Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Cristian Chávez González, ingeniero miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena es uno de los defensores atacados este viernes en la costa oaxaqueña.}

Dos personas desaparecidas es el saldo de un ataque armado registrado la tarde del viernes (12) contra pobladores de San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla, en el occidente de la costa oaxaqueña.

De acuerdo a una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), los responsables son personas armadas de Santa Cruz Zenzontepec, quienes atacaron a defensores de la tierra y el territorio mientras realizaban trabajos para un peritaje técnico agrario.

A su vez, el Congreso Nacional Indígena (CNI) señala que el problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz Zenzontepec y el ejido de San Lucas Atoyaquillo, mismo que hasta la fecha se encuentra irresuelto. Ante ello, los integrantes del ejido de San Lucas Atoyaquillo realizaron trabajos técnicos “en la idea de resolver dicho conflicto, acompañados por el ingeniero y compañero Cristian Chávez González, quien además es miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos que estando realizando dichos trabajos de forma pacífica, dio inicio la violenta agresión antes referida”, denuncia mediante comunicado.

Según el CNI, se reporta la desaparición de dos personas, Erineo Sánchez Ruíz e Isaak Juárez y de igual forma se constata que un policía municipal de Santiago Itayutla resultó herido.

Por su parte, la Red TDT señala que “se documentaron detonaciones de armas de grueso calibre accionadas por un grupo armado de Santa Cruz Zenzontepec que fue acompañado por policías municipales; las personas defensoras de San Lucas lograron resguardarse en el paraje de Corral de Piedra, sin embargo hasta la madrugada de este 13 de mayo los disparos no cesan en el poblado”, citan mediante una acción urgente.

La red denuncia que aún este sábado (13), la situación de violencia en la región mantiene en riesgo la vida e integridad de los habitantes y del defensor Cristian Chávez González, también integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas A.C (AJAGI) y de la misma red.

“Por información que recibimos, se documentó que en tiempo y forma la policía Estatal de Oaxaca y la Guardia Nacional fueron notificadas sobre los trabajos técnicos que se llevarían a cabo, sin embargo no hubo respuesta y tampoco han intervenido para garantizar la seguridad de los pobladores en la región”, denuncia la Red TDT.

Según la red de organizaciones de derechos humanos existen antecedentes de agresiones armadas en dicha región. Señalan que, desde mayo del 2012 habitantes de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo enviaron un oficio dirigido al Presidente de la República denunciando hechos de violencia ocurridos en ese entonces en el que se registraron disparos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los pobladores.

^{En portada: Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico}

Carlos Alfonso Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño, tres de los cuatro integrantes pertenecientes a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), lanzaron el pasado 7 de febrero una convocatoria a la comunidad de posibles víctimas de la guerra sucia, llevada a cabo en México entre 1950 y 1990, para que puedan dar sus testimonios de manera profesional y privada al mecanismo.

La guerra sucia es nombrada así como una lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Estado mexicano y su gobierno contra la población, principalmente guerrilleros, populares, campesinos y disidencias sexo genéricas.

El MEH es un órgano independiente al estado mexicano y extiende la invitación a compartir su testimonio a toda persona que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, que se encuentre en México o fuera del país, y haya sido violentada por su militancia o por haber sido asociada a alguna de las distintas organizaciones político-militares que operaron en el país.

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Las personas decidirán en última instancia el uso que se le dará a la información que proporcionen, por ejemplo, si sus declaraciones entran o no al informe final que entregará en MEH, si quieren o no que a partir de su información se desarrollen procesos judiciales o sean parte de los procesos de reparación.

“El objetivo último es que ninguna parte fundamental de la comunidad de víctimas de este país que haya sufrido violencia entre los periodos de 1965 o 1990 se quede sin hablar, se quede sin dar su testimonio”, señaló Carlos Alfonso Pérez Ricart, en conferencia de prensa. “El mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad es probablemente la última posibilidad de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.

En esta convocatoria no solo hay víctimas en el contexto del combate a los grupos político militares, sino una serie de víctimas que han sido tradicionalmente olvidadas, poblaciones que fueron agredidas en lo que se calificó como “combate a narcotráfico y en el combate a la delincuencia común” o por su militancia en organizaciones urbanas populares.

El MEH desplegará investigadores e investigadoras en regiones donde sea necesario. El equipo del mecanismo tiene 49 personas investigadoras, y se ha propuesto recoger alrededor de 3000 testimonios. “Hemos recogido ya alrededor de 200 testimonios en este momento solo en el marco de la puesta a la prueba de nuestros instrumentos metodológicos”, explicó Fernández, en conferencia de prensa.

Para recibir testimonios, el MEH ha habilitado un correo electrónico donde las personas interesadas pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.

Si vives o estás en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Dirección General de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, ubicada en Circular de Morelia 8, Roma Norte, Cuauhtémoc. C.P. 06700, Ciudad de México.  Teléfono 221 138 7948 / 22 27 73 53 20

En 2024 entregarán el informe final

Fernández explicó que por mandato presidencial “tenemos hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en la se entregará el informe al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al pueblo de México”. El mecanismo tiene un año trabajando en realizar un censo de archivos y afinar 17 instrumentos metodológicos que van a poner en práctica durante el año 2023. “Es el año de ir a recoger los testimonios y a investigar los archivos locales”, sostiene el comisionado.

Además, Fernández expuso que la audiencia pública será hacia mediados de marzo para la región centro del país. “Iremos a Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y la región occidente del país. También estaremos visitando Oaxaca y Chiapas con la idea de recoger el máximo testimonio”.

El mecanismo revisará diversos archivos

El objetivo del mecanismo es llenar de evidencias el informe a partir de dos formas principales. La primera tiene que ver con la parte de investigación archivística. El MEH ha comenzado desde hace más de un año un trabajo de exploración sistemática de archivos civiles, policiales y militares a lo largo de todo el país y en decenas de archivos y otros repositorios públicos y privados.

Por ejemplo, agrega Fernández, “llevamos siete meses trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también trabajamos en archivos policiales y el libro los archivos civiles, incluyendo por supuesto el Archivo General de la Nación en donde están los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones”.

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La segunda es con la población “objetivo” que es amplia, en general víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pero también familiares y personas vinculadas a las víctimas, personas que atestiguaron sobre violaciones a los derechos humanos, personas que en el ejercicio de sus labores o funciones supieron o atestiguan hechos violatorios a los derechos humanos. Esto incluye perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el ejército y que pueda dar pistas sobre violaciones a los derechos humanos.

Así funciona el mecanismo para el esclarecimiento

En entrevista para Avispa Midia la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que lo que diferencia a esta comisión de otras es que se compone de cinco mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está compuesto por cuatro personas independientes cuyo objetivo central es hacer un informe histórico sobre las graves violaciones. “Pero además de eso, es escuchar a las víctimas y poder pensar qué va después, porque ninguna comisión de este tipo cierra la temática (…), simplemente la abre.”

Después está el mecanismo de impulso a la justicia, compuesto por tres abogados, también independientes: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. Este mecanismo implementará una estrategia para hacer avanzar los casos, largamente estancados, en los procesos jurídicos. Impulsará la creación de una Fiscalía Especializada y realizará un diagnóstico de los casos abiertos.

Luego está el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en un departamento específico en torno a la guerra sucia. El objetivo es realizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de un equipo especializado en las desapariciones perpetradas por la contrainsurgencia, sin importar en qué punto del país se les desapareció.

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El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, constará de reparación tanto simbólica como económica. La CEAV está generando un aspecto especial en torno también de la guerra sucia.

La CEAV diseñará la metodología para la compensación y reparación de daños individual y colectiva, así como realizará un análisis de derecho comparado y buenas prácticas de comisiones de verdad en el mundo para fortalecer el modelo específico de reparación.

Después está el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y la representante de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.

El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición es responsable de las iniciativas de ley referentes al tema de Memoria.

Una comisión con características especiales a otras

De acuerdo a Allier, cada país o cada comisión trabaja de distintas maneras. Una ventaja de la MEH, por ejemplo, es que posee acceso al campo militar. “Eso es algo que no ha ocurrido en ningún país, ninguna comisión de la verdad tuvo acceso a los lugares donde hubo detención y más aún estamos accediendo a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), algo que tampoco nunca, hasta donde yo conozco, había ocurrido”, señala Allier.

Además, sostiene, habrá un centro de memoria. Un lugar en donde van a estar los archivos, los testimonios, “se está creando esta iniciativa para hacer sitios de memoria que son fundamentales”.

“El objetivo mínimo que espero es que la población llegue a enterarse de lo que existió y de lo que pasó, que en México los mexicanos y las mexicanas sepan que hubo un periodo que llamamos guerra sucia en donde la población fue violentada y fue reprimida”, concluye Allier.

Renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre

Pese a que la comisión es un órgano independiente, no han faltado las críticas, incluso internas. Una de ellas se desencadenó en septiembre del año pasado. La historiadora Aleida García Aguirre presentó su renuncia como integrante del MEH ante la “subordinación de facto” de la sociedad civil ante el gobierno federal.

“Me ha sido doloroso concluir éticamente que es imposible continuar trabajando en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, sostuvo García Aguirre en la misiva divulgada en redes sociales del Museo Casa de la Memoria Indómita.

“Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”, escribió la historiadora y actual profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral y de la Red Nacional de Investigadores del Tiempo Presente.

Señaló que fue el 10 de diciembre en Chihuahua “que aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el mecanismo para el esclarecimiento histórica) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, si no sería la secretaria ejecutiva quien impondría la agenda política de la comisión”.

^{En portada: Protesta de estudiantes normalistas, provenientes de distintas partes de México, por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Aldo Santiago}

Durante la conferencia internacional ‘Hacerle frente a la crisis forense’, convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), destacó la urgencia de resolver la crisis forense que atraviesa México hace años. “No existe confiabilidad en la información que emiten las propias fiscalías del país”, sostuvo.

Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropólogos Forenses (EMAF), explicó que la crisis se refleja en la existencia de las fosas comunes, en la acumulación de procesos de identificaciones o identificaciones que no son confiables y en los procesos de exhumación que tienen los sitios de enterramiento clandestino.

Pero sobretodo genera el “impedimento para acceder a la verdad y la justicia”, dijo Enríquez. En este momento se “tiene el resultado del abandono institucional de décadas en áreas clave para el esclarecimiento de hechos delictivos”.

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“La identificación de una persona es la tarea pendiente y el punto de partida para que pensemos en la recomposición de la sociedad lastimada”. Para ello, precisó Enríquez, se requieren investigaciones certeras.

Para Doretti, uno de los mecanismos para mejorar la situación es la creación de una mesa de intercambio de información forense.

Esta propuesta incluye, además de las instituciones, a los colectivos de familiares y a la sociedad civil, que se reunirían de manera periódica para exponer los casos y el mapeo de dónde se trabaja, así como los resultados que se habrían de alcanzar.

“De manera que esto no sea una información secreta de Estado”, reiteró Doretti.

Enríquez comentó que es urgente la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y las mismas instituciones, incluso evidenciar a otras instituciones estatales y federales que tienen un importante trabajo en la búsqueda de personas, como son las secretarías de Salud locales, los Ayuntamientos y el Registro Civil.

Existen instancias que antes no se vincularon al tema y que desconocen —en el ámbito local— el alcance que pueden tener sus acciones en la búsqueda de personas desaparecidas. Aún cuando tienen la voluntad, desconocen la forma de participar.

Para las familias de personas desaparecidas, la crisis no solo se trata de estadísticas, sino de personas que tienen nombre, apellido y familia que los ama, los busca, los espera y los necesita, “y lo que tiene que hacer el Estado es darnos justicia”, sostiene Grace Fernández Morán, defensora de los derechos humanos.

Siamesas diabólicas

En 2008, Yolanda Morán comenzaba a formar los primeros colectivos de madres que buscaban a sus hijos por cuenta propia ante las incapacidades de las autoridades y fue de las primeras que alzó la voz para exigir justicia.

Destacó que la lucha de las organizaciones de familiares buscadores no se ha quedado en el reclamo, por el contrario, apoyan al Estado a fortalecer sus capacidades, a construir políticas y mecanismos.

En la mal llamada ‘guerra sucia’, cuando sucedieron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, “estaba el reclamo de las familias y no hicieron nada, vinieron las muertas de Juárez y nuevamente el Estado no hizo nada; viene la violencia generalizada de la guerra contra el narco de Calderón y fuera de hacer algo, decía que no estaban preparados para tanta violencia y entonces se justificaban ante la falta de capacidades”, rememoró Fernández Morán.

En esos años, la sociedad creyó que los ejecutados eran criminales, como lo hizo creer el gobierno de Felipe Calderón, a propósito del Plan Mérida. Entonces las madres buscadoras implementaron un violentómetro que cuantificaba a los muertos.

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“Esos muertos son la gran mayoría de los que hoy buscamos identificar porque el Estado reportaba bajas del crimen organizado, pero nunca dijo quiénes eran, porque solo se trataba de presentar resultados del combate contra el crimen organizado”, dijo Fernández Morán.

Pero las familias siguen cuestionando quiénes son, si efectivamente eran parte del crimen organizado y por qué los mataron. En ese momento, Fernández Morán explicó que no podían aspirar a que hubiese la infraestructura para identificar a la cantidad de personas muertas, pero lamentó que no se hayan aplicado los protocolos mínimos que existían o que a nadie se le ocurriera documentar los hallazgos.

“Había una obligación por simple lógica: proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos a la identidad y a la justicia, son dos de los derechos básicos que debieron de haber garantizado”, sostiene la defensora.

Fernández Morán argumentó que, en ese tiempo, los cuerpos se encontraban en el piso de los diferentes espacios del Servicio Médico Forense (Semefo) en estados muy avanzados de descomposición y, entonces, solo les interesaba sacarlos.

“Muchas madres, esposas, familiares de personas desaparecidas, lloramos y gritamos de rabia cuando nos enteramos que en Jalisco habían incinerado a miles y todavía no hay quién nos diga cuántos eran, si les abrieron carpeta de no identificados, si tenían averiguaciones previas o acta circunstanciada de levantamiento y recuperación del cuerpo. Es información que hoy en día seguimos sin conocer”.

No había estructura, pero tampoco hubo inversión, pues con la identificación las autoridades tenían que comenzar a dar respuestas. Para las familias todo recae en dos causas que identifican como las siamesas diabólicas: impunidad y corrupción.

35 sentencias

“Ha permanecido y ha imperado un gran involucramiento de muchos sectores del Estado de los tres niveles de gobierno. Ninguno está limpio ni uno solo de los poderes, ninguna de las instituciones, todas tienen su nivel de responsabilidad”, hizo hincapié Fernández Morán, quien recuerda que hasta ahora solo existen 35 sentencias por desaparición que resulta en la impunidad absoluta.

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Aunque las integrantes de la conferencia celebraron los cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, reconocieron que existen grandes retos y la crisis forense, además de los más de 110,000 desaparecidos, es una muestra de todas las deudas del Estado.

Cuando fue construida la ley ocurrió el caso Ayotzinapa y las familias de Guerrero comenzaron la búsqueda con sus propias manos y recursos.

“La respuesta que nos daba la fiscal Areli Gómez era: dejen de buscar, no tengo cómo identificar, es más no tengo dónde meterlos”, dijo Fernández Morán. Entonces los antropólogos forenses de México, Argentina y Guatemala pusieron manos a la obra y, hasta ahora, aunque saturados, siguen apoyando a las organizaciones de familias buscadoras.

Las familias no se dan por vencidas y crearon en dos años el mecanismo extraordinario de Identificación Forense que, con la ayuda de expertas, buscan dar respuesta a dos cuestionamientos importantes: ¿quiénes son? y ¿qué les pasó?.

Intercambios

Doretti agregó que además existe un problema grave en cuanto cooperación interinstitucional esencialmente entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR).  “Hay una fractura en la relación interinstitucional”, dijo.

Es urgente la creación de la Base Nacional de Datos Forenses, defiende. Hoy existen diferentes registros – el Registro Nacional de Personas Identificadas y No Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes, de Fosas Clandestinas y el Plan Nacional de Identificación Humana -, todos son responsabilidad de la FGR.

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“Estamos en un punto en donde podemos entrar a una mayor fragmentación de la información o podemos ir hacia una nueva consolidación con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de convenios con distintas fiscalías estatales y la creación de centros regionales”, dijo Roxana Enríquez.