Publicado en Camino al Andar
Por Claire Marie

El 16 de septiembre, un derrame de petróleo se expande hacia el arroyo de Ojital, un pueblo situado cerca de Papantla. La lava negra hubiera podido ser detenida si PEMEX, la empresa petrolera responsable, hubiera tomado las medidas necesarias ante la fuga de un oleoducto situado aguas arriba del arroyo, denunciada por los habitantes un mes antes. Lejos de ser un caso especial, Ojital muestra el cotidiano de los Totonacos que luchan por permanecer en un territorio devastado por la extracción ilimitada de sus recursos subterráneos. 

*

 En este 16 de septiembre de 2024, don Rogelio se levanta para un nuevo día de trabajo. Sus clientes no tardarán en esperar para pedirle el desayuno. Su puesto de tacos está arriba de la comunidad, en la carretera principal, entre Papantla y Poza Rica, la mayor ciudad petrolera del estado de Veracruz. 

Don Rogeliio se apresura para llenar su traste con agua del pozo. Se la echa en la cara para despertarse, pero da marcha atrás: “Ahora el agua huele a petróleo…” murmura, aún dormido.  Da unos pasos para arrojar el contenido de la tinaja al arroyo que corre junto a su casa. Pero sus ojos se detienen de repente. El agua es negra. La tierra es negra. El horizonte es negro. A donde van sus ojos, todo está negro de petróleo. 

A la orilla del arroyo, los habitantes de Ojital se despiertan con la misma pesadilla. Anoche, un fuerte aguacero desprendió todo el petróleo que quedaba estancado en una presa aguas arriba. El caudal alcanzó más de 12 kilómetros de arroyo, afectando a las comunidades vecinas de Troncones y Chote Coatzintla.

Indignación. Se siente por doquier, duele. A 10 años de la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a pocos meses del fin de la presidencia de quien prometió verdad y justicia y luego traicionó no sólo a ellos, sino a todo el país, las madres y padres de los normalistas siguen luchando por justicia y verdad. Este 26 de septiembre de 2024, junto con miles de personas solidarias, marcharon al zócalo de la Ciudad de México cargando su dolor y su digna rabia.

Como si la mentira, la burla, el encubrimiento, las calumnias contra los defensores de derechos humanos que los acompañan y, sobre todo, la traición de parte de un presidente en el que muchos confiaron no bastara, en este décimo aniversario de ese macabro capítulo de nuestra historia el Estado intentó bloquearles el paso con vallas de concreto. “Como si viviéramos en una dictadura”, dijo uno de los padres. Como si las víctimas de los crímenes del Estado no tuvieran derecho de alzar la voz.

Sobre Paseo de la Reforma, al lado del antimonumento +43, montaron un memorial con las imágenes de todos los normalistas desaparecidos. Un memorial que nos recuerda las vidas de los ausentes, pero también que vivimos en un país donde esos horrores son posibles, y donde el poder, cualquiera que sea el color con el que se pinte, es siempre ajeno a la justicia.

En el templete en el zócalo, las palabras de los padres y madres son duras; su rabia es mucha, pero también su determinación de seguir luchando, no sólo por sus hijos, sino por todos los desaparecidos y desaparecidas del país, por todos los asesinados, por todas y todos los que sufrimos la brutalidad de este narcoestado y de un ejército criminal al que el presidente entregó el país estos últimos años. Como dijo el obispo Don Raúl Vera, es necesario agradecer a los padres y madres de Ayotzinapa, porque con todo su dolor a cuestas, su lucha es por México, este México tan pisoteado por la voracidad del poder.

Audios del mítin en el zócalo:

Palabras iniciales
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_01.mp3[/podcast]
Mario González, padre de César Manuel González
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_02.mp3[/podcast]
Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_03.mp3[/podcast]
Vidulfo Rosales, abogado
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_04.mp3[/podcast]
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_05.mp3[/podcast]
Representante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_06.mp3[/podcast]
Representante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_07.mp3[/podcast]
Obispo Don Raúl Vera
[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2024/09/Ayotzinapa_2024_08.mp3[/podcast]

Al día siguiente de la marcha y de la instalación del memorial con los rostros de los 43 normalistas de Ayotzinapa, varios de los rostros amanecieron rotos. Aquí el comunicado de los Colectivos de Familias de Desaparecidas y Desaparecidos:

El día de ayer a 10 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres junto con otros familiares y organizaciones colocamos memoriales con los rostros de los muchachos en la avenida Reforma junto al antimonumento +43.

Hace diez años amanecimos con la dolorosa noticia de la desaparición, hoy con la noticia de que varios rostros amanecieron rotos. Repudiamos este acto de desprecio y odio para los jóvenes y sus familiares. Exigimos al gobierno de la Ciudad y al gobierno federal brindar protección a los memoriales que con tanto esfuerzo hemos colocado para que nadie olvide a las personas desaparecidas y para seguir exigiendo verdad y justicia por nuestros hijos e hijas. Demandamos que se investigue y castigue a quien haya dañado los memoriales y sobre todo solicitamos enérgicamente se devuelvan estos memoriales que son fruto de la lucha y parte de la memoria que impulsamos las familias de personas desaparecidas.

Le aseguramos que cuando nuestros hijos regresen con nosotras, quitaremos sus rostros de todo el país. Pero mientras eso no suceda, seguiremos recordando a la sociedad y al gobierno que las personas desaparecidas nos faltan a todxs. ¡No se puede borrar la memoria destruyendo los memoriales!

¡Hasta que los 43 vuelvan a casa!
¡Hasta encontrarles a todxs!
¡La memoria no se borra!

Colectivos de familias de Desaparecidas y Desaparecidos

¡Exigimos acción inmediata de los gobiernos estatal y federal para desarticular los grupos criminales que atentan contra la comunidad nahua de Santa María Ostula (Michoacán, México)!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

En los primeros días del mes de julio de 2024 la comunidad originaria de Santa María Ostula localizada en el estado mexicano de Michoacán (México), una vez más, sufrió la brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron y han puesto en grave riesgo a la población civil. Como siempre, la comunidad respondió con ejemplar resistencia y ha exigido que las autoridades estatal y federal detengan esos ataques, pero no ha sido atendida.

Estas acciones de violencia se dan en el contexto de la disputa por los bienes naturales en la sierra costa michoacana: minerales, maderas preciosas y las playas para fines turísticos. Sobre el territorio nahua existen concesiones mineras de oro, plata y hierro. La comunidad de Ostula ha logrado resguardar y defender su territorio de la incursión de una de las compañías mineras más grandes del mundo; la Ternium, que en la comunidad vecina de Aquila ha generado un clima de violencia, por su voraz explotación de sus recursos minerales.

Las violencias narco-capitalistas y las omisiones estatales a estos hechos aparecen hoy como la normal normalidad. Como lo hemos vivido en diferentes paises azotados por las guerras-narco, especialmente, Colombia, Ecuador y México, las redes de violencias contra los pueblos de la tierra son una de las estrategias para el despojo; siembran terror, fragmentan a las comunidades, las destierran y, finalmente, gracias a ellas entran negocios ilícitos de todo tipo a territorios indígenas.

Como miembros del Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT Cuter) nos sumamos a las múltiples voces que exigen la acción inmediata para desarticular los grupos criminales y para que se respete la libre determinación y autonomía de esa comunidad bajo brutal asedio.

¡Respeto a sus formas comunales de seguridad! ¡Ostula no está sola!

Para mayor información ver https://www.facebook.com/share/p/zG2vbr4NgxotUSuB/?mibextid=oFDknk

8 de julio de 2024
Planeta Tierra
Grupo de Trabajo CLACSO
Cuerpos, territorios, resistencias

Foto de portada: Cuartoscuro

[:es]En marzo de 1989, el obispo jTatic Samuel Ruiz decidió fundar en Chiapas un centro de derechos humanos que fuera acompañado por la Diócesis, pero independiente de ella, abierto a todos los pueblos del estado. Un centro que fuera no sólo para los pueblos, sino de ellos, en el contexto de represión, violencia y discriminación que se vivía en Chiapas y en muchas partes del país.

35 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró su aniversario este pasado 18 y 19 de marzo con un encuentro de dos días en el que participaron muchos de los pueblos, organizaciones e individuos que el Frayba ha acompañado desde hace años. La importancia y la necesidad de este centro continúa tan vigente como hace 35 años, ahora en un nuevo contexto de violencia generalizada y descomposición social en el estado, como deja claro el Posicionamiento del Frayba, leído por su directora, Dora Robledo. Desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, guerra entre cárteles del crimen organizado, reclutamiento forzado, cobro de piso y de paso, surgimiento de innumerables grupos armados, vulneración de los derechos de los migrantes, criminalización de defensores y tortura sistemática por parte de las fuerzas policiales y una fuerte militarización que sólo ha traído más violencia y represión. Todo esto, en un contexto de impunidad y una política de negación y fingimiento de normalidad por parte de los gobiernos estatal y federal.

¿Qué hay que celebrar ante esta realidad? Mucho, nos revela este “Encuentro Entrelazando la Esperanza”, pues el propio contexto de violencia e impunidad ha fortalecido procesos organizativos y despertado la conciencia en muchos pueblos de la necesidad de defender el territorio y construir vida en tiempos de muerte.

Ceremonia de bienvenida

“Queremos vivir, ya no sólo sobrevivir”, dijo Lupita de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, durante la rueda de prensa al inicio del Encuentro. Don Raúl Vera, presidente del Frayba y sucesor de Don Samuel Ruiz, nos deleitó con su relato del compromiso de jTatic Samuel con la justicia y su convicción de que el corazón del Frayba deberían ser los mismos pueblos.

Rueda de Prensa:

A lo largo del día, escuchamos historias no sólo de atropello, sino de dignidad, resistencia y construcción de vida. Antonio Gutiérrez, de Las Abejas de Acteal, nos relató no sólo la larga historia de impunidad ante la masacre de Acteal, sino también el proceso organizativo, la creación de su autogobierno y el compromiso por una lucha no violenta. Los principios que guían a Las Abejas de Acteal son hoy un faro para enfrentar la violencia que vivimos: “amar, no odiar; revelar, no ocultar; defender, no vender; caminar en la luz, no en la oscuridad; perdonar, no violentar; entregar la vida, no quitarla”.

Son la injusticia y el atropello también lo que han impulsado otras importantes construcciones de autonomía y libre determinación en el estado, como el de la comunidad de San Francisco en Teopisca, el Gobierno Comunitario de Chilón y el Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite). Libre determinación que, como explicó Lázaro Sánchez del Frayba, está plasmada como derecho de los pueblos en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Foro 1 – Tierra, Territorio, Cultura y Autonomía:

¿Qué hacer frente a la impunidad que reina en el estado y en el país? Memoria, verdad y justicia, dice el Frayba y dicen los pueblos. En el segundo foro, las y los participantes relataron su lucha ante gravísimos casos de impunidad. Las estadísticas son reveladoras: según datos oficiales (probablemente incompletos), hay en el momento 114,928 personas desaparecidas en el país; sólo en Chiapas, se registran más de 14 mil personas desplazadas. Pero es en los testimonios de las víctimas que empezamos a entender la dimensión del dolor que significa vivir ante tal impunidad.

Magdalena González, hija de Antonio González, contó lo que ha significado para la familia la desaparición forzada de su papá por el grupo paramilitar Paz y Justicia en enero de 1999, cuando ella tenía seis años. Antonia Hernández, de la organización Xinich, habló sobre masacre cometida en la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2000 por un grupo paramilitar acompañado por la policía, y de la desaparición forzada de cuatro personas. Juan Pérez Pérez habló de la vida de su hijo Simón Pérez de Las Abejas de Acteal, su compromiso con la justicia y la vida, y su asesinato en julio de 2021. Salvador Gómez habló de los continuos ataques sufridos por varias comunidades de Aldama por parte de grupos armados de Santa Marta, y los asesinados, heridos y desplazados, ante la inacción del Estado. Se relató también la lucha del Colectivo de Familias Unidas contra la Tortura, que como ha denunciado el Frayba, es utilizada sistemáticamente por las fuerzas policiales del estado para inculpar a personas inocentes de crímenes que no cometieron. Durante la sesión de preguntas y comentarios, escuchamos también el testimonio de Pascuala López, del Ejido Cuxtitali el Pinar, en las afueras de San Cristóbal: el asesinato de su hijo, los golpes y amenazas de muerte hacia ella, la quema de su casa, por un grupo criminal que ha venido cortando el suministro de agua de Cuxtitali y La Hormiga, ante la inacción del Estado.

Foro 2 – La lucha contra la impunidad: Memoria, verdad y justicia:

El tercer y último foro se dedicó a la memoria, la resistencia y las esperanzas. Aquí se relató la experiencia del Pueblo Creyente de Chiapas, surgido en la década de 1990, un amplio movimiento que es parte de la Diócesis de San Cristóbal, inspirado por jTatic Samuel Ruiz, fundamentado en una visión liberadora del cristianismo, creado como respuesta a la represión.

Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo por Don Samuel Ruiz fue el Congreso Indígena de 1974, que sentó las bases para una concientización de los pueblos y preparó el camino, entre otras cosas, para el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional diez años después. Dolores González, del Consejo Directivo del Frayba, relató la historia y el significado de dicho Congreso. Y finalmente, Fray Ceclio Ek habló sobre el recién fundado Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, en territorio zoque.

Foro 3 – Memoria, Resistencias y Esperanzas:

Ante la violencia generalizada e impune que se multiplica por el estado (y el país), el Frayba y los pueblos y organizaciones que fundamentan su caminar nos enseñan que no todo está perdido, que entre la barbarie (y en respuesta a ella), se construyen alternativas de vida, de cuidado, de justicia, memoria, verdad y paz.

Canción para el Frayba

Las Mañanitas

Ceremonia de Clausura:

[:es]

Ciudad de México, 03 de febrero de 2024
Acción Urgente 002/2024

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ.

• Un nuevo repunte de violencia en la región bajo la permisividad del Estado.
• Urge prevenir y garantizar el derecho al territorio, a la libre determinación y autonomía.

Lee la denuncia de la Asamblea de Colectivos de Gobierno Autónomo Local zapatista, Caracol 10, Zona Patria Nueva.

El pasado 19 de enero de 2024 fueron desplazadas forzadamente 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) habitantes del Gobierno Autónomo Local, comunidad La Resistencia de la región de Moisés y Gandhi. Entre las personas desplazadas se encuentran diez niñas y niños. El desplazamiento fue cometido por un grupo de más de 40 integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) quienes portaban armas de fuego, machetes y palos.

Durante la agresión fue destruida la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas de lámina y madera, quemaron libros de los promotores de educación, además de robar una tienda. La comunidad fue despojada de diversos bienes materiales: animales de traspatio, herramientas de trabajo, una despulpadora de café y prensas para hacer tortillas. Destruyeron siembras cercanas y tiraron alimentos almacenados como maíz, frijol, café y azúcar.

De acuerdo con la información recibida, el día 17 de enero del 2024 la comunidad fue amenazada. El grupo agresor llegó al poblado zapatista de La Resistencia, portando palos y machetes. En este momento manifestaron que las BAEZLN tenían dos días para abandonar sus viviendas. En la misma región, el 19 de enero de 2024, 54 personas de la ORCAO de Sacrificio La Esperanza llegaron a quemar un potrero de las BAEZLN del poblado Emiliano Zapata, dejando sin alimento a los animales de pastoreo.

Nos preocupa la permisividad y solapamiento del Estado Mexicano. Por información recibida en esta oficina, documentamos que el 14 de enero de 2024 el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal de la ORCAO en el espacio despojado a las BAEZLN en noviembre de 2021, donde se localizaba la tienda colectiva zapatista “Arcoíris” ubicada en el entronque carretero Cuxuljá.

Recordamos que las agresiones de la ORCAO hacia el EZLN han sido una constante en la zona de Moisés y Gandhi, lo que ha ocasionado  una continuidad de violaciones graves a derechos humanos en la región como son desplazamientos forzados, tortura, desaparición forzada e intentos de homicidio.

El 5 de mayo de 2022 la comunidad La Resistencia fue desplazada forzadamente en un ataque similar, dado a conocer por este organismo. El día 23 mayo de 2023, Jorge López Sántiz BAEZLN vecino de Moisés y Gandhi fue víctima de una agresión armada que puso en grave riesgo su vida.

Exigimos al Gobierno Federal y del estado de Chiapas:

Se garantice el respeto al territorio de las BAEZLN, a su libre determinación y autonomía, así como a una vida libre de violencia

Se realice una investigación inmediata y diligente para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia y adoptar acciones encaminadas a la reparación del daño y a iniciar un proceso de justicia.

Solicitamos que accionen de manera urgente a las siguientes autoridades:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente Constitucional de México
amlo@presidencia.gob.mx

Lic. Luisa María Alcalde
Secretaría de Gobernación
atencionciudadana@segob.gob.mx 

Lic. Alejandro Gertz Manero
Fiscal General de la República
ofproc@pgr.gob.mx

Lic. Rutilio Escandón Cadenas
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Lic. Olaf Gomez Hernandez
Fiscal General del Estado de Chiapas
correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Correo: presidencia@cedh-chiapas.org

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

– * –

Lee también:

La larga historia de violencia paramilitar e impunidad de la ORCAO

Todas las entradas sobre la ORCAO en Radio Zapatista[:]

[:es]A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de información nacionales e internacionales,
A los organismos defensores de Derechos Humanos,
A los diferentes niveles de gobierno de México,
A la sociedad civil nacional e internacional,

El pasado 1 de febrero de 2024, alrededor de las 17.30 horas, un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por al menos 50 personas, se internó en territorio comunal. Atacó una casa de la encargatura de la Cofradía y al ver que no había nadie, este grupo criminal quemó la casa.

En su incursión, los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de nuestra Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio.

Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra Guardias Comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población.

Tenemos información suficiente para determinar que detrás de este ataque están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula.

Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Es importante señalar que no sólo el contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal en contra de nuestra Guardia, sin embargo se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes.

¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento.

Mientras tanto la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG.

Exigimos la inmediata desarticulación del CJNG y castigo por sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región!!

SANTA MARÍA OSTULA, A 2 DE FEBRERO DE 2024

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

[:]

[:es]

• El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
  
• Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023^[1].

Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas^[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.

Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia^[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.

El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.^[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.^[5]

(Continuar leyendo…)

[:es]

La muerte nos abrió el camino hacia la resistencia,
la muerte no tuvo dominio,
resurge la vida entre la milpa,
la esperanza y la lucha emergen
entre el polvo que poliniza la existencia.

— Las Abejas de Acteal

En una tarde tan helada como ésta, el 21 de diciembre de 1997, unas doscientas personas de muchas edades, casi todas mujeres y niños, llegaban al colmo de una vida de desprecio y sufrimiento. En un vado lodoso, a orillas de la carretera, desde ancianos hasta bebés lloraban de rabia, de frío y de lluvia mientras apretaban sus puños impotentes porque un grupo paramilitar los había expulsado de su comunidad y mantenía a algunos de sus familiares amarrados a los árboles, quinientos metros bosque adentro. Todas y todos estaban amenazados de muerte. “Nos van a matar mañana”, decían. Un anciano curtido por humedad nos mostraba su pierna herida de bala, pues tempranito le habían disparado. “Vengan con nosotros”, proponíamos, sin entender que nunca se pondrían a salvo dejando a su pueblo atrás. Quienes veníamos de fuera lo hicimos, nos fuimos, los dejamos atrás. Al día siguiente, 22 de diciembre de 1997, 45 tzotziles, 45 personas desplazadas en su propia tierra, fueron masacradas. Cuatro bebés fueron arrancados de los vientres de sus madres con machetes y cuchillos.

Desde entonces, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido viva la luz de la memoria. El día 22 de todos los meses, y en particular todo 22 de diciembre, se recuerda y se honra a las y los asesinados aquél oscuro día, en un acto colectivo de oración, de canto, de celebración de la vida.

Sí, de celebración. Pues las y los mártires de esta tierra sagrada están vivos en el corazón colectivo de este pueblo que no se resigna, que crece en dignidad en su búsqueda de justicia y en la afirmación de la paz y la no violencia como camino en un contexto cada vez más violento. “Si nuestras voces se apagaran en medio de un sufrimiento fuerte, entonces estaríamos muertos, bajo el sello del silencio eterno. Pero nuestra voz emerge de la dignidad del pueblo que somos, de la palabra de nuestras abuelas y abuelos, del reclamo por justicia durante estos 26 años”, dicen en un comunicado.

Este 22 de diciembre de 2023, la conmemoración inició la tradicional peregrinación de varios kilómetros, de Majomut a Acteal, “Casa de la memoria y la esperanza”.

La conmemoración se lleva a cabo en un gran auditorio abierto que mira hacia la inmensidad de las montañas, arropadas con un manto de niebla. Bajo nuestros pies, en un recinto sagrado, yacen los cuerpos de los mártires de Acteal. Arriba, donde estamos nosotros, se escuchan las voces del Coro de Acteal, bajo una gran manta que dice: “Sobre la impunidad y la muerte, cantamos por la paz y por la vida”. Alrededor de un bello altar maya frente a la gran cruz en medio del espacio, se van colocando las cruces con los nombres y la edad de las y los asesinados, que se cargaron con profundo respeto en la peregrinación.

Allí se lee el comunicado de Las Abejas de Acteal y un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). En el comunicado, Las Abejas dejan claro los nombres de los responsables de la masacre, los autores intelectuales que hasta hoy continúan impunes: Ernesto Zedillo, ex Presidente de la República; General Enrique Cervantes Aguirre, Secretario de la Defensa Nacional; General Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar en Rancho Nuevo; Emilio Chuayffet Chémor, Secretario de Gobernación; Julio César Ruiz Ferro, Gobernador de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario del Estado de Chiapas; Uriel Jarquin Galvez, Subsecretario de Chiapas; Jorge Enrique Hernández Aguilar, Coordinador de Seguridad Pública de Chiapas; David Gómez Guzmán, Subprocurador de Justicia Indígena Zona Altos de Chiapas; y Antonio Pérez Hernández, Secretario de Pueblos Indígenas.

También señalan a los presidentes que desde entonces han sido cómplices de la masacre con su inacción y silencio: Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo no ha hecho nada por castigar a los culpables, sino que incluso llegó al extremo de condecorar a uno de los principales responsables: el General Enrique Cervantes Aguirre, entonces Secretario de la Defensa Nacional.

Este año, a la conmemoración le precedió un importante encuentro de medios comunitarios provenientes de muchas geografías del país, convocado por el área de comunicación de Las Abejas de Acteal, que se llevó a cabo el 20 y 21 de diciembre, donde se intercambiaron saberes y experiencias.

“La búsqueda de la paz brota inagotable como manantial de agua en tiempos de sequía”, dicen Las Abejas de Acteal. Con su ejemplo, con su caminar en busca de justicia y su afirmación porfiada de la paz y la no violencia como arma de lucha, Las Abejas nos iluminan con esperanza en un contexto de violencia creciente, de guerra entre cárteles del crimen organizado, de reproducción de grupos armados por todo el estado, de desapariciones, asesinatos, retenes, secuestros e impunidad, en un estado y un país que parecen desmoronarse. Esperanza de que la colectividad, el respeto, la dignidad, la consagración de los encuentros y sí, la alegría, puedan reproducirse entre todas y todos aquellos que creemos que vale la pena seguir luchando por el florecimiento de la vida.

[:es]176 defensores y defensoras de la vida asesinad@s en México durante el gobierno de “centro-izquierda” de AMLO

[:]

[:es]

Chiapas, México, a 21 de septiembre del 2023
CIDH. Caso 15.305

COMUNICADO DE PRENSA

Hace 10 años Juan Vázquez Guzmán fue brutalmente asesinado por defender el territorio de la comunidad indígena de San Sebastián, Bachajón, Chiapas del despojo y de proyectos de desarrollo en las cascadas de agua azul sin el consentimiento de la comunidad. El 30 de agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un paso trascendental para la búsqueda de justicia, al notificar la admisión del caso por la impunidad imperante y la necesidad que se investigue la participación de agentes del Estado.

Antes de ser asesinado Juan Vázquez Guzman luchaba contra la destrucción de las tierras ejidales y se oponía al desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, sin el consentimiento de las comunidades impactadas. Vázquez Guzman denunciaba el impacto ambiental y en derechos humanos que puede traer consigo proyectos de desarrollo llevados a cabo sin las garantías del derecho internacional, así como la desigualdad, los conflictos internos, el divisionismo entre hermanos indígenas, las confrontaciones y la explotación a las comunidades.

El Estado mexicano a través de la violencia y uso de la fuerza pública quiso imponer un megaproyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP) en el año 2007 en la zona conocida como las cascadas de Agua Azul, específicamente en un lugar denominado Bolon ajaw, que se encuentra a un costado del Centro Ecoturístico las Cascadas de Agua Azul, ubicado dentro de las tierras del ejido San Sebastián, Bachajón, Chiapas y que conecta entre la carretera Ocosingo-Palenque y de fácil acceso y salida hacia san Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Posteriormente (2008) las empresas Norton Consulting, experta estadounidense en desarrollo turístico y la empresa española EDSA Construcción, presentaron el proyecto turístico CIPP, en la zona denominada como “Las Cascadas de Agua Azul”, conocida por ser una de las principales atracciones turísticas del estado de Chiapas y ser una de las áreas naturales protegidas por el Estado mexicano (Decreto publicado en el DOF), y que se encuentran dentro de las tierras indígenas de san sebastián, Bachajón.

Este caso es doblemente emblemático. Por un lado refleja la importancia del trabajo que realizan los defensores del territorio frente a la imposición de proyectos ecoturísticos a gran escala que afectan las tierras del pueblo indígena Tzeltal de San Sebastián Bachajón, Chiapas, sin una consulta previa e informada. Juan Vázquez Guzman levantó su voz para impedir la ejecución del proyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), posteriormente oponerse a la construcción de una caseta vehicular y un centro de emergencias por parte de las autoridades estatales en su territorio ancestral, sin consentimiento.

El líder comunitario Juan Vázquez Guzmán, se destacó por su participación activa en distintos foros nacionales e internacionales convocados por organizaciones indígenas en resistencia, mismos que en esos espacios exponía las intenciones del Estado mexicano en las tierras ejidales de San Sebastián, Bachajón.

Por otro lado, el caso se admite al cumplirse 8 meses de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca, quien representa a la familia Vázquez Guzman requiriendo de la Comisión Interamericana un análisis profundo sobre los patrones de obstaculización violenta a la reivindicación efectiva de derechos que logran personas extraordinarias como Ricardo y Juan. México es el país con uno de los mayores números de defensores asesinados y desaparecidos. Estos crímenes quedan en la impunidad. Al admitir este caso la CIDH estudiará las violaciones al derecho a la vida, garantías judiciales y protección judicial.

Litigio y Defensa con perspectiva en Derechos Humanos[:]