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Susuclumil, Tila, Chiapas, México
30 de agosto de 2022
Al Pueblo de México
Al Pueblo Creyente
A los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa
A los familiares y colectivos de desaparecidos en México
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A la Organización de Naciones Unidas
A la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos de los Desplazamiento Internos
A los organismos de Derechos Humanos
Al Gobierno mexicano
A la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos de los Desplazamiento Internos
A los organismos de Derechos Humanos
Al Gobierno mexicano
Conmemoración de los desaparecidos en Chiapas
Colembij, significa colectivo en memoria para la búsqueda de un camino a la Justicia y verdad. Fue creado hace tres años por familiares de las víctimas del conflicto armado en Chiapas provocado por el grupo de Paz y Justicia que creo el Estado mexicano como grupos paramilitares.
Los Familiares de desaparecidos forzados, de ejecutados extrajudiciales y de desplazamiento forzado, nos juntamos hoy 30 de agosto para conmemorar el día internacional de desparecidos, aquí en la zona baja de Tila, Chiapas, para exigir la Verdad y la Justicia, la no repetición y las medidas de reparación integral de los daños, ya que los hechos ocasionados, son crímenes en contra de la humanidad donde el Estado mexicano es responsable.
Por lo que exigimos que el Estado reconozca la responsabilidad de este crimen de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la república de ese entonces, Julio Cesar Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas de ese entonces. El presidente municipal de Tila, Carlos López Martínez; porque ellos ordenaron a las policias municipales, seguridad publica y Ejército mexicano en ataques hacia las comunidades, acompañado por convoyes, helicópteros y patrullas, son estas heridas que no dejó, y no sean podido cicatrizar hasta la fecha.
Agradecemos a los compañeros y compañeras de organizaciones que nos han acompañado, agradecemos al Frayba y Sipaz y nos solidarizamos en la lucha de todos y todas las organizaciones y colectivas de familiares de desaparecidos en México y el mundo.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de agosto de 2022.
Boletín No. 28
Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad
• Permanece la impunidad del Estado mexicano en casos de desaparición Forzada en Chiapas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la impunidad continúa ante el incremento de la violencia criminal en el país. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reafirma su camino a lado de los pueblos que luchan contra esta grave violación de derechos humanos, por justicia, verdad y memoria de sus familiares desaparecidos.
En Chiapas la desaparición forzada se acrecentó a partir de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94 , estrategia contrainsurgente implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares con el cobijo del Estado mexicano para frenar la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas que tomaron fuerza a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de esa acción de guerra son 34 personas desaparecidas en combate de manera forzada.
Recordamos a quienes hace 26 años en la zona baja de Tila, Chiapas, fueron víctimas del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” quien cometió decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y dejó a su paso miles de personas en desplazamiento forzado. Recordamos especialmente la desaparición forzada de 37 personas, entre ellas se encuentran Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán, Encarnación Pérez Pérez, María Rebeca Pérez Pérez, Juan Ramírez Torres, así como Antonio González Méndez desaparecido por el mismo grupo en el municipio de Sabanilla el 18 de enero de 1999. Además de las ejecuciones de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Torres, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López , Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez Peñate; hechos que continúan impunes.
Actualmente, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero del 2020 al 31 de julio de 2022, en Chiapas existen 688 personas desaparecidas o no localizadas, siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, con las mayores cifras.
En los municipios de la frontera con Guatemala la problemática va en aumento, y los datos del RNPDNO están rebasados frente a la realidad de la desaparición, en medio de una crisis de violencia provocada por grupos criminales, frente a la omisión y/o tolerancia del Estado mexicano. Esta frontera es también refugio de familias guatemaltecas que han vivido por décadas sin poder legalizar su estancia, misma situación comparten familias en movilidad internacional forzada, por lo que sin duda existe un número mayor de personas desaparecidas que difícilmente serán encontradas en los registros oficiales, en medio de la invisibilización de su estatus migratorio.
Es notable la poca o nula capacidad del gobierno del estado, quien, tras dos años de falta de voluntad política, el pasado 9 de agosto de 2022 instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, lo que denota irresponsabilidad y poca sensibilidad en atender esta demanda pendiente de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, en un contexto nacional de profunda crisis de derechos humanos, con un registro de más de 100 mil desaparecidos en el país.
Pese al transcurso del tiempo, y pese a que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que en Chiapas el Estado mexicano promovió el actuar de grupos paramilitares, este sigue negando la verdad, minimizando su responsabilidad, además de omitir la investigación respecto a los hechos de las desapariciones forzadas de los noventa en el marco del Conflicto Armado Interno, y con el mismo patrón de actuación respecto al fenómeno en la actualidad, lo que mantiene la herida abierta en las familias y comunidades que viven la continuidad de la impunidad.
Exigimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, desde el Frayba nos solidarizamos con las víctimas y nos unimos a sus exigencias de verdad y justicia.
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En portada: Manifestantes se reúnen con una bandera palestina ante el hospital de Be’er Yaakov donde se encuentra Khalil Awawdeh, preso político en huelga de hambre.
Este lunes (29) marcó el cumplimiento del día 180 en la huelga de hambre realizada por Khalil Awawdeh, palestino encarcelado sin cargos ni juicio en virtud de la “detención administrativa” israelí.
Awawdeh tras cumplir seis meses en huelga de hambre exigiendo su libertad.
La apariencia del frágil cuerpo de Awawdeh, casi un esqueleto tras seis meses de huelga de hambre, ha provocado indignación y demandas de acción para su inmediata liberación. Awawdeh, padre de cuatro hijos, originario de la aldea ocupada de Cisjordania de Idna, cerca de Hebrón, es uno de los aproximadamente 700 detenidos administrativos de un total de casi 5,000 presos políticos palestinos.
Estos presos permanecen en reclusión bajo las órdenes de “detención administrativa” israelí, las cuales se dictan para un máximo de seis meses sin posibilidad de apelación ni de saber qué acusaciones se formulan contra los detenidos. Esta figura, cuya renovación es indefinida, se utiliza con frecuencia contra los líderes y organizadores de la comunidad palestina por lo que existe una campaña creciente para terminar con dicha política.
Desde hace 22 días, los hermanos Ahmad y Adel Musa se unieron a Awawdeh en huelga de hambre contra su detención administrativa. Además, este martes (30), el movimiento Cautivos Palestinos anunció que 1,000 prisioneros iniciarán una huelga de hambre el próximo jueves (1) como parte de una campaña de escalada contra la represión violenta israelí y el despojo de sus derechos más básicos.
Vidas en riesgo
Awawdeh se ha comprometido a continuar su huelga de hambre hasta la libertad y mediante un mensaje en video destaco la lucha por justicia de la causa palestina.
“Este cuerpo sufriente, del que no queda más que piel y huesos, no refleja una debilidad y vulnerabilidad del pueblo palestino, sino que es un espejo que refleja la verdadera cara de la ocupación, que se proclama ‘estado democrático’, en el momento en que mantiene a un preso sin cargos en la brutal detención administrativa, diciendo con su cuerpo y su sangre: ¡No a la detención administrativa!”, declaró.
Por su parte, la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos de Samidoun convocó a realizar protestas para exigir la liberación inmediata de Khalil Awawdeh y de todos los presos palestinos en las cárceles de ocupación israelíes.
Palestinos permanecen como presos políticos del régimen israelí
Los tribunales militares de ocupación israelíes ya han denegado las apelaciones de Awawdeh en múltiples ocasiones, pero han programado otra vista de su caso para este martes (30). Muchos presos palestinos han recurrido a huelgas de hambre para protestar contra esta política en el pasado para con ello forzar su liberación.
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Durante el pasado fin de semana, pueblos, colectivos y organizaciones se reunieron en Santa Maria Zacatepec, Puebla, para denunciar y construir en conjunto propuestas para continuar la lucha en contra del despojo, represión, explotación, contaminación y exterminio del agua y la vida.
Según lxs participantes, el objetivo de la denominada “Primera Asamblea por el Agua y la Vida ¡Ya no más saqueo ni contaminación!” fue señalar los procesos de despojo y contaminación del agua en el país, que se materializan en los territorios mediante proyectos de minería; operación de plantas embotelladoras y cerveceras; imposición de corredores industriales, agroindustria y megaproyectos como el tren maya y el proyecto integral morelos, entre otros.
Al final del evento, lxs defensores del agua provenientes de 15 estados del país anunciaron “el Nacimiento de la Asamblea Nacional por el agua y la vida, que es un proceso permanente y colectivo que tiene el objetivo de rescatar al agua para los pueblos, para la vida”. La Asamblea tiene como función llevar a la práctica y fortalecer la ley de los pueblos, “que es una forma de ser y de hacer, una forma de ver el mundo con respeto y amor”, señalan las organizaciones y pueblos mediante comunicado.
“El agua no es mercancía, no es propiedad que se pueda acumular y hacer negocio con ella. En cambio para este sistema capitalista el agua no es para el consumo de los pueblos sino para la industria y como guardianas y guardianes del agua que somos tenemos la responsabilidad de cambiar eso”, subrayaron.
Foto: La FLor Periódico
Por ello, lxs integrantes de la Asamblea difundieron una serie de acciones para “impedir que continúe el saqueo, la explotación y las violencias que atentan contra la vida”. Entre ellas anunciaron su presencia el próximo 18 de septiembre en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, “para acompañar y reafirmar la decisión de los pueblos de sacar a la minera que pretendía devastar su territorio”.
También invitaron al acompañamiento de la Comunidad Otomí Residente de la CDMX en el segundo aniversario, el 12 de octubre de 2022, de la creación de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. Además, señalaron que se sumarán a las acciones en repudio al crimen de Estado por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero.
Por último, convocaron a la participación de la segunda Asamblea por el Agua y la Vida a realizarse los días 18 y 19 de febrero del 2023, en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Autodeterminación
Lxs participantes de la Asamblea luchan contra proyectos y políticas públicas que permiten la privatización mediante estrategias que van desde el cambio de uso de suelo hasta la asignación a empresas trasnacionales de los sistemas operadores de agua. “Nos reunimos porque sabemos que el agua está en manos de las empresas, los gobiernos, las instituciones, caciques y narcotráfico y la poca agua que tenemos la están contaminando”, enfatizaron en comunicado al final del evento.
Así mismo, la Asamblea argumentó que han intentado defender la vida mediante la vía legal, pero han obtenido engaños como respuesta, lo que se traduce en el despojo y contaminación del agua en sus comunidades. “Porque padecemos la contrainsurgencia, la división de los pueblos a través de programas sociales como Sembrando vida que roba los tiempos de los campesinos e impide la organización, porque vivimos en carne propia la criminalización y despliegue de las fuerzas armadas para atacar al pueblo que defiende la vida y no para los verdaderos criminales que nos imponen la muerte con sus industrias”, denunciaron.
Entre los temas que se dialogaron durante los dos días de trabajo se encuentran la multidimensionalidad del despojo del agua y su contaminación; la conexión espiritual y ritual de los pueblos indígenas con el agua y el legado colonial de las leyes que vuelven el agua una propiedad. También contaron con actividades artísticas musicales y danza.
Foto: La FLor Periódico
Otro eje de reflexión y análisis fue la espiritualidad, autodeterminación y gestión comunitaria del agua para realizar acciones concretas que promueven la autonomía de los pueblos, “poniendo al centro la vida (..) Y en este camino que nos enseña nuestra hermana agua, hay una gran diversidad de formas para defenderla, así como diversos somos los territorios, con nuestros comités de agua, sistemas propios de gestión comunitaria, amparos, denuncias, acciones directas, asambleas, y nuevas propuestas que en conjunto desarrollemos”, detallaron en el documento.
En la Asamblea participaron personas de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán; así como también originarias del Estado Español, República Checa, Estados Unidos y Alemania.
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La tarde de este miércoles (24), elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Héctor Llaitul Carrillanca, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche fundada en 1997, la cual durante su trayectoria ha recuperado miles de hectáreas de tierras usurpadas por empresas forestales y agrícolas en la región de la Araucanía, sur de Chile.
Según la versión oficial, la detención deriva de una denuncia de 2020 la cual vincula a Carrillanca a tres delitos: hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, este último se relacionaría a disparos contra Carabineros, delito que estaría asociado a la querella por Ley de Seguridad del Estado.
Mediante comunicado, la CAM enfatizó que la detención de su vocero es la materialización de la persecución contra el proyecto político de la organización mapuche que mantiene en jaque la presencia de la industria forestal en la región.
“La detención de nuestro vocero y dirigente histórico Hector Llaitul, busca amedrentar el proyecto político – estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe (guerrero en mapudungún) dignamente. Quienes, masivamente, hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo control de la industria forestal y el latifundio”, subraya el documento mediante el cual se deslindan “tajantemente” de las mafias de madera y narcotráfico que operan en el sur de Chile.
Para la CAM, la detención de Carrillanca confirma la continuidad del gobierno actual en colocar “su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”, por lo cual hacen un llamado a las comunidades mapuches en resistencia para continuar los procesos de recuperación de tierras.
Pancarta a favor de la libertad de Hector Llaitul, quien ha enfrentado previos ecarcelamientos. Santiago en 2008.
Específicamente, la CAM convocó “a continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. A no dejarse amedrentar por este gobierno que se ha puesto de rodillas ante el empresariado y que, a través de su plan buen vivir, busca cooptar y dividir a nuestra gente”.
Cabe recordar que, en respuesta a los procesos de recuperación de tierras, en mayo pasado, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno declarar a la CAM, los Órganos de resistencia territorial (ORT) y a la Weichán Auka Mapu (Lucha del Territorio Rebelde, en mapudungún) como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”.
Forestales
La postura de la CAM es que la extracción de madera de las forestales por parte de las comunidades mapuches organizadas no puede concebirse como robo, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en su territorio ancestral.
“Es la industria forestal la que ha provocado un verdadero ecocidio, y ha aumentado de forma descomunal las arcas de los grupos económicos más poderosos de este país. Ecocidio, que se sitúa en un contexto histórico de usurpación al pueblo Mapuche y que ha provocado, en la actualidad, la ocupación de nuestras tierras ancestrales por la actividad extractivista, el latifundio y otras expresiones del gran capital”, señala otro documento difundido el pasado 14 de agosto por la Comisión Política de la CAM.
La postura de la organización mapuche fue una respuesta a las declaraciones de distintos funcionarios, tales como la de la Ministra del Interior chilena, Izkia Siches, quien ha señalado que la CAM no representa al pueblo Mapuche y ha lanzado duras criticas tanto a su vocero como a la organización.
Para la CAM, es de gran relevancia la reapropiación de recursos y la recuperación productiva, por lo cual niegan que esto pueda concebirse como robo de madera dentro de su territorio ancestral pues son acciones que se realizan acompañadas de otro tipo de actividades productivas como las siembras, construcción de rukas, bodegas, invernaderos o habilitación de espacios ceremoniales.
“La reapropiación de recursos siempre está acompañada de un despliegue cultural con nuestras ceremonias tradicionales mapuche, las que habían sido cercenadas durante un siglo por el modelo económico chileno. Reapropiación que siempre es comunitaria, poniendo en el centro las necesidades programáticas de nuestra lucha como pueblo y como organización. Y es sobre la base del desarrollo de un tipo de economía para la autonomía, es una autonomía de autogestión”, respondió la CAM al gobierno chileno.
Esta respuesta a las acusaciones del Estado chileno aconteció después de que, a principios de agosto, los Órganos de Resistencia Territorial de la CAM anunciaron el inicio del control territorial efectivo de dos predios usurpados por la forestal Mininco en Carahue, en el marco de la expulsión de empresas forestales del Wallmapu. Una semana antes, la CAM había tomado otros siete fundos en las cercanías de la ciudad de Angol, capital de la provincia de Malleco.
“Son las recuperaciones territoriales la columna vertebral de nuestra estrategia, ya que en ellas podemos vivir con dignidad, sembrar, tener animales, hacer trawün, palin, nguillatün (encuentros y ceremonias en mapudungun) y fortalecer nuestro proyecto político sin afectar en lo más mínimo, y en esto somos enfáticos, al pueblo chileno empobrecido”, señaló la CAM.
Protestas
La mañana de este jueves (25), indígenas mapuches se manifestaron en las afueras del Tribunal de Garantía en Temuco, donde se realizó la audiencia en contra de Hector Llaitul. Ahí, Juana Calfunao, lonco (autoridad en mapudungún) de la comunidad indígena mapuche Juan Paillalef en la Araucanía, enfatizó que “desde el Biobio al sur, quiero recordarles al Estado chileno y a los tribunales de justicia del Biobio, el sur es territorio de la nación mapuche y cualquier árbol que esté aquí es nuestro”.
Calfunao también hablo sobre la defensa de Llaitul, quien “ha sembrado trigo, ha dado alimento a mujeres y niños que el gobierno no se preocupa. Eso debería estar preocupado el gobierno de venir aquí a ver la situación en que desposeídos están nuestros hijos, nuestros niños y cómo estamos las mujeres y como sigue la judicialización y criminalización y no seguir haciendo montaje en contra de nuestra gente, en contra de nuestro waichafe, en contra de nuestras personas que están defendiendo el derecho a existir una vida mas justa, mas solidaria y más humana”.
Héctor Llaitul Carrillanca permanecerá 30 días en prisión preventiva, durante los cuales se desarrollará la investigación penal.
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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A los Centros de Derechos Humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
a las organizaciones solidarias
A los Medios de Comunicación
“Porque, como lo dijeron una y otra vez el CIG y la vocera Marichuy, nuestro horizonte no termina el 1 de julio del 2018 ni se circunscribe sólo a México. La resistencia, la rebeldía y el empeño de construir un mundo donde quepan muchos mundos es internacional y no se limita ni por los calendarios ni por las
geografías de quienes allá arriba nos explotan, nos desprecian, nos roban y nos destruyen”.
“CONVOCATORIA AL SIGUIENTE PASO EN LA LUCHA”.
EZLN
Hace un año como Misión Civil de Observación Sexta (MCO-Sexta), constituida por diversas colectividades, documentamos las violaciones a los derechos humanos en las comunidades del CIPOG-EZ, CNI-CIG, de la Montaña Baja de Guerrero; de esta documentación, elaboramos el informe CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CIPOG-EZ, CNI-CIG. Hicimos las denuncias en las distintas instancias judiciales y en los distintos organismos de los Derechos Humanos del país, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegando hasta la ONU. Sin embargo, a pesar de que la ONU ha hecho recomendaciones al Estado mexicano, éste mantiene su posición de desprecio hacia las comunidades del CIPOG-EZ y por lo tanto, la violencia de los grupos narco-paramilitares se mantiene por la complicidad del Estado y sus jefes los saqueadores capitalistas.
Es por esta situación que decidimos mantener nuestro acompañamiento en el proceso de denuncia a las agresiones que sufren sus comunidades y de acompañamiento en sus procesos de construcción comunitaria. El día sábado 27 de agosto en la comunidad de Alcozacán los pueblos del CIPOG-EZ, iniciarán la “Campaña de solidaridad y recaudación para las RADIOS ORGANIZANDO LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA (R-OLA), “la voz de la memoria, la voz de los sin voz” para la montaña de Guerrero”, por lo que estaremos viajando a las comunidades del CIPOG-EZ los días 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto. Les pedimos estar atentos a la iniciativa que el CIPOG-EZ anunciará y a participar en ella, para fortalecer la organización en sus comunidades.
Llamamos a los centros de derechos humanos, a los medios de comunicación, a las organizaciones y colectivos solidarios, a la Sexta Nacional e Internacional, a estar atentos y atentas al caminar de la MCO-Sexta, que viajará nuevamente a la Montaña Baja de Guerrero y que a sus modos y formas llamen a los 3 niveles de gobierno a garantizar la seguridad de la MCO-Sexta.
Demandamos a los 3 niveles de gobierno que garanticen la seguridad de la Misión Civil de Observación Sexta en su paso por los caminos del país, sepan que estaremos siendo monitoreados por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que de llegar a suceder algo extraordinario, responsabilizamos directamente al Estado Mexicano y al gobierno del Estado de Guerrero.
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Cereso No. 05 San Cristóbal de Las Casas Chiapas
25/08/2022
C. Presidente de la república
C. Gobernador de Chiapas
C. Presidente Municipal
C. Obispo
C. Padre Diócesis de San Cristóbal
C. Defensor de los derechos humanos
C. Fray Bartolomé de las casas
C. Pueblos Creyentes, Modevite, Coreco Concilización
C. Pueblo de San Juan Cancuc
Queremos decirles a todas las personas que seguimos en la cárcel 3 meses, es injusto porque no, nos hicimos nada sobre lo que nos acusan.
Analizamos la carpeta de investigación nos dimos cuenta que el delito que nos acusan se trata de muerte bajo custodia de la policía municipal de San Juan Cancuc, la misma, propia la fiscalía menciona en un oficio que la persona, que la victima que falleció en una patrulla de la policía municipal y en presencia de policías municipales, has el momento no han investigado al director de la policía municipal de San Juan Cancuc y sus policías, ya que hay antecedente que hay un fallecimiento de una persona dentro de la comandancia municipal de San Juan Cancuc en el mes de noviembre de 2021 y la otra persona es lo mismo muerte bajo custodia.
Por todo esto pedimos nuestra libertad inmediata, que nos investiguen la policía municipal de San Juan Cancuc.
Que nos acompañen y no, nos dejen solos a pedirnos a nuestra libertad.
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Ciudad de México, 24 de agosto 2022; Colectivos de periodistas independientes se manifiestan frente a la FGR ante el asesinato de los periodistas Fredid Román en Chilpancingo y de Juan Arjona en Sonora en las últimas semanas. Exigen un mayor compromiso para defender el trabajo de comunicadoras y comunicadores por parte de las autoridades.
Con estos asesinatos se eleva a 15 comunicadores asesinados en lo que va del 2022. Exigieron la renuncia de Gertz Manero titular de la dependencia y de Ricardo Sánchez Pérez de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión por su trabajo ineficaz. Urgieron al gobierno federal de dejar de atacar a periodistas y por el contrario instrumentar políticas públicas para detener esta violencia que sigue creciendo en el país. Llamaron a la unidad del gremio periodístico y de las y los trabajadores de la comunicación para juntos defender sus derechos y su vida. Anunciaron más actividades en solidaridad con el gremio así como una reunión nacional para enfrentar los retos actuales.
(((@)))
#NoSeMataLaVerdad
LISTA DE PERIODISTAS ASESINADOS EN 2022 EN MÉXICO:
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Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.
Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.
Caciquismo
Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.
En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.
Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.
“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.
Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.
Persecución
A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.
De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.
El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.
Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.
“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.
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La noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se suscitó el inicio de una sublevación que tuvo lugar en la colonia francesa en Santo Domingo, actualmente República de Haití. Este levantamiento fue determinante en la construcción de la independencia del país y la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Con ello, Haití fue la primera nación de América Latina y el Caribe en declarar su independencia y liberarse de la esclavitud.
Tras la sublevación, el 23 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Este día se celebró por primera vez en varios países, en particular en Haití, el 23 de agosto de 1998 y en la Isla de Gorea, en Senegal, el 23 de agosto de 1999.
Como respuesta a la revolución, el capitalismo colonial impuso un bloqueo cultural, económico y político a esta república para impedir que su ejemplo no se expandiera en la región.
Esta sublevación es considerada como la única revolución de esclavos y esclavas, liderados por Toussaint Louverture y otros rebeldes, la cual permitió en 1794 que la Asamblea Nacional francesa suprimiera la esclavitud en los territorios de soberanía francesa. Ya en 1804 se erige la primera República Negra del Mundo y la primera nación independiente de América Latina en el territorio hoy conocido como Haití.
Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos y Alemania se disputaron su influencia en este país. Se suscita así la ocupación estadounidense de Haití el 28 de julio de 1915, con el pretexto de salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses. Supuestamente esta ocupación terminó el 1 de agosto de 1934, después de que Franklin D. Roosevelt reafirmara un acuerdo de separación en agosto de 1933.
Durante los últimos años esta república ha sido golpeada por contextos políticos y económicos, pero también por catástrofes naturales con diversos sismos que han vulnerado la vida de los haitianos y haitianas.
