_{En portada: Clientes del Banco del Valle de Silicón esperan para retirar su dinero de la institución financiera que reportó la quiebra el pasado viernes 10 de marzo.}

El pasado viernes (10), el Banco del Valle de Silicón de Estados Unidos (Silicon Valley Bank) sufrió un descalabro financiero que empujó inmediatamente a las autoridades a lanzar salvavidas para su rescate y evitar que impactará al resto de sus instancias financieras, ya que este banco formaba parte del Sistema de la Reserva Federal estadounidense.

Cuatro días antes de la quiebra, Silicon Valley Bank celebraba por quinta ocasión su inclusión en el ranking anual de los mejores bancos de Estados Unidos que publica la revista Forbes. Fue entonces que los festejos se convirtieron en tragedia financiera y el pánico de los ahorradores se encendió al no haber recibido una notificación previa, mientras el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 592 del Código Financiero de California, tomó posesión del banco, alegando falta de liquidez e insolvencia.

Mientras tanto, se designó a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) como administrador judicial del banco en banca rota, quien aseguró que su papel es proteger a los depositantes asegurados, quienes tendrían pleno acceso a sus depósitos a más tardar este lunes 13 de marzo de 2023 por la mañana. No obstante, la mayoría de las bolsas de valores sufrieron pérdidas este lunes (13) por la incertidumbre que ya ha provocado esta quiebra y por la memoria fresca que dejó el crack financiero del 2007-2008.

Para rematar, Moody’s Investors Service calificó a la baja la salud crediticia de First Republic Bank y otros cinco bancos prestamistas estadounidenses.

First Republic, con sede en San Francisco, cayó un 62% este mismo lunes, mientras que Western Alliance, con sede en Phoenix, se desplomó un 47%, una cifra sin precedentes. Comerica, con sede en Dallas, cayó un 28%.

Por otra parte, la incertidumbre de los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank va en escalada, ya que no correrán con suerte, solo se les emitirá un dividendo hasta dentro de la próxima semana por medio de un certificado de administración judicial por el importe restante de sus fondos no asegurados. Asumiendo que, a medida que la FDIC venda los activos de Silicon Valley Bank, se podrán efectuar futuros pagos.

Los vientos son turbulentos y soplan a contrapelo de la economía estadounidense, ya que Silicon Valley Bank es la primera entidad asegurada por la FDIC que quiebra este año, pero además es considerada la mayor entidad en quebrar desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y el colapso del banco Lehman Brothers.

Cabe resaltar que en aquella ocasión también se tuvo que rescatar a corporaciones como: Bear Stearns, JP Morgan, Fannie Mae/Freddie Mac, American International Group, Citigroup y Bank of America.

Mientras, la última institución asegurada por la FDIC en cerrar fue Almena State Bank, ubicada en la ciudad de Almena, Kansas, el 23 de octubre de 2020. Esto ha provocado especulaciones de crisis más severas en Wall Street y con los depositantes de otros bancos, ya que podría provocar el retiro de sus fondos en escalada y esto provocaría un colapso del sistema financiero estadounidense que golpearía a las economías dependientes.

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El senador Bernie Sanders declaró que este escenario es resultado de un absurdo proyecto de ley de desregulación bancaria implementado en 2018 y firmado por el expresidente estadounidense Donald Trump. “Durante el debate sobre la legislación dije: ¿Tan corta es nuestra memoria que no hemos aprendido nada del crack de Wall Street de 2008? ¿No hemos aprendido nada del desastre de Savings and Loan de principios de los noventa o del robo de Wells Fargo en los últimos dos años o de la deshonestidad de Equifax o del fraude contable de Enron y Arthur Anderson o del fracaso de Long-Term Capital Management o de los miles de millones de dólares en multas que institución financiera tras institución financiera ha pagado por actividades ilegales o engañosas?”, cuestiona el Senador.

Para Sanders no es el momento de que las autoridades financieras tomen el dinero de los contribuyentes estadounidenses para entrar al rescate de Silicon Valley Bank. “Si hay un rescate de Silicon Valley Bank, debe ser 100 por ciento financiado por Wall Street y las grandes instituciones financieras. No podemos seguir por el camino de más socialismo para los ricos e individualismo a ultranza para todos los demás. Tengamos el valor de plantar cara a Wall Street, derogar la desastrosa ley de desregulación bancaria de 2018, acabar con los bancos demasiado grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras, no las arriesgadas apuestas de los capitalistas buitre”, agregó el senador.

Por su parte, el teórico David Harvey, quien ha documentado profundamente la crisis del 2008, en un comentario en sus redes sociales, palabras más palabras menos, hace alusión de esta quiebra a lo que el economista Carlos Marx tipificó como “El capital ficticio”, con el cual funcionan las bolsas de valores al proyectar que ciertos activos financieros se materializarán en algún momento en capital real, es decir, producirá un valor y una ganancia en el futuro cuando sea invertido en la economía productiva.

La realidad es que hay una burbuja que esta a punto de reventar, porque este tipo de capitales no encuentran en términos reales donde realizar esa ganancia prometida y entonces se provocan las quiebras.

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La crisis derivada del llamado “capital ficticio” es derivada del desarrollo del sistema crediticio y especulativo a través de títulos y valores imaginarios que no producen nada, solo representan imaginariamente un valor futuro.

“Vemos circular cantidades cada vez mayores de capital ficticio que aún no se han convertido de un estado imaginario a un estado real (…) Hasta que llega un punto en el que el capital ficticio se vuelve tan enorme que él mismo se convierta en la naturaleza del problema”, expresa Harvey.

El problema, es que ese capital ficticio está creando más capital que no tiene una base que lo respalde, y entonces, está llegando a un punto de colapso, que puede ser mucho peor que toda las crisis anteriores que han golpeado a EEUU.

Al cierre de esta edición se registra un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee. Según informes de los residentes, la policía está repartida a lo largo del perímetro del bosque. Esto sucede momentos antes de una rueda de prensa convocada por la familia del defensor del bosque asesinado en enero y ante el llamado de una semana de movilizaciones.

En Georgia, Estados Unidos, la Fundación de la Policía de Atlanta (APF, por sus siglas en inglés), en contubernio con empresas y funcionarios locales, pretende destruir más de 150 hectáreas del bosque Weelaunee para construir un enorme complejo cuyo objetivo es entrenar a policías de todo el mundo en tácticas policiales militarizadas.

El proyecto, impulsado por la APF junto a inversiones de corporaciones trasnacionales como UPS, Home Depot y Delta Airlines, así como capital de bancos tales como Wells Fargo y JPMorgan, representa una inversión de 90 millones de dólares para imponer una “Ciudad de los Policías” (Cop City en inglés).

El proyecto considera transformar el bosque, también conocido como “parque del pueblo Weelaunee”, con edificaciones para simular una población entera, donde además se incluyen campos de tiro, zonas para entrenamiento con explosivos y una pista de aterrizaje para helicópteros militares Black Hawk.

Desde el anuncio de Cop City, en 2021, el rechazo de distintas organizaciones y residentes de Atlanta no se hizo esperar. Surgieron críticas y movilizaciones que se oponen al proyecto tanto por la devastación ambiental, así como por la amenaza que supone, para las comunidades negras y pobres, un plan de expansión policial masivo en un contexto de constante abuso y violencia de los agentes de seguridad.

Como protesta, durante los dos últimos años, cientos de personas han ocupado y vivido en zonas del bosque de Weelaunee en tiendas de campaña e, incluso, edificando casas en los árboles. Los defensores del bosque buscan impedir su destrucción a manos de la corporación policial.

Violencia policiaca

La respuesta estatal ha sido la criminalización y persecución contra quienes se han movilizado para detener la Cop City. El 13 de diciembre del 2022, la policía ejecutó una redada contra manifestantes pacíficos y detuvo a cinco defensores de los bosques, quienes fueron acusados de terrorismo doméstico bajo leyes del estado de Georgia.

Lo peor ocurrió un mes después cuando, el 18 de enero pasado, policías asesinaron a un defensor del bosque. Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

Este viernes (3), los resultados de una autopsia privada, difundidos por la familia de ‘Tortuguita’, indican que el defensor del bosque recibió mas de 13 disparos, provenientes de distintos elementos policiacos, contradiciendo la versión de la policía de Georgia quien argumentó que sus agentes actuaron en defensa propia. Pese a que elementos de la policía de Atlanta contaban con cámaras corporales en el momento de la redada, la corporación se niega a hacer públicas las grabaciones de que disponen para aclarar lo ocurrido.

‘Tort’, como también era conocido, coordinó acciones de apoyo mutuo, entre otras, la construcción de viviendas en zonas de Florida afectadas por huracanes.

De acuerdo al Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta, aquel día de enero, agentes fuertemente armados de la policía local y estatal cerraron los accesos al bosque y, junto a maquinaria pesada, ingresaron para continuar con la destrucción del mismo.

“La policía ha conducido redadas en muchas ocasiones en este parque público, destruyendo jardines comunitarios e instalaciones artísticas, atacando a los manifestantes con armas químicas y balas de goma, y amenazando con usar fuerza letal. Durante las últimas redadas, la policía ha aumentado la violencia en sus tácticas contra manifestantes pacíficos sentados en los árboles para protegerlos o contra quienes están caminando”, contextualiza el colectivo de prensa.

“Después del fatal disparo, la operación continuó con la maquinaria pesada de Brasfield y Gorrie (contratista de Cop City) ingresando al bosque y los policías disparando gases de pimienta a las personas que permanecian en el parque, como si nada hubiera pasado. La pérdida de nuestras vidas no significa nada para la policía. La policía mató a une defensore del bosque por amar a esta tierra, por oponerse a la continua destrucción del planeta y de su gente”, subrayó un comunicado difundido por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta.

Los defensores del bosque señalan que esa es precisamente una de las razones por las cuales habitantes de Atlanta han exigido la cancelación de la ciudad policial. “A medida que los políticos invierten en más policía, en militarización, los presupuestos policiales aumentan. Mientras tanto, los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo en 2022: la policía estadounidense mató alrededor de 100 personas al mes”, detalla el documento.

Defender

La propuesta de CopCity, conocida oficialmente como Centro de Formación de Seguridad Pública, se anunció públicamente en 2021, aunque medios locales señalan que la APF trabaja en el proyecto desde 2017. La fundación destaca por financiar proyectos del Departamento de Policía de Atlanta, además de complementar el presupuesto policial de la ciudad.

El lugar propuesto para su construcción, el bosque Weelaunee es considerado uno de los cuatro “pulmones” de la ciudad de Atlanta y cobra relevancia pues por este lugar atraviesa el río Sur, el cual también sería afectado por el proyecto policiaco.

Medios norteamericanos enfatizan que, además del apoyo estatal y empresarial, el proyecto de Cop City también recibió respaldo de medios de comunicación locales como el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cual difundió artículos para validar su construcción en beneficio de su dueño, Alex Taylor, quien encabeza una campaña privada para recaudar 60 millones de dólares para la construcción del centro de entrenamiento policiaco.

Ahora, tras el asesinato de ‘Tortuguita’, el gobernador de Georgia, la policía y sus aliados han redoblado sus esfuerzos para imponer la construcción de Cop City, y han intensificado el proceso de criminalización contra los manifestantes. Siete de ellos fueron detenidos en la redada en enero y están siendo acusados por cargos de “terrorismo doméstico”.

Las protestas contra Cop City han destacado por ser parte de un movimiento descentralizado y diverso, sin portavoces ni líderes. Sus acciones van desde marchas con participación destacada de niños, hasta acciones directas como la ocupación del bosque que se pretende arrasar. Ahí, los defensores del bosque organizan comidas, fiestas y colectas de alimentos. Además, han plantado huertos comunitarios y han construido y reconstruido asentamientos dañados por las reiteradas incursiones violentas de la policía.

El pasado lunes (30), más de 1,300 grupos que trabajan por justicia climática se sumaron a la exigencia de una investigación independiente para esclarecer el asesinato de ‘Tortuguita’, además de demandar la renuncia del alcalde Andre Dickens quien, a pesar de tener facultad de rescindir los contratos para la construcción de Cop City, no se ha pronunciado al respecto.

“Cop City repercutirá en la organización (por la justicia climática) de todo el país, se trata de una cuestión nacional. La justicia climática y la brutalidad policial están interconectadas, por eso nos unimos a los llamamientos a la acción de Stop Cop City con las comunidades de primera línea de Atlanta”, declaró ikiyA collective, miembro del comité directivo de People vs. Fossil Fuels, una entre las miles de organizaciones firmantes.

^{En portada: Funcionario de la Terminal Costa Azul GNL, en Ensenada, Baja California}

La estadounidense Sempra Energy que, en 2019, fue calificada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como desleal, por haber firmado con gobiernos anteriores lo que él llamó como “contratos ventajosos” y “leoninos” y, por contratar exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya podrá exportar gas desde territorio mexicano. Además, ampliará sus activos hacia lo que comprende la Zona Franca conocida como Corredor Interoceánico.

Sempra Energy se catapultó desde la reforma energética que se implementó en el año 2013 en México. Previamente contaba solo con 2 mil 500 millones de dólares (mdd) en activos en territorio mexicano y, en el 2018, cerraba con inversiones de 8 mil 769 mdd. Mientras que, en plena pandemia durante 2020, alcanzó los 10 mil 500 mdd posicionándose como una de las principales empresas de energía en el país y de Norteamérica.

Hasta el año 2020 contaba con 17 gasoductos por donde transporta y distribuye gas importado de los EEUU. También ya contaba con ocho complejos de generación de energía renovable y tres terminales de almacenamiento de gas. En una de ellas, establecida en el estado de Baja california, la terminal de almacenamiento y regasificación de gas llamada “Energía Costa Azul” (ECA), servirá para exportar gas licuado con países principalmente de Asia.

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En el mes de diciembre del 2022 esta empresa recibió el visto bueno del Departamento de Energía de EEUU para exportar gas natural estadounidense a México y, después de la licuefacción en territorio mexicano, reexportar por barco hacia cualquier país con el que Estados Unidos tenga o vaya a firmar un tratado de libre comercio. Las estimaciones oficiales de este mercado giran en torno al equivalente a 636 mil millones de pies cúbicos por año, lo cual contempla solo la terminal ECA, propiedad de Sempra Energy.

Según la empresa estadounidense, el proyecto de licuefacción de Energía Costa Azul, ubicado en el norte de Ensenada, a menos de 100 kilómetros del sur de San Diego, tiene una ventaja geográfica para entregar gas natural de EEUU hacia los mercados asiáticos en tan solo 11 días, cuando lo normal son aproximadamente 21 días.

La empresa tiene las expectativas de que, en la fase 2 de este permiso de exportación, Energía Costa Azul también cuente con dos trenes y un tanque de almacenamiento de gas natural licuado.

Mientras que, de otra terminal, propiedad también de Sempra Energy, que ya inició trámites en México para la comercialización de gas desde enero del 2022, llamada Vista Pacífico LNG, se prevé que la instalación cuente con una capacidad de reexportación de aproximadamente 200 mil millones de pies cúbicos al año, gas producido en EEUU y reexportado desde esta terminal en Topolobampo, Sinaloa, México.

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Sempra Energy pretende cerrar la pinza comercial al conectar con sus subsidiarias estadounidenses, Cameron LNG ubicada en Hackberry, Louisiana y Port Arthur LNG en Texas. Por el momento la empresa ya tiene acuerdos comerciales para 20 años con la francesa TotalEnergies y la japonesa Mitsui & Co., Ltd.

La empresa anuncia que “el desarrollo exitoso y la construcción de la Fase 1 de ECA LNG, así como los otros proyectos de exportación de gas natural licuado de Sempra Infraestructura (subsidiaria mexicana de Sempra Energy), están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres sin que exista garantía de que serán completados”.

El documento del Departamento de Energía de EEUU es tajante al anunciar que, en el caso de estas reexportaciones, “la economía estadounidense no recibe una porción significativa de los beneficios”. De la misma forma, alerta que, tras la construcción y operación de estas terminales de licuefacción e infraestructura que le acompaña, “pueden surgir consecuencias (medioambientales) a largo plazo”, de las cuales se deslinda al no estar sujetas directamente a las leyes estadounidenses.  Mientras tanto el gobierno mexicano no ha emitido informes de cómo se beneficiará, de los posibles impactos o si solo será beneficio para la empresa estadounidense.

Nuevo nombre

En octubre de 2021 la empresa estadounidense fusionó dos de sus subsidiarias, Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova S.A.P.I. de C.V. (IEnova), con las cuales había hecho crecer sus inversiones en México, denominándola ahora como Sempra Infraestructura. Con un nombre recién estrenado dio continuidad a una decena de complejos más que aún estaban en fase de construcción o expansión.

Uno de estos complejos, que estaba suspendido por no haber realizado una consulta previa como lo marca la ley sobre derechos indígenas, es el gasoducto Sonora Guaymas-El Oro, que atravesaba territorio de los pueblos originarios de la Tribu Yaqui. Aunque en sus últimos informes anuales para sus inversionistas aparece como concluido, el gasoducto está suspendido, porque uno de los ocho pueblos de la Tribu no permitió el paso.

La conclusión de este tramo es de vital importancia ya que es a través del cual se importarán el gas proveniente de EEUU y que conecta con la terminal de Vista Pacífico LNG, de donde se reexportará este energético.

Sempra Energy no habla más del gasoducto Guaymas- El Oro que costó la vida de al menos dos personas y un preso político que lleva más de 2 mil días tras las rejas, él es el indígena yaqui Fidencio Aldama.  Tampoco el gobierno de México habla más de esta persona y de lo acontecido.

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Lo que sí ha hecho el gobierno y la subsidiaria de la corporación estadounidense, Sempra Infraestructura, es llegar a un convenio para desviar el gasoducto y así poder concluirlo. “Los nuevos acuerdos establecen el marco para una alianza entre las empresas, que finalmente permitirá la reanudación del servicio del gasoducto Guaymas-El Oro”, dice el documento firmado por la empresa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitido en un boletín de prensa con fecha de enero del 2022.

A través de este convenio, la empresa también aseguró que se le permitirá el desarrollo y avance de la terminal Vista Pacífico que, en el mismo mes de enero, inició sus trámites con las autoridades mexicanas para la “Comercialización de gas natural”. Además, Sempra Energy, con su filial mexicana, también buscó figurar en la Zona Franca conocida como el Corredor Interoceánico.

En el memorándum de entendimiento se estableció una participación conjunta con CFE en el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca. “Este nuevo proyecto apoyará las acciones del Gobierno de México para desarrollar el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es promover el crecimiento económico y el desarrollo de la región sur-sureste del país”, resalta el acuerdo firmado por CFE y la empresa estadounidense.

Nuevo gasoducto

Desde noviembre de 2020, el Gobierno de México había anunciado la construcción del Gasoducto denominado Jáltipan – Salina Cruz, que será parte del Corredor Interoceánico, aunque será retomado como una obra prioritaria para este año 2023. Según un boletín de prensa de la CFE, emitido en junio de 2022, “el gasoducto suministrará gas natural a 470 plantas y 30 parques (industriales)”.

El gasoducto, que atravesará el Istmo de Tehuantepec (Salina Cruz-Coatzacoalcos), estará a cargo de la CFE, pero también habrá participación de privados “bajo la figura de negocio de alianza estratégica, donde el privado ancla la inversión en el gasoducto con una planta de licuefacción de gas natural en Salina Cruz”, anuncia la paraestatal.

Pero el único acuerdo de cooperación firmado por el momento sobre la planta de licuefacción en Salina Cruz, Oaxaca, es con Sempra Energy.

La prioridad del gobierno, por el momento es, según el boletín, “resolver el derecho de vía para el tendido de un gasoducto a cargo de la CFE con el objetivo de exportar gas natural a Asia y licitar una planta de licuefacción que tendrá un costo de 60 mil millones de pesos, y generará 3 mil empleos”.

Dependencia

En conferencia de prensa que emitió el mandatario mexicano el 11 de junio, alertó que urgía resolver el derecho de vía para el gasoducto Jáltipan – Salina Cruz, “porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia, pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí en Salina Cruz se construya una planta de licuefacción”, sostuvo en su gira por el estado de Oaxaca.

Sin dar más detalles, López Obrador informó también que esta planta de licuefacción “congela el gas para transportarlo y se lleva (el transporte) entre 12 y 15 horas a países de Asia, y ahí se re gasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos” y agregó, “entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo a pesar de la inflación mundial que en Asia y mucho más bajo que en Europa, pero aquí estamos hablando de Asia”, refiriéndose a las exportaciones de gas desde el puerto de Salina Cruz.

Aunque México tiene un déficit de gas y no tiene suficiente para exportar, en todo caso, sería gas proveniente de EEUU. De acuerdo con la Secretaría de Energía solo en el año 2021 el consumo de gas natural en México ascendió a un promedio de 7,405 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

En particular, sostiene el Plan Quinquenal de Expansión de Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), durante el tercer trimestre del 2021 el promedio de las inyecciones nacionales ascendió a 1,311 MMpcd y las importaciones fueron de 3,267 MMpcd, de los cuales 656 MMpcd corresponden a importaciones a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, perteneciente a Sempra Energy. Aunque también se importa a través del Gasoductos de Tamaulipas; Los Ramones, Fase I y II, entre otros.

El sector eléctrico de México es sostenido en mayor medida del consumo de Sistrangas, entre otros. Este organismo es un conjunto de gasoductos que suman una longitud total de 10,336 kilómetros. Una buena parte forma parte de los activos de Sempra Energy a través de los cuales fluye el gas importado proveniente de los EEUU. Por lo que México no tiene capacidad para cubrir al 100% sus necesidades de este energético.

^{En portada: Migrantes esperan al borde del río Bravo para cruzar hacia EEUU en el contexto del fin de las restricciones impuestas por el Título 42.}

Soldados pertenecientes a la Guardia Nacional de Texas fueron colocados por el gobierno de dicho estado norteamericano para contener el paso a migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo.

Los cientos de militares se desplegaron acompañados de una docena de vehículos blindados junto al Río Bravo en una zona utilizada por los migrantes para ingresar a los EEUU, en el contexto de declaración de estado de emergencia por parte de la ciudad de El Paso, Texas.

Oscar Leeser, alcalde de la ciudad texana, justificó el estado de emergencia por el aumento  de las llegadas de migrantes después de que un juez estadounidense ordenó el fin de las restricciones fronterizas de la era Covid-19, conocidas como Título 42, para el 21 de diciembre.

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Los soldados pertenecen a la Fuerza de Respuesta de Seguridad del Batallón de Policía Militar 606, que está capacitada en operaciones de disturbios civiles y respuesta a la migración masiva. “Se utiliza para salvaguardar la frontera y repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales”, dijo la guardia en un comunicado de prensa.

En este contexto, los migrantes ya desbordan los albergues y, como única opción, duermen soportando bajas temperaturas en las calles de El Paso.

Con la declaración de emergencia, la ciudad anunció también que creará un centro de operaciones y un plan para asistir y proteger a los migrantes frente a las duras condiciones climáticas.

Mientras se instalan o amplían los refugios en toda la ciudad, el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) comenzó a transportar en autobús a los migrantes de El Paso a la ciudad de Nueva York y Chicago, consideradas “ciudades santuario” para las personas en movilidad.

Según el administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino, la respuesta a la crisis migratoria permanecerá vigente hasta conocer el resultado de la apelación del Título 42, que se abre paso en los tribunales.

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El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó temporalmente una orden de un juez federal que pedía que el Título 42 terminara el próximo miércoles (21). La suspensión permanecerá vigente mientras la Corte Suprema considera una apelación de Texas y otros estados que solicitan mantener la política vigente.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el despliegue de militares de Texas en la frontera por Ciudad Juárez.

Este lunes (28), el secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, se reunió con funcionarios mexicanos para conversar sobre la intención de este país para poner fin a las exportaciones estadounidenses de maíz transgénico para consumo humano.

En declaración para medios, Vilsack compartió que su país no descarta la posibilidad de acudir al Tratado México, EEUU y Canadá (TMEC) para resolver el desacuerdo. La controversia data de finales del 2020, cuando un decreto ejecutivo colocó la eliminación gradual del maíz transgénico y el uso del glifosato para el año 2024.

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En la reunión también estuvieron presentes el embajador de EEUU, Ken Salazar, así como los titulares de las dependencias mexicanas encargadas de Relaciones Exteriores, Agricultura, Economía y Medio Ambiente.

Marcelo Ebrard, titular de la política exterior mexicana, anunció que se abordaron temas relativos a la seguridad alimentaria de ambos países. Por su parte, Víctor Villalobos, responsable de Agricultura, indicó que en próximas semanas se realizará otra reunión bilateral para abordar el tema del comercio de productos transgénicos entre las dos naciones.

Presiones

El pasado 15 de noviembre, los senadores norteamericanos Joni K. Ernst y Charles E. Grassley hicieron un llamado a Katherine Tai, representante comercial de EEUU, para activar un proceso de consultas contra México en el marco del T-MEC respecto a la política del gobierno mexicano para prohibir las importaciones de maíz transgénico y el uso del glifosato.

Mediante una carta, los congresistas estadounidenses argumentaron pérdidas multimillonarias para los agricultores de EEUU si se concreta la prohibición de México. En respuesta, la representante comercial norteamericana difundió un comunicado en el cual se posiciona sobre “la importancia de evitar una interrupción de las exportaciones de maíz de EEUU y de volver a un proceso regulatorio basado en ciencia para todos los productos biotecnológicos agrícolas en México”.

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Según datos de la Secretaría de Economía mexicana, para el año 2021 este país importó más de 16 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico. Además, para el año en curso, de acuerdo a cifras del Departamento de Agricultura de EEUU, México es el principal comprador de maíz amarillo pues ha importado más de 5 millones de toneladas métricas.

Acorde a datos de la Oficina del Censo de EEUU, las exportaciones a México equivalen a más de cinco millones de dólares, cifra que se vería afectada por la prohibición del comercio de transgénicos.

Otros actores también se han pronunciado contra la medida de México. En octubre pasado, la Asociación Nacional de Agricultores de Maíz de EEEUU difundió un comunicado para exigir al representante comercial norteamericano que inicie una disputa en el marco del T-MEC para permitir la exportación de maíz transgénico a México, así como permitir el uso del glifosato.

En su argumentación, los agricultores estadounidenses afirman que, de acuerdo a la firma del T-MEC en 2018 , no se contempla estas prohibiciones que afectarán gravemente a la economía de EEUU.

A su vez, la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés), donde confluyen empresas como Bayer, también se han sumado a la presión hacia los funcionarios norteamericanos para que, en caso de que fallen las negociaciones en el marco del T-MEC, se trabaje en crear un tratado de biotecnología agrícola el cual permita la continuación del comercio con transgénicos con México.

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Hasta ahora México acepta la introducción de maíz amarillo transgénico para alimentar ganado, pero de cumplirse el decreto emitido en 2020, la prohibición sería para cualquier tipo de transgénico. Por otra parte, durante la semana pasada el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que por el momento su gobierno ha frenado la prohibición del uso del glifosato. El mandatario detalló que no se puede eliminar de manera tajante el uso de este herbicida debido a que no se cuenta con otra alternativa para la limpieza de plantas y árboles.

^{Cosecha de maíz colectivo en la comunidad de San Pedro Tlanixco, Edo. de México. Foto por Santiago Navarro F.}

El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, comunicó el martes (27) a los medios de comunicación de este país que podría recurrir al pacto comercial T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) para inhibir la decisión de México, prevista por un decreto presidencial de finales de 2020, de eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2024.

La presión de los Estados Unidos no es de hoy, sin embargo, como se acerca la fecha de la prohibición, Vilsack sostuvo que 2023 será el año para aclarar el tema entre los países.

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Sostuvo que continuará hablando con funcionarios en México sobre la inminente prohibición. “Necesitamos presionar sobre el tema y este año [2023] tomaremos las medidas necesarias y apropiadas para plantear este problema en uno o dos puntos a medida que nos acercamos a 2024″, dijo el funcionario.

Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo. De acuerdo con datos de la campaña Sin Maíz no Hay País, EUA posee un volumen de producción de 384,777,890 toneladas por año. En el mundo la producción es de 1,060,247,727.

México es uno de sus principales compradores del maíz producido en EUA. Este maíz es “sobre todo maíz forrajero, es para alimentos de animales, genéticamente modificado, con su carga de glifosato”, sostiene Mercedes López Martínez, de la Campaña Sin Maíz no hay País.

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Presión

La presión es ejercida más allá de los funcionarios del gobierno norteamericano. Viene también de las grandes empresas, principalmente alemanas y norteamericanas, del mercado de semilla y del agrotóxico.

Las empresas Monsanto (EUA) fusionada con Bayer (Alemania), la Syngenta (Suiza) fusionada con la ChemChina, la Dupont (EEUU) fusionada con la Dow Chemical (EUA), y la Basf (Alemania) son las principales. Ellas se han fusionado, generando “oligopolios entrelazados que operan en todo lo largo de las cadenas de suministro agroalimentarias”, expresó Martínez.

Solamente contra la Bayer-Monsanto existen más de 125 mil demandas en el mundo por causar cáncer por el uso de glifosato.

En México, desde 2013, se ha llevado a cabo un juicio contra estas empresas que busca frenar la siembra del maíz transgénico. “Hicimos una demanda colectiva civil de acción difusa contra la siembra de maíces genéticamente modificados ante el poder judicial”, explicó Martínez, una de las representantes de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado.

Han existido diversas impugnaciones contra el cultivo de transgénico, sin embargo, el juicio principal, que demanda que se deniegue permanentemente los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz en México, continúa.

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Otra interpretación del T-MEC

La presión viene también de organizaciones vinculadas a la industria de semillas genéticamente modificadas. Un ejemplo es la declaración en el Senado de los EUA de la presidenta de la Organización de Innovación Biotecnológica, Michelle McMurray-Heath.

México debe “rescindir inmediatamente su decreto que prohíbe la importación de maíz biotecnológico y comenzar a crear un marco de edición genética que se ajuste a las normas internacionales y a los compromisos de los acuerdos comerciales”, dijo.

A pesar de la presión ejercida bajo el argumento de que los acuerdos internacionales respaldan la venta del maíz transgénicos de EUA en México, la investigadora Karen Hansen-Kuhn, del Institute for Agriculture & Trade Policy, sostiene que el decreto presidencial de México tiene “viabilidad legal en el marco del T-MEC”, el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos que incluye disposiciones sobre biotecnología agrícola.

De acuerdo con un artículo del mismo instituto, firmado por Sharon Anglin Treat, no cabe duda de que los proponentes del acuerdo esperaban ampliar el uso de la biotecnología en la agricultura, en parte atando las manos de los reguladores gubernamentales mediante disciplinas comerciales. Sin embargo, “el texto final del tratado no restringe las opciones de la política nacional de la manera que la agroindustria y sus aliados desearían”.

Las investigadoras rescatan algunos de los artículos del tratado para justificar su argumentación. Primero, el artículo 24.3.1 del capítulo de medio ambiente reconoce el “derecho soberano de cada Parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental”.

Segundo, el capítulo 24.15 sobre comercio y biodiversidad establece que cada parte “promoverá y fomentará la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídico o político” y reconoce “la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

El artículo hace mención a una carta conjunta del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, y del miembro de mayor rango, Mike Crapo, en la cual piden que Estados Unidos “‘tome medidas de aplicación si es necesario’ en el marco del T-MEC porque, según afirman, ‘México no ha considerado ni aprobado adecuadamente las solicitudes de productos biotecnológicos innovadores de Estados Unidos’”, para la comercialización de su maíz en México.

Sin embargo, la sección de biotecnologia agrícola de T-MEC “preserva el derecho de México de decir ‘no’ a los transgénicos”, sostiene Hansen-Kuhn.

Eso porque, sostiene Anglin Treat en su trabajo, mientras que el párrafo introductorio del artículo 3.14 de dicha sección afirma, “las Partes confirman la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola”, esta declaración exhortatoria va seguida inmediatamente por la afirmación inequívoca y sin ambigüedades: “Esta Sección no obliga a una Parte a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado.”

Presión por la no interferencia 

La presión de los Estados Unidos y de los diversos actores vinculados a la industria de semillas genéticamente modificadas y del glifosato ha generado reacciones por parte de organizaciones norteamericanas.

Por lo menos 80 organizaciones de agricultores, trabajadores, consumidores, de salud pública, agricultura sostenible de investigación y defensa de los sistemas alimentarios estadounidenses han expresado preocupación con respecto a la interferencia continua de multinacionales de plaguicidas que buscan socavar las decisiones de México.

“Nos oponemos firmemente a cualquier interferencia de funcionarios del gobierno de los EUA o de los intereses del agronegocio en el derecho de un Estado soberano a promulgar medidas políticas para proteger la salud y el bienestar de su pueblo”, manifestaron en un comunicado.