De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.

Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca. Foto: Karen Castillo.

En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.

Nueve años de prisión política 

En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.

En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.

Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.

“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.

El caso de Marcelino Miramón

Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.

El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.

Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.

Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.

“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.

Familias desplazas de Eloxochitlán

En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.

Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad

“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.

Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.

Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.

El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.

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Avispa Midia

Interviene Marina para detener a jubilados que protestan en el Tren Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto: Página 3

Este miércoles 14 de febrero, miembros del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) iniciaron manifestaciones en varias partes del territorio mexicano. Bloquearon las vías del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Matías Romero, Oaxaca, donde intervino la Marina. Reportan que dos de sus dirigentes fueron detenidos.

Las diversas acciones han sido en torno a las exigencias de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, para tratar el aumento de sus pensiones, ya que argumentan que lo que reciben actualmente es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Los jubilados, personas de la tercera edad en su mayoría, señalan que han sostenido 18 mesas de negociación sin resultados satisfactorios. Las protestas se suscitaron simultáneamente en la Ciudad de México, donde bloqueando calles cercanas a Palacio Nacional, en Ciudad Juárez, Chihuahua y también en áreas del Tren Maya en Campeche, así como las vías del tren Interoceánico en Matías Romero.

La intervención de elementos de la Marina, la policía estatal y municipal permitió que el flujo en las vías del Tren Interoceánico volviera a la normalidad. Mientras tanto, se desconoce la situación legal de los dos líderes ferrocarrileros detenidos durante el desalojo en Matías Romero, Oaxaca.

José Luis Godínez, fue aprendido mientras reclamaba su libre derecho a manifestarse y por solicitar un diálogo directo con la nueva secretaria de gobernación.

Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estatal ya suman un listado de acciones de represión contra diversas protestas en torno al tren y al Corredor Interoceánico en su conjunto.

Ver también: Comunidad zapoteca exige revocación de sentencia por 46 años contra opositor al Corredor Interocéanico

Recientemente, el indígena zapoteca David Hernández, quien resiste al lado de su comunidad a la imposición de un parque industrial en Puente Madera, fue condenado a 46 años de prisión. El activista es acusado, entre otros delitos, de “obstrucción a las vías federales de comunicación”.

También están en prisión nueve activistas de Mixtequilla, Oaxaca, quienes se oponen a la imposición de otro parque industrial en su comunidad que forma parte del Corredor Interoceánico.

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Avispa Midia

Alertan contra producción y consumo de trigo transgénico en el sur global

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Protesta en Argentina contra la aprobación del trigo HB4. Foto: Nicolás Pousthomis / Subcoop

El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global, reunidas en la alianza de soberanía alimentaria de América Latina, África y Asia, presentó un comunicado a siete relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la intervención urgente en relación con el trigo HB4 transgénico, desarrollado por la empresa argentina Bioceres. El trigo es supuestamente tolerante a la sequía y a la agrotoxina glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro reconocido como neurotóxico, genotóxico y con impactos relevantes sobre el sistema reproductivo.

En octubre de 2020, el gobierno de Argentina aprobó el trigo HB4, para la producción y consumo, sujeto a su aprobación en Brasil, el principal mercado de trigo de Argentina, lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénico. En 2023 se permitió su cultivo, al igual que en Paraguay.

En 2022, se aprobó la importación de harina para consumo animal y humano en Nigeria, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Colombia. Indonesia, el segundo importador de trigo argentino, la aprobó en 2023.

De acuerdo con la carta enviada a la ONU por las organizaciones, en todos los países dónde se aprobó el trigo HB4, hubo una evaluación abreviada y rápida, basada solo en documentos, sin investigaciones experimentales sobre la toxicidad, por ejemplo, ni participación social.

Sostienen que se desconocen por completo las implicaciones para la seguridad de los alimentos, por ejemplo, si la alteración de la actividad de alguno de estos genes puede provocar un aumento de metabolitos tóxicos, antinutrientes o alérgenos, o una disminución de nutrientes importantes.

El organismo fiscalizador que aprobó el trigo transgénico en Argentina admitió: “Ningún país del mundo, excepto China, realiza su propio análisis. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y cualquier otro país no realizan verificaciones de laboratorio”.

¿Tolerante a la sequía?

Las organizaciones cuestionan el discurso promovido por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y, por tanto, es una solución al cambio climático.

Los rasgos transgénicos con tolerancia a la sequía de la soya y maíz han sido un fracaso comercial por sus promesas incumplidas frente a las crisis climáticas, sostiene la alianza de organizaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico “tolerante a la sequía” MON 87460 de Bayer (antes Monsanto), cuya aprobación ha sido litigada llegando al Tribunal Superior de Sudáfrica, se argumentó que no se ha podido demostrar la supuesta tolerancia a la sequía, con base en el desempeño agronómico del cultivo.

Para la alianza, el trigo HB4 es una “falsa solución” al cambio climático, además, lo exacerba, ya que transforma millones de hectáreas, especialmente en áreas marginales, en monocultivos industriales, dependientes de insumos basados en combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático. “La inserción del cultivo de trigo en este modelo de monocultivos biotecnológicos para hacer frente a la sequía, es cómo jugar gasolina en la hoguera de la crisis climática, violando el derecho de las presentes y futuras generaciones a un planeta sano”.

Contaminación

El trigo HB4 aumenta el uso del glufosinato de amonio y la contaminación de los cultivos, alertan. Contradictoriamente, la misma empresa Bioceres comercializa glufosinato, y lo promueve entre los productores del trigo HB4.

El agrotóxico ha sido prohibido y cuestionado en muchos países por su elevada toxicidad y a sus efectos a la salud. En la Unión Europea (UE) está clasificado como tóxico para el sistema reproductor, y está prohibido en toda la UE.

Debido al uso continuo del mismo herbicida en los monocultivos transgénicos, han surgido malezas resistentes al dicho herbicida, lo que ha llevado a la aplicación de herbicidas cada vez más fuertes con la intención de mantener los rendimientos.

La alianza de organizaciones alerta que la introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, “vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida; al medio ambiente sano, al derecho humano a alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria”.

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grupodetrabajofronterachiapas.org

Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera

Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera.

 Descarga el informe aquí

La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.

El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.

A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.

Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas

Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

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Avispa Midia

Familiares de los 43 llaman a fortalecer luchas del EZLN y de los desaparecidos

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto: @Tlachinollan

En una declaración pública emitida el pasado sábado (10), las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, reafirmaron su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la justicia para sus hijos.

En su comunicado, denunciaron los intentos del gobierno actual de dividirlos, asegurando que permanecerán unidos en su lucha. Además, criticaron al gobierno por pactar con la élite económica y militar “para mantener inalterable el capitalismo y profundizar el modelo económico”, puntualizan.

El comunicado también aborda la crisis humanitaria causada por miles de asesinatos y desapariciones en todo México, así como la falta de recursos y avances en las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República.

Así mismo, destacan la continua violencia que afecta a las poblaciones campesinas e indígenas, ya que “son desplazadas de sus comunidades por la violencia que despliegan las bandas delictivas solapadas por el gobierno y las fuerzas de seguridad”, advierten.

Las madres y padres criticaron la estrategia del gobierno de dividir a los movimientos sociales y socavar la lucha de izquierda e independiente. Llamaron a redoblar esfuerzos y unificar las luchas con otros movimientos sociales, incluyendo sindicatos, colectivos de desaparecidos y universidades públicas.

“Las madres y padres de los 43 llamamos a redoblar esfuerzos para rearticular las luchas con las hermanas y hermanos del SME, el STRM, la CNTE, las madres y padres de los colectivos de desaparecidos, el EZLN, las Universidades Públicas como la UNAM y el Politécnico Nacional y otras”, han anunciado.

Finalmente, adelantan diversas acciones de protesta y movilización que serán realizadas los próximos días, con el objetivo de mantener viva la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia.

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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA | Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Exigimos revocación de la sentencia contra David Hernández Salazar

Repudiamos enérgicamente la sentencia dictada en contra de David Hernández Salazar, en la que pretenden privarlo de su libertad con 46 años y 6 meses de prisión, una multa de $182,818 (ciento ochenta y dos mil ochocientos dieciocho pesos) y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015 (un millón cien mil quince pesos), estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.

El día de ayer, 7 de febrero, después que el Ministerio Público de Tehuantepec presentará su dictamen de delitos y sanciones, el Juez de Distrito encargado de dictar sentencia, ignoraron por completo la información arrojada durante los días de debate que demuestra la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante. En este sentido, decidieron incriminarlo de delitos fundamentados en falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes. Esto es un claro ejemplo de la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas.

Recordar que David Hernández Salazar ha sido criminalizado desde el año 2017 en su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. En ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano, detenido ilegalmente y golpeado por policía municipal, continuando por una serie de campañas de difamación a su persona y amenazas a su integridad física y psicológica.

Nuevamente, en el año 2021, por su representación como Agente Comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, ha sido judicializado y perseguido por: el Municipio de San Blas Atempa, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional. Enfrentando una primera demanda federal en 2021 (Carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.

En un segundo momento, a inicios de 2022, da comienzo la Causa Penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención ilegal y abriendo la carpeta de investigación la cual es motivo del presente escrito; por último, en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero. En estos 3 procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo.

Esta condena no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata, tenemos amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas (Causa Penal 446/2022), continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda.

Con mucha rabia y coraje, ratificamos que nuestra lucha va a continuar por la defensa de las tierras de uso común del PITAYAL que da vida a nuestra comunidad e historia como pueblo binnizá. Llevamos años defendiendo lo común, lo nuestro, lo colectivo y lo seguiremos haciendo, defendiendo la vida con la vida misma de ser necesario.

Antes esta situación como ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA y Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, hacemos un llamado a:

  • Emitir pronunciamientos exigiendo la revocación de esta sentencia en contra de David Hernández Salazar y el desistimiento de la Causa Penal 446/2022 donde existen las órdenes de aprehensión en contra de 17 habitantes de la localidad de Puente Madera.
  • Acciones en solidaridad, a los modos y formas de cada individualidad, colectividad y organización, con la digna resistencia de Puente Madera en contra del Parque Industrial y el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
  • Apoyar solidariamente de forma económica para solventar los gastos que está representando la defensa legal de estas demandas.

Por último, queremos aprovechar este comunicado, para dar la primera llamada e invitación a la celebración por los tres años de resistencia en defensa del monte El Pitayal, a realizarse del 14 al 17 de marzo de 2024, en la comunidad en rebeldía de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca.

Desde la Barricada en El Pitayal

REITERAMOS QUE

¡DEFENDER EL PITAYAL ES DEFENDER EL COMÚN, ES DEFENDER LA VIDA!

¡SI TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS!

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

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Noticias de abajo

Noticias de abajo 8 de febrero 2024

WALLMAPU CHILE: Cartel del Fuego: La catástrofe de Valparaíso sería producto de intereses empresariales. La catástrofe más grande en la Región de Valparaíso, que aún no se controla, ya lleva más de 70.000 mil hectáreas.
WALLMAPU CHILE: Declaración Pública Colegio de Antropólog@s, ante peligro de muerte de los PPM CAM a más de 86 días en huelga de hambre. Fuente: Radio Kurruf
Declaraciones de madre de Preso Polito Mapuche Ernesto Llaitul, ingresado a urgencias del Hospital de Concepción, a casi 80 días de huelga de hambre. Fuente: La Zarzamora
 Familiares de los Presos Políticos Mapuche de la CAM y Red de Apoyo Temuco.

HONDURAS:  Comunidades protestan contra termoeléctrica que generará energía para minería; exigen al gobierno rechazar renovación de concesión. Fuente: Avispa Midia. https://avispa.org/?p=111621 
KURDISTÁN: El noreste sirio es una víctima colateral de la guerra en Gaza. Turquía destruye infraestructura civil de agua y energía de los sistemas autónomos kurdos. Fuente: Kurdistán América Latina
MICHOACÁN: Ataque armado a territorio autónomo indígena de la costa michoacana. 50 sujetos queman vivienda en Ostula son repelidos por la guardia comunitaria.  Fuente: Congreso Nacional Indígena
CHIAPAS: Acción Urgente: Grupo armado desplaza y destruye a comunidad zapatista La Resistencia en Ocosingo, Chiapas
el 19 de enero, 28 personas, bases de apoyo del EZLN, fueron desplazadas forzadamente de la comunidad autónoma La Resistencia del municipio oficial de Ocosingo, por integrantes de la ORCAO. Fueron destruidas la escuela primaria autónoma y 15 casas de lámina y madera, además de que “quemaron libros de los promotores de educación y robaron una tienda”.
OAXACA: Palabras de Miguel Peralta Betanzos ante la aceptación de la revisión del amparo por parte de la Corte mexicana.  Llamado a la solidaridad con nuestro compañero y amigo Miguel, perseguido y procesado de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Fuente: Radio Axolote
CDMX: El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anahuac se manifestaron para exigir una restricción al uso del agua en megaproyectos ante la crisis por el agua que pasa la ciudad. Fuente: Sueña Dignidad.
PUEBLA: Respuesta de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes a la invitación del Gobierno Federal y Estatal para conformar Plan de Ordenamiento Territorial. “Nunca nos hemos sentado ni nos sentaremos con los criminales que han privado de la vida y libertad a nuestros compañeros y compañeras y que han lucrado y contaminado a nuestra madre tierra”.
radio
Red Ajmaq

¡Alto a los ataques a la comunidad zapatista “La Resistencia”!

7-febrero-2024
Jobel, Chiapas.

Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta nacional e internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A quienes suscribimos la Declaración por la Vida
A las personas de buen corazón

Hace unos días nos enteramos, al igual que muchxs de ustedes, del ataque realizado a nuestrxs compañerxs bases de apoyo zapatista del GAL La Resistencia, perteneciente a la Región Autónoma Moisés y Gandhi, Caracol 10 [1], por parte de la agrupación de corte paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Sabemos bien que no es la primera vez que ésta organización criminal ataca a nuestrxs compañerxs y que es una estrategia que viene de mero arriba, que es parte de la guerra integral de desgaste para intentar frenar la autonomía y la organización de nuestrxs compañerxs. La acumulación por despojo se basa en la violencia y muerte. Pero sabemos, al igual que ustedes, que en estos tiempos de avaricia y poder quien se organiza por y desde la autonomía y lo común va por algo más grande: la vida. Mientras allá arriba se pelean las migajas del producto de la falsa democracia, llamada elecciones, abajo se abona y cuida la raíz de una vida que abrigará generaciones, comunidades y pueblos; de la destrucción que dejan los de arriba se reconstruyen paisajes de vida con dignidad y valentía.

Ante estos ataques queremos expresar nuestra indignación y digna rabia. Desde nuestro corazón colectivo decimos firmemente que nuestrxs compañerxs zapatista no están solxs, que si tocan a unx nos tocan a todxs. Hacemos un llamado a la Sexta y a todxs lxs compañerxs solidarixs a que se sumen a esta indignación y al llamado de cese inmediato de los ataques hacia nuestrxs compañerxs zapatistas.

¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas!
¡Alto a la guerra integral de desgaste!

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

[1] Desplazamiento forzado de 28 zapatistas en la región Moisés y Gandhi https://redtdt.org.mx/archivos/18769

radio
PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES | COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA | ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y POR LA VIDA

Respuesta pública de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes a la convocatoria a la sesión de instalación del Comité del Programa de ordenamiento ecológico de la región de la subcuenca del Alto Atoyac (POERSAA)

El pasado 1 de febrero del 2024, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes recibimos un correo de Fernando Silva Triste, Subdelegado de Administración e innovación, encargado de la oficina de representación de la SEMARNAT en Puebla, con el objeto de invitar a la organización a participar en la sesión de conformación del Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac (POERSAA), un trabajo en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de México, la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Tlaxcala. En el documento señala que, dada la importancia de la conformación de este comité estarán presentes, la Mtra. María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; representantes de gobiernos municipales, sector socio ambiental, sector académico, sector empresarial e industrial de Puebla y Tlaxcala entre los que destacan ejidos, asociaciones civiles, universidades, la Cámara de industria textil Puebla-Tlaxcala, entre otras.

Como Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes no participaremos en ningún proceso del mal gobierno y el capital, considerando:

  1. Que históricamente hemos enfrentado el despojo, el desprecio, la explotación y represión del mal gobierno, sus instituciones y los sectores empresariales del gran capital.
  2. Que desde 1998 en las comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos se ha impuesto el proyecto transportadora de Gas Zapata, hoy llamado Proyecto Integral Morelos, proyecto de muerte que pasa sobre una zona sísmica de alto riesgo volcánico y que el 20 de febrero de 2019 costó la vida de nuestro compañero Samir Flores Soberanes del pueblo de Amilcingo, Morelos, y que, para legitimar la imposición de este proyecto y no perder las inversiones privadas para su construcción, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, simularon y manipularon una consulta, argumentando que: “No podíamos permitir que se convirtiera en chatarra”. Con ello el mal gobierno violó el derecho de las comunidades a su libre determinación y autonomía para decidir sobre su territorio.
  3. Que la destrucción de la Madre Tierra que se padece en la Cuenca Alta del Río Atoyac y en todo el país está ocasionada directamente por las industrias textileras, maquiladoras, de autopartes, metalúrgicas y por la permisividad, complicidad, corrupción y simulación de las instituciones federales y estatales:  SEMARNAT, CONAGUA, CEAS y PROFEPA. Un ejemplo de esto es que en 2019 se pretendía imponer el proyecto del colector de desechos tóxicos de Ciudad Textil, Huejotzingo, que tiene como presidente a Francisco Rivera Taja y donde  Jorge García Turuel Rivero funge como vicepresidente de la Cámara de la Industria Textil, con este proyecto pretendían desechar directamente al Río Metlapanapa metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, mercurio, cianuro y zinc con la venia y autorización de CONAGUA la cual, en su momento, tenía como director y representante a Alfredo Ávila Salazar, hoy prófugo por el desvío de más de mil millones de pesos destinados al saneamiento del río Atoyac.
  4. Que en 2020 el compañero nahua del Congreso Nacional Indígena, Miguel López Vega se convirtió en el primer preso político de la cuarta transformación, por defender, junto con las comunidades de la Región Cholulteca, la vida del río Metlapanapa afluente al río Atoyac y que lleva un proceso jurídico, arbitrario e ilegal que tendrá conclusión el próximo 16 de febrero del presente año gracias a la presión y organización de las comunidades.
  5. Que el 30 de junio del 2023 el compañero nahua Alejandro Torres Chocolatl, integrante del Congreso Nacional Indígena fue secuestrado por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, violando todas sus garantías individuales y derechos como ciudadano, fue privado de su libertad omitiendo todos los procesos legales y jurídicos. Gracias a la presión de las comunidades fue liberado el mismo día.
  6. Que la grave sequía que se padece en la Cuenca Alta del río Atoyac tiene como principal causa la extracción masiva de agua por estas grandes empresas extractivas y contaminadoras, por ejemplo, la empresa Bonafont del corporativo DANONE, donde Mariano Perotti funge como director general, y que desde hace 29 años estuvo traficando con el agua de los pueblos de la Región Cholulteca con la autorización de CONAGUA estatal y federal, la concesión otorgada por esta institución venció desde el año 2014 y, sin embargo, Bonafont – Danone, continuó extrayendo y traficando alrededor de 2 millones de litros de agua diariamente, sin inspecciones ni supervisión de ninguna dependencia y con total impunidad. El 15 de febrero de 2022, con un mega operativo de más de 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, policía Estatal, municipal y equipo táctico fuimos desalojados del espacio que los pueblos de la región cholulteca tomamos para construir vida. Quedando claro que el mal gobierno sirve y protege al gran capital y la muerte.
  7. Que el 29 de mayo del 2021 en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, se ocasionó un gran socavón en tierras de cultivo. Los primeros estudios de las dependencias y universidades contratadas por el gobierno estatal morenista de Miguel Barbosa Huerta, indicaron que la principal causa de este desastre ambiental fue la extracción masiva de agua, dichos estudios fueron ocultados por el gobierno estatal y federal por 5 años, protegiendo a las empresas, ocultando la corrupción y negando la posibilidad de analizar las causas a profundidad para prevenir riesgos en los pueblos.
  8. Que el 2 de octubre del 2023 el gobierno municipal de Juan C, Bonilla, a cargo del panista José Cinto Bernal y el gobierno estatal morenista de Sergio Salomón Céspedes Peregrina intentaron imponer, con lujo de violencia y uso excesivo de la fuerza pública, un complejo policiaco en la comunidad de San Lucas Nextetelco, sin la autorización de las comunidades. Este complejo policiaco tiene como finalidad reprimir a las comunidades y violentar la libre determinación de los pueblos sobre su territorio.
  9. Que desde el 2016 hasta la presente se impuso un relleno sanitario que ha dañado gravemente los mantos acuíferos, el aire, la tierra y la salud de los habitantes de los municipios de Calpan, Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula. SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA han hecho caso omiso a las exigencias de los pobladores de la cancelación total de este foco de contaminación que ha causado un grave e irreparable daño ambiental. Que sistemáticamente el mal gobierno municipal, estatal y federal, en coordinación con el gran capital, han violado el derecho de los pueblos a tener un ambiente digno, sano y seguro, a ejercer la libre determinación sobre su territorio y cultura.

Por lo tanto, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes determinamos que:

  1. Esta invitación es parte de una estrategia del mal gobierno y de las empresas del capital para dividir, cooptar y utilizar. Una vez más demostrando el desprecio y racismo que históricamente ha venido del sistema de muerte llamado capitalismo.
  2. No legitimaremos y nunca formaremos parte del plan de despojo, contaminación y destrucción que ustedes ya pactaron y negociaron sobre la vida de nuestros pueblos y de nuestros hermanos y compañeros del estado de Tlaxcala.
  3. No seremos cómplices del plan de Despoblación, Redistribución y Repoblamiento que pretenden realizar en los 71 municipios que involucra lo que ustedes denominan: “región a ordenar Subcuenca Alto Atoyac (Puebla y Tlaxcala)”.
  4. Nunca nos hemos sentado ni nos sentaremos con los criminales que han privado de la vida y libertad a nuestros compañeros y compañeras y que han lucrado y contaminado a nuestra madre tierra.
  5. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México; María Luisa Albores Gonzales, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador de Puebla; Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala; Fernando Silva Triste, encargado de la Oficina de representación de la SEMARNAT en Puebla y sus antecesores, son los criminales que han asesinado la flora, fauna y vida de la cuenca alta del río Atoyac.
  6. Los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes vamos a seguir resistiendo, cuidando y defendiendo la vida en común de nuestros territorios con rebeldía, autonomía y libre determinación.

A T E N T A M E N T E

A Febrero de 2024

NO NOS VENDEMOS, NO NOS RENDIMOS Y NO CLAUDICAMOS

AGUA, TIERRA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y POR LA VIDA

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