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Avispa Midia

Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

Por Aldo Santiago

En portada: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Este cultivo se caracteriza por la alta demanda de agua, la erosión de los suelos y la vulneración de la soberanía alimentaria de las comunidades. Pese a ello, se ha expandido a escala global con apoyo de la agroindustria y financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Aldo Santiago

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.
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Avispa Midia

A 5 años de la detención de Fidencio Aldama, Yaquis llaman a la jornada de solidaridad

Por Sare Frabes

Hoy, 21 de octubre, cumple cinco años del ataque a la tribu Yaqui de Loma de Bácum, en el estado de Sonora, y de la detención del indígena Fidencio Adama. En 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del Gasoducto Sonora, que la empresa Sempra Energy pretende construir en su territorio.

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El ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Aldama, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado del asesinato.

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Tras un juicio “plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra”, como lo define el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, en 2018 el indígena fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de 75 mil pesos. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

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Desde entonces la violencia en el territorio Yaqui se ha recrudecido. El 14 de julio del 2021 fueron secuestradas diez personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los indígenas.

El 19 de septiembre, la fiscalía del estado informó el hallazgo de cinco cuerpos pertenecientes a los desaparecidos. Aún se esperan peritajes autónomos, “pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado”, sostiene el grupo de apoyo.

“Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad”.

Semana de Solidaridad

Entre los días 21 y 27 de octubre se convoca a la jornada de solidaridad con la tribu Yaqui de Loma de Bácum, por la libertad de Fidencio Aldama y por la presentación con vida de los desaparecidos.

El objetivo es que cada colectivo, organización e individuo, desde su lugar y forma, promuevan acciones que visibilicen la situación vivida por los indígenas, ya sea con impactos visuales en las calles, pega de carteles, llenando las redes con los hashtags #FidencioAldamaLibertad #SolidariedadConBácum  #PresentaciónConVidaYa, por ejemplo.

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Para más información o para enviar un informe de las acciones, está el correo electrónico fidenciolibre@protonmail.com. También se llama a participar con donaciones que pueden ser realizadas aquí.

“Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad de Fidencio”, avisa la tribu Yaqui de Loma de Bácum.

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Camino Al Andar

Tejiendo Resistencias: El Encuentro del CNI con la Brigada Nacional de Búsqueda

Por R. Aída Hernández Castillo

Fotos: Cecilia Lobato, Colectivo Regresando a Casa Morelos.

El domingo 17 de octubre tuvo lugar en Oaxtepec Morelos, un encuentro histórico entre los colectivos de familiares de desaparecidos articulados en la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Se trata de dos de los movimientos sociales más importantes del país, en defensa de la vida. Desde distintas estrategias y espacios de resistencia, estos hombres y mujeres se han convertido en el principal contrapeso a las violencias múltiples que están destruyendo el tejido social de nuestras comunidades.
Haciendo eco a la iniciativa lanzada en julio pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de promover una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, el CNI se acercó a los colectivos de familiares de desaparecidos que se encuentran en Morelos en el marco de la VI Brigada Nacional de Búsqueda. El 31 de julio pasado 756 comunidades zapatistas se pronunciaron por el SI, como respuesta a la pregunta de si “estaban o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia”. Este llamado nos planteó el reto de imaginar y promover dicha campaña, desde movimientos que no siempre comparten sus perspectivas políticas, ni estrategias de lucha, pero que coinciden en denunciar los entramados de violencias y las complicidades estatales con las mismas, así como en apostarle al trabajo de reconstrucción y fortalecimiento de los tejidos comunitarios.
 Si bien en varios espacios de encuentro organizados por los zapatistas habían participado familiares de personas desaparecidas –como fue el caso del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en diciembre del 2019– se trata de la primera vez que el EZLN hace un llamado a una campaña nacional de apoyo a las luchas de estos colectivos.
Por su parte del Congreso Nacional Indígena, ha venido denunciando la desaparición y asesinato de varios de sus líderes en distintas regiones del país, como fue el caso del dirigente yaqui Tomás Rojo, desaparecido el 27 de mayo de mayo de este año, y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Vicam, Sonora, unos días después. Así como los asesinatos de los activistas yaquis Luis Urbano y Agustín Valdez durante ese mismo mes. También se movilizaron en torno a la desaparición en septiembre pasado de José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, bases de apoyo zapatistas e integrantes de una Junta de Buen Gobierno, quienes aparecieron con vida después de haber sido secuestrados por grupos paramilitares vinculados a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Sin embargo, existen cientos o miles de desaparecidos indígenas en el país, que no tienen militancias políticas ni vínculos con el CNI, cuyas familias no han contado con las redes de apoyo para denunciar ampliamente estas violencias. Sus nombres y casos se han perdido en el anonimato, y hasta ahora el movimiento indígena en el país no ha logrado documentar, ni denunciar los nombres de los miles de desaparecidos y desaparecidas, cuyas vidas han sido truncadas por las violencias extremas, muchas veces perpetradas por actores estatales que deberían de protegerlos.

Por el lado de los colectivos de familiares de desaparecidxs en el país, tampoco se ha visibilizado la identidad étnico-cultural de las personas cuyos cuerpos han sido encontrados en fosas clandestinas, ni de los familiares que buscan a sus hijos e hijas en regiones indígenas. Es decir que la desaparición de personas, se ha diluido en los múltiples agravios denunciados por el CNI, a la vez que la identidad indígena, tampoco ha sido considerada ni en las bases de datos oficiales, ni en las de los colectivos de familiares. Es por esto que el encuentro entre el CNI y la Brigada Nacional de Búsqueda, no solo representa un momento histórico en la articulación de dos luchas que resultan fundamentales para el país, sino que también abre la posibilidad de visibilizar las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidxs.(Las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidos en México – A dónde van los desaparecidos (adondevanlosdesaparecidos.org)

El encuentro

En una hermosa noche de luna llena, representantes del CNI de distintas regiones del país levantaron sus voces con consignas de apoyo a los familiares de desaparecidos. Integrantes del CNI de Morelos dieron la bienvenida y hablaron de sus luchas contra el Proyecto Integral Morelos, recordándonos que la muerte del activista indígena Samir Flores continúa impune. Las mujeres otomíes de la comunidad migrante a la ciudad de México, que han convertido las antiguas instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, hablaron con la fuerza verbal que las caracteriza haciendo suyo el dolor de las madres, esposas, hermanas de personas desaparecidas. Las Organización de Pueblos Unidos por la Vida de Puebla, que desde marzo pasado mantienen cerrada la embotelladora de agua Bonafont, hablaron del vínculo que existe entre la defensa del agua y la defensa de la vida. Los compañeros de la región totonaca de Veracruz, compartieron los impactos que la desaparición de personas y la violencia del crimen organizado han tenido en sus comunidades. Las presentaciones fueron acompañadas por consignas que hermanaban sus luchas.
Por parte de la Brigada Nacional de Búsqueda se aprovechó para presentar el informe de la Quinta Brigada que se realizó en los municipios de Poza Rica y Papantla en febrero del 2020. Después se les explicó a los representantes del CNI en que consiste esta estrategia de lucha que combina la búsqueda de los y las desaparecidas, con la información y sensibilización de la sociedad civil. Se trata de un movimiento de familiares de personas desaparecidas que desde el 2016 ha realizado seis brigadas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Guerrero, con el acompañamiento de activistas solidarios que han hecho suyo su dolor y sus luchas. Vino después una ronda de presentaciones en la que representantes de distintos estados dieron testimonio de los agravios cometidos contra ellas, sus familias y sus comunidades. No fue posible que hablaran representantes de los 160 organizaciones que participan en esta ocasión, pero quienes hablaron lo hicieron desde una voz colectiva, pues los y las desaparecidas son ahora hijos e hijas de todas.
Se explicó la estrategia de trabajo, a través de distintos ejes que han llevado sus voces a catorce municipios morelenses. Unas visitan escuelas y con la fuerza de su testimonio contribuyen a la construcción de una cultura de paz con las nuevas generaciones; otras trabajan desde el eje de Iglesias que articula a una comunidad ecuménica, que se propone re-educar y sensibilizar a sus propias autoridades eclesiásticas y comunidades de fe, que en la mayoría de los casos no han estado a la altura de la crisis de derechos humanos que enfrentamos; Sin perder la esperanza de que sus familiares puedan estar vivos, se realizan búsquedas en penales, en donde también se llama a los y las internas a compartir cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos. “No se buscan culpables, solo buscamos a nuestros tesoros” repiten una y otra vez, tratando de apelar a la conciencia de quienes pudieran tener información.

Otras más han tomado picos y palas, para hacer lo que han venido haciendo a todo lo largo y ancho del país: buscar a “sus tesoros” en cañadas, arroyos, terrenos baldíos. Han sido ellas, quienes sin ninguna certificación, se han convertido en expertas forenses y han encontrado muchas de las 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos, que reportó recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda. Otro grupo ha concentrado su trabajo en fiscalizar los procesos de identificación humana, que en este estado han sido un ejemplo nacional de ineficiencia y complicidad con las fosas de Jojutla y Tetelcingo. https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/015a1pol.

 

Los representantes del CNI también compartieron la historia de 25 años de lucha, durante los cuales han enfrentado los discursos y prácticas que en nombre de un supuesto “progreso y desarrollo” pretenden despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Era evidente que en ambas luchas se ha enfrentado una necropolítica que ha tenido continuidad, sin importar el color de los partidos que nos gobiernan. Cerrar la primera semana de trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda, con un diálogo con el CNI, visibilizó la estrecha relación que hay entre las políticas de muerte que se apropian de los territorios y recursos de los pueblos indígenas y las que han convertido el país en una gran fosa clandestina. Los pueblos indígenas articulados en el CNI y las familias de la Brigada están tejiendo una red de resistencias en defensa de la vida que confronta silenciamientos y complicidades estatales.

Como Colectivo por el Florecimiento de los Pueblos, nos hemos unido también al llamado del EZLN a articular esfuerzos en una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, creando espacios de encuentro entre distintos movimientos que luchan por la defensa de la vida a través de la Serie Diálogos de Resistencias, que co-organizamos con Mujeres y Sexta. En este espacio han participado también familiares de personas desaparecidas, representantes del CNI, defensoras de migrantes, familiares de víctimas de feminicidio, defensoras del territorio (https://www.facebook.com/ColectivoCaminoalandar/videos/255793346431186/). Sabemos que hay aún mucho camino por andar, pero estamos seguras de que estos primeros diálogos son ya la semilla de las comunidades de resistencia que nos urge construir para confrontar las políticas de muerte que atentan contra nuestros cuerpos y territorios.

 
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Colectiva La Zarzamora

Enfrentamiento entre Comunidades lavkenche e Infantes de Marina tras provocación militar

Por:La Zarzamora/Fotografía: Aukin

Durante la tarde de este 19 de octubre comunidades mapuche de la franja lavkenche, comunicaron que se produjo un enfrentamiento entre pu weichafe y militares, luego de que las fuerzas represivas destruyeran una barrera de control sanitario levantada por las comunidades en Wentelolen como medida preventiva en territorio que ha desarrollado una larga lucha de reivindicación, recuperación y control territorial.

El enfrentamiento se habría producido en el territorio lleullueche entre Wentelolen por el norte y Curapaillaco por el sur, en el cual pu weichafe habrian confrontado la provocación tanto de policías como de militares.

Se hace una llamado a organizaciones de DDHH a estar al tanto de estos hechos y a hacerse presentes. Así mismo se llama a los medios libres a que entreguemos la mayor cobertura posible en esta “nueva pacificación” del WallMapu.

COMUNICADO URGENTE

Hoy 19.10.2021 a las 14: 30 hrs, empezaron los enfrentamientos de las comunidades contra Carabineros de Chile y efectivos del ejército……

Urgente llamado a observadores de derechos humanos y medios alternativos…

Se informa que se estarían produciendo enfrentamientos entre agentes del Estado y las comunidades en el Wallmapu, zona lavkenche.

Solicitamos estar atentos, ya que se están viendo las primeras consecuencias de la militarización de la Macrozona Sur.

Comunidades de LLeu-Lleu
Vocero de la CAM

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Avispa Midia

Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

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Avispa Midia

Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

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Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

 

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Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Semana de solidaridad con Loma de Bácum y por la libertad de Fidencio Aldama del 21 al 27 de octubre de 2021

A LAS PERSONAS ABAJO Y A LA IZQUIERDA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LXS LIBERTARIXS DEL MUNDO
AL PUEBLO EN GENERAL

Desde el año 2015 la Tribu Yaqui en Loma de Bácum en el estado de Sonora, se encuentra en resistencia en contra del megaproyecto Gasoducto Sonora que la empresa Sempra Energy pretende construir dentro de su territorio, afectando y poniendo en riesgo sus tierras y vidas, por lo que inician una lucha jurídico política en contra del megaproyecto.

El 21 de octubre de 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Fidencio Aldama Pérez, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte mencionada. Tras un juicio plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra, en 2018 FIDENCIO ALDAMA fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de $75,000. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

El 14 de julio del año en curso fueron «levantadas» 10 personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los compañeros. El 19 de septiembre de este año, y sin que la fiscalía del estado hiciera grandes esfuerzos por la búsqueda de los miembros de la tribu, se informó del hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes a los desaparecidos mencionados. Aún se esperan peritajes autónomos, pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado.

El ataque constante que ha vivido y sigue viviendo la Tribu Yaqui en Loma de Bácum ha sido brutal. Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad. En respuesta al hostigamiento en curso, y a cinco años del ataque a Bácum y la detención de Fidencio Aldama,

C O N V O C A M O S:

A UNA JORNADA  DE SOLIDARIDAD CON LA TRIBU YAQUI DE LOMA DE BÁCUM, POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS Y POR LA LIBERTAD DE FIDENCIO ALDAMA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE, EN DONDE CADA COLECTIVO, ORGANIZACIÓN E INDIVIDUO-AS DESDE SU LUGAR Y FORMA ALCEMOS LA VOZ CON IMPACTOS VISUALES EN LAS CALLES, PEGA DE CARTELES, LLENANDO LAS REDES CON LOS #FIDENCIOALDAMALIBERTAD #SOLIDARIDADCONBÁCUM #PRESENTACIÓNCONVIDAYA, CON TODAS LAS MUESTRAS PÚBLICAS QUE EN SU IMAGINACIÓN QUEPAN. Cobijemos a la comunidad Yaqui de Loma de Bácum y demostrémosles que no están solos. La solidaridad en hechos es fundamental en un país azotado por la guerra diaria del narco gobierno y el poder empresarial, SOLIDARICEMONOS CON LAS FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS, EXIJAMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE FIDENCIO ALDAMA QUIEN ESTA PRESO SÓLO POR LUCHAR Y DEFENDER LA VIDA Y TERRITORIO YAQUI. Para más información o para enviarnos un informe de sus acciones puede ponerse en contacto con nosotros aquí: fidenciolibre@protonmail.com. También les convocamos a participar con donaciones ya que siempre es una necesidad para sostener los gastos de difusión, jurídicos y de la propia prisión. Pueden donar aquí: https://fidencioaldama.org/donar/

Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad del compañero FIDENCIO ALDAMA PÉREZ.

¡LA LIBERTAD NO SE LAS VAMOS A PEDIR SE LAS VAMOS A ARREBATAR!

– Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Libertad a Fidencio Aldama

radio
Latinoamèrica Rompe el Cerco

TENDRÁ LUGAR EL JUICIO QUE LA JUSTICIA FEDERAL INICIA CONTRA MARÍA NAHUEL, LUCHADORA Y DIRIGENTE MAPUCHE ESTE VIERNES

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina asumirá su defensa. La doctora Rosario Fernández y el doctor Gustavo Franquet serán sus abogados. Lxs doctorxs Laura Taffetani y Eduardo “El Negro “Soares, sus testigos.

La fiscal federal Little aparece en el juicio como víctima. La misma fiscal que ordenó el operativo en el que fue asesinado su sobrino Rafita y en el que fue herida su propia hija.

María Nahuel ha dicho una y mil veces que no le teme a esta justicia hegemónica y burguesa que la acusa pero no investiga los atentados hacia ella y su familia que en estos días ha sufrido el cuarto intento de incendio a su ruka.
La Gremial, ha manifestado y demostrado históricamente en los hechos su decisión de apoyar las causas y luchadoras y luchadores populares de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Asumiendo su tarea de defensa desde su profundo respeto por la digna lucha de los pueblos originarios a los que este sistema capitalista tremendamente injusto y perverso continúa saqueando, persiguiendo y oprimiendo, ESTÁ PRESENTE en la defensa de decenas de causas contra el pueblo mapuche en toda la Patagonia, en Salta con los Wichis, en Chaco con los Qom.

No ignoramos la avanzada de la derecha reaccionaria y supremasista que con el único objetivo de resguardar sus privilegios y sus propiedades privadas no ha dudado en “ escudarse “ en la defensa de sus ddhh, para justificar la represión y acusar de terroristas a las comunidades que luchan por su inalienable derecho a recuperar sus territorios ancestrales saqueados por el estado argentino y sus secuaces.
Tampoco ignoramos que La Gremial “molesta” con sus declaraciones porque no rinde cuentas ni pleitesía a ningún gobierno o partido al servicio de los poderosos de este sistema capitalista. A diferencia de sus detractores, solo da cuentas a sus defendidxs poniendo el cuerpo y todo su conocimiento para defender sus causas, orgullosos y coherentes con la heroica historia de lucha en las organizaciones revolucionarias de las que sus fundadores fueron parte.
Este viernes a las 14 hs, junto a todxs lxs vecinxs, organizaciones, sociales y políticas frente a las puertas del Juzgado estaremos frente a la puerta del juzgado federal mientras se desarrolla el juicio, acompañando a María Nahuel, quien como ella dice, se mantiene firme en su derecho y responsabilidad de luchar sin renunciamientos por la liberación de su pueblo. A su lado, luchando a la par de María estará como siempre, La Gremial de Abogadas y Abogados.

✍🏾 Grupo de Apoyo a la Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche.
📍 Bariloche, Octubre de 2021

radio
Colectivo Grieta

Del golfo de Finlandia al Círculo Polar Ártico, la Extemporánea zapatista se enlaza con las luchas de Finlandia

Por Colectivo Grieta

“La Extemporánea” en Finlandia. FOTO: Colectivo Armadillo Suomi

10 de octubre de 2021.- Recorriendo de extremo a extremo Finlandia, la delegación zapatista “La Extemporánea” se ha encontrado con colectivos, organizaciones e individuos conociendo de sus de sus luchas y resistencias, aprendiendo e intercambiando experiencias. El Colectivo Armadillo Suomi de Finlandia ha documentado y compartido distintos momentos de este recorrido que ha llevado a los indígenas mayas rebeldes desde Helsinki en las costas del Golfo de Finlandia hasta el territorio del pueblo Sami, dentro del círculo Polar Ártico, en la localidad de Ohcejohka, donde las fronteras del capital marcan el límite entre Finlandia y Noruega.

En Helsinki, las compañeras y compañeros zapatistas se reunieron para conocer las experiencias los inmigrantes en Finlandia. En ese encuentro la música se hizo presente a través de “Las Jaranas del Norte” y de un coro finlandés. También en Helsinki, activistas del “Free movement” y otros colectivos en defensa de los derechos de los migrantes compartieron con La Extemporánea sus experiencias de lucha.

Encuentro de zapatistas con colectivos de inmigrantes en Finlandia. Foto: Facebook Colectivo Armadillo Suomi

En el extremo norte de Finlandia, en territorio del pueblo Sami, “La Extemporánea” se reunió en una Lavvu, tienda tradicional de los pastores de renos con compañeras y compañeros de la comunidad de Ohcejohka. Allí, conocieron de cómo los proyectos extractivistas amenazan los territorios de pastoreo del pueblo Sami, afectando sus migraciones anuales a través de la taiga nórdica.

Encuentro con el pueblo Sápmi dentro de una gran tienda Lavvu. Foto: Colectivo Armadillo Suomi

 

En la ciudad de Oulu, en las costas del extremo noreste del Golfo de Botnia,  160km al sur del Círculo Polar Ártico, la Travesía por la Vida incluyó un encuentro con colectivos como Elokapina Oulu, que lucha en defensa del medio ambiente y promueve la desobediencia civil pacífica; Oulutopia, colectivo que ha organizado todo un ciclo de proyecciones de video, pláticas y foros para difundir la lucha zapatista en esta ciudad de Finlandia. Los indígenas mexicanos también se encontraron con el grupo de Punk Paskakaupuni.

Encuentro dela delegación Extemporánea zapatista en la ciudad de Oulu, Finlandia. Foto: Facebook Colectivo Armadillo Suomi

A lo largo de su recorrido por Finlandia, “La Extemporánea” ha participado en diversos foros, simposios y conversatorios con colectivos ambientalistas y feministas intercambiando experiencias de lucha en defensa de la Madre Tierra y en contra del capitalismo que la destruye y amenaza con ello nuestra vida. De la selva a la taiga boreal, la delegación ha llevado a cabo su tarea de aprender e las luchas de otros pueblos y otras tierras.

Movilización en Helsnki el pasado 24 de septiembre, respondiendo al llamado del EZLN, contra las agresiones hacia las comunidades indígenas zapatistas. Foto: Colectivo Armadillo Suomi

Comunidades que se dedican al pastoreo de renos, colectivas feministas, trabajadores migrantes en lucha, colectivos ambientalistas, un llamado a “no olvidar el espíritu de Yanga”, el grito de solidaridad frente a las agresiones del mal gobierno mexicano hacia los zapatistas, han sido algunos de los destellos el recorrido zapatista por tierras finlandesas. Destellos que apenas sugieren lo que, sin brillar, ilumina los pasos de esta delegación, su alegría, preparación y disposición para escuchar.

Con información de: https://m.facebook.com/colectivoarmadillosuomi/?ref=page_internal&mt_nav=0

radio
Avispa Midia

Victoria para el maíz nativo en México, niegan amparos a gigantes trasnacionales

Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto por Santiago Navarro F

Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (Demanda Colectiva Maíz) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Maíz para descontinuar la siembra de maíz transgénico para uso comercial en territorios mexicanos.

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Esta situación compleja desembocó una lucha prolongadísima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar científicamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el día de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – ¡por decisión unánime! – ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnación).

Enriqueciendo la victoria, la SCJN determinó que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acción colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Maíz hereda un precedente para las demandas colectivas contemporáneas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos indígenas y consumidores de maíz para luchar por sus derechos.

La lucha de la Demanda Colectiva Maíz tiene como principal objetivo el proteger y preservar el maíz nativo que está en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transgénicos; además de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se comprometía por la usanza de agrotóxicos.

La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido dañada con la introducción de otros transgénicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).

Aun así, como la misma Demanda Colectiva Maíz se refiere, “aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibición definitiva de maíces transgénicos en México”.

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