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Guerrero

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Red de Medios Libres Chiapas

Foro contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patishtán

12 de Mayo de 2012
Cideci/Unitierra
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Para más información: foroporlalibertad.noblogs.org

Mañana – Moderación: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Presentación del foro (4:45 min)

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Presentación de las mesas (Frayba – español y tseltal) (8:30 min)

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Lectura de la denuncia del Caracol de la Junta de Buen Gobierno de Oventic del 27 de marzo de 2012 sobre el caso de Francisco Sántiz López (16:45 min)

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Palabras de Marcelino Hernández (Frayba) sobre el caso de Alberto Patishtán (tselsal) (6:20 min)

(Descarga aquí)  

Palabras de Jorge Luiz Hernández Castro (Frayba) sobre el caso de Alberto Patishtán (15:45 min)

(Descarga aquí)  

Caso de Alberto por su hija, Grabriela Patishtán (13:50 min)

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Palabras de Andrés Núñez, ex compañero de Patishtán en el Cereso 5 y miembro de La Voz del Amate (13:10 min)

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Palabras del profesor Martín Ramírez López, de la comunidad de El Bosque (16:30 min)

(Descarga aquí)  

Los solidarios de la Voz del Amate, Andrés y José, ex presos (audio) (3 min)

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Carta de la Confederación General del Trabajo (CGT), Estado Español (4:13 min)

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Dora Julieta Hernández Gómez (Brigada Feminista) sobre la condición de las mujeres presas y el caso de Rosa López (24:40 min)

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Represión en San Sebastián Bachajón (5:45 min)

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Chalino Sandría y Blas Pérez del Consejo Autónomo Regional de la Costa sobre la situación en la Zona Costa de Chiapas (8:40 min)

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Tarde – Moderación Concepción Suárez

Impacto de los penales de máxima seguridad – Colectivo IK

Prisión política – Cruz Negra Anarquista

Campaña contra la represión política y la Tortura Sexual

Carta por La Pirata, articulación de colectivos de Italia, Suiza y Holanda

Abraham Ramírez Vásquez del Codedi-Xanica (AMZ) Oaxaca

Víctor Herrera Govea, ex preso DF

Carta de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Bilbao

Situación de los presos de Guerrero – Tadeco

Caso de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político loxicha, Oaxaca

Video de la campaña por la liberación de Álvaro Sebastián Ramírez:

Carta del colectivo Les Trois Passants, Francia

La digna lucha de San Salvador Atenco

Ve también la cobertura en La Jornada:

Invitación al Foro en audio: (Descarga aquí)  

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radio
KeHuelga

Noticiero de la Kehuelga Radio – 21 de abril de 2012

  • 13 años: la lucha sigue
  • Desplazamiento forzado: otra cara de la guerra
  • Fuera Fonatur de Zihuatanejo
  • México: Preocupaciones y perspectivas del encuentro nacional de víctimas del Movimiento por la Paz
  • Walmart al desnudo
  • Ciudad Monstruo: La FECSUM se moviliza
  • Guerrero: Se amparan normalistas contra 11 órdenes de aprensión en su contra
  • Por pensión universal
  • Caso Eric Bautista
  • Sinaloa: libres los presos por la presa Picachos
  • México: En manos de empresas mineras 30 % del territorio Nacional
  • Estados Unidos: cambiando a los bancos
  • Lanza EU combate contra la piratería

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radio
Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero

Noticias de mi pueblo #1

Primera edición de Noticias de mi pueblo – el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios libres de Guerrero.

Emisión No. 1
Fecha de transmisión: 16 de abril 2012
Correspondiente a la semana: Del 9 al 15 de abril de 2012
Transmitiendo desde Guerrero, México, Latinoamérica.
(Descarga aquí)  

Lee la Primera Declaración de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero.

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Centro de DH Tlachinollan

En Fallo histórico: Gana Amparo familia de indígena naua ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano

Familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la Montaña de Guerrero ejecutado extrajudicialmente por militares, obtienen amparo contra fuero castrense.

  • En una sentencia histórica, por primera vez la Justicia Federal protege a civiles frente a la ilegal extensión del fuero castrense.
  • Juez determina que el Artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional.
  • SEDENA debe acatar el fallo y la justicia civil concluir con diligencia el juicio.


Tlapa, Guerrero, a 12 de diciembre de 2011.- En una sentencia sin precedentes, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que durante el 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicho homicidio.

La sentencia tiene sus antecedentes en los hechos donde fue privado de la vida Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la comunidad de Tlatzala, Guerrero, quien el 20 de junio de 2009,  cuando viajaba hacia el Distrito Federal en un autobús de la línea Sur junto con más de cuarenta pasajeros, fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero, desde el que los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús luego de que el conductor reemprendiera su marcha tras ser revisada su unidad por los soldados.

Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre se impusieron las instituciones militares de procuración de justicia. Al quedar legalmente enterados de que éstas habían atraído la investigación, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo el 22 de junio de 2011, en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles como la asunción de competencia por los castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México: el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La demanda dio inicio al juicio de amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que con posterioridad conoció el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el número 614/2011. Fue en el curso del mismo juicio de amparo que los familiares de Bonfilio Rubio Villegas pudieron tener por primera vez acceso pleno al expediente; así supieron que aunque varios elementos participaron en los hechos sólo un militar estaba siendo juzgado por el delito de violencia contra las personas causando homicidio y que éste, beneficiándose de una investigación deficiente y parcial, había conseguido a través de su defensa la reclasificación del delito que en consecuencia pasó a ser tipificado como mero homicidio culposo. También constataron que, infructuosamente, los militares habían intentado diluir su responsabilidad introduciendo en el lugar de los hechos elementos ajenos al mismo para desvirtuar la evidencia y estigmatizar a la víctima.

El Juzgado Sexto de Distrito emitió su sentencia el 2 de diciembre, misma que se hizo del conocimiento de las partes el pasado viernes 9 de diciembre. En su fallo, el Juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó entre otros aspectos: que las víctimas y los ofendidos del delito tienen legitimidad para acudir al Juicio de Amparo ante la aplicación del fuero militar; que el artículo 57 del Código de Justicia Militar desborda los límites impuestos por el artículo 13 Constitucional; y que la extensión del fuero militar a casos que involucran a civiles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo ésta vinculatoria para los tribunales mexicanos.

A partir de estos razonamientos, el juzgador resolvió que: “[…] el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a efecto de resarcir a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, deberá: Emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos en el presente fallo, se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal […L]a declaratoria de incompetencia deberá de hacerse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con competencia territorial en el lugar donde sucedieron los hechos, pues se trata de una autoridad de naturaleza civil (no militar), facultada para conocer de delitos cometidos por servidores públicos federales […]”.

La sentencia dictada constituye un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad castrense pues por primera vez civiles agraviados por la ilegal extensión del fuero militar han sido beneficiados con el amparo de la Justicia Federal. En esa medida, la lucha que han sostenido los familiares de Bonfilio Rubio Villegas cristaliza los esfuerzos que antes protagonizaron otras víctimas como Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y Reynalda Morales Rodríguez, entre otras.

La privación arbitraria de la vida de Bonfilio Rubio Villegas muestra de manera paradigmática el desproporcionado uso de la fuerza letal que, cada vez con mayor frecuencia, se hace patente en la interacción del Ejército con los civiles. Asimismo, pone de relieve la tendencia a encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares mediante la manipulación de la evidencia y la estigmatización de las víctimas, generada sistemáticamente por el propio Ejército. Pero, del mismo modo, la lucha emprendida por la familia Rubio es también ejemplificativa de los esfuerzos que muchas víctimas impulsan para vencer la violencia institucional castrense.

La relevancia de su triunfo legal radica también en que es el primer referente exitoso respecto de la posibilidad de impugnar la extensión del fuero militar mediante el juicio de amparo, por lo que sin duda la sentencia que les ampara guiará la acciones de defensa que muchas víctimas deberán emprender en tanto no sea reformado el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de dicho fuero todos los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos en agravio de civiles, y no sólo algunas de ellas. Por ello, es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el Presidente Calderón en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico cuando instruyó que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. De lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

La búsqueda de justicia no ha concluido para los familiares de Bonfilio Rubio Villegas: el juez federal del ámbito civil que conozca el caso deberá instruir con diligencia el proceso en Chilpancingo a efecto de que los militares responsables sean sancionados, de tal suerte que sus conductas sean reprochadas conforme a derecho y atendiendo al grave daño que causaron. En ese tenor, tratándose de una situación inédita, el seguimiento de la opinión pública de este proceso resulta fundamental.

radio
Red Todos los Derechos para Todas y Todos

Ante uso excesivo de la fuerza pública, ONGs exigen destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero

–          Imprescindible hacer una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca.

–          Exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de normalistas.

El uso irracional y arbitrario de las fuerzas de seguridad pública, derivó en la privación de la vida de 2 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables.

Las acciones realizadas por elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Guerrero derivaron en la consumación de privaciones arbitrarias de la vida de dos estudiantes, dichos asesinatos deberán tener una investigación expedita, imparcial y efectiva.

Hasta este momento, se desconoce el paradero de 40 normalistas, 3 estudiantes se encuentran heridos y 26 más detenidos.

En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso del actual gobierno de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.

Exigimos que se esclarezca quién ordenó la actuación desmedida e irracional de los cuerpos de seguridad pública contra estudiantes, cuyo único objetivo había sido iniciar una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en los hechos de esta mañana.

Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas y campesinos, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad.

Exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes

ATENTAMENTE,

Red Guerrense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Radio Comunitaria y Educativa Uan Milahuak Tlajtoli en Chilapa Guerrero; Centro de Análisis e Investigación “Fundar”; Instituto para la Seguridad y la Democracia-Insyde; Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña de Guerrero; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal); Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

radio
MUP-FNAMUP

El MUP-FNMUP se pronuncia en solidaridad con el TADECO ante amenazas telefónicas.

MUP-FNAMUP
CALLE: LOPEZ 23
CENTRO HISTORICO

SOLIDARIDAD CON TADECO

Las organizaciones sociales integrantes del Movimiento Urbano Popular-Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular (MUP-FNMUP), nos SOLIDARIZAMOS con el Taller de Desarrollo Comunitario AC (TADECO), a partir de que el pasado 9 de agosto del año en curso recibieron amenazas vía telefónica, quien realizó la llamada se idéntico como el Lic. Betancourt.

Este esbirro dijo hablar de parte de los Zetas, y mencionó que la semana anterior habían enviado una “invitación” al local de Tadeco, para cubrir según ellos una CUOTA; a cambio de la misma entregarían un holograma y lo cual brindarían seguridad al personal del Taller de Desarrollo Comunitario, en caso de no cubrir la cuota solicitada amenazan con llevarse al jefe y al personal.

Nos informan los compañeros de Tadeco que ésta no es la primera vez que son objeto de amenazas, esto ya sucedió en 2009, así, el día 25 y 27 de diciembre de ese año los compañeros recibieron mensajes vía celular con claras amenazas a todos los miembros de la asociación.

Antes, el sábado 19 de diciembre de 2009, le fue sustraído el teléfono celular a Miriam Altamirano Carmona, responsable del Módulo de Información que tienen instalado en la Plaza Cívica del Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en el Estado de Guerrero. Desde entonces a través de este teléfono se han estado haciendo las llamadas y enviando mensajes de amenazas. Así, la compañera Isabel Rosales Juárez recibió (el 25 de diciembre de 2009) en su celular el mensaje: “Cuídense, las tenemos bien vigiladas”; para el sábado 26, es decir, horas después, recibió otro mensaje que decía: “Cuídate porque un día de estos a ti también te van a andar buscando”. Ese mismo día recibe amenazas el compañero Javier Monroy a través de su celular con el mensaje siguiente: “Te vamos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos a la del centro”.

Las amenazas continuaron, para el domingo 27 de diciembre del año en mención, nuevamente Isabel Rosales recibe en su celular otro mensaje: “Olles hija de puta lla se tus pasos, un dia de estos bas a formar parte del mural de desaparecidos ok. Att la familia ok.” Por la tarde de ese mismo día, Javier Monroy, quien se encontraba junto con Isabel Rosales y con Miriam Altamirano en el Módulo de la Plaza Cívica, recibió este mensaje: “Q fácil seria yevarnos en estos momentos a la de pantalón negro y sueter café (Isabel Rosales). Te importaría?”. En ese instante Isabel se encontraba haciendo un recorrido entre el Modulo y la avenida Guerrero esquina Amado Nervo. Javier Monroy se encontraba en el Casino del Estudiante. Al igual que el gobierno, los esbirros que mandaron los mensajes LOS ESTABAN VIGILANDO. Y así continuaron ese día con las amenazas, el mismo Javier recibió otros dos mensajes: uno, “Te vamos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos a la dl centro”; y el otro decía: “Q grande es la ciencia d ahora. Poder mandar mensajs d un tel q noes tuyo y sin usar su chip tal y como te mand l mnsaje anterior”, EL COBARDE ESBIRRO MENCIONA ESTO en clara alusión de haber utilizado el número del celular de Isabel Rosales, el cual le fue robado, y de donde envió los mensajes.

Además de estos mensajes Javier Monroy ya había recibido AMENAZAS DE MUERTE a través de llamadas telefónicas, estas fueron hechas durante el mes de junio de 2009.

Estas amenazas se acrecentaron partir de que TADECO SE HA INVOLUCRADO EN LA DENUNCIA Y SEGUIMIENTO DE CASOS RELACIONADOS CON EL SECUESTRO, DESAPARICION Y ASESINATO DE PERSONAS EN EL ESTADO DE GUERRERO, como es el caso de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón Silva, quien desapareció el 14 de marzo de 2007. Así, el TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO (TADECO) ha venido impulsando un trabajo muy importante en DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, y con lo cual crearon el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados. Y hoy continúan trabajando por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y han hecho causa común con varios grupos, comunidades y personas de la entidad, especialmente con la familia del campesino ecologista Javier Torres Cruz, con los habitantes de las comunidades de El Puerto de la Ollas y las Palancas, en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, los mismo con los mineros de Taxco, y los comuneros de Tlamazapa, también del municipio de Taxco y los presos políticos: Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.

Todas estas amenazas que ha recibido el Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), fueron denunciadas por Javier Monroy ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), ante el Ministerio Público, la cual quedó bajo el número de averiguación DGCAP/1141/2009.

Por todo lo anterior, las organizaciones sociales integrantes del Movimiento Urbano Popular-Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular (MUP-FNAMUP), reiteramos TODA NUESTRA SOLIDARIDAD para con los compañeros del TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C. (TADECO).

Hacemos RESPONSABLES a las autoridades municipales, estatales y federales de la integridad psicológica y física de todos los miembros de TADECO: Miriam Altamirano Carmona, Isabel Rosales Juárez, Virginia Betzhaida González Deloya, Ismael Refigio Chamú y Francisco Javier Monroy Hernández. Esto a partir de que la vigilancia permanente de que es objeto el Módulo en la Plaza Cívica y las oficinas de TADECO, es además de gente extraña, lo es también por agentes gubernamentales.

De igual manera, solicitamos a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y se castigue a los responsables. Así exigimos se le de seguimiento al caso, que hasta el momento NO se ha hecho absolutamente nada. ¡¡ No más impunidad!!

Hacemos el LLAMADO todas las organizaciones independientes defensoras de los Derechos Humanos para que se pronuncien al respecto. El mismo es a los organismos gubernamentales, en este caso, el llamado es a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen e intervengan en el caso.

Finalmente el LLAMADO LO HACEMOS a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres, colectivos, sindicales, indígenas, campesinas; para que se pronuncien y brindemos TODO EL APOYO Y SOLIDARIDAD para con los compañeros de TADECO, ante la ola de amenazas que han recibido de los esbirros de los grupos caciquiles del estado de Guerrero, que en su mayoría son protegidos por el gobierno.

¡¡TODA LA SOLIDARIDAD CON TADECO!!
¡¡VIVA EL TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO!!

ATENTAMENTE
Por un gobierno Obrero, Campesino, Indígena y Popular

MUP-FNAMUP

DIEGO GARCIA BAUTISTA
UPREZ-BENITO JUAREZSERGIO MEDINA
PREPARATORIA POPULAR TACUBA

MARTHA VELAZQUEZ
ZELZIN YOAZIHUATL

SANDRA GOMEZ
COLECTIVO “ROSARIO CASTELLANOS”

MAGDALENA TREJO
CONSEJO DE BARRIOS LA RAZA

GLORIA SILVA
FRENTES TORRES X

ISABEL HERNANDEZ
UPREZ-CENTRO

GERMAN HURTADO ALDANA
FRENTE DEL PUEBLO EN LA OTRA CAMPAÑAANDRÉS GARCIA MEDINA
SIERVOS DE LA NACIÓN

CLAUDIO VICTORINO MEDINA
MERCADO CHINAMPAC DE JUÁREZ

MIGUEL ANGEL ALVAREZ
UNION DE COLONIAS POPULARES

LEONARDO URIBE HERNANDEZ
SOC. COOP. TRABAJO, ESFUERZO Y REALIDAD

JUAN JOSE CASTILLO
FRENTE DE SOLICITANTES DE VIVIENDA

PASCUAL DE JESUS GONZALEZ
MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI

México DF, a 19 de Agosto de 2011

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Disidente Radio

Entrevista a Roberto Gamboa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan

Escucha la entrevista a Roberto Gamboa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien habla sobre la situación en Guerrero.(Descarga aquí)  
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Tadeco

ASESINAN EN LA SIERRA DE PETATLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A SU HERMANO FELIPE

COMUNICADO URGENTE

19 de abril 2011

ASESINAN EN LA SIERRA DE PETATLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA

JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A SU HERMANO FELIPE

Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.

La noticia nos fue inicialmente dada a conocer por la Sra. Marcelina Torres Cruz, hermana del ahora occiso, mediante una llamada telefónica, donde nos informó que su hermano Javier había sido emboscado cerca de La Morena. Esta información nos fue confirmada el día de hoy, vía telefónica también, por su hermano Alejandro Torres Cruz, quien reafirmó que Javier, de manera extraña, se trasladaba por el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres de apellido  Arreola, entre otros, que fueron identificados como sicarios al servicio de Rogaciano Alba Alvarez (actualmente preso en el Penal de la Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército). Agregó que al ser informados vía radio de lo que estaba sucediendo, los hermanos Torres acudieron en auxilio de Javier, siendo recibidos también a tiros, resultando herido Felipe de los mismos apellidos. De inmediato, en Petatlán, parte de la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negada la petición con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quien.

Cómo fue de conocimiento público en su oportunidad, Javier Torres Cruz, agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por despojarlos de su tierra, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Alvarez, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Desde entonces,  la seguridad de el mismo y su familia había venido siendo amenazada y cada vez era más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.

A raíz de lo anterior, el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el Titular del Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero quien se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial  sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa.

Recientemente, la familia Torres había descubierto que atrás de un alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de “los Arreola”, quienes al parecer tienen amenazada a su familia. Alejandro Torres manifestó que el día de ayer es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar a donde se dirigía para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal.

El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la Sierra de Guerrero.

Mientras el Ejército Mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes, los gobiernos municipales, estatal y federal se mantienen al margen y deliberadamente desatienden su obligación de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de los derechos humanos, así como las demandas y necesidades de los pueblos, dejando a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.

Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Alvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación.

Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el Gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales.

Javier Torres Cruz ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero.

Por lo anterior, demandamos:

– Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes.

– Que se castigue a los asesinos de Javier Torres Cruz.

– Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.

– Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

– La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011


SINOPSIS DE LOS ANTECEDENTES DEL ASESINATO DE JAVIER TORRES CRUZ

El 19 de septiembre del 2007 Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron ante la PGJDF, a Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido el día 19 de octubre del 2001.

El día 13 de noviembre de 2008 en la madrugada las familias de la comunidad de La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 100 elementos del batallón 19 de infantería en el que entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazaron a las mujeres. Les sustraen documentos personales y roban algunas pertenencias Según los testimonios los militares llegaron en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas. Iban acompañados por civiles armados del grupo de Rogaciano Alba Álvarez.

El día 13 de noviembre a las 22:00 horas llegaron unos 30 civiles armados encapuchados quienes se metieron a las casas deshabitadas y se retiraron durante el amanecer del día 14.

El 18 de noviembre a las 17:00 horas llegaron 9 vehículos con aproximadamente 70 policías ministeriales al mando del coordinador operativo de la Costa Grande, capitán Darío de la Rosa Segura, quienes pidieron ver las casas donde habían entrado los militares. Se retiraron después de una hora.

El día 3 de diciembre del 2008 fue detenido en un retén del Ejercito, ubicado en San Luis La Loma. Según el testimonio de Javier, los soldados lo detienen, le vendan los ojos y se lo llevan a un lugar desconocido. En la noche lo entregan a particulares, quienes lo torturan (golpes en todo el cuerpo, amenazas) y lo interrogan, entre otras cosas acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Lo llevan a un lugar desconocido en el campo, donde lo tienen hasta el día 7 de diciembre. Durante todo el tiempo permanece vendado de los ojos, golpeado, no recibe alimentos ni agua y siente que lo iban a matar. El día 7 le quitan la venda (quizá pensando que ya no iba a poder moverse) y en la madrugada en un momento de descuido Javier empieza a correr y logra escapar.

Reconoce que se encontraba en la región de Coyuquilla. Es perseguido durante varios días, hasta que el día 13 de diciembre llega a la región donde vive y donde según él, no era fácil que entraran sus persecutores. Relata que lo perseguían muchas personas, que se utilizó un avión, que lo balacearon con la intención de matarlo.

El día 13 de diciembre llega a su comunidad, se mantiene escondido por razones de seguridad. Hasta el día 15 la familia da a conocer que Javier se había escapado de sus captores.

El día 20 de diciembre una Misión de Observación acude a La Morena para entrevistarse con Javier, recabar el testimonio y constatar posibles huellas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acompaña la misión y realiza la documentación de la situación de Javier Torres Cruz.

El día 22 de enero, a petición expresa de Javier, se realiza otra visita a la comunidad. La familia informa de que hay amenazas de muerte contra Javier y toda la familia y se teme que gente de Rogaciano  Alba Álvarez y el ejército puedan actuar en contra de la familia.

El día 27 de enero informa Javier Torres Cruz, que desde el sábado 24, se encuentra en la comunidad de La Morena, Municipio de Petatlán un  grupo de 25 soldados que llegaron a pie y desde entonces se mantienen acampados a 200 metros de su casa sin hablar con su familia y rondando la comunidad. Las mujeres, el maestro y los niños que están en el pueblo, se mantienen en sus casas, sin salir por el temor de que les hagan algo. Los soldados se retiran unos días después sin dar explicaciones.

El viernes 8 de Mayo de 2009, se publica en periódicos del Estado, información de la PGJE que vincula a Javier Torres Cruz  con la desaparición de Álvaro Rosas Martínez, presidente del PRD en Petatlán quien fue privado de su libertad y posteriormente encontrado asesinado. Posteriormente el entonces Procurador Murueta se desdice.

El 16 de febrero del 2010, un comando de más de 100 soldados del Ejército Mexicano a bordo de vehículos Hummer y de los llamados “mercedes” incursionaron en el área conocida como “El infierno”, cerca de las comunidades deshabitadas de Rancho Nuevo y Las Humedades, donde parte de los campesinos de la comunidad de La Morena tienen sus tierras de labor, lo que dio como resultado la detención de dos personas, un muerto y un herido. Javier Torres Cruz y Narciso Torres Rosas, manifestaron que los efectivos del Ejército llegaron disparando contra las personas que se encontraban trabajando en sus parcelas, por lo que algunos de ellos corrieron para ponerse a salvo, no pudiendo hacerlo Anselmo Torres Quiróz de 78 años y Huber Vega Correa por no conocer bien el lugar. En esa persecución hirieron a Isaías Torres Rosas y murió Adolfo de los mismos apellidos. Lo anterior fue constatado por una Misión de Observación Civil que el día miércoles 17 de febrero del 2010, acudió a la Comunidad de La Morena.

El martes 7 de diciembre del 2010, alrededor de 35 efectivos militares a bordo de 3 carros Hummer incursionaron en la comunidad de La Morena, ubicada en el municipio de Petatlán, Guerrero, haciendo uso de sus armas de fuego y provocando el pánico y la  zozobra entre los habitantes y como ya es costumbre, mientras los hombres y adolescentes corrieron hacia los cerros cercanos, las mujeres, niños y ancianos se concentraron en sus casas, siendo allanadas por los militares. Al parecer la partida militar llegó por el lado de la comunidad de El Camalote, por un camino recién rehabilitado y proviene del 19 Batallón con sede en Petatlán.

El 21 de enero del 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos  informa a Javier Torres Cruz que la SEDENA niega la detención realizada por militares en el 2008.

En el mes de marzo el Dr. Pablo Sandoval Cruz, verifica la salud de Javier Torres Cruz  y diagnostica: Síndrome sugestivo de envenenamiento. Depresión aguda en fase regresiva. Delirio de Persecución, Anemia y Avitaminosis.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011

radio
Policía Comunitaria de Guerrero

Solidaridad con los 5 presos de Bachajón: Policía Comunitaria de Guerrero

radio
Radio Ñomndaa / La Otra Europa

Radio Ñomndaa (Guerrero, México)

A más de seis años de un proceso lleno de irregularidades y de impunidad, a pesar de las multiples pruebas que se han presentado, se sigue pisoteando la voz digna de la radio comunitaria Ñomndaa que durante años se ha esforzado en dar la voz a los que no la tienen, al pueblo indígena Nnanncue.

Programa de Radio Ñomndaa sobre el caso de Don Silverio Matías Domínguez, que desde hace diez años busca justicia por la agresión en la que perdió un ojo, y la impunidad que declaró inocente al agresor, el actual secretario municipal de Xochislahuaca y hermano de la cacique Aceadeth Rocha Ramírez, José Luis Rocha Ramírez. Parte 1:(Descarga aquí)  
Parte 2:(Descarga aquí)  

Una cápsula de radio en solidaridad con los compañeros y las compañeras de Guerrero desde la Otra Europa (Nodo Solidale / Colectivo Zapatista de Lugano / Nomads de Xm24).(Descarga aquí)  

Más información sobre el caso.

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