Señor Presidente, Jimmy Morales Cabrera:

Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.

Desde recién sucedidos los trágicos hechos hemos estado recibiendo información a través de personas, organizaciones y comunidades de Guatemala sobre la negligente actuación de las autoridades a su cargo que han incumplido con las obligaciones derivadas de las Leyes nacionales y el Derecho Internacional.

Una de estas graves omisiones fue no atender de manera diligente la sentencia del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana que, en Diciembre del año pasado, condenó al Estado de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos, mismas que distintas dependencias estatales documentaron,

haciendo visible y denunciando las precarias condiciones del albergue, malos tratos, abuso sexual, actos de tortura, privación de la libertad, así como la probable operación de una red de trata de personas que explotaba a niñas y jóvenes menores de edad en complicidad con funcionarios a cargo del Hogar Seguro.

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Dos familiares se abrazan afuera del Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017.
Fotos: Carlos Sebastián

“Los adolescentes estaban sancionados por extorsión. Las niñas tenían objetos punzocortantes escondidos en el pelo. Agotamos el diálogo con las niñas. No podíamos aceptar un informe que dice que ese lugar es un gallinero en donde se tortura a los niños. Considero que la causa del amotinamiento, porque no les gusta la comida, no era válida. No hubo negligencia. No voy a presentar mi renuncia como Secretario de Bienestar Social. El Presidente ordenó anoche a la policía que encontrara y regresara a los 60 adolescentes fugados. El problema es que los jueces mezclan a los niños que han cometido delitos con niños abandonados por sus familias. Pedimos al Ministerio Público que investigue pero no responsabilizamos directamente a nadie. El Presidente no vino a participar en la conferencia porque está atendiendo asuntos urgentes de la nación. Se termina esta conferencia de prensa.“

Por Gabriel Woltke Y Martín Rodríguez Pellecer / 9 marzo, 2017 – Nómada

Así explicó el Gobierno de Guatemala a sus ciudadanos qué había ocurrido la mañana del 8 de marzo de 2017 cuando unas niñas y adolescentes se amotinaron en la casa hogar gubernamental en la que vivían. Las niñas se amotinaron y prendieron fuego a unos colchones en unas habitaciones para que las dejaran salir. No las dejaron salir y murieron calcinadas. En ese momento eran 19 las que murieron. Hasta ahora van 22.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción queda en una colina a 6 kilómetros del inicio de la Carretera a El Salvador, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Guatemala. Está en el municipio de San José Pinula, rodeado por bosques y barrancos que han servido de escondite para más de 100 niños y adolescentes que escaparon durante el último año de lo que debería ser su casa pero consideran su cárcel.

Las niñas no se amotinaron porque no les gustara el sabor de la comida.

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GUATEMALA: MARCHA POR EL AGUA LLEGA A SU FIN

Texto de Susana Norman y fotos por Ingrid Fadnes (Centro de Medios Independientes-Guatemala)

En Guatemala, La Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, convocada por unas 80 organizaciones que integran la Asamblea Social Popular (ASP), está llegando a su recta final. La marcha comenzó en el punto fronterizo con México, Tecún Umán, el pasado 11 de abril, y los y las manifestantes ya han recorrido a pie más de 200 kilómetros por el caliente asfalto de la carretera CA2 de la costa sur de Guatemala, en su camino hacia la capital del país. Con 10 días bajo el sol ardiente, cargando bebés en la espalda, y dejando atrás más de 30 kilómetros a cada día, la llegada a la Ciudad de Guatemala está previsto para la tarde del viernes 22 de abril. Se juntarán también las otras contingencias, marchas menores que han salido de Purulhá en Baja Verapaz (norte), y Mesilla en Huehuetenango (occidente).

La exigencia que aglutina tanto a comunidades indígenas, organizaciones barriales urbanas y feministas es la preservación de los ríos, las lagunas y los manantiales, porque sin agua no hay vida para nadie. Vemos en la lucha por el agua, una de las demandas más urgentes a nivel global, pero además un llamado estratégico para alentar a la sensibilización, a la organización, y a la solidaridad, ya que la falta del agua se siente en las ciudades y no solo en el campo. Durante el trayecto se ha denunciado la contaminación y los desvíos de los ríos; el despojo ilegal de agua y territorios por parte de las empresas transnacionales de monocultivos como palma, azúcar, banano y café y por las empresas mineras e hidroeléctricas. La marcha plantea que 97 por ciento de las fuentes de agua dulce ya están contaminadas en el país a la par de sufrir el avance de la desertificación en una quinta parte del territorio.

“Uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la población en general. Es necesario que nos unamos, tanto como como pueblos mayas, garífuna, xinca y mestizo, que somos los cuatro pueblos aquí en Guatemala. Que nos unamos a esta gran lucha por la recuperación de los ríos. Que el agua no sea más privatizada. En las comunidades que hemos pasado durante los días de la marcha, hemos visto como la población en general está sufriendo por el agua. Son alrededor de 50 ríos que hemos pasado, pero casi todos están secos, y se miran son las piedras, o están desviados a las empresas de monocultivo de caña. En esta zona estas empresas se concentran, y son entre 6 y 10 ingenios azucareros sólo aquí. De parte de la población más urbana denuncian que les llegan las facturas con montos grandes a pagar, sin embargo, el agua no les llega. Vemos que esto es un grave problema a nivel nacional. Queremos que las comunidades, los cantones y los barrios a nivel urbano y en el campo se organicen y denuncien esta violación a los derechos que hacen estas empresas con la complicidad del gobierno”, cuenta Maria Josefa Mac, mujer maya q´eqchi, e integrante del Consejo Directivo Nacional del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones que integran el ASP.

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Por Paulo Estrada Velázquez
Fotografías de Ingrid Fadnes

Durante el mes de febrero se terminó de conocer, la verdad de los hechos ocurridos en la aldea de Sepur Zarco en Guatemala, durante los años de la guerra interna. En esta región, el interés de las élites terratenientes por expandir sus territorios provocó que se llevara a cabo un genocidio parcial, el Tribunal A de Mayor Riesgo tuvo la tarea de aplicar la justicia luego de las acusaciones emitidas por las 15 mujeres víctimas contra el comandante del destacamento militar y un comisionado militar.

Las audiencias del debate oral y público se desarrollaron sin contratiempos en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia, los asistentes fueron escuchando, uno por uno, los testimonios que las víctimas relataron de manera continua, es decir, los delitos cometidos en su contra por soldados del ejército de Guatemala, quienes se encontraban bajo las órdenes del entonces subteniente de artillería Esteelmer Francisco Reyes Girón.

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Por: Quimy De León – Prensa Comunitaria Km. 169

Quetzaltenango 28 de octubre de 2015. Rogelio Velásquez y Saúl Méndez Rogelio y Saúl han quedado libres y absueltos de los delitos que injustamente les montaron como parte de una estrategia de criminalización de la lucha social. Ellos han estado encarcelados injustamente en Huehuetenango durante dos años con dos meses y un día, ellos fueron acusados de los delitos de asesinato y femicidio supuestamente por haber participado en un linchamiento.

Como ocurre en los casos de criminalización el Ministerio Público ni quienes acusan tuvieron pruebas que demuestren los delitos que les montan. Hoy el Ministerio Público a pesar de ello pedía 50 años de cárcel para ellos.

Saúl y Rogelio son defensores del agua, han tenido una larga trayectoria como autoridades comunales de sus comunidades, fueron miembros de la Asociación para la defensa del territorio, organizaron y promovieron la Consulta Comunitaria de Buena Fe en el año 2007 en Barillas. ºDesde el 2011 han representado la decisión de las comunidades de oponerse a la instalación de la empresa española Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz. “ Sus comunidades fueron de las primeras en organizarse para defender el agua pues eran de las más afectadas por el proyecto hidroeléctrico que ha querido imponer a toda costa esta empresa gallega.

Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Sus compañeras de vida, sus hijos e hijas y toda la comunidad y el territorio q´anjob´al ha sufrido persecución y diferentes formas de terror para evitar que la gente siga oponiéndose a la construcción de un proyecto Hidroeléctrico que les ha traído como consecuencia un asesinato, detenciones, desplazamiento forzoso, persecución penal, un estado de sitio, afectaciones en la salud y la vida comunitaria, división comunitaria, rumores y militarización de sus vidas.

En los días comprendidos entre el 20 y 26 de septiembre del presente año 2015, delegaciones de organizaciones indígenas y de solidaridad internacional de Bolivia, Ecuador, Colombia y el estado español, junto con organizaciones hermanas guatemaltecas, nos hemos reunido en el IV Encuentro Internacional de Escuelas de Formación Política (EIFP), en el territorio mayab’ kaqchikel de la ciudad de Chimaltenango.

En estos días, hemos hablado, analizado y debatido, desde nuestras propias realidades, respecto a los grandes retos y experiencias ya acumuladas en cada proceso formativo. Y esto siempre con la vista y el pensamiento puestos en los derechos humanos individuales y colectivos que nos corresponden como pueblos indígenas de este continente, de Abya Yala.

Precisamente, en conexión con dichos derechos, hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer al hermano Rigoberto.

Hemos podido saber y conocer de sus procesos de vida en dicha defensa y hemos sido testigos por unas horas del tiempo en la cárcel. Tiempo injusto que transcurre al margen de la vida de la mayoría de la población, pero tiempo que es más injusto cuando la evidencia demuestra que aquí y ahora hablamos de presos políticos por ser líderes de sus pueblos.

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http://comunitariapress.wordpress.com/2015/01/23/condenan-censura-de-radio-comunitaria-y-amenazas-a-comunicadores-comunitarios/

Por Nelton Rivera

Este viernes 23 de enero 2015, un grupo de periodistas, medios de comunicación alternativos y redes de radios comunitarias en el país rechazaron el ataque sufrido por la radio Snuq Jolom Konob del municipio de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango.

Recientemente el día martes 20 de enero un grupo de simpatizantes del alcalde Diego Marcos Pedro durante la madrugada no les permitió abrir la radio, horas después cinco comunicadores fueron golpeados y amenazados, a cuatro días de estos hechos la radio no ha podido transmitir, su local se encuentra clausurado y la energía eléctrica de la radio fue cortada.

Frente a la censura, coacción y amenazas recibidas parte del Alcalde Municipal fue convocada una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala en defensa de la Libertad de Expresión.

Todos y cada uno de las personas que asistieron coincidieron en su apoyo a la Radio Snuq Jolom Konob y a su equipo humano, exigen el cese de las agresiones a periodistas en el país y el respeto a la Libertad de Expresión, en este caso de la radio y del pueblo Qanjobal que encuentra en la radio comunitaria su voz.

“En este momento es necesario la unidad de todo el gremio, no podemos permitir que se violente la Libertad de Expresión” manifestó Ileana Alamilla de CERIGUA.

En peligro Libertad de Expresión

La Radio Snuq Jolom Konob recientemente cumplió 15 años de transmisión en diciembre 2014, el municipio de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango y la comunidad Qanjobal en los EEUU se llenaron de fiesta por el aniversario de la radio del pueblo.

Tanta alegría duro muy poco, un mes después cinco comunicadores fueron agredidos, insultados y golpeados por simpatizantes del Alcalde municipal, otros miembros de la radio tuvieron que esconderse, la madrugada del día 20 de enero la radio del pueblo Qanjobal fue censurada, la luz de su sede por orden municipal fue cortada, con esto el equipo y la voz de la radio dejaron de transmitir.

Durante la mañana del martes cinco comunicadores de la Radio fueron amenazados y golpeados por el grupo de simpatizantes del Alcalde, insultos, agresiones físicas y psicológicas fueron recibidas por los comunicadores comunitarios, el miedo se hizo sentir al vivir una de las agresiones mas fuertes después de la detención y desaparición de Daniel Pedro Mateo uno de los fundadores de la Radio Snuq Jolom Konob.

Jorge De León Duque, procurador de los derechos humanos emitió un enérgico llamado a respetar la libertad de expresión de la Radio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas OACNUDH también manifestó su preocupación, es evidente que en Santa Eulalia se coarto la libertad de expresión de la radio, se registraron violación de los derechos humanos de los comunicadores y todo esto con la anuencia del Alcalde municipal.

La radio comunitaria de Santa Eulalia Snuq Jolom Konob 89.0 en FM tiene 108 horas de estar fuera del aire, los comunicadores de la radio no pudieron ingresar a la sede de esta el día lunes por la madrugada luego que un grupo bastante nutrido de personas simpatizantes del alcalde municipal Diego Marcos Pedro se los impidiera.

De esa cuenta, miles de personas en ocho municipios de la nación Qanjobal no reciben la transmisión diaria de la Radio Snuq Jolom Konob aquí en el país y en el extranjero.

Este viernes 23 de enero periodistas, columnistas, medios alternativos y radios comunitarias expresaron su solidaridad con la Radio Snuq Jolom Konob de Santa Eulalia, he hicieron el llamado para que las autoridades municipales cesen con los ataques y agresiones en contra del equipo humano de la radio.

https://comunitariapress.wordpress.com/2015/01/23/condenan-censura-de-radio-comunitaria-y-amenazas-a-comunicadores-comunitarios/

María Zedillo y Magdalena Ceto – Mujeres Ixiles de Guatemala sobrevivientes del genocidio durante la guerra hablan sobre el valor de las mujeres en el juicio contra el dicator Efraín Ríos Montt.

Carlos Martín Beristain – Doctor en psicología y activista que trabaja con atención a víctimas, salud mental y derechos humanos en varios países. En entrevista, habla sobre su ponencia sobre la memoria con víctimas y sobrevivientes.

Víctor Hugo López – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En entrevista, hace un balance del Foro Internacional de Derechos Humanos “De la Memoria a la Esperanza” y del 25 aniversario del Frayba

Escucha todos los audios del Foro aquí.

140068121 Informe Preliminar Violaciones a Derechos Humanos en Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa

* Misión Civil exige al gobierno de Guatemala garantizar condiciones de vida digna

Las y los pobladores de Nueva Esperanza retornaron a su tierra, Guatemala, el 28 de febrero pasado, después de resistir año y medio en condiciones críticas, desplazados hacia la línea fronteriza con México al ser desalojados con violencia por el ejército de su país en agosto de 2011.

El retorno a su tierra y reubicación en una finca renombrada “El triunfo de la nueva Esperanza”, ubicada en el Petén, cerca de la capital de ese departamento, ocurrió después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Guatemala. En ese nuevo lugar, las y los pobladores continúan en condiciones críticas, sin vivienda y sin agua.

Una Misión Civil decidió acompañar el retorno acordado entre los pobladores y el gobierno y exigió a los gobiernos de México y Guatemala seguridad para las y los desplazados durante el trayecto y condiciones para establecerse con dignidad.

Esta Misión, conformada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, documentó las condiciones en las que vivieron y resistieron desde agosto de 2011, ante la desatención de los gobiernos de Guatemala y México, países que incumplieron sus obligaciones en materia humanitaria ante desplazamientos. La Misión publicó dos informes en el año y medio que duró el desplazamiento en la línea fronteriza, escribió cartas a ambos gobiernos, participó en reuniones con autoridades de México y promovió el envío de comunicaciones a ambos gobiernos.

La desatención de los gobiernos de México y de Guatemala generó condiciones críticas que pusieron en riesgo la vida, particularmente de la infancia desplazada, y ocasionaron la muerte de una niña.

Guatemala, responsable del desalojo, incumplió con las normas mínimas en estos casos para garantizar la atención inmediata de la población desplazada. México incumplió obligaciones de asistencia humanitaria.

Al llegar al lugar del Petén acordado para establecerse, a la Misión Civil le preocupó observar las condiciones en las que las y los desplazados pasarían esa noche y las siguientes. Sin techo, sin suelo, sin lugar dónde dormir, sin trazo, lo que incumple las obligaciones de los gobiernos en casos de reasentamiento y de reinstalación, más aún considerando que la mayoría de las y los desplazados son niñas y niños y, muchos de ellos, todavía de brazos.

Al respecto, el numeral 55 de los Principios Básicos sobre desalojos y desplazamientos, de Naciones Unidas establece que:

“Los lugares determinados de reinstalación deben responder a los criterios de una vivienda adecuada de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Entre éstos figuran: a) seguridad de la tenencia; b) servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras tales como agua potable, energía para cocinar, calefacción y luz, saneamiento, lavaderos de ropa, formas de almacenar alimentos, vertederos de basura, drenajes del lugar y servicios de emergencia, y en los casos apropiados, acceso a recursos naturales y comunes; c) vivienda asequible; d) vivienda habitable que ofrezca a los habitantes espacio suficiente, protección del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas a la salud, peligros estructurales y portadores de enfermedades, y que garantice la seguridad física de sus ocupantes; e) accesibilidad para los grupos en situación de desventaja; f) acceso a las oportunidades de empleo, servicios de atención de la salud, escuelas, centros de cuidado del niño y otras instalaciones sociales, tanto en las zonas urbanas como rurales; y g) una vivienda culturalmente apropiada.

Esta Misión Civil celebra el triunfo del pueblo desplazado que decidió permanecer junto, como pueblo, aun en condiciones críticas.

Pero, a la vez, la Misión Civil deplora la actuación de los gobiernos de México y de Guatemala en este caso. El gobierno de México incumplió obligaciones de asistencia humanitaria y, en un momento dado, incluso deportó a varios de las y los desplazados con la engañosa figura de repatriación voluntaria y mientras estaba en curso una mesa de negociación. Esta indebida actuación de funcionarios mexicanos, incluyendo al anterior delegado de Migración, continúa impune.

El reasentamiento se realizó con acuerdo de las partes, sin embargo, la Misión expresa su extrañamiento al gobierno de Guatemala por haber impedido la opción del retorno, a pesar de que las Directrices ya citadas establecen que se debe otorgar prioridad al derecho al retorno y a que la legislación establece que se puede capacitar a poblaciones para ser cuidadoras de reservas naturales. Asimismo expresamos nuestra extrañeza porque en los acuerdos no se menciona expresamente una indemnización a la población desalojada.

De manera urgente, la Misión Civil de Observación llama al gobierno de Guatemala a garantizar a las y los pobladores de “El triunfo de laEsperanza”, también conocida como Finca Ebenezer, condiciones que les permitan establecerse con dignidad y salvaguardando el derecho a la salud, a la vivienda y a la vida de manera inmediata.  Agua, alimentación y vivienda son condiciones de emergencia que deben ser atendidas de inmediato y sobre las cuales, particularmente, hacemos el llamamiento urgente al gobierno de Guatemala.

La Misión Civil de Observación también anota que en ningún momento del trayecto se obstaculizó nuestro trabajo de acompañamiento al retorno ni nuestra labor de observación. Esta Misión se mantendrá atenta al establecimiento del pueblo de Nueva Esperanza en su nuevatierra, El triunfo de la Nueva Esperanza.

La Misión Civil está integrada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, entre otras “La72 Hogar Refugio para personas Migrantes”, de Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atenta al caso y asistiendo humanitariamente, en la medida de sus posibilidades, a las familias guatemaltecas.

También participan en la Misión Civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Equipo Indignación y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República mexicana),   entre otras organizaciones.