^{En portada: Construcción de la estación de compresión de TC Energy en el municipio de Barrillas, Veracruz.  Foto: Renata Bessi}

La empresa de capital canadiense TC Energy (anteriormente Trans-Canadá) fue señalada en 2019, junto a otras empresas, por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una de las empresas que habían firmado contratos con “cláusulas leoninas”, de las cuales recibieron millones de dólares de un servicio de transporte de gas que no había brindado. A cuatro años de las declaraciones del presidente, esta empresa ha adjudicado de forma directa, en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la construcción de un gasoducto marino, un proyecto que pone en riesgo una red de ecosistemas de arrecifes en el golfo de México.

Este ducto permitirá a TC Energy tener presencia en los proyectos estratégicos del gobierno actual en México como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. La llave a Puerta al Sureste es un ducto submarino de 715 kilómetros que transportará diariamente más de mil 300 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas natural. A su vez conecta otro gasoducto de 800 km llamado Sur de Texas-Tuxpan, también propiedad de la canadiense, a través del cual se importa gas de los Estados Unidos y Canadá.

En la habitual conferencia matutina del mandatario de México, de enero pasado, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que con esta infraestructura de gas natural la paraestatal se suma a la magna obra del Tren Maya, en la Península de Yucatán. “Se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península”, puntualizó. El complejo llamado Puerta al Sureste tendrá un costo aproximado de 4 mil 500 millones de dólares.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, dividido en dos etapas -zona terrestre y marina-, se tiene proyectado, en su primera fase, la construcción de tres estaciones de compresión en tierra firme, al menos 21 kilómetros de ductos terrestres, necesarias para conectar el ducto marino, así como líneas eléctricas, caminos de acceso y obras provisionales.

Dos estaciones ya están siendo construidas en Veracruz: una en Tuxpan y otra en Coatzacoalcos. La tercera estación está en el Municipio de Paraíso, Tabasco.

El quipo de este reportaje visitó una de las estaciones, la que esta en el municipio de Barrillas, Coatzacoalcos Veracruz. Se pudo constatar que las tierras ya estaban cercadas, con personal de vigilancia y con cámaras de seguridad. La maquinaria pesada ha limpiado toda la vegetación y, desde entonces, las tuberías han comenzado a llegar. Esta construcción está a escasos 500 metros de un cuerpo de agua dulce y un poco más de un kilometro de un complejo habitacional llamado Ciudad Olmeca.

En entrevista para Avispa Mídia, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, destaca: “Hemos estado alertando que en el camino de este gasoducto resalta la opacidad. Las autoridades y la empresa han sido muy opacas en todo el proceso de análisis de impacto ambiental”.

Lo que más preocupa, advierte Ramírez, es que “no hay estudios de las posibles afectaciones a toda una red de ecosistemas arrecifales mesofóticos que existen fuera de áreas protegidas en el Golfo de México, la parte marina del gasoducto”.

Según la reglamentación de las Unidades de Gestión Marina, en su criterio ZGN-01, “con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor extensión, y/o riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales particulares, se recomienda no construir ningún tipo de infraestructura en dichas comunidades”, haciendo referencia a las zonas protegidas marinas.

La MIA presentada por la filial de la canadiense, Transportadora de gas natural de la huasteca S. de R.L. de C.V, asegura que el desarrollo del proyecto “no afectará comunidades arrecifales”, argumentando que se encuentran a un poco más de 550 metros del Área Natural Protegida denominada Sistema Arrecifal de Lobos Tuxpan, y a 2.8 km del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, “con lo que se reitera la no afectación a estas comunidades”, asevera la empresa.

El pasado mes de mayo, científicos expertos en sistemas arrecifales coralinos adscritos a la Universidad Veracruzana, del Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental (CICADA), conjuntamente con un equipo de Greenpeace, recorrieron la parte centro y norte de Veracruz, por donde cruzará el ducto marino. Constataron que existen arrecifes que están en riesgo por estar fuera del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (APFF SALT).

En la investigación que realizaron los científicos a bordo del barco de Greenpeace Artic Sunrise, identificaron que en la zona centro del área de influencia de ducto existen al menos 366 estructuras de alta complejidad que pueden representar ecosistemas arrecifales mesofóticos, entre las profundidades de los 50 y 80 metros, los cuales no habían sido previamente reportados.

Del mismo modo, en la zona norte en las aguas de Veracruz, donde escanearon, con tecnología de punta una superficie de 10 millones 044 mil 221.6 metros cuadrados, hallaron al menos 69 estructuras de este tipo de ecosistemas de arrecifes mesofóticos, que no habían sido reportados ni estudiados previamente.

Greenpeace utilizó un tipo de dron marino equipado con cámaras y sensores, con capacidad de sumergirse hasta 100 metros de profundidad -vehículo operado de manera remota (ROV, por sus siglas en inglés). Gracias a esta tecnología registraron, a través de fotografías y videos del fondo marino, en el centro y norte del estado de Veracruz, la biodiversidad que habita esta región. “Lo que encontramos es que sí hay arrecifes que se encuentran en una zona somera, es decir, de baja profundidad. Pero este tipo de arrecifes pueden vivir hasta los 150 metros de profundidad”, afirma Ramírez quien fue parte de esta exploración.

El problema, agrega el integrante de la organización, “para poder establecer un ducto marino se requieren actividades como dragados. Incluso los colocan sobre los arrecifes. Entonces con mucha certeza podemos afirmar que estos ecosistemas si están en riesgo”.

Incluso, en la misma MIA se establece una serie de actividades que afectarán a la vida marina en torno al gasoducto: como ahuyentamiento de fauna marina; cruce con terceros y, el tipo de perforación que usarán, llamado direct-pipe, así como zanjeo y soldadura.

Por su parte, TC Energy puntualiza en la MIA que, aunque no afectan a este tipo de comunidades de arrecifes, “sin embargo dada la cercanía que existe con los mismos, se propondrán medidas de compensación dentro del Programa de Protección a la Fauna Marina”.

¿Quién fiscaliza?

El pasado 2 de marzo, fue presentado un informe de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el cual se presume que un equipo de esta agencia y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) realizaron, durante dos días, diversos recorridos de navegación en el área que comprende “la construcción y operación de obras en zona marina”, en Tuxpan, Veracruz, referente al área de influencia del gasoducto marino, según el informe.

“La visita se realizó con la finalidad de verificar las condiciones generales y estado actual que guardan los arrecifes emergentes y sumergidos y las incidencias del trazo del proyecto” relacionadas con el Área Protegida Lobos, enfatiza el documento presentado por el ingeniero Carlos Yegros Díaz, Subdirector de Gestión Industrial de Cambio de Uso de Suelo A.

En el documento se destaca que el personal de Conanp no pudo detectar, con los equipos que llevaba, el límite de las profundidades. No obstante, recurrió a una aplicación digital que alcanzaba los 100 metros de profundidad de la cual no menciona si encontraron no algún tipo de arrecifes y, “para descartar alguna falla con el equipo de medición (la aplicación digital)” enfatiza en el documento, recurrieron a una cuerda de 50 metros lanzada al mar para intentar identificar las profundidades “que tampoco toco fondo por lo que no realizaron inmersiones de los buzos”, sostuvo el funcionario de la ASEA.

Con este informe se concluye que la MIA regional de la Etapa 1, presentada por la filial de la canadiense TC Energy, “es congruente”, determinan en el documento, dando por hecho que no de identificaron especies de coral.

Para seguir un procedimiento del análisis ambiental de la obra, la empresa presentó en dos etapas sus MIAs y esto, “es una falta al procedimiento, era suficiente para que la ASEA lo desechara. Pero no se desechó, sino que se ha estado avanzado de una manera opaca y de una manera no pública, con argumentos de que la información es de seguridad nacional. La ASEA es la responsable principal de haber aprobado este proyecto”, advierte el integrante de la ONG.

^{Fotos tomadas por el equipo de Greenpeace}

El festejo y las alianzas

TC Energy ha anunciado oficialmente, en su cartera de proyectos, que Puerta al Sureste es 100% de su “propiedad efectiva”. Por otra parte, Bartlett Díaz ha anunciado que la CFE tendrá una participación en las acciones del 15% en total de esta sociedad y, “a partir de 2026 irá aumentado su participación”, señaló el director general de la paraestatal mexicana. Se pretende que el ducto comience a funcionar en 2025.

Tras el convenio, pactado en agosto del 2022, François Poirier, presidente y consejero delegado de TC Energy, enfatizó que les “complace haber sido seleccionados por la CFE como su socio y forjar esta estratégica e importante alianza público-privada, la primera de este tipo en los 85 años de historia de la CFE”.

El festejo oficial de este pacto se realizó el pasado mes de junio de este año 2023 en el Club de Banqueros, rememorando que es el primer aniversario de este acuerdo. Bartlett Díaz destacó en este evento que, “la alianza es valiosa para ambos países. Representa la cooperación y la voluntad para realizar proyectos que beneficiarán a México y Canadá”.

El festejo no es para menos, con este nuevo gasoducto, TC Energy ya tendrá desplegados al menos 3 mil 900 kilómetros de tuberías en distintas partes de México. Puerta al Sureste, además de suministrar gas al complejo denominado tren maya y a la Península de Yucatán, también conectará con el ducto Jáltipan- Salina Cruz y a su vez, con la planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en Salina Cruz, desde donde se pretende exportar gas principalmente a Europa y Asia. De la misma forma se suministrará gas al menos a 10 parques industriales que se establecerán en la región conocida como Corredor Interoceánico.

Desde 2021, la CFE ha anunciado entre sus acuerdos que la empresa estadounidense Sempra Energy, mediante su subsidiaria mexicana Sempra Infraestructura -socia de TC Energy -, está incluida en el “desarrollo de una terminal de gas natural licuado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”, la misma terminal de donde se exportará gas al continente europeo y asiático.

De esta forma, TC Energy entra a ocupar un papel estratégico en la reorganización económica del sur-sureste de México, ya que podrá mercar su gas explotado en Alberta y Toronto, en Canadá, por medio del método conocido como fracking. Posteriormente conecta con procesos de explotación en Charleston, en Estados Unidos. El camino que recorre este energético es a través de ductos que pertenecen a TC Energy, hasta llegar a su terminal en Houston, Texas. Posteriormente conecta con el gasoducto Valley Crossing, un ducto interestatal estadounidense de 257 kilómetros, diseñado especialmente para exportar gas a México.

Al final de este pequeño puente intermedio, TC Energy vuelve a conectar su gas con el primer ducto marino edificado en territorio mexicano llamado Sur de Texas-Tuxpan, el cual también es de su propiedad en sociedad con la estadounidense Sempra Energy, a través de la empres Infraestructura Marina del Golfo (IMG).

Así, Puerta al Sureste, terminará conectado vía terrestre en la Estación de Regulación y Medición Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con dos nuevas centrales de generación de energía CC Mérida y CC Riviera Maya (Valladolid) de la CFE, posteriormente continua con el gasoducto terrestre Mayakan.

Las empresas leoninas

TC Energy y Sempra Energy han trabajado de forma estrecha en el comercio de este energético, el cual consideran como “energía limpia” y un “puente para la transición energética”. En 2019, el mandatario mexicano les había amenazado con demandarlas en cortes internacionales de Londres y París por haber establecido contratos “ventajosos y leoninos” con el gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto.

Estas empresas son: Carso, del multimillonario Carlos Slim; TransCanadá (hoy TC Energy) y la empresa IEnova (hoy Sempra Infraestructura), ya que, según López Obrador, son las propietarias de siete gasoductos distribuidos en diversos estados de México, los cuales no estaban brindando el servicio pero que estaban recibiendo el pago como si lo estuviera haciendo, porque así lo estipulaban los contratos.

En una investigación lanzada por Connectas y Avispa Mídia llamada Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México revelamos  que el pago que había realizado el gobierno de México, por causas de “fuerza mayor”, ascendió los 16 millones de dólares por estos gasoductos que no funcionaban. Entre los proyectos que estaban cobrando este servicio figuraba el Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, el cual es propiedad de Sempra Energy y TC Energy.

Las empresas fueron perdonadas y llegaron a nuevos acuerdos con el presidente de México y con la paraestatal CFE que son los proyectos que hoy continúan. En su momento, dijo el presidente de TC Energía en México, Robert Jones: “Reconocemos y agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su participación directa y por su liderazgo, facilitando las conversaciones y estableciendo el rumbo que condujo a una resolución positiva. También agradecemos a la CFE por su ayuda en facilitar el acuerdo”.

^{Foto por Noah Berger/AP}

Diversas protestas se han hecho notar en San Francisco, California, Estados Unidos, desde que arrancó la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en su edición a realizarse entre 15 y 17 de noviembre, que tiene por tema central Crear un futuro resiliente y sostenible para todos. Entre los participantes figuraran los jefes de Estado de China, Estados Unidos y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El APEC es un mecanismo transpacífico que, en este año 2023, ha estado presidido por los EEUU con temas económicos regionales. Ha sido concebido por Australia y Japón en 1989, para “promover el crecimiento económico y el bienestar a partir de la liberalización del comercio y la inversión en la región de Asia Pacífico”, reza la convocatoria de los convocantes. Hoy las 21 economías presentes en el foro representan casi el 40% de la población mundial, cerca del 50% del comercio mundial y más del 60% de las exportaciones de bienes estadounidenses.

En las inmediaciones del Moscone Center, el lugar donde se lleva acabo el evento, diversos grupos de manifestantes han expresado su descontento por los ataques contra Palestina y por el apoyo que ha dado Estados Unidos a Israel, bloqueando el acceso a la sede de la cumbre. Con pancartas y consignas pidieron el cese de los ataques israelíes y lamentaron las pérdidas de vidas palestinas, las cuales ya suman más de 11 mil 200 personas.

Simultáneamente, otro grupo de manifestantes bloqueó un lado del puente en la bahía de San Francisco (Bay Bridge), sumando en un mismo tono de exigencia, “¡alto a los ataques sobre Palestina!”. Los manifestantes utilizaron diversas tácticas, como bloquear el flujo0 vehicular con sus propios automóviles, acostarse en el suelo cubiertos con sábanas ensangrentadas, hasta encadenarse a la estructura del puente, desafiando su arresto.

El bloqueo, según la Patrulla de Caminos de California, informó que desde las 7:42 am el flujo vehicular se había atascado por varios kilómetros a lo largo de las autopistas que se extienden hasta el Este de la Bahía.

Estas protestas han pretendido llamar la atención sobre el conflicto en Palestina y la implicación de Estados Unidos en el mismo, aprovechando la presencia de líderes mundiales en la cumbre APEC. Al final fueron brutalmente reprimidos. Medios locales reportan que han sido detenidas al menos medio centenar de manifestantes.

^{Las manifestaciones ininterrumpidas contra la aprobación de la explotación minera más grande de Centroamérica no cesan. Foto: Radio Temblor}

A punto de cumplir un mes, y a pesar de la represión estatal, la sociedad panameña mantiene movilizaciones ininterrumpidas en todo el país, en rechazo a la aprobación de la Ley 406, la cual aprueba el contrato de concesión a la mina Cobre Panamá, la explotación a cielo abierto de cobre y oro más grande de Centroamérica.

Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan en contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual le otorga la concesión, por 20 años prorrogables, para explotar casi 13 mil hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.

Medios locales reportan que, hasta el pasado fin de semana, se ha registrado la detención de más de 1,000 personas participantes de las protestas. Entre ellos, destacan, se encuentran 134 menores de edad. Según reportes oficiales, los detenidos son acusados de vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.

Contrato minero

La concesión minera tiene una historia que data de la década de los 90s del siglo pasado. Para 1991, se registró la concesión para exploración de posibles yacimientos de oro y cobre, y para 1997 se aprobó, por parte de la Asamblea Nacional, el contrato ley para la explotación minera, el cual posee rango constitucional. En el año 2005 el gobierno panameño respaldó la construcción de infraestructura y para 2009 dio luz verde al inicio de la explotación comercial de la mina por parte de la entonces denominada Minera Petaquilla (también de origen canadiense).

El contrato para la explotación establecía la posibilidad de solicitar prórrogas por 20 años, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias 120 días antes o 120 días después del término de cada periodo. Para el 30 de diciembre de 2016 la minera tramitó dicha prórroga, tras el paso de la fase de exploración y después de cinco años de la construcción de la mina Cobre Panamá.

No obstante, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato de 1997, atendiendo a un reclamo presentado, desde 2009, por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), organización que argumentaba la anulación de la actividad minera para prevenir el daño en los ecosistemas del norte del país centroamericano.

Minera Petaquilla cambió su nombre a Minera Panamá y, en febrero de 2017, obtuvo la prórroga hasta el año 2037. CIAM reclamó que el fallo de la CSJ anulaba dicho contrato; por su parte, la minera señaló que la resolución judicial no afectaría su proyecto de una inversión de más de 10 millones de dólares. Sin embargo, para operar la mina aceptó negociar un nuevo pacto, esta vez con el actual presidente, Laurentino Cortizo, quien con el respaldo del legislativo ratificó en octubre pasado el contrato mediante la Ley 406.

Rechazo
La reacción de distintas organizaciones, como la Central General de Trabajadores de Panamá, la Asociación de Profesores de la República, ambientalistas, pueblos indígenas, campesinos y estudiantes ha sido masiva y la represión estatal, acusan, ha sido desmedida.

Las protestas se mantienen a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley. Para noviembre, las movilizaciones han ido en aumento para exigir que el presidente llame a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados y presente la derogatoria de la Ley 406.

De acuerdo con medios locales, además de los cierres de vías en la capital panameña, se registran manifestaciones en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón. En algunos puntos se registran bloqueos que impiden la circulación de mercancías y combustibles, sobre todo en la frontera con Costa Rica.

El medio alternativo Radio Temblor señala la participación de los pueblos originarios, quienes mantienen barricadas en la comarca Ngäbe Buglé, “ya que no hay respuesta por el gobierno para derogar dicha ley”. También destaca que, pese a los bloqueos, se permite el tránsito de vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias.

“En la provincia de Coclé las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero en Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera como en áreas indígenas de Guna Yala, Nasos y Emberá”, remarca el medio libre.

Asesinatos

Durante las movilizaciones masivas se registra un saldo de cuatro muertos.

El 26 de octubre, Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, falleció tras ser atropellado cuando protestaba en la comunidad de Los Viveros, provincia de Colón. Para el 1 de noviembre, Tomas Milton Cedeño, educador de la comarca Ngäbe Bugle y originario de la provincia de Chiriquí, fue atropellado en las manifestaciones realizadas en Horconcitos.

En la jornada de bloqueos realizada el martes 7 de noviembre, en la provincia de Panamá, Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesinó con arma de fuego a Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodriguez Mendoza. El homicida, de 77 años, se mantiene recluido en espera de su proceso judicial.

El 9 de noviembre, las manifestaciones reclamaron justicia por los asesinatos. “Panamá, ahora más que nunca, debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (…) la culpa no es de los cierres”, declaró Luis Arturo Sánchez, de la Asociación de Educadores Veragüenses.

Derogación

Tras las masivas movilizaciones, el presidente Cortizo presentó la Ley 407 para decretar la prohibición de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las manifestaciones exigen la derogatoria del contrato a Minera Panamá.

Por su parte, desde el pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que se encuentra en proceso de revisión de todas las solicitudes nuevas, de renovación y de prórroga para exploración y/o extracción de metales para cumplir con la Ley 407.

Sin embargo, expertos señalan que este decreto mantiene vigentes 15 concesiones y deja a la expectativa más de 100 solicitudes existentes. De acuerdo al MICI, todas estas solicitudes deben ser archivadas en un periodo de tres meses desde la promulgación de la ley, acontecida el 3 de noviembre.

El Centro de Incidencia Ambiental detalló que existen 103 solicitudes de exploración que deben ser archivadas, a mas tardar febrero del 2024, para cumplir con la nueva ley.

No obstante, según el CIAM, aún existen 15 concesiones entregadas; de ellas, cuatro están vencidas y siete de ellas están esperando una prórroga, por lo que también quedarían excluidas.

De las cuatro concesiones restantes, dos son propiedad de Veragold, ubicadas en la provincia de Veraguas. En esta región, de acuerdo a la Ley que protege la Cuenca del Río Santa María, se prohíbe la minería, por lo que no se podría iniciar la extracción. También se encuentra la concesión de Minera Petaquilla, respaldad por la Ley 9 de 1997, declarada inconstitucional.

La única concesión que quedaría vigente es la de Minera Panamá, recién legalizada con la ley 406 y que acumula más de 8 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.