CDMX, 26 de julio de 2023. Un día después de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que se retira del caso debido a la negativa por parte del ejército de entregar documentos fundamentales para la investigación, los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la entrega de dichos documentos, que son claves para dar con el paradero de los jóvenes. Bajo una fuerte lluvia, los familiares marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
El mensaje de los familiares ante el reporte del GIEI y su retirada de la investigación: que la sociedad civil y las organizaciones sociales no cesen de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ordene a las fuerzas armadas a entregar los documentos identificados por el GIEI y que continúen las investigaciones de manera seria e imparcial.
Aunque las investigaciones del GIEI se vieron seriamente obstaculizadas por la opacidad de las fuerzas armadas, imposibilitando la identificación del paradero de los normalistas, su último informe sí trajo un avance importantísimo en el caso: la conclusión definitiva de la complicidad y participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y todas las fuerzas policiales en la desaparición forzada de los normalistas junto con el grupo criminal Guerreros Unidos, y la complicidad de diversas instancias de los tres niveles de gobierno en tergiversar, manipular y ocultar los hechos.
La pista fundamental para conocer el paradero de los normalistas son los informes generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), dependiente de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, muchos fueron los esfuerzos por parte de la Sedena para evitar que dichos informes se conocieran. Primero, negando la existencia misma del CRFI en 2014, afirmando que sólo se creó en 2015, lo cual ha sido desmentido por las evidencias descubiertas por el GIEI. Después, negando que se realizaran interceptaciones de comunicadciones; después, afirmando qeu el CRFI dependía del Cisen, y no de la Sedena. Y finalmente negándose a entregar documentos del CRFI que son clave para la investigación.
El informe del GIEI es demoledor en términos de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no sólo en la desaparición de los normalistas, sino en la ocultación de evidencias y obstrucción a la verdad y justicia. En un contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha entregado un poder al ejército nunca visto en el México posrevolucionario, las revelaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa son una señal de alarma que ningún ciudadano debe tomarse a la ligera. De manera que la convocatoria de los familiares de los normalistas a que las organizaciones sociales y la sociedad civil en general se movilicen para exigir transparencia a las fuerzas armadas es no sólo una exigencia de verdad y justicia en ese caso particular, sino una necesidad colectiva en un país cada vez más autoritario y violento.
Imágenes de la marcha:
Palabras de los familiares en el Hemiciclo a Juárez:
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe Ayotzinapa VI.
Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes.
México, Julio de 2023.
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Informe Ayotzinapa VI.
Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes.
México, Julio de 2023.
CDMX, 25 de julio de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, tras anunciar que se retira de las investigaciones debido a la opacidad del Estado y la negación de diversas instituciones de proporcionar información relevante.
El informe es contundente en términos de la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), además de la policía municipal, estatal, federal, ministerial y de tránsito y otros órganos del Estado, en la desaparición forzada y asesinato de los normalistas y en la manipulación de evidencias y ocultamiento de información.
El GIEI, que depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó más de la mitad del informe a analizar la participacion del ejército, con un mapeo detallado de sus movimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, el informe detalla la complicidad y participación de todos los niveles del Estado: “El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43”, en palabras de Carlos Beristáin, que presentó el informe junto con Ángela Buitrago.
Lo que no se ha podido aclarar, sin embargo, es quizás lo que más importa (sin duda alguna lo que más importa a los familiares): el paradero de los normalistas desaparecidos. El ocultamiento y manipulación de información por parte del Estado ha logrado impedir que se conozca lo que les sucedió a los normalistas. Lo único que se ha logrado saber es que los jóvenes fueron separados en dos grupos: uno que pasó por las instalaciones de la policía en Iguala y otro conducido rumbo a Huitzuco o Chilpancingo.
Mientras tanto, el presidente López Obrador se autocongratuló por los avances en la investigación: “Yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno, lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables”, a pesar de las denuncias de ocultamiento y manipulación deliberada de la información por parte de las fuerzas armadas y otras instancias de gobierno y la decisión del GIEI de no continuar las investigaciones debido a la opacidad del Estado.
El informe del GIEI demuestra no sólo los esfuerzos castrenses por mantener oculta la verdad del caso, sino el funcionamiento estructural del Estado mexicano, entre otras cosas, con la utilización sistemática de la tortura. Esto representa también, dijo Carlos Beristáin, una oportunidad para cambiar de rumbo, cosa que a todas luces no está sucediendo.
Compartimos a continuación algunos trechos de la sesión de preguntas y respuestas durante la presentación del informe:
“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”
En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.
En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.
Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.
Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.
Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.
Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.
También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.
Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.
Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.
Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:
Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas
Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.
Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…
Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.
Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.
En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.
Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.
El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.
Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.
Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.
Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:
1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.
2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.
3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:
a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones
Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.
Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
[1] Datos del gobierno federal. [2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. [3] Datos del gobierno federal. [4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).
Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.
Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.
Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas.
Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios.
En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del ejecutivo federal, acompañado de la secretaria de gobernación, del secretario de la defensa nacional y del gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian la violencia.
Esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune.
Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a:
Denunciar las violencias contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México, y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares.
Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas.
Acompañar, en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona, las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias.
Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo federal y estatal, por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes.
Atentamente
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s.
El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024
El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]
El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.
Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.
Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.
Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.
[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf
Continúa en riesgo la salud de Jorge López Sántiz, Base de Apoyo Zapatista
Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizaron una serie de ataques que ponen en riesgo a tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi y están ubicadas en el municipio de Ocosingo, Chiapas: los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados que al momento de la emisión de esta Acción Urgente, no han frenado.
Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores, contabilizando al menos 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo calibre, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres, simultáneamente atacaron a las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi; en esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma, misma que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.
A la emisión de esta Acción Urgente -para el 22 de junio- se han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo calibre, con información documentada por la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas.
Este día se cumple un mes del ataque en donde resultó herido el Base de Apoyo Jorge López Sántiz, que aún se encuentra en un estado de salud delicado con la necesidad de manejo especializado para dar continuidad a su proceso de recuperación.
Respecto al estado de salud del Base de Apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, egresó del Hospital Gómez Maza el 5 de junio de 2023, después de 10 días de estar en terapia intensiva y 4 días de estar en hospitalización. A su egreso aún presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. Las secuelas son graves, pues el funcionamiento de su intestino quedó afectado. El proceso de recuperación es lento, pues las complicaciones derivadas de la cirugía necesitan cuidados especializados para una cicatrización adecuada, así como manejo con medicamentos antibióticos y analgésicos.
Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” continuaremos documentando las agresiones a comunidades que ejercen sus derechos a la autonomía y libre determinación como pueblos originarios, y señalando la complicidad del Estado mexicano.
Ante estos hechos exigimos con urgencia:
Garantizar de manera emergente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
Se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
Cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Antecedentes:
El 23 de mayo de 2023 presentamos la Acción Urgente 009, en donde solicitamos a las autoridades su atención inmediata y un cese a la violencia dirigida en contra de las comunidades autónomas zapatistas.
En mayo de 2022 emitimos la Acción Urgente 002-2022 en donde se documentan diversos hechos de violencia en la comunidad, así como el aumento de ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado, con base en los testimonios de las personas pobladoras de la región.
Solicitamos enviar sus llamamientos urgentes a:
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de México
Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 4901. Twitter: @lopezobrador_
Este 8 de junio de 2023, se realizaron movilizaciones en por lo menos 30 geografías de México y del mundo, exigiendo un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Desde hace casi 30 años, los pueblos zapatistas han luchado pacíficamente por construir un gobierno democrático y horizontal, un sistema de justicia propio, sistemas de educación y salud, comunicación y comercio justo, pensamiento crítico, creatividad y dignidad. Y a casi 30 años de vida pública, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque.
El grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantizan los tres niveles de gobierno. A lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como lo es el Sembrando Vida, que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa.
Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado.
El pasado 22 de mayo, en un ataque con armas de alto calibre de varias horas contra la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, la ORCAO hirió de gravedad al base de apoyo zapatista Jorge López Santiz, que se debate entre la vida y la muerte. Como respuesta, pensadores, activistas, defensores de derechos humanos, artistas y organizaciones de muchas partes del mundo convocaron a una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio.
Compartimos aquí imágenes, audios y videos de algunas de las acciones realizadas este 8 de junio.
¡YA BASTA!
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Llamado a los pueblos de México y del Mundo,
El 1 de enero de 1994, mientras los ricos y su entreguista clase política se preparaban para festejar la integración neoliberal de Norteamérica por medio del Tratado de Libre Comercio; desde el sureste de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo resonar un poderoso YA BASTA que se escuchó en todo el mundo. Armados de dignidad, los pueblos mayas zapatistas nos hicieron voltear a ver la miseria, el desprecio, el racismo y la explotación con que el México de arriba trata a los pueblos originarios. El YA BASTA de los pueblos zapatistas llegó a los rincones más insospechados del planeta: ellos y ellas vinieron a convidarnos la esperanza de que otro mundo es posible.
Los pueblos zapatistas abrieron su corazón y su oído receptivos a la sociedad civil, y dejaron a un lado las armas para dar paso a la palabra. El EZLN continuó entonces con la construcción de escuelas, hospitales, viviendas, cooperativas, centros culturales, proyectos agroecológicos y un largo etcétera. Hay que recordar que los pueblos zapatistas han sido siempre solidarios con las causas más justas, que sus iniciativas han sido en todos los ámbitos, niveles y sectores, llegando incluso a recorrer toda la Europa insumisa, como una primera parte de su recorrido por todo el mundo, para buscar a otros y otras que defienden la vida.
Desde los gobiernos del Estado mexicano la respuesta ha sido distinta. A pesar de que el 12 de enero de 1994 la sociedad civil obligó a Salinas de Gortari a decretar un cese al fuego, los ataques contra las comunidades zapatistas no pararon. En la guerra contrainsurgente comenzaron a operar grupos paramilitares, es decir, grupos financiados, entrenados y protegidos por el gobierno federal. Ejército y paramilitares continuaron haciendo la guerra contra los pueblos zapatistas, y se sumaron también los programas sociales que, por medio de dinero, despensas, láminas y otras dádivas, intentaron dividir o cooptar a los pueblos zapatistas.
Pero los pueblos zapatistas, que ni se rinden ni se venden ni claudican, siguieron empeñados en construir su autonomía y luchar por la vida.
Hoy, casi 30 años después de ese YA BASTA, las comunidades zapatistas están libres de crimen organizado, narcotráfico, feminicidios, desapariciones forzadas, prostitución y tantos otros males que inundan de sangre y dolor a todo nuestro país. El zapatismo y su modo de vida,muy otro, es para muchos y muchas en México y el mundo, un referente de organización social, de congruencia y ética políticas, un ejemplo concreto de que otro mundo es posible.
Y también hoy, casi 30 años después de ese YA BASTA, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque. El grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo), ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantizan los tres niveles de gobierno. A lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como lo es el Sembrando Vida, que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa.
Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado.
Ante la creciente violencia, y la actitud negacionista de los tres niveles de gobierno que pretenden ocultar la realidad con afirmaciones vacías iguales a las de sus antecesores, nosotros, nosotras, nosotroas, nos convocamos a que, por medio de la acción pacífica, continuemos exigiendo el alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, alto a la guerra en Chiapas, y alto a la guerra en todo México.
Hay que decirlo con toda claridad: México hoy sigue viviendo una guerra atroz, que nos ha dejado con más de 100 mil personas desaparecidas, con más de 30 mil asesinatos por año y con 11 feminicidios por día. Comunidades enteras en el norte y sur del país han sido desplazadas por los enfrentamientos entre carteles, y entre estos y militares. En esta guerra las mujeres, las juventudes, las personas migrantes y los pueblos originarios son víctimas directas de un sistema que atenta contra la vida.
Y en medio de esa guerra, surgen y continúan voces que nos gritan el dolor y la esperanza. Voces como las de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, como las de los padres y madres de las infancias fallecidas y heridas en la Guardería ABC, voces como las de las madres buscadoras, de las mujeres que luchan, de los pueblos originarios, voces como la del mismo EZLN.
Treinta años después del YA BASTA zapatista; nosotras, nosotros, nosotroas, que este 8 de junio nos movilizamos en 30 geografías distintas de México y del mundo, hoy recuperamos ese grito y decimos YA BASTA de guerra contra los pueblos zapatistas. YA BASTA de simular que todo va bien. YA BASTA de desprecio, de despojo, de explotación, de oídos sordos. YA BASTA de tanta muerte y dolor.
Por eso, desde esta geografía, llamamos a los pueblos de México y del Mundo a ver lo que sucede en Chiapas, nos convocamos a detener la guerra, a evitar otra tragedia como la que ocurrió en Acteal en 1997, donde grupos paramilitares asesinaron a 45 personas tzotziles, un crimen que, por cierto, todavía permanece impune.
Llamamos a los pueblos de México y del mundo a exigirle al Estado mexicano que:
Se garantice la salud y la justicia para Jorge López Santíz, Base de Apoyo Zapatista herido por paramilitares de la ORCAO.
Se detengan los ataques armados contra los pueblos zapatistas.
La disolución absoluta de la ORCAO y de todos los grupos paramilitares, y que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques.
Se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón
Que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas.
Que se garantice La Paz, con justicia y dignidad para todos los pueblos de Chiapas y de México.
¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas!
¡Alto a la guerra en Chiapas!
¡Alto a la guerra en México!
¡Si tocan a un@, nos tocan a tod@s!
Cientos de pensadores, artistas, activistas y organizaciones indígenas, de derechos humanos y medios libres de muchas partes del mundo se manifestaron en un Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, llevada a cabo por el grupo paramilitar Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO) el pasado 22 de mayo, y advirtieron que Chiapas está al borde de la guerra.
En conferencia de prensa en las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México, se planteó que la situación actual en Chiapas está al borde de un estallido, gracias a la combinación del paramilitarismo, el crimen organizado y la complicidad del gobierno estatal y federal, así como la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia desplegadas desde la década de 1990, ahora con nuevos actores y nuevas características.
En la conferencia, participaron Víctor López (Red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos), Carlos González García (Congreso Nacional Indígena), Daniel Giménez Cacho (actor), Gerardo Meza (Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente), Confederación General del Trabajo del Estado Español, y el pensador Gilberto López y Rivas. Además, se manifestaron en solidaridad el actor Joaquín Cosío, la activista María Herrero Magdaleno (Familiares en búsqueda), Don Bernabé Abrajam Gaspar (Comité de Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa) y María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez (vocera del Consejo Indígena de Gobierno).
A continuación, las palabras de lxs participantes.
Víctor López, Red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (pedimos disculpas por la calidad del audio, que quedó comprometido debido a fallas en la transmisión): (Descarga aquí)
Carlos González, Congreso Nacional Indígena:
Video: Radio Zapatista
A los pueblos de México y el mundo,
A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida
A quienes sienten la urgencia de actuar ante un sureste mexicano en llamas.
Éste día, en éste momento, México está al límite, a ese límite que parece siempre lejano hasta que una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santíz está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX, y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no-zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la ORCAO ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios.
El ataque de la ORCAO no es un conflicto entre comunidades, como lo caracterizaría Carlos Salinas y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del Gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca la ORCAO a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para “limpiar” el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos.
Asimismo, entendemos este ataque como el resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos en nuestro país y, en particular, en Chiapas. Vemos con preocupación que programas cómo “Sembrado Vida”-, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal- y otros similares, propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la ORCAO accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotr@s es claro que no se trata de conflictos entre pueblos; se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad.
Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.
Firmamos ésta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en ésta guerra interminable que lo está despedazando.
Exigimos justicia para Jorge López Santíz.
Exigimos la disolución absoluta de la ORCAO.
Exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón.
Exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas.
Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena demandamos:
1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.
2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.
3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.
4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.
También, exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos.
Con el CNI, advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la Madre Tierra, nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de La Vida.
Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la Vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio.
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s
FIRMANTES INDIVIDUALES
Noam Chomsky
María de Jesús Patricio Martínez
Carlos González García
Enzo Traverso, (escritor y profesor de la universidad de Cornell)
Michael Hardt
Yvon Le Bot
Michael Löwy, Sociólogo, Paris
Bertha Navarro
Juan Villoro
Alfonso Cuarón
Gael García Bernal
Diego Luna
Jorge Volpi
Julieta Egurrola
Joaquín Cosío (Continuar leyendo…)
