
Guerrero

Comunicado sobre la desaparición forzada de 8 personas en Iguala, Guerrero
Coincidentemente con el cierre de la Semana Internacional del Detenido – Desaparecido, se sucede en la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero, la desaparición de 8 personas miembros de organizaciones sociales integradas en el Frente de Unidad Popular y vinculadas al PRD, después de haber realizado una actividad política que reclamaba al Presidente Municipal José Luis Abarca Velázquez, la atención a sus demandas.
Parecería increíble que en una entidad donde el Gobernador se jacta del Programa Guerrero Seguro, la violencia ha llegado a niveles extraordinarios, que se sigan violando los derechos humanos de miles de personas, que cientos de ciudadanos comunes e inocentes sigan cayendo víctimas de delitos de lesa humanidad, que la criminalización de la protesta social afecte la integridad de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras la mal llamada delincuencia organizada, las organizaciones radicales del narco y paramilitares, mantienen el control político y económico de la entidad con la aquiescencia y colusión de las autoridades.
Ahora Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas, Jimmy Castrejón, Arturo Hernández Cardona y Héctor Arroyo, se suman a la larga lista de las desapariciones forzadas en la entidad. Nos preocupa que mientras arriba, en el aparato político del poder gubernamental y los partidos políticos se hacen aspavientos de recursos, declaraciones políticas y ofrecimientos mediáticos, abajo, 8 familias viven en la incertidumbre, el dolor, la desesperanza y todavía les piden confianza en autoridades y procedimientos legales que durante años ha quedado demostrada su inutilidad por la falta de responsabilidad, compromiso, indolencia y corrupción de las mismas autoridades que en lugar de justicia les piden tiempo, paciencia y resignación.
Por ello reiteramos que es el gobierno de Angel Aguirre Rivero el que debe responder con oportunidad a la demanda de presentación con vida de éstos ciudadanos desaparecidos, como máximo representante de Estado mexicano en la entidad. Urge la investigación, el tiempo es vital en éstos casos para recuperar a las víctimas con vida, deben seguirse todas las pistas, abrirse todas las líneas de investigación necesarias, designarse agentes probados y responsables, darle todas las facilidades a los familiares y a sus organizaciones para la coadyuvancia y entregrar resultados ya, a los 8 compañeros con vida, hacerles justicia y reparar daños a ellos y a sus familiares. Este es el reto que debe asumir el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Es significativo que este lamentable suceso resulte de un conflicto entre miembros de un mismo partido, el gobierno municipal y las organizaciones sociales. Esto nos confirma que la lucha por el poder enturbia y corrompe y que el pueblo sigue estando a expensas de que sus demandas pasen primero por las cuotas de poder. También nos llama la atención que algunos maniqueamente quieran desviar la responsabilidad de éstos hechos al Gobierno Federal para proteger la imagen de su gobernador perredista. Esto no debe desviar la investigación de estos 8 casos.
La vida e integridad de los 8 compañeros vale igual, No debe privilegiarse ni destacarse a nadie, por más importante que pueda ser para la clase política y debe darse un trato igualitario a todos los familiares. Por mucho que la Secretaría de Gobierno, la PGJE, la SSP o la Policía Ministerial declaren, hagan promesas, presenten hallazgos materiales o hagan conjeturas o presunciones mediáticas, lo que importa es la vida y la presentación de las víctimas.
Es hora de que la sociedad, el pueblo de Guerrero, tome iniciativas para enfrentar estos delitos de lesa humanidad, obligar a las autoridades a que presenten resultados positivos que garanticen derechos humanos, que el movimiento social se comprometa con ésta causa y deje de considerarlos temas secundarios por no ser negociables para la obtención de beneficios y que abajo, se superen los miedos, la confianza en los de arriba y vayamos tomando la defensa de nuestros derechos, de nuestra vida e integridad de manera organizada, desde abajo y a la izquierda.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡PRESENTACION INMEDIATA CON VIDA DE GREGORIO DANTE CERVANTES, ÁNGEL ROMÁN, EFRAÍN AMATES LUNA, NICOLÁS MENDOZA, RAFAEL BANDERAS, JIMMY CASTREJÓN, ARTURO HERNÁNDEZ CARDONA Y HÉCTOR ARROYO!
¡POR LA VIDA, LA LBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!
COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO.
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 02 de junio del 2013.

Consolida impunidad en Guerrero liberación de policías ministeriales acusados en caso Ayotzinapa
– Decisión de jueces evidencia deficiencias en investigación conducida por Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
– Familiares de Jorge Alexis y Gabriel deberán acudir a instancias internacionales ante la falta de efectividad de la justicia en Guerrero.
– Recibirá Relator de la ONU información sobre impunidad en ejecuciones extrajudiciales de Normalistas de Ayotzinapa.
COMUNICADO DE PRENSA
Chilpancingo, Guerrero a 23 de abril de 2013.- El día de hoy fueron liberados los dos elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) en contra de quienes se ejercitó acción penal por el homicidio de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ejecutados extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011 en medio de un violento operativo policial con el que se respondió a una protesta estudiantil, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
La liberación de dichos servidores públicos se materializó después de que la Justicia Federal ordenara al Juez local a cargo del proceso que dictara un nuevo auto de formal prisión contra los elementos de la Policía Ministerial, por ser insuficientes las pruebas que en su momento presentó la Procuraduría guerrerense. Tras esta decisión, ningún servidor público estatal o federal enfrenta hoy un proceso penal por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridos el 12 de diciembre de 2011.
Es preciso recordar, que por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejercitó por primera vez su facultad para investigar mediante un procedimiento especial violaciones graves a derechos humanos. Precisamente, en la Recomendación 1 VG/2012 derivada de dicho procedimiento, el Ombudsman Nacional concluyó con base en su propio trabajo pericial que los proyectiles de arma de fuego que habían privado de su vida a los estudiantes habían sido disparados por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero ubicados donde se encontraban quienes hoy fueron liberados;no obstante, la CNDH fue omisa en coadyuvar para que esas conclusiones fueran confirmadas en el ámbito penal.
La exoneración de los policías acusados del asesinato de Jorge Alexis y Gabriel comprueba que en Guerrero no hay justicia posible para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y que los órganos de procuración e impartición de justicia aseguran impunidad a quienes delinquen desde el poder.
La liberación de los policías imputados confirma los temores externados desde el inicio de las investigaciones por los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas, en el sentido de que al haberse realizado las primeras diligencias por mandos involucrados en los hechos y por peritos carentes de independencia, a la postre los responsables se beneficiarían de la parcialidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, encabezada sucesivamente por Alberto López Rosas, Juan Manuel Herrera Campos y actualmente por la Procuradora Martha Elba Garzón.
Es preciso recordar que la desconfianza ante la actuación de las autoridades estatales en los hechos, se vio agravada, dado que fue público y notorio que la propia Procuraduría deliberadamente obstaculizó el esclarecimiento de los hechos al intentar construir una versión falsa de los mismos mediante la fabricación de imputaciones contra los estudiantes, lo que incluyó la siembra de evidencia. Pese a que los familiares de Jorge Alexis y Gabriel, junto con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron ante la justicia a aportar elementos para la sanción de los responsables, poniendo en riesgo su vida y la de sus representantes legales, hoy esos temores se ven confirmados y permiten constatar la quiebra absoluta del sistema de justicia guerrerense.
En ese sentido, como ocurre a menudo en Guerrero, sólo queda a los familiares de las víctimas acudir a las instancias internacionales para buscar la justicia que en nuestro país se niega a quienes son agraviados por agentes estatales. En ese sentido, la impunidad por la muerte de Jorge Alexis y Gabriel será denunciada los próximos días ante el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la ONU, que visitará oficialmente el estado de Guerrero, y posteriormente ante el Sistema Interamericano.
En virtud de las recientes decisiones judiciales, las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se suman a la larga lista de violaciones de derechos humanos cometidas contra las y los guerrerenses que han sido encubiertas desde el poder, como ocurrió con los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia o con las masacres de El Charco y Aguas Blancas. Hoy, ni la tortura, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni los tratos crueles, ni las detenciones arbitrarias de los estudiantes son motivo suficiente para que existan procesos penales contra los responsables. Por ello, la impune represión del 12 de diciembre de 2011 marcará a perpetuidad al gobierno de Ángel Aguirre Rivero exhibiéndolo como continuador de los esquemas de ejercicio autoritario de poder que durante décadas han agraviado a la población guerrerense.
En un contexto estatal convulso, marcado por la desesperación ciudadana ante la inseguridad y por un conflicto magisterial que trasciende hacia un movimiento popular de indignación, la consolidación de la impunidad en el caso Ayotzinapa confirma y muestra el grave deterioro de las instituciones públicas guerrerenses y la complicidad del sistema de justicia con quienes abusan y delinquen desde el poder.
Considerando este degradado contexto y sabiendo que los familiares de Jorge Alexis y Gabriel no cejarán en su búsqueda de justicia, acompañados por Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro José María Morelos y el Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, expresamos nuestra preocupación ante las represalias que pueden desencadenarse con la liberación de los policías ministeriales imputados y responsabilizamos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de cualquier agresión cometida en contra de los familiares de Jorge Alexis y Gabriel o en contra de sus representantes.