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El costo humano de un vestido en Los Ángeles

por Alejandro Reyes

Publicado en: Desinformémonos

Localmente se les conoce como “los callejones”: un área colorida y caótica de 90 cuadras en el centro de esta ciudad atiborrada de tiendas de ropa y un sabor inconfundiblemente latino… cumbias, rancheras, reguetón, tortas, piñatas, paletas, jícamas con chile y la infinidad de acentos que tiñen al español de una pluralidad de orígenes. Es el centro de la moda de Los Ángeles y el corazón de la industria de la costura en la costa oeste de los Estados Unidos. Detrás de los aparadores de las tiendas, con sus ofertas de prendas de última moda, existe una realidad sombría: la de la explotación de la mano de obra de inmigrantes que trabajan en condiciones que, en su expresión extrema, llegan a la esclavitud.

En las calles South Los Ángeles y Pico se encuentra el Centro de Trabajadoras y Trabajadores de la Costura (Garment Workers Center – GWC), donde desde el año 2001 trabajadores de esa industria se organizan para resistir la explotación. Delia Herrera, activista voluntaria del centro, explica que la mayoría de los más de 80 mil trabajadores de la costura en Los Ángeles trabajan de 60 a 80 horas semanales con salarios frecuentemente menores que el salario mínimo, sin prestaciones ni pago de horas extras, sin descansos reglamentares, en condiciones dañinas a la salud (problemas respiratorios, infecciones por agujas clavadas en las uñas, enfermedades por falta de higiene), bajo acoso sexual y otras formas de hostigamiento y con la amenaza de despidos arbitrarios y denuncias a las autoridades migratorias.

La mayoría de los trabajadores se une al GWC por necesidades inmediatas, generalmente la recuperación de sueldos robados. Para los trabajadores migrantes, enfrentar a los patrones significa vencer muchos obstáculos: el desconocimiento de las leyes y del idioma, el miedo a ser despedidos, el miedo a ser deportados, la desconfianza en las instituciones. Pero las historias de compañeros que han logrado vencer en sus reivindicaciones inspiran a otros a organizarse. Una vez en el centro, las propias formas de llevar a cabo una demanda construyen un sentimiento de poder colectivo que la mayoría nunca había conocido. “Los trabajadores se asesoran entre sí para saber cuál es la información necesaria. Después se hace una carta de demanda al empleador y varios compañeros van a entregarla. Mientras unos la entregan, los demás nos dispersamos para repartir volantes a los demás trabajadores, para que sepan que con o sin papeles tenemos derechos y que hay que organizarse. Esto les da bastante temor a los empleadores. En la carta les damos cinco días para responder y venir a nuestro comité de negociación aquí en el centro. Los empleadores llegan y estamos de 5 a 30 camaradas reunidos. La mayoría se asusta. Les damos una silla dura y fría, igual a las que los trabajadores tienen que usar. Investigamos también qué otras condiciones de abuso hay en la fábrica, de manera que en la negociación tenemos más herramientas para presionar al empleador.”

Pero más allá de las necesidades inmediatas, los trabajadores y activistas del GWC entienden que lo más importante es crear condiciones diferentes de vida, y que para eso es necesario entender cómo funciona la industria. El centro ofrece un número de talleres para obtener una visión más amplia del funcionamiento y el origen de la explotación: derechos salariales; derechos de salud y seguridad en el trabajo; derechos de organización en el lugar de trabajo; formación de sindicatos independientes; capitalismo e ideologías que lo mantienen (sobre todo cuestiones de género y el “sueño americano”); formas de organización horizontal y participativa.

Al mismo tiempo, intenta vincularse con trabajadores de la costura en otras partes del mundo. “Nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es cambiar la industria de la costura a nivel internacional. Nos conectamos con compas en Tailandia, en las Filipinas, en China. Fuimos a Hong Kong en 2005 contra la OMC. En Los Ángeles hay una diversidad de personas de todo el mundo. Al estar en esta área, podemos ser embajadores para nuestros diferentes países.”

Andrew Ross advierte en No Sweat, una antología de ensayos sobre la explotación en la industria de la costura, que los trabajadores de dicha industria están entre los más afectados por la globalización del sistema capitalista. Las grandes empresas de modas no cuentan ya con fábricas en las que se producen las prendas de principio a fin, sino que transfieren las diferentes etapas de la producción a subcontratistas que pueden estar en cualquier parte del mundo. Esto les permite despreocuparse de las legislaciones laborales y la reprobación de la opinión pública mientras se benefician de mano de obra cada vez más barata. Como es sabido, la industria de la maquila se traslada de país en país en busca de menores precios de mano de obra. El resultado es el enriquecimiento de una minoría a expensas de millones de trabajadores en el mundo. Según Ross, en 1996 el director de Disney ganó 325 mil veces más que los trabajadores haitianos que produjeron las camisetas y demás accesorios para la empresa. Y en 1992 el jugador de basquetbol Michael Jordan ganó más por prestar su nombre a la promoción de los tenis Nike que los 30 mil trabajadores indonesios que los fabrican. Pero las violaciones a los derechos laborales no se limitan a los países del tercer mundo. En los Estados Unidos la creciente criminalización de la inmigración convierte a los migrantes en presas fáciles para la explotación.

Esclavitud en El Monte: un caso entre muchos

Fundado en 2001, el GWC tiene su origen en 1995. Ese año la policía estatal descubrió un taller de trabajo esclavo en el suburbio de El Monte, a 20 kilómetros del centro de Los Ángeles. En lo que por afuera parecía un típico complejo residencial suburbano, 72 mujeres y hombres tailandeses vivían presos, algunos desde hacía siete años, trabajando más de 18 horas diarias, siete días a la semana, en cocheras mal iluminadas bajo la vigilancia de guardias armados y rodeados de alambre de púas y rejas de hierro. Hasta diez de ellos dormían hacinados en cuartos diseñados para dos personas, en peligrosas condiciones de higiene. Bajo constantes maltratos por parte de los capataces y amenazas a sus familias en Tailandia, los trabajadores cosían ropa para varias de las compañías más prestigiosas del país —Tomato, Clio, B.U.M., High Sierra, Axle, Cheetah, Anchor Blue, Airtime, Mervyn’s, Miller’s Outpost, Montgomery Ward— muchas de ellas vendidas también en tiendas de departamento tan conocidas como May, Nordstrom, Sears, Target y otras.

La detención de los ocho capataces presentes y la “liberación” de los 72 trabajadores esclavos recibieron amplia cobertura mediática. Mucho menos visible, sin embargo, fue el destino de los trabajadores, en su mayoría mujeres, todos migrantes indocumentados. Después de años de esclavitud, los trabajadores supuestamente liberados fueron detenidos inmediatamente por las autoridades migratorias y encarcelados en una celda común, de donde sólo salían encadenados con grilletes para cuestiones administrativas y entrevistas. Fue sólo gracias al trabajo de activistas de Sweatshop Watch, una coalición que agrupaba organizaciones obreras, comunitarias, de inmigrantes, de mujeres y abogados, que se logró la liberación de las y los tailandeses, que de otra forma hubieran sido deportados después de una larga detención.

Este caso sacó a la luz no sólo los extremos a los que llega la explotación en la industria de la costura en los Estados Unidos, sino la estrecha relación entre esa explotación y la criminalización de la inmigración. Julie Su, una de las fundadoras de Sweatshop Watch, observa en un artículo sobre el caso que, ante la amenaza de encarcelamiento y deportación, los trabajadores indocumentados no tienen ningún incentivo para denunciar ni los peores abusos. El caso también demostró la necesidad de responsabilizar no sólo a los propios talleres, sino a las grandes empresas de moda y a las tiendas departamentales que de hecho controlan el proceso, y que se escudan tras un supuesto desconocimiento de las condiciones laborales de los subcontratistas. Uno de los principales ejes de lucha de organizaciones de la industria de la costura, incluyendo al GWC, es lograr cambios en las legislaciones que responsabilicen a dichas empresas.

Los activistas que trabajaron en el caso de El Monte concluyeron con el tiempo que era importante que existiera un espacio donde los propios trabajadores pudieran organizarse. En 1999 Sweatshop Watch organizó una serie de reuniones con trabajadores de la costura, incluyendo los trabajadores tailandeses de El Monte y trabajadores latinos de talleres relacionados a la misma red de explotación. De esas reuniones surgió, dos años después, el Centro de Trabajadoras y Trabajadores de la Costura.

Son muchas las dificultades que los trabajadores de esta industria enfrentan para formar un frente unido ante la explotación. Delia Herrera explica que, además de la fragilidad creada por la criminalización de la migración, el propio sistema crea y promueve divisiones en la clase obrera. Una de ellas es la de la raza, particularmente entre latinos y asiáticos, que compiten por empleos y recursos. Hay también divisiones, fomentadas por los empleadores, entre trabajadores documentados e indocumentados. Y finalmente divisiones de género, en una industria en la que prevalece el acoso sexual. El GWC intenta romper estas divisiones a través de pláticas, talleres y, sobre todo, la convivencia comprometida. Las y los trabajadores se asesoran unos a los otros y participan en actividades conjuntas, y eso crea un espíritu de solidaridad. “En una ocasión hicimos un simulacro de que llegaba la migra y la policía juntos. Fue una experiencia muy fuerte porque muchas compas han sido violadas sexualmente al pasar la frontera, han sido detenidas, robadas, o las ha agarrado la migra en la calle. Así empezamos a trabajar con nuestros propios traumas y a compartirlos con los demás.”

Desde su fundación, el centro ha recuperado millones de dólares en salarios robados y ha tenido victorias importantes contra empresas como Forever 21, contra la cual realizó un exitoso boicot nacional de tres años. Pero quizás lo más importante ha sido el haber logrado generar una conciencia colectiva nutrida por la experiencia de ocho años de lucha y una larga historia de resistencia en la industria de la costura.

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Protesta frente al consulado de Honduras en San Francisco, California

Este audio recoge las voces de la protesta del 29 de junio frente al consulado de Honduras en San Francisco, California, en protesta contra del golpe de estado militar que sucedió el día anterior.

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Los Otros Estados Unidos: represión, marginación y resistencias de base en EEUU

por Alejandro Reyes

Publicado en: Ciepac

En Estados Unidos se vive un momento histórico muy particular. Por un lado, la guerra en Irak se ha transformado en un caos genocida al cual no se le ve fin. Escándalos de corrupción resquebrajaron la confianza en el gobierno y el sistema. El mercado inmobiliario sufrió una caída estrepitosa que forzó a mucha gente a perder sus casas y llevó a muchos más a la bancarrota, anunciando el inicio de la peor crisis financiera desde la década de 1920 y un resquebrajamiento del sistema capitalista global. Al mismo tiempo, casi siete años de una política de “seguridad nacional” llevaron a una alarmante pérdida de las garantías individuales y a la institucionalización de la tortura. La crisis y el miedo llevaron a una postura antiinmigrante cada vez más virulenta y a una militarización de la frontera sin precedentes. En este contexto, la elección de Barak Obama como el nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos fue recibida con escepticismo por mucha gente cuya realidad permanece prácticamente invisible, a pesar de que sin duda han sido los más afectados: los pobres y la “gente de color”, minorías raciales que, en muchos casos, no son minoría.

Los AngelesLa vida en los barrios más pobres de Estados Unidos es sumamente difícil y tiende a empeorar. Es el caso del barrio Sur Central de Los Ángeles, con una población hoy mayoritariamente latina. Fue ahí que, en 1992, surgió una de las rebeliones más importantes de los Estados Unidos, cuando los policías que golpearon al taxista negro Rodney King fueron absueltos por un jurado blanco en su casi totalidad. La rebelión fue la respuesta de la población desesperada ante la violencia policial, pero también ante una situación que en el momento parecía insostenible y que hoy sólo ha empeorado: altos niveles de desempleo, un patrón de salarios cada vez más bajos, sobrepoblación, escasez de vivienda y rentas muy caras, segregación racial, pandillerismo, drogadicción, un sistema educativo desastroso, pésimos servicios de salud, altos índices de obesidad y desnutrición debido a la falta de alimentos saludables.

Pero fue justamente en este barrio que, durante más de 14 años, floreció la granja urbana más importante de Estados Unidos: casi seis hectáreas cultivadas por más de 300 familias pobres, en su mayoría de origen latino. La Granja Sur Central constituía no sólo una alternativa de independencia económica, sino una fuente de alimentación de alta calidad a bajos precios. Además, los campesinos preservaban antiguas tradiciones de cultivo, conocimientos de medicina natural y semillas ancestrales. La granja era un lugar de convivencia lejos de la violencia, las drogas, las pandillas y el racismo, un refugio donde los niños podían jugar sin miedo, donde se realizaban fiestas y ceremonias tradicionales. Muchos de los campesinos eran adherentes a la Otra Campaña.

Pero una compleja trama de intereses políticos y económicos resultó en la destrucción de la granja, en junio de 2006, por el gobierno del alcalde latino y demócrata Antonio Villaraigosa, a pesar de la formación de un amplio movimiento social para defenderla. Las soluciones orgánicas a los problemas de salud, alimentación, educación, drogadicción y criminalidad poco interesaron a los políticos y empresarios deseosos de lucrar con ese terreno cuando un nuevo corredor ferroviario aumentó los precios inmobiliarios. Hoy un pequeño grupo de campesinos sigue organizándose y preservando el sueño de la granja en tierras fuera de la ciudad.

Destrucción de La GranjaLa granja fue destruida con la intención de construir una bodega para la empresa textil Forever 21. Esta es una de las empresas combatidas por el Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura, quienes la acusan de violar los derechos laborales de sus empleados, en su mayoría inmigrantes. Este Centro, una organización independiente, horizontal y con base en la comunidad, opera en el centro de Los Ángeles, en el corazón de la pujante industria textil. Aunque es bien conocida la industria maquiladora mundial, que se desplaza de país en país en busca de menores precios de mano de obra, poco se discute la industria maquiladora interna, que se aprovecha de la precariedad de la mano de obra inmigrante (miedo, desconocimiento de las leyes, dificultad con el idioma, persecución por no tener papeles, amenazas y abusos constantes) para reducir costos sin tener que desplazar la producción a otros países. El Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura se organiza para combatir estas prácticas, en el contexto de una creciente criminalización y hostilidad hacia la inmigración.

En los últimos años ha habido un recrudecimiento severo de legislaciones antiinmigrantes. Esto ha resultado en la expulsión de más de un millón de inmigrantes en los últimos tres años -con un promedio de deportaciones tres veces mayor que hace una década. Al mismo tiempo, ha provocado una precarización de las condiciones de vida de los migrantes, facilitando la explotación. Pero los números no logran dar cuenta de la realidad cotidiana de millones de personas que ahora viven bajo constante terror. Abundan las historias de los niños dejados atrás cuando la migra (autoridades migratorias) se lleva a sus padres. Las historias de las familias aterrorizadas cuando agentes entran a sus casas pateando puertas, amenazando con armas y llevándose esposadas a personas cuyo único crimen es trabajar. Las historias del terror de perder todos los bienes y encontrarse deportada en alguna ciudad de la frontera sin un centavo. Las historias de los meses o años de detención, las inyecciones forzadas de fármacos antipsicóticos peligrosos, en violación a legislaciones de derechos humanos internacionales, los procesos legales manipulados, los maltratos y humillaciones por las autoridades migratorias. Y abundan, también, las historias de los cientos de personas que mueren cada año tratando de cruzar una frontera cada vez más militarizada.

En este contexto, organizaciones como la muy zapatista Tierra y Libertad, en Tucson, Arizona, se organizan desde abajo para resistir. Se trata de combatir circunstancias específicas, como las redadas de la migra que mantienen a las comunidades en un estado de terror, pero sobre todo de crear una conciencia colectiva a través de la educación y la participación organizativa. Por eso, a la campaña de información sobre derechos se le añaden proyectos de autosustentabilidad comunitaria, de arte rebelde (RebelArte) y de educación colectiva. Se trata de alternativas autónomas, desde abajo, por parte de comunidades que ya no creen en soluciones provenientes del gobierno o los partidos políticos y que deciden tomar las riendas de sus vidas en sus propias manos.

el Kilombo IntergalácticoOtra organización interesante en ese sentido es el Kilombo Intergaláctico, en Durham, Carolina del Norte. El Kilombo es un centro social en el que “comunidades de color”, migrantes, trabajadores y estudiantes buscan soluciones para los problemas de su vida cotidiana y al mismo tiempo se vinculan a movimientos anticapitalistas del mundo. El Kilombo está inspirado en la lucha zapatista pero también en los piqueteros argentinos, en los Panteras Negras y los Young Lords estadounidenses y en los palenques o quilombos de la América colonial (comunidades en resistencia de esclavos cimarrones, indígenas y mestizos). Al estilo zapatista, sus ejes de organización y de lucha son la asamblea, el encuentro, la autonomía, el territorio, el conocimiento y la palabra. El Centro tiene programas educativos (clases de inglés, español, alfabetización, computación, talleres de lectura) y deportivos, biblioteca, talleres sobre derechos, un proyecto de radio, huerta comunitaria, clínica de salud, un proyecto de vivienda de bajo costo y una editorial independiente.

Uno de los problemas más graves que afectan a las comunidades pobres y “de color” es lo que en inglés se llama gentrification: la elitización de los barrios en aras del “progreso”, la especulación inmobiliaria y los intereses comerciales. Se trata de un proceso en el que participan inversionistas particulares, empresas multinacionales y políticos locales, estatales y federales, y que resulta en el desplazamiento sistemático de poblaciones pobres, alejándolas de sus fuentes de ingresos y destruyendo el tejido comunitario. Es el caso, entre muchos, del Segundo Barrio en El Paso, Texas, que el Plan Paso del Norte pretende destruir para construir un gran centro comercial. Como explican los organizadores de la resistencia (miembros de la Otra Campaña), el Segundo Barrio es no sólo el barrio más antiguo de El Paso, sino una comunidad viva, mayoritariamente de origen mexicano -un verdadero sistema de sobrevivencia que le permite a esa población excluida resistir con su cultura, su lenguaje y su condición económica.

NYC encuentro for dignity and against gentrificationEn Nueva York, El Barrio, en el Este de Harlem, sufre el mismo problema. Uno de los principales agresores actuales es la empresa Dawnay, Day Group, basada en Londres, que en 2007 compró 47 edificios y que intenta desalojar a sus inquilinos para desarrollos de lujo. Pero el problema empezó mucho antes, y en diciembre de 2004 residentes de cinco edificios amenazados se organizaron y formaron el Movimiento Por Justicia en El Barrio, que por medio de campañas mediáticas, demandas legales, manifestaciones y acciones directas luchan contra el desplazamiento. Con la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el Movimiento por Justicia en El Barrio decidió unirse a la Otra Campaña y adoptar formas de lucha zapatistas. En 2006 realizó La Consulta del Barrio, un largo proceso en el que los miembros de la comunidad decidieron sus prioridades y estrategias de lucha. En octubre de 2007, realizaron el primer Encuentro de Nueva York por la Humanidad y contra el Desalojo Neoliberal, en el que participaron organizaciones de toda la ciudad que luchan contra gentrification. En marzo de 2008, el Movimiento lanzó una Campaña Internacional en Defensa de El Barrio, con la intención no sólo de fortalecer la resistencia sino de motivar la vinculación de esfuerzos en otras partes del mundo.

Otra constante en las comunidades de color es el abuso y la violencia policiales. Este pasado 1 de enero, el joven negro Oscar Grant fue detenido por un grupo de policías (blancos) en Oakland, California, en una estación del metro (Bart). Mientras sus amigos y un número de personas protestaban desesperadas, los policías lo tumbaron al suelo boca abajo. Uno de ellos lo inmovilizó con la rodilla en el cuello mientras otro sacaba la pistola y le disparaba por la espalda, asesinándolo. El incidente se volvió público al ser presenciado por muchos testigos y grabado en dos teléfonos celulares, resultando en violentas manifestaciones. Pero la brutalidad y el racismo de las fuerzas policiales contra las comunidades de color en todo el país son la norma. Como respuesta, organizaciones llamadas CopWatch (vigilantes de la policía) han surgido en muchas ciudades. Sus miembros patrullan las calles con cámaras de video, alertan a los residentes de retenes y redadas y organizan formas de defensa comunitaria. En Los Ángeles, CopWatch L.A., con inspiración zapatista y de otros movimientos autonomistas, es parte de un proyecto más amplio de autonomía comunitaria llamado Comunidades Autónomas Revolucionarias, que incluye granjas comunitarias, guarderías y otros proyectos.

Migra en NebraskaLa violencia policial está acompañada de formas jurídicas de criminalización de la juventud. Por ejemplo, las leyes antipandillas prohíben que los miembros de ciertas pandillas se reúnan en determinadas áreas geográficas. Pero la determinación de quién es parte de una pandilla se hace de manera muy arbitraria, de manera que jóvenes, pertenecientes o no, se vuelven criminales por el simple hecho de platicar con amigos en público, andar en bicicleta, usar ropa de ciertos colores o hablar por teléfono celular. Las historias de arbitrariedades contra jóvenes de color abundan. En Nueva York, un joven de 16 años lleva ya varias estancias en la cárcel: por pasar de un carro a otro en el metro, por no registrarse al entrar a un complejo habitacional.

Estos son los jóvenes que supuestamente tienen derechos. Pero los migrantes indocumentados ni si quiera aspiran a tanto. La inmigración “ilegal” se ha criminalizado en los últimos años, de manera que hoy el “delito” resulta no sólo en la deportación, sino en la detención por períodos que pueden durar años. En septiembre de 2008 se realizó la mayor redada de la historia estadounidense en Postville, Iowa. Trescientas personas fueron arrestadas, acusadas no sólo de inmigración ilegal, sino de robo de identidad, un cargo con penas muy severas. La acusación no hubiera resistido el escrutinio en un tribunal, pero las presiones y amenazas, el miedo, el desconocimiento de las leyes y la ausencia de abogados hicieron que la mayoría de los detenidos se declararan culpables a cambio de sentencias supuestamente más cortas de hasta dos años de prisión.

¿Pero, por qué esa criminalización? Parte de la respuesta se encuentra en las políticas de “seguridad nacional” instauradas después del 11 de septiembre de 2001. El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que pertenecía al Departamento de Justicia, fue desmantelado en marzo de 2003, con la mayoría de sus funciones transferidas al Departamento de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement-ICE), ahora bajo el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Con un presupuesto anual de casi 6 mil millones de dólares, las funciones del ICE se ampliaron para incluir la “lucha contra el terrorismo” y “amenazas a la seguridad nacional”, funciones muy promovidas en la retórica oficial. Sin embargo, el minúsculo número de terroristas y “amenazas a la seguridad nacional” detenidos (114 de 814,073 de 2004 a 2007) es obviamente insuficiente para justificar el presupuesto o la retórica de mano dura. La respuesta, por lo tanto, es presentar a trabajadores inmigrantes como criminales capaces de amenazar la seguridad nacional.

Pero un factor quizás más importante es la privatización de las prisiones, en lo que se ha venido a llamar el “complejo industrial carcelario”, una industria billonaria que obviamente necesita “clientes”. Los Estados Unidos tiene el mayor porcentaje per cápita de presos del mundo. La privatización de las prisiones no sólo resulta en lucros directos por medio de fondos del Estado. Mucho más lucrativo resulta el trabajo esclavo de los prisioneros, permitido en la 13ª Enmienda Constitucional. Los presos, que para el capitalismo estadounidense son “excedentes sociales”, representan una formidable fuente de mano de obra. Hoy, numerosas empresas utilizan el trabajo de prisioneros que reciben aproximadamente 25 centavos de dólar por hora.

movimiento-justicia-el-barrioLo que se percibe en todo esto es un complejo mecanismo de aprovechamiento de millones de personas que ya no caben en el sistema. En este contexto, las luchas autonomistas juegan un papel fundamental. Para muchos, el sistema es tan complejo y perverso que no hay manera de cambiarlo desde arriba. Las reformas de la administración de Barak Obama ni tienen la intención ni serían capaces, si la tuvieran, de reestructurar el sistema en sus bases. Para las comunidades de mero abajo, la única alternativa viable es la organización comunitaria autónoma y la vinculación con otras luchas en el país y en el mundo.

(*)NOTA: El autor es escritor y periodista alternativo, miembro del colectivo Radio Zapatista y doctorando en literatura latinoamericana.

Manifestación de “Movimiento por la Justicia en El Barrio”; New York (Fotos de Cecile Lumer)

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“Guerra contra el narcotráfico” vista desde los Estados Unidos

Programa especial sobre la “guerra contra el narcotráfico” vista desde los Estados Unidos, la retórica del gobierno estadouinidense y la militarización.

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  • Noticias de Chiapas y La Otra
  • Entrevista con John Gibler sobre Gloria Arenas y Jacobo Silva Nogales
  • Sexto Aniversario de la invasión a Irak – acciones en San Francisco
  • Entrevista a Miguel Perez sobre la organización de las marchas del 1 de mayo
  • Película “Corazón del tiempo”
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Programa completo:(Descarga aquí)  

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Granja Sur Central: experiencia campesina

Publicado en: Ojarasca

En un área industrial de la región Sur Central de Los Ángeles, California, hay un gran terreno baldío que ocupa toda una cuadra. Son casi seis hectáreas cercadas con reja y alambre de púas, un espacio vacío que podría pasar desapercibido en esa cenicienta extensión de concreto y asfalto. Pero hace dos años, antes de que el gobierno del alcalde demócrata Antonio Villaraigosa lo destruyera, ese terreno estaba lleno de vida. Aquí, en este amarillento vacío terregoso, floreció durante 14 años lo que era probablemente la granja urbana más importante de los Estados Unidos, cultivada por 350 familias pobres, en su mayoría inmigrantes latinoamericanos, que reconstruían sus tradiciones y su vínculo con la tierra, en un espacio de convivencia lejos de la violencia, la discriminación y los muchos otros problemas que afectan a las comunidades pobres en ese país.

Una compleja y truculenta trama de intereses económicos y políticos hizo que la ciudad le vendiera el terreno al empresario Ralph Horowitz, y en mayo de 2006 los campesinos recibieron el aviso de que se­rían desalojados. Se formó entonces un amplio movimiento de resistencia compuesto por los campesinos de la granja, miembros de la comunidad, activistas, integrantes de la Otra Campaña, ecologistas y varias celebridades. A pesar de la resistencia, el 13 de junio de ese año tropas de choque desalojaron a los campesinos y de­tuvieron a 40 personas, y tres semanas después regresaron a destruir la granja por completo.

Hoy, dos años después del desalojo, un grupo de familias de la extinta granja aún lucha por reconstruir y preservar una alternativa campesina ante la marginación que viven los “de abajo” en Estados Unidos. Todos los viernes los campesinos viajan tres horas a un terreno en Bakersfield y otro en el Valle Imperial, donde cultivan productos orgánicos que venden en un tianguis los domingos a un lado de la antigua granja, donde también realizan eventos educativos y culturales.

Al mismo tiempo, continúan luchando por recuperar el espacio original de la granja. Este año, la ciudad aprobó la propuesta de Horowitz para construir una bodega de la empresa Forever 21 en el predio, saltándose el requisito de presentar un informe de impacto ambiental. La amplia movilización convocada por los campesinos logró bloquear la aprobación. Al mismo tiempo, los campesinos unieron esfuerzos con el Centro de Trabajadores de Costura para denunciar las violaciones laborales de la empresa Forever 21 —la cual, desde la destrucción de la granja, ha donado 1.3 millones de dólares al gobierno de Villaraigosa—, cuyos contratistas emplean mano de obra migrante en condiciones de explotación.

Horowitz insiste que el proyecto traerá empleos al Sur Central. Los campesinos entienden la ironía de sustituir una alternativa autogestiva y liberadora por una que explota la mano de obra de las mismas comunidades desplazadas que crearon la Granja Sur Central.

Para captar la relevancia de la granja, es necesario entender el contexto en el que ésta surgió. El Sur Central es una región con una larga historia de exclusión, segregación racial y violencia. En 1992 fue el escenario de una de las más violentas rebeliones de la historia estadounidense, cuando la absolución de cuatro policías que golpearon brutalmente al taxista negro Rodney King desencadenó la frustración acumulada ante el racismo y la exclusión, provocando una revuelta que duró seis días y resultó en 53 muertes y 12 mil arrestos.

Las condiciones en el Sur Central no distan mucho de la realidad de buena parte de los barrios pobres y “de color” de cualquier urbe estadounidense: altos niveles de desempleo, bajos salarios, sobrepoblación, escasez de vivienda, segregación racial, altos índices de enfermedad, fuerte presencia de pandillas, drogadicción, un sistema educativo desastroso. En cuestiones de salud, la situación es alarmante. El Hospital Martin Luther King Jr, construido en los setenta como respuesta a la escasez de hospitales en el Sur Central, se destacó por ser el quinto de la nación en mortalidad infantil. En 2007 cerró sus puertas tras el escándalo provocado por la muerte de Edith Rodríguez, quien falleció después de 45 minutos de agonía en el suelo de la sala de emergencias mientras las enfermeras se rehusaban a atenderla y un encargado de la limpieza trapeaba su vómito ensangrentado.

La desigualdad, la pobreza, los problemas de salud y la pésima educación tienen un componente claramente racial. Es justamente en el periodo en que estos problemas se agudizan (en los 80s), que la población “blanca” pasa a ser minoría en Los Ángeles. De 1970 a 1990 esa población disminuyó de 70.9 a sólo 40.8 por ciento, mientras la población latina creció de 14.9 a 36.4 por ciento. Hoy los latinos conforman la mitad de la población de Los Ángeles.

Un factor que contribuye a los altos índices de problemas de salud entre los pobres en Estados Unidos es la alimentación. En estos barrios hay muy pocos supermercados u otras tiendas con productos frescos, y el precio de los productos saludables es exorbitante. Al mismo tiempo, hay una relación estrecha entre obesidad y desnutrición. Según las cifras oficiales, en 2004, el 36.8 por ciento de las familias pobres sufrían inseguridad alimenticia, y el 13.6 sufrían de hambre.

Pero en muchas partes de Estados Unidos, estos campesinos son protagonistas de resistencia y de la creación de alternativas como la Granja Sur Central que, a contrapelo del sistema, ofrecen la posibilidad de una vida más digna. La granja constituía no sólo una alternativa de autosustentabilidad alimenticia e independencia económica, sino una fuente inédita de alimentación de alta calidad a bajos precios, para una de las poblaciones más desfavorecidas de los Estados Unidos. Además, los campesinos de la granja preservaban antiguas tradiciones de cultivo, conocimientos de medicina natural y semillas ancestrales. La granja era, y quiere seguir siéndolo, un lugar de convivencia lejos de la violencia, las drogas, las pandillas y el racismo de los barrios pobres: un refugio donde los niños podían jugar sin miedo, donde se realizaban fiestas y ceremonias tradicionales y donde se fortalecía un sentimiento de identidad y de valor comunitario. Era, también, un espacio educativo, donde las nuevas generaciones aprendían a convivir con los más viejos, y donde las tradiciones, los idiomas y las expresiones culturales se transmitían y preservaban. La tradición democrática indígena y campesina de las asambleas comunitarias se veía reflejada en las reuniones semanales de la Asamblea General, durante la cual se tomaban las decisiones colectivas.

Para Libero Tlatoá, como para otros miembros de la granja, el sueño del “oasis en un desierto de concreto” —el título del documental de Sheila Laffey sobre la granja— sigue vivo, pues “cuando están destruyendo tu casa uno saca las garras.”

por Alejandro Reyes, reportero alternativo de Radio Zapatista de San Francisco, California

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Zapatismo en los Estados Unidos

(Descarga aquí)  
  • Entrevista con Joaquín Cienfuegos de CopWatch Los Angeles y Revolutionary Autonomous Communities (RAC) (para más información sobre el caso de Joaquín, visita http://diyzine.com/freejoaquin
  • Documental sobre autonomía y resistencia universitaria y el caso del profesor Manuel Callahan del colectivo Acción Zapatista en la Universidad Estatal de Humboldt.
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Radio Zapatista

Independencia vs. autonomía

(Descarga aquí)  
  • Entrevista con Edmundo Cevallos del Centro Legal de La Raza sobre la explotación de jornaleros en San Francisco.
  • Reportaje sobre la incursión militar a La Garrucha, Chiapas (entrevista con Hermann Bellinghausen y Gloria Muñoz de La Jornada); discusión sobre la autonomía y la militarización.
  • Reportaje sobre la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) y su relación con la militarización en Chiapas (entrevistas con Laura Carlsen y Marco Antonio Velázquez Navarrete.
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Programa en inglés – Junio 2008

(Descarga aquí)  

Actualización sobre la situación en Oaxaca y en Chiapas. Granjas Alemany en San Francisco. Exclusión del prof. activista Manuel Callahan en la Universidad de Humboldt.

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