Pronunciamiento Conjunto:
19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco

Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2025

Pronunciamiento Conjunto

19 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

• A 19 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, que desembocó en su posterior fallecimiento, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores.
• Lejos de la justicia, éste es otro más de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo con investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integramos entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. 

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 19 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. 

Durante todo este tiempo, la fiscalía general del estado de Chiapas (FGE) nunca ha realizado una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

Pronunciamiento
¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz
en los territorios indígenas de Michoacán!

A Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México

A Alfredo Ramírez Bedolla
Gobernador de Michoacán

A Carlos Torres Piña
Fiscalía de Michoacán

A las comunidades indígenas de México

A las comunidades p’urhépechas

A la prensa nacional e internacional

A los medios alternativos de comunicación

A los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales

Los hechos de violencia son una constante en los territorios indígenas en Michoacán desde hace varios años. El clima de inseguridad se ha incrementado y se hace presente todos los días de distintas formas (desapariciones, secuestros, asaltos, incursiones armadas, entre otros actos criminales) atentando contra la vida comunal y la de sus miembros. Todas ellas forman parte del clima de terror impuestos por distintos actores que disputan los bienes naturales y los patrimonios bioculturales vitales de las comunidades, así despojan y rompen el tejido social y las formas colectivas de sostenimiento de la vida.

El pasado miércoles 15 de octubre de 2025, varias personas fueron privadas de su libertad en una de las carreteras de la Meseta P’urhépecha Charapan-Ocumicho, después de realizar sus labores de camino a las localidades donde residen. Fueron interceptadas por un grupo armado y llevadas a un cerro. Algunas lograron escapar de sus raptores, otros pagaron el rescate según los testimonios y denunciaron los hechos. Sobre una persona no se tiene conocimiento de su paradero.

Las políticas de seguridad y los dispositivos de fuerza para prevenir los delitos son insuficientes para cumplir con su mandato gubernamental de proteger a los habitantes. Este clima de terror es insoportable, priva la incertidumbre y el desamparo.

Exigimos contundentemente:

• La localización con vida de la persona que se desconoce su paradero.
• Protección a las personas que lograron escapar y denunciar los hechos.
• Agilidad y transparencia en el proceso.
• Detención de los responsables.
• Justicia para las víctimas y garantías de no repetición.
• Y, por supuesto, una política de Seguridad Nacional Otra que en verdad sea efectiva y eficiente para las comunidades, pueblos y sociedad.

¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz en los territorios indígenas de
Michoacán, de México y del mundo!

Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias
Planeta Tierra, 22 de octubre de 2025

Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de julio de 2025
Boletín No. 05

• En riesgo a la vida e integridad de personas defensoras en el estado “más seguro de México”.
• En menos de 10 meses 2 hallanamientos contra integrantes del Frayba.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de nuestra Directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Este hecho no es aislado. Tal como lo documentamos en nuestro informe más reciente “Chiapas, en la espiral de la violencia armada criminal y criminal”, la situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.

Cabe señalar que Dora Roblero fue recientemente ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio, en el mismo contexto en el que se perpetra este acto violento como una medida represiva en torno a la continuidad política de este Centro.

El allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 hrs., cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer este hecho se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, acto seguido arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 hrs.

A su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera.

Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 hrs., un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911.

La desprotección continuó. A las 22:02 PM, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 hrs., llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 hrs.

Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo.

Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas.

En el Frayba hemos documentado este hecho como parte de una serie de agresiones que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios.

La omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional es parte de una política sistemática de desprotección que expone constantemente a quienes defienden la vida y el territorio, en contradicción con el discurso oficial del gobierno estatal, que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.  

Exigimos al Estado mexicano: Que garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad. Convocamos a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas.

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COMUNICADO DE EUROPA ZAPATISTA
CONTR EL ATAQUE ARMADO CONTRA
LA COMUNIDAD CHERÁN K’ERI (MICHOACÁN)

Al gobierno federal de México,
Al gobierno estatal de Michoacán,
A la comunidad de Cherán K’eri,
A los colectivos firmantes de la Declaración por la Vida,
A la sociedad civil mexicana e internacional,

El pasado el día 2 de julio de 2025, la comunidad de Cherán K’eri (Michoacán) ha sido víctima de un violento ataque armado por parte de sujetos desconocidos que intentaron ingresar por los parajes de Rancho del Pino y Cerrito del Aire. La respuesta de la Ronda comunitaria (órgano de seguridad dentro de su sistema de autogobierno autónomo) resistió la agresión y activó las barricadas para proteger a la población.

Lamentablemente, este no es un hecho aislado, sino que forma parte de una escalada de violencia que se ha recrudecido en Michoacán, un estado donde el crimen organizado se disputa los territorios con total impunidad, afectando gravemente a las comunidades rurales e indígenas. En las últimas semanas, se han intensificado las agresiones en diversas regiones, incluyendo la Meseta P’urhépecha, donde pueblos como Nahuatzen, Arantepacua, Capácuaro y Santa Fe de la Laguna también han sido objeto de amenazas, incursiones armadas y despojo territorial.

Sabemos que Cherán ha sido objeto de distintos intentos de agresión desde que en 2011 expulsó a los partidos políticos, a los talamontes y al crimen organizado, quienes conformaban una trama de saqueo de los bosques comunitarios y asesinaban a los comuneros con la complicidad de autoridades estatales y federales.

Cherán representa un sistema de autogobierno indígena reconocido legal y constitucionalmente, basado en asambleas, fogatas y formas comunitarias de justicia y organización. Atacar de este modo a Cherán representa desestabilizar y destruir una de las experiencias de autonomía indígena existentes dentro de la red de pueblos que defienden la vida y que representan un faro de esperanza dentro de la necropolítica que atraviesa la territorialidad mexicana.

Desde todas las organizaciones y colectivos de Slumil K’ajxemk’op (Europa Insumisa) enviamos nuestro abrazo a los y las comuneras de Cherán, les decimos desde nuestros territorios que les abrazamos en la pérdida de su hermano comunero, y esperamos la pronta recuperación del compañero herido; les mandamos toda nuestra energía para seguir alimentando su resistencia y la defensa de su autogobierno y territorio.

Por la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

La mañana del 2 de julio del presente año (2025), un comando armado entró a la comunidad de Cherán K’eri. Incursionó por el cerro, para evitar los retenes comunales, asesinando a un comunero y otro resultó herido. A partir de los hechos violentos en abril de 2011 (narco-tala de madera, asaltos, secuestros, cobros de piso y demás acciones criminales) la comunidad se organizó para resguardar la vida y el territorio. Desde 2011 lograron su reconocimiento para nombrar a sus autoridades por sus sistemas normativos, la organización del poder municipal representada por el Concejo Comunal de Gobierno Mayor y su propio cuerpo de seguridad comunal (rondas).

En estos últimos quince años la violencia se ha incrementado en Michoacán y en todo México; en la región a la que pertenece Cherán, la disputa es por el control de sus territorios y los bienes naturales que pertenecen a las comunidades indígenas de Michoacán. Cerca de 350 mil hectáreas son propiedad social de mazahuas, hñahñu y p’urhépechas, 200 mil hectáreas se encuentran en manos de aguacateros y 20 mil están destinadas a la producción de frutos rojos.

México ocupa el primer lugar mundial de exportación de estos frutos y Michoacán es líder a nivel nacional. Esta agroindustria extractiva concentra tierra y agua, a través de ventas, rentas, muchas de ellas forzadas, pozos legales, tomas clandestinas y ollas de agua ilegales. Su expansión en la superficie ha sido a través de distintas prácticas como incendios, tala, cambios de uso de suelo, instalación de huertas, pero también el desplazamiento de la población por medio de pedagogías y prácticas de terror, apoyados por grupos armados de las economías ilegales.

Estos procesos de despojo no pueden explicarse sin la participación de un Estado en connivencia con estas economías criminales. Existen más de 33 cuarteles de la Guardia Nacional, más los destacamentos de la Guardia civil (estatal), del ejército y la marina, además de todos los dispositivos de inteligencia distribuidos a lo largo y ancho del territorio estatal, los cuales no actúan frente a la presencia de estos grupos armados que actúan con total impunidad. Muestra todo ello, una vez más, de los límites de la política de Seguridad Nacional que los diferentes gobiernos en turno proponen.

El ataque de hoy, 2 de julio de 2025, a Cherán no es un hecho aislado, forma parte de una escalada de violencia contra los pueblos originarios de la Meseta P’urhépecha y de otras regiones de Michoacán, en un contexto donde el crimen organizado, intereses extractivos y actores políticos se entrelazan para atentar contra las autonomías territoriales que han sido conquistadas con dignidad, lucha y memoria.

Cherán es un ejemplo de autogobierno indígena, organización comunitaria y defensa de los bienes comunes, que ha resistido el saqueo forestal, la violencia política y el despojo territorial. Defender a Cherán es defender el derecho de los pueblos a vivir en paz, a decidir su forma de vida y a cuidar su territorio.

Frente al silencio, la omisión y la complicidad del Estado, alzamos la voz y hacemos
un llamado urgente:

• A las organizaciones sociales, colectivas, pueblos hermanos y ciudadanía en general, a solidarizarse activamente con Cherán.
• A difundir este y otros comunicados, rompiendo el cerco de indiferencia que permite que la violencia avance.
• A defender los logros de las autonomías indígenas, que hoy más que nunca están bajo ataque.

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

Exigimos un Plan de Justicia para el pueblo P’urhépecha que incluya la seguridad.

No es una mera coincidencia la violencia contra los pueblos de Cherán. Cherán y lxs K´eris viven y vivirán desafiando el mundo del Estado, del Capitalismo-Extractivista y del Despojo.

Manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad de Cherán K’eri y con todas las comunidades que luchan en la defensa de sus tierras, territorios, bienes naturales y la vida de sus miembros.

Desde nuestros espacios universitarios, territoriales y organizativos, nos sumamos a la defensa de la vida y de los territorios.

La lucha es por la vida, por territorios con paz y justicia.
¡Ni un paso atrás en la defensa de la autonomía!
¡Por la vida, la dignidad y la memoria de los pueblos originarios!
¡Cherán vive, la lucha sigue. Cherán no está solo!

Planeta Tierra, 2 de julio de 2025
Grupos de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.

Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.

Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.

Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.

No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.

Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

JORNADAS GLOBALES: ¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES!
Video de Los Terci@s Compas Zapatistas
22 de febrero de 2025
06:00 horas

CONVOCATORIA ABIERTA A SUMARSE A LAS JORNADAS GLOBALES:
¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES!
6 AÑOS DE IMPUNIDAD

Los días 19, 20, 21, 22, 23 de febrero o cualquier otras fechas que a sus tiempos consideren.

Considerando que son 6 años de impunidad desde aquel 20 de febrero de 2019 en que fue asesinado nuestro hermano Samir Flores Soberanes en manos del “crimen organizado con el mal gobierno”, que impulsó la consulta sangrienta del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Que son los megaproyectos un cáncer que el capitalismo, en cualquiera de sus caras populistas o fascistas, impone en nuestros territorios matando a la madre tierra y matándonos a nosotros en ella.

Que Samir fue asesinado por el narcoestado que niega Claudia Sheinbaum que exista, pero que millones en México lo vemos y lo sufrimos.

Que por organizarse y decir la verdad sobre el Proyecto Integral Morelos, el crimen organizado y el mal gobierno mataron a Samir, por defender la vida y denunciar la traición de Obrador que prometió cancelar el PIM de llegar a la Presidencia.

Que es una realidad vista a plenos ojos el incremento del crimen organizado en todo el territorio nacional, ciudades con toque de queda y cobro de piso, pueblos desplazados y asediados en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Morelos, Colima, Veracruz, Jalisco y prácticamente todo el país, desaparecidas y desaparecidos… megaproyectos de destrucción ambiental, vienen acompañados del crimen “organizado”, pero organizado con el mal gobierno, a nivel municipal, estatal y federal, generando condiciones en el país de terror y guerra.

De esa guerra extendida por todo el mundo, que pretende con descaro despoblar al pueblo palestino de Gazza y repoblar de capitalismo israelí y gringo; allá bombardean desde arriba, aquí nos atacan desde abajo, pero por igual razón de despoblarnos de nuestros territorios.

Que la guerra se extiende con la deportación masiva de nuestros hermanos del norte del país que están en lo que llama el capitalismo Estados Unidos, sin respetar el derecho que todo ser humano debe tener, de vivir y trabajar honestamente en cualquier parte del mundo.

Que la guerra, la tormenta, está en cualquier parte, en miles de pueblos y ciudades de América, Europa, Asia, África u Oceanía. Infundiendo miedo, desorganizando la vida, incrementando en México, en el periodo que va de la 4T, el asesinato y desaparición de cada vez más compañeras y compañeros que defienden la vida, investigan y difunden la verdad como Samir. Por eso Samir está en muchas partes, tiene muchos nombres y diferente género, pero con un signo común: la rebeldía.

Que a pesar de la tormenta y con motivo de ella, aquí estamos, la lucha por la vida, la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la tierra.

Por lo que, para crecer más nuestra palabra, nuestro grito, nuestra exigencia de justicia para Samir y para los pueblos de México y del mundo, hoy nos convocamos a encontrarnos a construir justicia y memoria para nuestro hermano Samir Flores Soberanes; registrándose a la fecha las siguientes actividades:

EXIGIMOS URGENTEMENTE a la Comandanta de las fuerzas armadas de México, ordenar a su ejército vigilar rutas y fronteras para detener el tráfico y venta de armas a los sicarios y al crimen organizado

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Organización de las Naciones Unidas
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

A 15 días del asesinato brutal y cobarde de nuestro hermano y compañero de lucha y ahora SANTO MÁRTIR POR LA PAZ, PADRE MARCELO, no se ha parado la violencia en Chiapas y hace unos días fue asesinado otro periodista en Michoacán.

EXIGIMOS ALTO A LA GUERRA EN CHIAPAS
¡Las semillas del Padre Marcelo florecerán!

EL ESTADO NACIÓN MEXICANO
A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
A LAS EMBAJADAS DE MÉXICO EN EL MUNDO
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
AL PUEBLO CREYENTE (DE CHIAPAS)
A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
A LA SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL, NACIONAL, LOCAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, NACIONALES, INTERNACIONALES

El Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT CUTER) formado por universitarios(as), profesores(as), investigadores(as), activistas y artivistas de América Latina y el Caribe queremos mostrar, a través de este pronunciamiento, nuestra profunda tristeza, repudio e indignación ante el asesinato del sacerdote indígena tsotsil, Marcelo Pérez, incansable defensor de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos, así como de los de la Madre Tierra y la vida. Hasta antes de su asesinato el Padre Marcelo era párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México).

El pasado 20 de octubre, tras oficiar misa en la iglesia del barrio de Cuxtitali, el Padre Marcelo recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida. El Padre Marcelo es ejemplo de la iglesia liberacionista que impulsó el Obispo Tatik Samuel Ruiz en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas desde la década de los años 1960s. Iglesia que ha sido un actor clave para entender muchos procesos de liberación indígena acaecidos desde el primer Congreso Indígena celebrado en 1974. Congreso impulsado precisamente por el obispo Ruiz y la Diócesis que entonces presidía. De hecho, a principios de este mes de octubre, la Diócesis de San Cristóbal celebró con las comunidades indígenas y religiosas los 50 años de dicho Congreso, parteaguas en la historia de lucha de los pueblos originarios de Chiapas.

Originario del municipio tsotsil de San Andrés Larráinzar, el Padre Marcelo se convirtió en incansable defensor de la paz ante el incremento de la violencia desatada por el crimen organizado en Chiapas. Participó -como parte de la Diócesis que era- en numerosas peregrinaciones y no calló ante las injusticias que vivía junto a su pueblo, a pesar de las constantes amenazas cargadas en su espalda. Desde 2015, mientras era párroco en el municipio de Simojovel (Los Altos de Chiapas), el Padre Marcelo fue beneficiario de medidas cautelares por parte de la CIDH debido a dichas amenazas. Precisamente, en un municipio cercano, Pantelhó, la violencia se incrementó debido a la penetración del crimen organizado. Ante dicha situación, el Padre Marcelo visibilizó a través de sus redes la existencia de armas, los hostigamientos y los desplazamientos, siempre denunciando cómo dicha situación afectaba de manera más profunda a las mujeres, niñ@s y ancian@s.

En 2021, como respuesta a la violencia del crimen organizado, apareció en el municipio de Pantelhó, el grupo de autodefensa denominado “El Machete”, a quien se le atribuyó la desaparición de 21 personas el 26 de julio de 2021. El 21 de junio de 2022, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) emitió una orden de captura contra el Padre Marcelo, vinculándole a la desaparición de dichas personas, aunque no existían pruebas de su participación en los hechos delictivos. La fabricación de delitos no es nueva en Chiapas, tal y como lo han acreditado en varios informes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otros organismos y redes por la paz. A pesar de los esfuerzos de personas vinculadas a la Diócesis, como de organizaciones defensoras de derechos humanos que solicitaron el cierre de dicho expediente en su contra, la FGE no accionó la orden de aprehensión, pero tampoco archivó las actuaciones.

Las amenazas en contra de la persona del Padre Marcelo no han cesado en los últimos años, a pesar de los reiterados avisos que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han realizado visibilizando que su vida corría peligro. Y a pesar de recibir acompañamiento internacional por parte del Movimiento Sueco por la Reconciliación, SweFOR.

Ante todo, el Padre Marcelo decidió caminar al lado del pueblo, con la fe indestructible en que la defensa de la paz era más importante que su propia vida.

Nuestro corazón está con mucho dolor y tristeza porque el asesinato del Padre Marcelo es una prueba de lo que él mismo anunció en la peregrinación por la Paz que encabezó el pasado 13 de septiembre en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, donde afirmó: “Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado”.

Las autoridades locales, estatales y federales no están siendo capaces de garantizar la seguridad y la vida de su población, ni la del Padre Marcelo, convertido hoy, lamentablemente, en un referente de la actual situación de guerra que sufre el territorio chiapaneco, como tantos otros territorios en México.

Nos solidarizamos con el dolor del pueblo en general, del Pueblo Creyente en particular, con los agentes de pastoral, con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y con las comunidades y movimientos que él acompañó en vida; también abrazamos a su familia. Exigimos, con toda la fuerza que nos da la legitimidad social, al Estado mexicano y a los diferentes niveles de gobierno investigaciones expeditas, imparciales y efectivas, que hagan realidad la verdad y la justicia que el Padre Marcelo defendió con su propia vida.

Nos sumamos a las demandas hechas por las organizaciones indígenas y defensoras de
derechos humanos nacionales e internacionales, quienes claman:
1) Alto a la guerra en Chiapas.
2) Que se investigue tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen del
Padre Marcelo.
3) El desarme y la desarticulación de los grupos corporativos criminales.
4) Que se dé un giro radical a la política de seguridad nacional y estatal.
5) Alto a la persecución, criminalización y asesinato de los y las defensores(as) de los
derechos humanos y de los(as) mediadores(as) por la paz.

¡Las semillas del Padre Marcelo florecerán!

Planeta Tierra
21 de octubre de 2024
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias