Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Fuente: Avispa Midia

En portada: Campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno, alcaldía Cuauhtémoc.

Organizaciones en la Ciudad de México denuncian que albergues para personas migrantes de la sociedad civil se ven desbordados hasta en un 800% de su capacidad. “Están en condiciones de hacinamiento y se sostienen gracias al trabajo en red que se realiza y a la solidaridad recibida”, sostienen las agrupaciones y albergues para migrantes en un documento divulgado el miércoles, 17 de mayo.

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) y los albergues de la Ciudad de México que firman el documento se declaran en emergencia.

Desde octubre del 2022, las organizaciones han documentado el aumento de la afluencia de miles de personas en situación de movilidad, sobre todo de mujeres y familias con niñas, niños y adolescentes.

El aumento está vinculado, segundo las organizaciones, a los acuerdos migratorios entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que se hizo visible por grupos de personas con necesidades de protección internacional que se mantuvieron cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la alcaldía Cuauhtémoc. Además, implicó una sobresaturación de los albergues de sociedad civil en la CDMX que desbordó sus capacidades de atención.

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El Paso, Texas – La Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR) expresa su más sentido pésame a las familias de los 39 migrantes que perdieron la vida, y a los 29 migrantes que resultaron heridos en el incendio dentro de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez el lunes por la noche.

En este momento trágico, alzamos la voz para condenar la naturaleza dual y desigual del régimen migratorio que facilita la movilidad de aquellas personas privilegiadas de poseer pasaportes y visas mientras, que controla y criminaliza la movilidad de las personas que escapan de la pobreza, los desastres sociales, climáticos y militares.

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó que había un total de 68 hombres de Centro y Sud América en el centro de detención, lo que indica que todas las personas detenidas resultaron heridas o perecieron en el incendio.

Esta tragedia, como muchas otras que se han convertido en una característica normal del sistema norteamericano de inmigración, continuará ocurriendo si los gobiernos no están dispuestos a hacer la transición real hacia políticas centradas en los derechos para abordar la migración internacional. A pesar de las miles de muertes, de las desapariciones y de los abusos sistemáticos contra las personas documentadas, la administración Biden continúa promulgando políticas que restringen el acceso y la protección y externalizan las responsabilidades de protección a otros países. El desplazamiento internacional y la migración como supervivencia no debe criminalizar a las personas en situaciones migratorias de vulnerabilidad y nunca deben ser detenidas.

NNIRR se solidariza con las familias de las personas migrantes que fallecieron, las que resultaron heridas y las miles de personas que han desaparecido o que perdieron la vida a lo largo de la jornada migratoria. Las políticas de control, la militarización de las fronteras  y la criminalización de las comunidades migrantes no pueden seguir siendo la respuesta a la migración. Instamos a la administración de Biden y a los gobiernos regionales a abordar la doble crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera.

NNIRR se une a las organizaciones aliadas para urgir a la administración y al congreso que salven vidas y generen las vías para una migración segura y regular y que tomen medidas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, su dignidad, su integridad y bienestar. ser, independientemente de su estatus migratorio.

Foto de portada: Reuters

Son por lo menos 40 migrantes muertos y 28 heridos tras un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas son centroamericanos (28 de ellos guatemaltecos), además de un ecuatoriano, un colombiano y 12 venezolanos.

El incendio empezó el lunes en la noche. Alrededor de las 9 pm, según algunos medios de comunicación, los migrantes empezaron a inconformarse pues en todo el día no les habían dado de beber. Ya el presidente López Obrador afirmó que la inconformidad se dio al enterarse que serían deportados. Como quiera que sea, a las 9:30 pm empezaron a quemar las colchonetas para forzar a los guardias a abrir la puerta, lo que resultó en la tragedia.

Muchas de las víctimas habían sido detenidas ese mismo día en un operativo del INM para retirarlos de las calles, donde vendían dulces o artesanías. Otras habían sido deportadas de Estados Unidos bajo el polémico Título 42, una antigua legislación que permite deportar a migrantes extranjeros, inclusive a los solicitantes de asilo, por motivos sanitarios, la cual fue utilizada por Donald Trump para expulsar a migrantes centroamericanos, alegando el peligro del coronavirus. En su campaña presidencial, Joe Biden prometió anular la legislación, pero, al contrario, se continúa aplicando.

Las deportaciones de Estados Unidos y la crisis económica y social centroamericana han transformado a Ciudad Juárez en una olla de presión. Sólo en 2022, 2.76 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. El número de personas detenidas en la frontera saltó de 40 mil en diciembre de 2019 a más de 250 mil en diciembre de 2022.

Al mismo tiempo, las denuncias de las condiciones inhumanas en los centros de detención se han multiplicado, así como las protestas. A principios de este mes, más de 30 organizaciones y albergues publicaron un comunicado denunciando la creciente criminalización de extranjeros en Ciudad Juárez así como detenciones arbitrarias y extorsiones por parte de agentes municipales.

En los próximos días, se tienen planeadas manifestaciones y protestos en varias ciudades, en repudio a la criminalización y abusos cometidos contra migrantes en el país.

Slumil K’ajxemk’op, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situación de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los trámites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, México.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y México provocaron el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército que llevaron a la detención de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protección internacional de personas víctimas de desplazamiento forzado y devoluciones “en caliente” (sin atención de las diversas formas de regularización migratorias).

Esta situación no es nueva sino que responde a la militarización de las fronteras y la externalización de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no conseguían disminuir el paso de personas migrantes en situación administrativa irregular desde México a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situación de violación de derechos humanos y la falta de atención por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedición de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes días, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes están sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

• El día 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con niñxs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia médica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produciéndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.
• El día 2 de septiembre, otra caravana sufrió una nueva represión violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde también fueron heridas las periodistas que documentan y acompañan la caravana.

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• Elementos antimotines de la Guardia Nacional encapsularon a integrantes de la caravana migrante en el municipio de Suchiate, Chiapas, causando lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
• Actuación de COMAR, el Grupo Beta del INM y organismos públicos de derechos humanos ha sido lenta y omisa, incluso nula.
• El gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

México. 24 de enero de 2020.

Las organizaciones y redes firmantes, que formamos parte de la Misión de Observación en Derechos Humanos en Tapachula en mayo de 2019, expresamos nuestra condena absoluta a la violencia que el Estado mexicano ha ejercido en contra de la población migrante y con necesidades de protección internacional que ingresó a México en caravana el pasado 23 de enero, a través de la acción directa e indiscriminada de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la dilación y omisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.

Ayer, alrededor de 2000 personas (entre las que había mujeres, niñas niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad) salieron de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron el río Suchiate buscando una alternativa por el puente “Suchiate II” y se internaron en territorio mexicano sobre la carretera Ciudad Hidalgo – Tapachula, en el estado de Chiapas. En lo que identificamos como actos de intimidación, hostigamiento y persuasión, durante varios kilómetros la caravana estuvo flanqueada por elementos y vehículos de las fuerzas militares. Finalmente, al llegar al municipio de Frontera Hidalgo, tras caminar diez kilómetros a pleno sol, se encontraron con el operativo liderado por la Guardia Nacional, basado en el abuso de la fuerza y con el objetivo de contener y detener a todas las personas integrantes de la caravana, omitiendo las obligaciones del Estado de identificar a las personas con necesidad de protección internacional y violando el principio de interés superior de la niñez.

Personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas fueron testigos de la acción militar de encapsulamiento usada por el grupo antimotines de la Guardia Nacional, así como del uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés. El operativo causó que grupos de personas se internaran en parajes selváticos tratando de escapar de la represión. (Continuar leyendo…)

• Organizaciones de derechos humanos desmentimos versión del INM respecto de operativo migratorio.
• INM y fuerzas de seguridad federal detienen a grupo de personas migrantes bajo engaño y desgaste.
• Se refuerza la militarización de la política migratoria en México, alejándola de un enfoque de derechos

Metapa de Domínguez, Chiapas – 6 de junio de 2019.

La noche del pasado 4 de junio llegó un grupo de aproximadamente 400 personas migrantes a la frontera con México, compuesto de numerosas familias, para iniciar el día 5 de junio un recorrido a pie desde Ciudad Hidalgo en dirección a Tapachula, Chiapas. Muchas de ellas habiendo tramitado previamente desde el punto de frontera su regular estancia en el país. En un principio, las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza, no obstante, alrededor de las 13:20 horas, el equipo de Monitoreo de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos registró un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas (punto medio entre Ciudad Hidalgo y Tapachula), mismo que estaba acompañado de un despliegue de Policía Militar, Policía Federal con elementos antimotines, Marina e Instituto Nacional de Migración, más una discreta presencia de la Policía Estatal. Además, de varios autobuses preparados para trasladar a las personas. En total, se lograron observar un promedio de 300 elementos de seguridad del Estado.

Dentro del grupo que se encontraba en Metapa, en medio de la carretera sin protección del sol y el calor, se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas, familias con niños pequeños y bebés. En ese momento presentaban claros signos de agotamiento y deshidratación por las altas temperaturas, además de estar en un estado de desesperación y confusión. Las personas fueron orilladas bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, a ser trasladadas al centro de detención migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Por otro lado, ocasionó que un grupo de unas 80 personas retrocediera y decidiera caminar en otra dirección o irse por caminos secundarios, exponiéndolas a mayores riesgos y vulnerando su integridad.

En este sentido, desmentimos la Tarjeta Informativa publicada por el INM momentos más tarde, la cual señala que “se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas”, puesto que, hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos. Además de que no se trató de una entrada al país de forma “abrupta”, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.

Por el contrario, únicamente se observó presencia de una camioneta y una ambulancia de Protección Civil, pero la entrega de agua y suero por parte de Protección Civil de Suchiate se entregó sólo a un último grupo de unas 50 personas que estaba esperando ser trasladado en autobuses. Se observó igualmente presencia de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación.

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El pasado 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada “Caravana de migrantes” centroamericanos, conformado por más de 7,000 personas, desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, periodistas, integrantes de la comunidad LGBTTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos. Posteriormente, durante octubre y noviembre, se sumaron otros grupos, complejizando las características de este gran movimiento migratorio, y con ello, los retos para atender a sus necesidades, y defender y garantizar sus derechos humanos.

Este fenómeno, también llamado “Éxodo”, demuestra que la región centroamericana se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Frente a las políticas de violencia, exclusión y despojo vigentes en los países de origen, las personas salieron de la “clandestinidad” para conformar un sujeto migrante colectivo, con voz propia, que decidió caminar en grupo para reducir los costos y los peligros a los que están usualmente expuestos en la ruta migratoria. Las causas sistémicas que motivan a las personas centroamericanas a partir de sus lugares de origen existen y persisten desde hace muchos años, pero la diferencia en la dinámica migratoria actual se ha dado por la coincidencia de diferentes perfiles sociales y en el número de personas que se han ido movilizando contemporáneamente. La crisis social no es nueva en su centralidad como motor de esta migración. El sistema mortal que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable, y genera, como en esta ocasión un Éxodo Centroamericano continuo y masivo.

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