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Avispa Midia

Estados promueven militarización verde frente a crisis climática

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021

“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.

Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.

La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.

Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.

Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.

En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.

Mujeres desplazadas que transportan sus pertenencias llegan a Bossangoa, República Centroafricana, tras huir de la violencia. Crédito: ACNUR

Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.

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“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.

En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.

Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.

En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.

Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.

A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.

Las fuerzas armadas utilizan una gran cantidad de combustible y despliegan armas que tienen impactos ambientales duraderos.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.

La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.

“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.

“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.

Justificación para el intervencionismo

El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.

En el documento Cambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.

“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.

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Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.

El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.

Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.

Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.

Soldados estadounidenses observan la quema de yacimientos petrolíferos tras la invasión de Estados Unidos en 2003.

Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudio Aproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.

Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.

¿Quién gana con el militarismo verde?

De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.

La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.

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Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.

En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.

Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.

Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.

Afectación a las estructuras militares

Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.

Un oficial de la policía militar camina cerca de una puerta destruida en la Base de la Fuerza Aérea de Tyndall en Florida tras el huracán Michael el 12 de octubre de 2018. El Pentágono dice que el cambio climático es una preocupación de seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.

Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.

La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.

 

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Tortura y detención arbitraria de parte de autoridades generan dilación procesal y sentencias a inocentes

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de noviembre de 2022

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

 

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” seguimos elevando nuestra voz, para que más personas conozcan de las malas practicas de tortura y detención arbitraria realizadas por la Fiscalía General del Estado en contubernio con Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Chiapas, que han generado acciones de dilación procesal a nuestros familiares y pretenden sentenciarlos por delitos que no cometieron.

Nuestra postura es que en Chiapas la tortura sea erradicada y las víctimas sean reparadas de los daños que el estado mexicano les ha causado, que la Fiscalía Antitortura realice indagaciones eficientes y eficaces sobre los casos de víctimas de tortura y se castiguen a los agentes perpetradores.

En este contexto queremos exhortar al Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez de control del distrito judicial de Cintalapa, Chiapas, que se dirija con apego a derecho y en todo momento se apliquen los estándares internacionales de derechos humanos, así como los principios pro personae e indubio pro reo que mayor favorezcan a las víctimas y en el marco de 3 años de impunidad siendo que el día 10 de noviembre de la presente anualidad nuestro compañero Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) llevara a cabo Audiencia de Juicio Oral, el Juzgado del distrito de Cintalapa, Chiapas.

Queremos mencionar que nuestro compañero se encuentra arbitrariamente detenido desde el 29 de octubre del 2019 con número de expediente penal: 443/2019. Carlos Antonio manifestó ser víctima de tortura, por hechos ocurridos durante su detención sin orden judicial, seguido a ello durante las primeras audiencias autoridades no se condujeron bajo el debido proceso y de defensa adecuada.

El 29 de octubre de 2019 Carlos Antonio, fue detenido de manera ilegal y arbitraria en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto o FAT (actualmente Fiscalía de Asuntos Especiales o FAE) “vimos que aproximadamente cuarenta policías vestidos de civiles con la cara totalmente cubierta, tiraban el portón de la casa en la que nos encontrábamos, llegaron tirando todo y rompiendo todo, nos gritaban que ¿donde estaban las drogas? ¿donde estaban las armas? ¿donde estaba el dinero?”. Además, fue sometido a actos de tortura y a tratos cueles, inhumanos y/o degradantes “…no nos enseñaron ningún papel, ninguna orden de aprehensión, a mi me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos y me obligaron a subir a una de sus camioneta, abordo de la camioneta me siguieron golpeando, me llevaron a la Fiscalía de Alto Impacto, esto lo se porque escuchaba a los fiscales hablar entre ellos y los sonidos de las maquinas de escribir, en esta Fiscalía fui torturado y obligado a firmar papeles y expedientes de los que hasta el día de hoy desconozco su contenido. Fui desnudado, colgado, electrocutado y golpeado a tal grado que tuvieron que llevarme al Hospital Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, donde tuve que ser intervenido con una cirugía de emergencia…”

1El 2 de noviembre de 2019, Carlos Antonio llegó al CERSS No. 14 “EL AMATE” de Cintalapa, Chiapas, día en que se llevó a cabo la audiencia inicial sin que el pudiera comprender los delitos por los que se le acusaba y las manifestaciones del Ministerio Público, ya que no podía ni hablar ni caminar después de la Tortura de la que refiere haber sido víctima. En esta audiencia su abogada, defensora de oficio, no manifestó en ningún momento las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos de Carlos Antonio, tampoco recabó ni presentó ningún tipo de prueba a fin de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público.

Sumando que sus familiares han recibido amenazas por parte de la Fiscalía, se les ha dicho que no vayan a visitar al Carlos Antonio, que no pueden ayudarle en nada y que no deben de denunciar lo sucedido o se tomara represalias en contra de la familia. Estos hechos corresponde a una clara violación a Derechos Humanos y Violación a las Garantías Judiciales según la Convención Americana de Derechos Humanos así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 20.B Fracciones II y III.- Imponen que “A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;””A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.”

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de justicia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que celebrara la Audiencia de Juicio Oral de Carlos Antonio López Robles la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de la Fiscalía de Alto Impacto en su momento, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de resolver con su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos en el presente caso, puesto que tienen conocimiento de estos hechos garrafales.

 

ATENTAMENTE,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos” Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

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Camino al Andar

Notas provisionales sobre Estado plural y democracia según Luis Villoro.(borrador inconcluso)*

Publicado en Camino al Andar

09 de noviembre de 2022

Por Arturo Anguiano

1. En su libro, Estado plural, pluralidad de culturas (Paidós/UNAM, México, 1998), Luis Villoro llama la atención sobre la mundialización capitalista y la manera como ha puesto en crisis el orden mundial caracterizado por la existencia generalizada de los Estados-nación. Menciona “una radical transformación de las relaciones entre las naciones: la globalización de la economía, de las comunicaciones, de la ciencia y la tecnología e incluso, en gran medida, de las decisiones políticas” (p. 48). Un nuevo culto al mercado, unas cuantas grandes empresas transnacionales, capitales que se mueven sin que se les pueda controlar en ningún país. “Estamos, escribe Villoro, ante un nuevo poder mundial del que depende la suerte de una gran parte del mundo. Un poder sin fronteras, sin contrato social, sin leyes ni sanciones”. Los Estados nacionales disminuyen o pierden su capacidad de acción y de regulación, resulta imposible que en forma aislada puedan hacer frente a los “grandes desafíos que conciernen a todo el planeta” e incluso a sus economías internas. Ante el debilitamiento de los Estados-nación, la crisis se manifiesta en su incapacidad para “mantener un orden homogéneo en la sociedad y en la emergencia de reivindicaciones nacionales y étnicas”. Escribe: “los individuos buscan revivir sus vínculos personales en comunidades cercanas, capaces de ser vividas y no sólo pensadas, que puedan dar un nuevo sentido a sus vidas. La nostalgia del individuo por una comunidad perdida no se satisface en el Estado nacional, anhela formas de pertenencia a las que pueda integrarse su vida”. Así, cuando el mundo parece unificarse por la globalización, “asistimos al desmembramiento de países y a la formación de naciones nuevas”. La geografía del planeta y de numerosos Estados se trastoca y rehace.

La crisis del Estado-nación, para Villoro, no significa su inminente desaparición que puede todavía mantenerse largo tiempo, pues no hay poder político que lo reemplace. En cambio, sí puede facilitar la posibilidad de su reforma.
2. Luis Villoro teoriza sobre los diversos tipos de nación, sobre la etnia y los pueblos, vinculándolos de diversas maneras al Estado, que si bien revisa en sus distintas configuraciones durante el largo recorrido de la historia, se centra sobre todo en el Estado-nación como figura contemporánea del occidente capitalista. Desde su surgimiento, el Estado-nación es un poder que se sobrepone a la sociedad. Los pueblos, naciones, etnias, lenguas, culturas, grupos de distinta naturaleza que pudieran existir desaparecen tras el ciudadano en que devienen todos; la sociedad se fragmenta, se individualiza en ciudadanos abstractos que resultan iguales, idénticos a sí mismos. “Ante la ley, escribe Villoro, todos los individuos se uniforman. Nadie tiene derecho a ser diferente. El nuevo Estado establece la homogeneidad en una sociedad heterogénea”. Al final de cuentas, se impone una lengua única. “La unidad de los distintos niveles, económico, administrativo, jurídico, constituye una nueva uniformidad de cultura. Y frente a esta uniformización, se establece igualmente un mercado uniforme que abre paso al desarrollo de la sociedad industrial y mercantil. No hay, entonces, una convergencia de modos de vida y de culturas, ninguna síntesis, en cambio “el Estado-nación nace de la imposición de los intereses de un grupo sobre los múltiples pueblos y asociaciones que coexisten en un territorio”.

Un Estado soberano, una única nación, el Estado-nación centraliza su poder e impone su dominio político. El nacionalismo se vuelve la ideología dominante que integra hacia el interior y excluye lo que aparece ajeno, extraño, posible enemigo.

Es muy rica la visión de Villoro, que aquí simplifico en extremo. En América hispana, como la llama, se desarrolla un proceso similar del cual nos habla. En especial sobre México, después del fin de la larga colonización y luego de la derrota de las rebeliones de Hidalgo y Morelos, serán los criollos y mestizos quienes tratarán de crear el “nuevo Estado homogéneo e individualista”, imponiéndose a la multiplicidad de etnias y regiones del país. De entrada, “los pueblos indios no son reconocidos en la estructura política y legal de la nueva nación”. Pero Villoro observa desde el inicio una situación peculiar: “los dos siglos de vida independiente pueden verse, desde entonces, bajo una luz: la contraposición de dos corrientes que responden a ideas distintas de la nación. Por un lado, la construcción del Estado-nación moderno, que había imaginado el grupo fundador; por el otro, la resistencia de las comunidades que no encajan en ese proyecto” (p. 42).

Sin antecedentes históricos, nos dice, la nueva nación debió ser construida a partir del propio Estado en ciernes, lo que va cobrando forma con la República Restaurada que comienza el proceso de modernización del país. Se echa mano de las experiencia de la Europa y Estados Unidos y constitucionalmente se crea una República sostenida en la democracia representativa y una Federación que no reafirma la diversidad real de pueblos y regiones que integran, sino que se impone en forma arbitraria conforme a intereses políticos y materiales particulares. Villoro abunda en las peripecias y concepciones cambiantes de los liberales de los distintos momentos del tiempo histórico mexicano, que asumen la tarea de construir un Estado homogéneo que choca con el comportamiento y las necesidades de las comunidades y pueblos diversos de la mayor parte del país real. Los pueblos originarios sufrirán no solamente el desprecio de los liberales empeñados en individualizar al país, sino también el acoso y el despojo que solamente cambiarán un tanto luego de la llamada Revolución mexicana de 1910-1920, que en realidad fue un trance que combinó al menos tres revoluciones y una muy cruenta guerra civil.

Frente a los pretendidos valores de la libertad individual y la igualdad formal ante la ley, que parecen orientar al nuevo Estado que emerge en el fondo como una salida contrarrevolucionaria, se confrontan la comunidad, la solidaridad y la justicia de esos campesinos y plebeyos de Zapata y Villa que a pesar de su fuerza devastadora fueron derrotados como Hidalgo y Morelos. Nuestro autor se pregunta si “¿No empezará a revivir actualmente esa idea otra de nación?”. El Estado no muy cambió con la Constitución de 1917 y reafirmó de nuevo una suerte de Estado liberal (con matices entonces inéditos) y una Federación que tardaron en unificar a la nación toda, centralizar el poder y reproducir la homogeneidad en una sociedad en extremo diversificada y desigual, que no dejó de transformarse en el transcurso de los años. Villoro concluye que el proyecto liberal que “respondía al reto de unificar a la nación” en realidad conduce a “aumentar la escisión entre estos dos México”.

3. Tardó décadas en articularse y lograr su consolidación un Estado unitario y fuerte que en verdad poco tenía que ver con el viejo liberalismo (o con ningún otro). Aunque se construyó un mercado que permitió modernizar y semi-industrializar al país bajo la batuta del Estado interventor (no muy liberal), la sociedad no asumió la forma de una maraña de ciudadanos titulares de derechos, más que individuos aislados fueron corporativizados, al menos en sus sectores fundamentales. Esto es, sus organizaciones y asociaciones, sus comunidades perdieron cualquier tipo de autonomía y fueron encuadradas como parte del aparato estatal a través del partido de Estado, del PRI. En tanto que la mayoría de la población no organizada, reducida a la pobreza y la pobreza extrema, fue sometida por medio de relaciones clientelares o la violencia, por el ogro filantrópico (como lo llamó Octavio Paz) en que devino el poder central encarnado en el presidente. De manera que lo colectivo fue desnaturalizado y las comunidades y pueblos tampoco dejaron de sufrir el acoso, el despojo y su desnaturalización. El Estado homogéneo, como lo llama Villoro, se impuso en forma autoritaria a la sociedad, asentado en la dominación corporativa y la ausencia de procesos democráticos efectivos. Hay que precisar que los titulares de la riqueza material y los capitales fueron favorecidos a pesar de también haber sido encuadrados en corporaciones que, empero, no perdieron su autonomía y vivieron un tiempo bajo la sombra de Estado y siempre bajo su protección.

Pero las propias transformaciones materiales y sociales a que dio lugar el desarrollo del propio Estado-nación aunados a los grandes cambios acarreados por la mundialización del capital, también desgastaron y luego lanzaron a la crisis al Estado-nación mexicano, la cual se anuncia en forma reveladora durante el movimiento estudiantil-popular de 1968, cuando la sociedad irrumpe en el ámbito resguardado de la política. Hoy parece obvio que la República ilusoria y la Federación ficticia que los liberales mexicanos imaginaron y que disimulaban la dictadura encubierta y la estatización de la sociedad que denunció José Revueltas, no han logrado encontrar una solución de continuidad a la crisis estatal interminable que nos aqueja.

Luis Villoro encuentra una posibilidad en el reconocimiento de una realidad en extremo compleja, caracterizada por la multiplicidad de culturas diversas que no han dejado de resistir a los intentos de aplastamiento y uniformización e incluso no dejan de renovarse, enriquecerse y fraguar incluso su autonomía. “Frente al Estado-nación homogéneo, explica, se abre ahora la posibilidad de un Estado plural que se adecue a la realidad social, constituida por una multiplicidad de etnias, culturas, comunidades” (p. 47). La reforma del Estado-nación permitiría superar a través de una suerte de síntesis las dos ideas de nación que chocaron en México desde la Independencia. “Tenemos que diseñar un nuevo tipo de Estado, escribe, que respete nuestra realidad y termine con el intento alocado de imponerle por la violencia un esquema pretendidamente racional. Tendría que ser un Estado respetuoso de todas las diferencias. Sería un Estado en que ningún pueblo, ni siquiera el mayoritario, impondría a otros su idea de nación. El Estado plural no renunciará a la modernización de país, si por ella se entiende progreso hacia una sociedad más próspera y más democrática. Pero la modernidad deseada no consistiría en la destrucción de las estructuras locales y su supeditación a las fuerza ciegas de un mercado mundial, sino en la participación activa de todas las identidades sociales en un proyecto común de cambio. El Estado se reduciría a coordinar, en este proceso, los proyectos diferentes de las comunidades reales y a proponerles una orientación común. La sede del poder real se acercaría cada vez más a las comunidades autónomas que constituyen la sociedad real. El adelanto hacia un Estado plural es, así, una vía hacia una democracia radical” (pp. 47-48).

4. Aunque lo ve como un proceso que tendría que irse desplegando y dibujando con el tiempo, Luis Villoro propone varias ideas articuladoras: una soberanía parcialmente compartida, la integración de un Estado múltiple, la democracia participativa y el Estado equitativo.

Una soberanía que no excluya ni aísle, que sea compatible con la interdependencia pero que igualmente posibilite la defensa frente las grandes empresas mundiales y los Estados hegemónicos en el planeta. Volver a controlar la política económica y los recursos internos y relanzar la regulaciones necesarias en defensa del aparato productivo y la desigual competencia de capitales. También implicaría la posibilidad de avanzar en regulaciones y acuerdos de integración con otros Estados-nación, sin perder la autodeterminación. Incluso Villoro plantea la urgencia de “un poder político mundial con facultades coercitivas, restringidas a asuntos específicos de interés general y encargado de tomar decisiones y emprender acciones en esos asuntos que afectan la vida de todos” (Los retos de la sociedad por venir, FCE, México, 2007, pp. 178-179).

El Estado tendría que partir de la diversidad real del país, de la existencia de numerosas etnias, culturas, regiones distintas -y yo añadiría clases- que tendrían que encontrar vínculos, una forma de asociación plural. De esta forma, las comunidades reales participarían en el poder a la vez que reafirmarían su autonomía específica. La autodeterminación de los pueblos se combinaría con la adhesión libre al Estado nacional. “Formar la patria, escribe nuestro autor, no sería tratar de uniformar a todos los componentes del país en un solo molde, sino desarrollar en un acuerdo superior la riqueza de una multiplicidad de expresiones y de formas de vida” (ídem, p.180).

La democracia participativa (que en otros textos denomina radical) parte, según Villoro, de la lucha por la autonomía, la cual se puede realizar en todos los ámbitos y por todos los núcleos sociales (lo mismo en comunidades y pueblos que en sindicatos, centros de trabajo, escuelas, colectivos de todo tipo), cada uno según su modo, sus prácticas sociales y sus tradiciones dentro de sus circunstancias sin duda singulares. Este es un “movimiento de difusión del poder hacia la base de la sociedad [que] puede aprovechar las estructuras de las instituciones democráticas de los Estados ya existentes” (ídem, p.180). El municipio podría desempeñar un papel fundamental como correa de transmisión del Estado pero igualmente en tanto ”la estructura política del Estado para la transferencia del poder a las comunidades locales”. Es la instancia territorial donde la gente vive su vida en común, aunque la herencia española no es muy buena, incluso ahora no contamos siquiera con tres mil municipios, mientras en Francia, por ejemplo, se organizan alrededor de 35 mil comunas. Habría que recuperar la experiencia de pueblos y comunidades que han sobrevivido a pesar de despojos, acosos y cercos múltiples que el Estado les ha impuesto a lo largo de la historia. Por lo demás, los municipios formales se organizan arbitrariamente, sin criterios claros y cambiantes, sin respetar a los pueblos y comunidades, las demarcaciones verdaderas. Por algo los zapatistas del EZLN plantearon desde el inicio de su rebelión la necesidad de una reorganización de los municipios en Chiapas y al final lo hicieron a su modo en su zona de influencia. Lo mismo la federación que también nació artificialmente y no corresponde a las comunidades reales, según apunta Villoro. Tendría que organizarse un federalismo radical que “corrigiera las divisiones geopolíticas” existentes, situándose bajo el signo de la descentralización de recursos y poderes, para “acercar las decisiones colectivas a los lugares en que pueda ejercerse una participación real del pueblo”.

Luis Villoro teoriza ampliamente sobre las distintas figuras de la democracia en varios de sus textos, en los que regresa a la democracia participativa una y otra vez, a la que entiende como “el tránsito del Estado homogéneo a una nueva forma de Estado múltiple, respetuoso de la diversidad interna”. En especial vuelve de tiempo en tiempo a la experiencia que realizan en la actualidad las comunidades indígenas rebeldes de Chiapas, que recuperan las tradiciones ancestrales de organización, autogobierno y autogestión pero renovándolas imaginativamente, y donde se ensaya una democracia directa y se atisba el germen de una sociedad futura. Por lo demás, nos dice: “El Estado plural no nacería de una repentina destrucción del Estado actual, sino de un lento proceso de reforma de las instituciones existentes” ( Los retos…, cit.,p. 183)

En fin, el Estado plural, múltiple, lo concibe Villoro asentado no solo en la tolerancia, sino sobre todo en la cooperación. No se trata de tolerar al otro, sino de compartir con él, con todas, con todos los diferentes, colaborar activamente en un propósito común. “El Estado tendría que disminuir y eliminar la marginación o discriminación que impida alcanzar la igualdad de oportunidades y consenso entre todas las comunidades e individuos que componen la nación. Ésa es la equidad, otro nombre de la justicia” (p. 184).

5. Todavía en su libro póstumo, La alternativa. Perspectivas y posibilidades de cambio (FCE, México, 2025), Luis Villoro ataca duramente al Estado-nación homogéneo, lo considera un artificio que se rige por la simulación de una voluntad del pueblo que decide el sector hegemónico de la sociedad y lo confronta con el Estado plural multicultural. En cambio, considera que el Estado plural “daría lugar a una nueva forma de comunidad”; esa sería la alternativa frente a la sociedad excluyente que genera el Estado homogéneo.

Cuando trata de definir un nuevo proyecto, esto es, de buscar una alternativa, rechaza toda dominación y plantea “la resistencia que podría llegar hasta la eventual reconciliación con el dominador”. Repasa y recapitula la historia de México a través de varios conceptos fundamentales como revolución, democracia y pluralidad, polemizando con el liberalismo realmente existente que nos tocó, sus contradicciones y la alternativa de la democracia que ahora desemboca en la democracia comunitaria.

Sin duda, Luis Villoro ve la urgencia de “transitar hacia otro tipo de Estado, un Estado que reconociera un pluralismo jurídico y social, con la existencia de derechos, no sólo individuales sino también colectivos, los que podrían ejercer los pueblos indígenas del país. Este sería el paso de la actual ‘partidocracia’ a una democracia auténtica. Solo ésta podría resolver la llamada ‘cuestión indígena’. En la Constitución tendría que haber explícitamente el reconocimiento de los derechos de las culturas indígenas. Esto fue, en gran medida, el resultado del alzamiento zapatista, en el estado de Chiapas. Una de sus acciones fue establecer las Juntas de Buen Gobierno en las comunidades chiapanecas. ¿No fue ésta la mejor respuesta al capitalismo?”, se pregunta y concluye Luis Villoro. (La alternativa…, cit., p. 58).

Hay mucho que reflexionar sobre cuestiones claves que aborda Luis Villoro, como el Estado, el poder, la dominación, la igualdad y la emancipación. En realidad, percibo en muchas de sus consideraciones una vena utópica, pues concibe un Estado que pueda coordinar sin dominar, un poder que no oprima, un cambio sin ruptura, una igualdad que puede resultar del establecimiento formal de la igualdad de oportunidades. En fin, un pensamiento muy rico, abierto, inacabado e inagotable. Luis Villoro, cien años. Irreductible, disruptivo. Seguiremos compartiendo mucho con él.

Tlalpan, Ciudad de México, 6 de noviembre 2022

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Noticias de abajo

Noticias de abajo 9 Noviembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS
—-KURDISTÁN: Campaña internacional contra el uso de armas químicas de Turquía en Kurdistán.
—-HONDURAS: Violento desalojo contra la comunidad garífuna más antigua de Honduras. Fuente_Avispa Midia, Copinh y Contracorriente
—-CHILE: -Coordinadora Arauco Malleco se adjudica 15 sabotajes y se opone al TPP11. Fuente_ContraApra
-Palabras de Emilio Berkhoff ante la reciente condena en su contra. Fuetes: anticarcelaria
—-MUNDO: COP 27 reclamos urgentes ante una crisis climática que no da tregua. Radio Temblor y Nodal

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—–GUERRERO: -Frente a la vida, los ardillos y los malos gobiernos imponen la muerte. Asesinan a 3 compañeros del CIPOG-EZ. -Comunicado del #CIPOGEZ, Se lo dijimos al presidente, ¡Nos están matando, torturando, desapareciendo!. Fuente_RadioZapote y Cipog
—–CDMX: La lucha contra la ciudad mercancía y sus proyectos ecocidas en el PGD Y PGOT. Información sobre el recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo a favor del humedal de Xochimilco. Fuente: Pueblos, barrios y colonias de Xochimilco.
—–CHIAPAS:
Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro. De Sare Frabes
Fuente: Avispa Midia
—–Música
Evelyn Cornejo – Sacrificados
Sampedro- Una “Llorona” dedicada a Samir Flores y a quienes luchan por la vida

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Avispa Midia

Gigantes del petróleo usan estrategias climáticas para aumentar producción a mil por ciento

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Greenpeace cuestiona a BP sobre su slogan “más allá del petróleo” en un contexto del mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.

Las principales empresas de hidrocarburos, entre ellas ExxonMobil, Chevron, British Petroleum (BP) y Shell, han incluido un sinnúmero de programas y supuestos estudios científicos en sus sitios web que ofrecen soluciones frente al cambio climático.  Un ejemplo de ello lo muestra el sitio web de ExxonMobil, donde se enfatiza la necesidad del uso de energía a nivel planetario y por ello, resaltan ser “pioneros en nuevas investigaciones y buscan nuevas tecnologías para reducir las emisiones (de CO2)”.

No obstante, el pasado mes de septiembre la congresista estadounidense Carolyn B. Maloney, junto a Ro Khanna, presentaron un informe al Congreso de Estados Unidos (EEUU) donde develan que esta empresa eliminó de sus documentos internos la afirmación sobre su plan para aumentar la producción en 1,000% en el estado de Delaware, conocida como la cuenca del Pérmico.

La denuncia presentada por los congresistas se enfoca en lo que denominan como una campaña de desinformación sobre el cambio climático y sus efectos por parte de estas empresas, ya que “han sabido desde fines de la década de 1970 que sus productos contribuyen al cambio climático”, puntualizan.

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Pero en lugar de tomar medidas, desde la década de 1990, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Comercio de EEUU se unieron “contra posibles regulaciones sobre el cambio climático y presionaron al gobierno de los EEUU para descarrilar acciones climáticas internacionales para reducir las emisiones contaminantes de carbono”, informaron los parlamentarios.

No fue sino hasta el año 2021 que, en una audiencia, los ejecutivos de los combustibles fósiles admitieron bajo juramento “que el cambio climático es real, que la quema de combustibles fósiles contribuye a ello y que es una amenaza existencial para el planeta”. Aunque ninguno de ellos se comprometió a poner fin a su producción, por el contrario, invirtieron en otras estrategias para desviar la atención.

Lavado verde

“Necesitamos reinventar el negocio de la energía”, declaró en su discurso el director ejecutivo de BP en la Universidad de Stanford en marzo de 2002. En ese mismo tenor el directivo remarcó, “necesitamos ir más allá del petróleo”, siendo ésta una de sus principales premisas publicitarias durante las dos ultimas décadas.

BP ya sostenía desde el año 2002 que habían reducido sus “emisiones de gases de efecto invernadero en un 10 %”, pero la investigación presentada por los congresistas arremete contra la empresa al asumir que lo que han logrado hasta el momento es un “lavado

verde” a través de “publicidad engañosa”.

BP ha apostado por el llamado Uso y Almacenamiento de la Captura de Carbono (CCUS por sus siglas en inglés) como una herramienta para cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París, pero, contradictoriamente, esta tecnología permite continuar con la explotación y uso de hidrocarburos, por ejemplo, en “industrias de uso intensivo de energía”, agregan el documento presentado al parlamento estadounidense.

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Según las empresas con esta tecnología el carbono capturado se puede utilizar “para mejorar la recuperación de petróleo”, es decir, para ser inyectado en los pozos petroleros y hacerlos más productivos. Esta misma estrategia es utilizada por la petrolera Shell con su programa Sky scenario, que según esta corporación “describe lo que creemos que es una ruta tecnológica, industrial y económicamente posible hacia adelante, consistente con limitar el aumento de la temperatura promedio global a muy por debajo de los 2°C desde los niveles preindustriales”.

Actualmente, solo la empresa Exxon opera una instalación de captura de carbono, en Schute Creek, Wyoming. A su vez es socia de una instalación en Australia y una más en Qatar. Durante la vida útil de las instalaciones de Schute Creek “solo ha capturado y almacenado el 3 % de su dióxido de carbono bajo tierra”, que al ser inyectados a los pozos desgastados continúan provocando las mismas emisiones, asevera el informe. Mientras, el proyecto de Australia ha fallado repetidamente en alcanzar su objetivo de almacenamiento en aproximadamente un 50%.

Mientras que estas empresas se han comprometido en sus discursos a reducir de manera integral las emisiones, los congresistas puntualizan que esto es incierto al no considerar “la quema de los combustibles fósiles que venden y que representan aproximadamente el 90% de las emisiones de la industria”.

Una muestra es ExxonMobil, que se supone ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 75 millones de toneladas, “en realidad, casi todo el dióxido de carbono que Exxon ha secuestrado se ha vendido a otras compañías de combustibles fósiles para inyectar en sus campos de petróleo agotados”, detalla el informe.

En diciembre de 2021, Exxon prometió que para 2030 alcanzaría emisiones de carbono al punto cero en sus operaciones en la cuenca Pérmica, ubicada en Nuevo México y el oeste de Texas. “Esta promesa es engañosa, porque solo cubre fugas, quema y otras emisiones operativas de CO2 y excluye la gran mayoría de las emisiones de la quema de los productos de petróleo y gas que Exxon extrae en la región”, arguyen los parlamentarios.

De hecho, en febrero de 2022, Exxon se comprometió a seguir aumentando su producción en la cuenca con la extracción de un millón de barriles de petróleo por día hasta 2024, frente a 460 mil barriles diarios que producía en 2021.

En septiembre de 2021, cuando inició esta investigación, se enfocó principalmente a lo que denominan “campaña de desinformación climática y lavado verde de la industria de los combustibles fósiles”, develando así el engaño de las industrias, sobre todo, al asumir su apoyo al Acuerdo de París. Este conjunto de empresas fue citado a una audiencia el 8 de febrero de 2022. “Se invitó a los miembros de los directorios de Exxon, Chevron, Shell y BP a testificar en esta audiencia, junto con científicos y defensores del clima, pero se negaron a comparecer”, señala la investigación.

Por su parte, los congresistas, argumentan que las promesas climáticas y la publicidad ecológica “se centran en tecnologías que las empresas han admitido en privado están a décadas de distancia para su implementación”.

Falsas alternativas

Exxon gastó al menos $68 millones de dólares en publicidad en una supuesta investigación sobre la producción de biocombustibles a base de algas.  Los congresistas alegan que esta supuesta alternativa es “engañosa”, porque se requieren millones de toneladas de algas para la producción de este tipo de energía, algo que la empresa no menciona, ya que, de lo contrario, atraería la atención del sector científico.

Por tanto, los congresistas sustentan que las compañías de petróleo y gas han tratado de crear la impresión “de que están tomando medidas ambiciosas para reducir las emisiones, sin hacerlo realmente”.

Instalaciones para captura de carbono

La estrategia de los gigantes del petróleo, según los parlamentarios, se basa en trucos contables, lenguaje engañoso y tácticas de demora, al grado de que se han comprometido públicamente a reducir sus gases de efecto invernadero a “cero netos” para 2050. Pero en realidad, “las compañías de combustibles fósiles se han comprometido a reducir un pequeño porcentaje de las emisiones de sus propias operaciones y disminuir la llamada “intensidad de carbono” de sus operaciones, una medida engañosa que permite que las emisiones totales de la empresa continúen aumentando con la producción de combustibles fósiles, sostiene la investigación.

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De tal modo que las empresas de los combustibles fósiles vienen desplegando, con mucha precaución, una maquinaria publicitaria “para pintar la imagen de la industria como limpia y aliada con aquellos preocupados por el cambio climático, una táctica conocida como lavado verde”, puntualiza el informe.

Los documentos recabados por el equipo de la investigación muestran que “las promesas de las empresas se basan en tecnologías no probadas” que más bien están funcionando como “una licencia social para seguir produciendo combustibles fósiles en las próximas décadas”.

Las empresas que más han contaminado con emisiones desde 1988 son: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody, Total y BHP Billiton. Las principales empresas estatales incluyen Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex y CNPC (PetroChina).

Las emisiones de carbón de China están representadas por el estado, en el que los productores estatales clave incluyen Shenhua Group, Datong Coal Mine Group y China National Coal Group.

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Avispa Midia

Violento desalojo contra comunidad garífuna mas antigua de Honduras

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

Miembros del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda continúan detenidos a la espera de ser enjuiciados por la supuesta usurpación de sus propias tierras

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Garífunas de Punta Gorda mantienen un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

 

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Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis-GTANW

Gobiernos autónomos de la Amazonía peruana se pronuncian sobre las actividades petroleras en sus territorios

Por Kathia Carrillo

GTANW 8/11/22.- Representantes de las naciones Wampís, Chapra, Kandozi, Awajún y Achuar se reunieron en la V Asamblea de las Naciones Originarias el 6 y 7 de noviembre para tratar la problemática de la industria petrolera y derrames en sus territorios. Tras la reunión, emitieron una resolución donde se exige el cese de la expansión de la frontera petrolera, oponiéndose a nuevas concesiones, así como demandando la anulación del lote 64, adjudicado a Petroperú y ubicado en territorio Achuar y Wampís.

Como hace años vienen alertando la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), el proyecto del lote 64 implicaría la destrucción de biodiversidad y alteración de varios sitios sagrados que pertenecen a los territorios ancestrales de ambas naciones, afectando seriamente su subsistencia, por lo que siempre han comunicado su oposición al mismo.  La operación del lote tendrá además impacto en las partes altas del sitio Ramsar Abanico del Pastaza, un área de humedales de alta biodiversidad.

En la resolución, los gobiernos autónomos también demandaron la remediación de los sitios impactados y los pasivos ambientales que han generado los constantes derrames de petróleo, en especial los de 2016 en territorio Wampís (CN Mayuriaga, río Morona) y en territorio Awajún (distrito de Imaza, ríos Chiriaco y Marañón), y el de 2019 que afectó a las comunidades Awajún de Chapis y Santa Rosa (Manseriche, Datem del Marañón). A su vez, exigieron la atención en la contención y limpieza del derrame producido en el km 177 del ONP que lleva más de 50 días sin que se haya abordado adecuadamente y que está afectando territorios Chapra y Wampís.

Como se recordará, en pronunciamientos públicos anteriores[1] respecto al tema del derrame en el km 177 y la problemática del deterioro por antigüedad del oleoducto norperuano, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha exigido al gobierno hacer respetar la norma sobre transportes de hidrocarburos a Petroperú para que lo adecúe y no permita que haya bombeo de petróleo hasta que realice dicha adecuación de manera integral.

Además de la clara oposición a proyectos e infraestructura petrolera que invaden el territorio amazónico, los gobiernos autónomos se pronunciaron en oposición al traslado del crudo de los bloques petroleros ecuatorianos 86 y 87 por medio del oleoducto norperuano. Como se sabe, en días recientes Petroecuador y Petroperú han sostenido reuniones para discutir el proyecto de interconexión de oleoductos entre Perú y Ecuador que permita procesar el crudo ecuatoriano en la Refinería de Talara.

Finalmente, los gobiernos autónomos señalaron su rechazo a la militarización de sus territorios que pretende Petroperú so pretexto de la “protección” del oleoducto norperuano.

Puede leer la resolución;

RESOLUCIÓN-FRENTE-A-LAS-ACTIVIDADES-PETROLERAS

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Avispa Midia

Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

Refugiados en el campamento de Polhó, Chenalhó. Foto: CDH Frayba

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ)

Se lo dijimos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, “¡Nos están matando, torturando, desapareciendo!”

 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

A los pueblos y comunidades de Guerrero

Al movimiento social Guerrerense

A a los medios de Comunicación

A las organizaciones de Derechos Humanos

 

7 DE NOVIEMBRE DE 2022

A UNOS DÍAS DEL ASESINATO DE NUESTROS HERMANOS ADÁN, MOISÉS Y GUILLERMO.

 

¡Se lo dijimos! “los narco-paramilitares matan y desaparecen a nuestra gente”.

¡Se lo dijimos! no queremos ser carne de cañón del crimen organizado que comanda Celso Ortega Jiménez y el diputado Bernardo Ortega Jiménez.

¡Se lo dijimos! No queremos programas sociales, sino justicia, la seguridad, que nuestra palabra sea escuchada.

 

El pasado 21 de octubre, Andrés Manuel López Obrador simuló escuchar nuestras palabras; sin descender de su transporte, varios de nuestros hermanos y hermanas del CPOG-EZ le dijimos que nos estaban matando, le dijimos quiénes, con nombres y apellidos, dónde y cómo. Pero tal como si nada hubiera sido dicho y estuviéramos condenados a repetir la misma historia, a llorar a nuestros muertos y nuestros desaparecidos, el 5 de noviembre tres de nuestros hermanos fueron asesinados.

“Muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven, se quedan ahí y siguen desapareciendo”. Así de claro le dijimos a Andrés Manuel López Obrador. Tal como si se pudiera predecir lo que va a pasar, Adán, Guillermo y Moisés, indígenas nahuas de la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ y al Congreso Nacional Indígena (CNI), bajaron al Municipio de Chilapa y ya no volvieron, fueron brutalmente asesinados. Evidentemente el entender la realidad nos permite saber que los grupos narco-paramilitares pueden asesinar a cualquiera de nosotros y nosotras cuando les plazca. La realidad que vivimos desde hace ya más de 7 años de guerra con “Los Ardillos” y que antes vivimos con “Los Rojos” y antes con otros grupos, así hasta llegar al extermino que los Españoles intentaron hacer de nuestros antepasados es una realidad que ya no queremos vivir, por eso resistimos por eso luchamos todos los días y nos organizamos, porque si no lo hiciéramos, muy seguramente ya hubiéramos sido exterminados.

La realidad de estos últimos años es muy evidente:

  1. El gobierno Municipal está gobernado por Aldy Esteban Román (PRI). Este personaje, pasó por la fiscalía del estado de Guerrero, desde donde al igual que hoy, protegía a los Ardillos, grupo narco-paramilitar de amplia influencia en el estado de Guerrero.
  2. El integrante, uno de los líderes y protector, operador político de los Ardillos, es Bernardo Ortega Jiménez, diputado (PRD), quién ha mencionado que no tiene nada que ver con sus hermanos (o sea que acepta que son delincuentes pero como servidor público pasa por alto la violencia que generan, lo cual lo vuelve cómplice y por tanto integrante y protector de los Ardillos, si ese fuera el caso; pero aunque lo niegue, nosotros sabemos que integra activamente al grupo criminal).
  3. Las policías municipales están coludidas con los Ardillos. Esto ya era más que evidente, hace unos meses en Atlixtac 2 de nuestros hermanos fueron detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Atlixtac. En esta ocasión, la policía de tránsito del Municipio de Chilapa fue la que se encargo de detener e identificar a los miembros del CIPOG-EZ para luego informar a los Ardillos y que estos los asesinaran. Lo mismo ocurre en el Municipio de José Joaquín de Herrera, donde también han desaparecido a otros de nuestros hermanos.
  4. Estamos viviendo una guerra de exterminio donde partidos políticos, gobiernos, policías, grupos delincuenciales, están vinculados y si no hemos sido exterminados es por nuestra resistencia y organización.

Entonces vemos que desde el gobierno federal hasta el municipal, hay una cadena de de complicidades al mismo tiempo que se masacra a las comunidades, tal como si se quisiera tomar nuestro territorio y que para lograr esto fuera necesario exterminar a quienes lo habitamos. No se entiende que llevemos tantos desaparecidos y asesinados y que no haya un solo detenido, pero cuando se mira a fondo lo que nos ha pasado y se apela a la historia no como un lugar común, no como discurso para demostrar saber, tal como lo usa Andrés Manuel, sino como una herramienta para transformar la realidad, sí entendemos que nos quieren exterminar y también entendemos que hay que resistir para vivir.

La respuesta de Andrés Manuel a los planteamientos del CIPOG-EZ, fueron las mismas ideas sueltas, en las que apela a la historia sin comprensión de los procesos históricos, sin conectar las causas y consecuencias, mucho menos la utiliza para no cometer los errores del pasado, pues él mismo es un resultado del error o mejor dicho, el resultado natural del modelo económico capitalista que para mantener la desigualdad en el mundo, requiere de gobiernos que simulen representar y escuchar, mientras la vida y la tierra de los pueblos es arrebatada.

Mencionó: “Nada más una cosa les digo con toda sinceridad, eviten la violencia hay formas de luchar, la más eficaz de todas es la no violencia, esa la llevó a la práctica, esa política de no violencia, Gandhi, Mandela, Luther King y nos enseñaron que sí se puede de manera pacífica cambiar las cosas, no hay que caer en una provocación, hay que sacarle la vuelta a la provocación y hay que buscar el cambio por la vía pacífica y nosotros vamos a seguir actuando así de manera pacífica y sin relaciones de complicidad con nadie”.

Nosotros respondemos: seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.

***

Hoy que velamos a nuestros muertos la rabia nos inunda, porque eran compañeros importantes de nuestra organización, de esos que trabajan al doble, de esos que no dormían en días cuando las balas de los Ardillos pasaban encima de nuestras cabezas e iban al frente a resistirlos para salvar la vida de nuestras comunidades. Pero no sólo conocían esa forma de resistir, también se involucraron en la parte política, eran promotores Regionales del CIPOG-EZ, comprometidos con los talleres de autonomía, comunidad, territorio y derechos de los pueblos, comprometidos con la instalación de las Radios para Organizar la Lucha por la Autonomía, en resumen, representaban al corazón colectivo del CIPOG-EZ. Y lo hacían porque ya habían sobrevivido a la tortura y la muerte y porque entendían que el camino era resistir y organizarse dentro de las comunidades. El camino no era integrarse a las filas de la delincuencia organizada, no era traicionar a las comunidades, no era venderse a los partidos políticos, el camino era la organización de las comunidades, el camino era y es no rendirse, no venderse, no claudicar.

Por ellos, mantendremos viva la llama de la organización, de la resistencia. Porque dicen los que saben que una persona muere dos veces, la primera es cuando muere y deja su vida de lucha, la segunda es cuando olvidamos su lucha, su resistencia. Nosotros y nosotras, los pueblos y comunidades del CIPOG-EZ, no olvidaremos su lucha, porque ellos no se olvidaron de nosotros en

los días más oscuros para nuestras comunidades. El paso que sigue es seguir resistiendo, porque de la muerte se nace la vida y nosotros elegimos el camino de la vida.

 

¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA NUESTROS PUEBLOS!

¡QUEREMOS JUSTICIA!

!JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS!

¡VIVA ADÁN LINARES!

¡VIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!

¡VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

 

 

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Avispa Midia

Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

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