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Comunidad Nahua de Cuentepec, Morelos

Exigencia de la comunidad Nahua de Cuentepec Morelos para la cancelación de concesiones mineras que existen en su territorio, así como petición de salud, educación, vialidades y seguridad en su comunidad

Cuentepec municipio de Temixco, Morelos a 07 de septiembre de 2022.

 

  1. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS  

 

PRESENTE

Mediante el presente escrito, nos dirigimos a usted con el debido respeto que se merece, el C. CALIXTO SALAZAR GARCIA AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS así como MODESTO SUÁREZ DOMINGUEZ, SIMON DOMINGO ESTRADA, FLORINO PACHECO TENORIO, FIDEL OLIVARES MOLINA en calidad de autoridades Ejidales y a los señores ALEJO ANALCO MORALES, ARNULFO DOMINGO FLORES y MALAQUIAS ESTRADA MARIACA en calidad de autoridades Comunales de Cuentepec, y en representación de esta comunidad por derecho propio señalando domicilio, correo electrónico y teléfono celular para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en: calle Emiliano Zapata sin número, Pueblo Cuentepec, Municipio de Temixco, Estado de Morelos, correo electrónico cuentepectosepan@gmail.com, 7774397017, ante usted exponemos lo siguiente:

  1. El pueblo indígena de Cuentepec, las tierras ejidales y las tierras comunales se encuentra en la sexta concesión de las 7 concesiones mineras de las empresas Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver que abarcan los municipios de Temixco, Miacatlan, Xochitepec, Coatetelco y Cuernavaca. Nuestro territorio ancestral, nuestras vidas, nuestra cultura están en peligro de desaparecer, somos el único pueblo del estado de Morelos que conservamos nuestra lengua materna que es el náhuatl un 99.99%, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, nuestras ofrendas, hemos vivido en este territorio ancestralmente, nosotras y nosotros hemos cuidado este lugar, la flora, la fauna, sabemos de la importancia de cuidar la naturaleza y todo el legado cultural que exististe en ella, somos un pueblo que seguirá resistiendo y que seguirá luchando por su territorio. Señalamos que las y los habitantes se dedican a la agricultura, a la siembra del maíz, frijol, cacahuate, calabaza, sorgo, por lo que nos alimentamos de estas tierras, asimismo se recolectan frutos de temporada para consumo y en ocasiones para obtener ingreso para nuestros hogares. También en nuestro territorio se está llevando a cabo el programa de Sembrando Vida, con el cual seguimos cuidando los recursos naturales y nuestro territorio.

Por esto, exigimos que apoye a la comunidad nahua de Cuentepec la cancelación de las concesiones mineras que existen, que respeten nuestros derechos individuales y colectivos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, y así proteger a las futuras generaciones, a la paz, a la libre determinación  y a la autonomía, a la protección de nuestra cultura, que se respeten nuestros lugares sagrados ancestralmente y nuestra cosmovisión, a la consulta previa, libre e informada, el cual en ningún momento se nos consultó si queremos o no estas mineras, misma que ahora no lo estamos solicitando, porque ya no es previa a que se de las concesiones, entendemos que  el presidente de la república el Lic. Andreas Manuel López Obrador ha señalado que no se darán más concesiones, y que en este caso no estamos solicitando que no la den, solicitamos que se cancelen las que ya existen,  y al derecho de petición, mismas que son reconocidas en las leyes nacionales e internacionales, como son: los artículos 1, 2, 4, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Así como se señala también en el DECRETO DONDE SE PROHIBE LA MINERIA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y PROYECTOS DE MUERTE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DEL ESTADO DE MORELOS aprobado los días 23 y 24 de abril del 2022 por los pueblos nahuas del Estado de Morelos. Misma que anexamos.

 

    1. Como siguiente punto, SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE A MÉDICOS en el centro de salud, que atiendan las 24 horas del día, esto porque nos encontramos en una zona alejada y marginada de la ciudad, lo que obliga qué en la noche tenemos que trasladarnos a otra comunidad o hasta un hospital que queda a una hora de distancia, lo que pone en peligro al paciente y a los acompañantes, asimismo SOLICITAMOS MEDICAMENTOS para el centro de salud, porque se encuentra con muy pocos medicamentos, y porque la comunidad es de bajos recursos económicos lo que imposibilita que las personas que requieren medicamentos no pueden adquirirlos. Señalando además que se ha dado y sigue una epidemia de dengue hemorrágico desde el mes de abril hasta la fecha, en la que ha fallecido dos personas jóvenes, por lo que es urgente que se suministre de medicamentos y que el servicio de atención medica sea las 24 horas.
    2. La cantidad de habitantes de la comunidad ha incrementado, esto se ve reflejado en la cantidad de niñas y niños que asisten a la escuela primaria, misma que se están brindando clases en el turno matutino y vespertino, lo que ha ocasionado que no se puedan realizar otras actividades que requieren las y los alumnos para su desarrollo, y por ello le SOLICITAMOS EL APOYO PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  donde las niñas y los niños pueda tener una educación de calidad sin ningún tipo de obstáculos, señalando que ya se cuenta con el espacio para la construcción.
    3. Señalamos, que nuestras calles de la comunidad se encuentran en muy mal estado, por lo que SOLICITAMOS SU APOYO PARA PAVIMENTACIÓN, en las calles: Vicente Guerrero (colinda con calle Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), Francisco I. Madero (colinda con calle Aldaco y calle Morelos), Calle Morelos, Calle Emiliano Zapata Norte, Calle Leandro Valle, Calle Francisco Mendoza (colinda con calle Revolución Mexicana y Mariano Matamoros), calle insurgentes, calle Reforma, calle independencia oeste y Calle Obregón.
    4. Como séptimo punto, en nuestra comunidad falta que se proporcione más luminaria, existen algunos focos dañados y algunos faltan que sean colocados, por lo que SOLICITAMOS QUE SE APOYE CON LOS FOCOS en los postes de luz, para que de esa manera se pueda garantizar la seguridad en nuestra comunidad.
  • Además, el pueblo, el ejido y la comunidad agraria de Cuentepec, no reciben ningún tipo de recursos para el mejoramiento del nuestro entorno, por lo que SOLICITAMOS QUE NOS APOYE CON EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS CON CUNETA en los caminos: Tlalpatlaco hasta Tlalpatlaco, Tenango, camino de prensa, para este mejoramiento de caminos saca cosechas se requiere maquinaria de 8 o 9 toneladas y que pueda cortar tepetate y/o rocas.
  • Por último, SOLICITAMOS LA ACTIVACIÓN DEL MODULO O SECTOR DE POLICIAS, que se encuentra ubicada en la entrada de la comunidad, esto porque se ha presentado un alto índice de violencia, señalando que la comunidad se encuentra retirada del municipio por lo que se tarda en brindar el servicio solicitado.

 

Sin más por el momento, agradecemos su atención y estamos en espera de una respuesta favorable, que desde sus funciones que realiza nuestras peticiones sean revisadas y que en verdad se apoye a la comunidad. Que en todo momento se nos este informando de los avances de las peticiones en el correo electrónico y teléfonos señalados, así también el acompañamiento para la realización de cada uno de los puntos ya expresados este documento.

A T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

 

_____________________________

  1. CALIXTO SALAZAR GARCIA

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC

 

______ ____________________                     ________ _____________________

  1. MODESTO SUAREZ DOMINGUEZ                   C. SIMON DOMINGO ESTRADA

PRESIDENTE DE BIENES EJIDALES                SECRETARIO DE BIENES EJIDALES

 

 

 

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Comunidad indígena de Santa María Ostula

Comunicado de Santa María Ostula por el anuncio del estado de Michoacán sobre desarme de la Guardia Comunal del municipio de Aquila

A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE NUESTRO PAIS 

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO

A LOS GOBIERNOS MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL 

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES 

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

A LA HONORABLE OPINION PUBLICA. 

 

OSTULA MICHOACAN, A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

 

LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA COSTA DEL ESTADO DE MICHOACAN, DEL MUNICIPIO DE AQUILA Y PERTENECE AL PUEBLO NAHUA, RAZÓN POR LA QUE, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1 DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, GOZA DE LOS DERECHOS Y DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL QUE ESTOS Y OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SEÑALAN.

SOMOS UNA COMUNIDAD INDIGENA QUE HISTORICAMENTE SE HA CARACTERIZADO POR SER PACIFICA, PERO ENERGICA EN LA DEFENSA DE SU TERRITORIO Y SU ORGANIZACIÓN PROPIA DE ACUERDO CON SUS USOS Y COSTUMBRES POR LOS CUALES SE RIGE, LO QUE NOS HA PERMITIDO SER UNA DE LAS COMUNIDADES MAS ORGANIZADAS Y SEGURAS DEL PAIS, CON AUTOGOBIERNO  Y NORMAS PROPIAS.

 

ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2014 NUESTRA COMUNIDAD SUFRIO UNA ENVESTIDA FATAL POR PARTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COMPLICIDAD CON LOS GOBIERNOS EN TURNO, DESTACANDO EL CONTUBERNIO ENTRE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO Y EL CARTEL DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS; SITUACIÓN QUE PROVOCÓ 34 ASESINATOS Y 6 DESAPARICIONES FORZADAS DE AUTORIDADES AGRARIAS Y LIDERES COMUNALES, ASI COMO TAMBIEN EL ASESINATO DEL NIÑO HIDILBERTO REYES GARCIA POR PARTE DEL EJÉRCITO MEXICANO, LO QUE ESTA DEBIDAMENTE ACREDITADO POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LO ANTERIOR A PESAR DE QUE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OTORGÓ MEDIDAS CAUTELARES A LA COMUNIDAD.

 

ANTE ESTOS HECHOS VIOLENTOS Y LAMENTABLES LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA DECIDIO ORGANIZARSE Y RECONSTITUIR SU GUARDIA COMUNAL PARA PRESERVAR DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES COMO SON EL DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y A LA LIBERTAD. ACTUALMENTE PODEMOS DECIR CON FIRMEZA QUE NUESTRA LUCHA DIGNA A DADO FRUTOS SIGNIFICATIVOS, YA QUE NUESTRA COMUNIDAD ES UNA DE LAS MAS SEGURAS DEL PAIS Y EN ELLA PODEMOS VIVIR EN UN CLIMA DE PAZ Y LIBERTAD, REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES COTIDIANAS, PUES, AQUELLOS TIEMPOS DE VIOLENCIA, MIEDO, SOZOBRA Y TERROR HAN QUEDADO ATRÁS.

 

EL COMUNICADO QUE EMITIO EL GOBERNADOR ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO MENCIONA QUE SU ACTUAL GOBIERNO “ESTA EMPEÑADO EN DEJAR A MICHOACAN LIBRE DE BARRICADAS QUE APARTE DE SER ILEGALES OBSTRUYEN EL LIBRE PASO DE LOS CIUDADANOS” Y PONE ESPECIAL ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE AQUILA, AL QUE PERTENECE NUESTRA COMUNIDAD, EN TANTO QUE EL GOBERNADOR SEÑALA Y REITERA QUE EN LAS BARRICADAS SE RESGUARDAN PRESUNTOS AUTODEFENSAS O CIVILES QUE ESTAN AL MARGEN DE LA LEY”.

 

ANTE ESTAS DESATINADAS DECLARACIONES DEL GOBERNADOR, LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA GRAVÍSIMA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE SE VIVE EN EL ESTADO, CON MILES DE DESPLAZADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO, ASESINATOS DOLOSOS TODOS LOS DÍAS, UN GRAN NÚMERO DE DESAPARICIONES FORZADAS, EL COBRO DE PISO Y UNA INFINIDAD DE DELITOS DE PRIMER IMPACTO QUE AZOTAN A MICHOACÁN, ENTIDAD DONDE UN CARTEL QUE NO MENCIONA ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACION, ESTÁ ATENTANDO CONTRA TODA LA SOCIEDAD MICHOACANA Y TIENE EN EL MIEDO Y LA SOZOBRA A NUESTRA POBLACION; DEBIENDO SER ESA Y NO OTRA, LA PREOCUPACIÓN CENTRAL DE NUESTRAS AUTORIDADES ESTATALES, TANTO POLITICAS COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE NINGUNA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL HA PODIDO GARANTIZAR LA ESTABILIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD, EN NUESTRO MUNICIPIO Y EN EL ESTADO; RESULTANDO CONTRASTANTE LA APATIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONFRONTAR Y ERRADICAR EL AVANCE DEL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACION CON EL CELO POR ACABAR CON NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y COMUNITARIO, SUSTENTADO EN LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA, LO QUE NOS LLEVA A ABRIGAR LA SOSPECHA DE QUE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMEN ORGANIZADO E INSTITUCIONES DE GOBIERNO SIGUE IMPERANDO.

 

A TRAVÉS DE ESTE COMUNICADO INFORMAMOS AL GOBERNADOR QUE NUESTRA GUARDIA COMUNAL NO IMPIDE EL LIBRE TRANSITO NI EN ELLA COEXISTEN GRUPOS DELINCUENCIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS, SEÑALANDO QUE NUESTRA COMUNIDAD INDIGENA, A TRAVES DE SUS ORGANOS AUTONOMOS DE GOBIERNO, FACULTA A LA GUARDIA COMUNAL PARA BRINDARNOS LA SEGURIDAD EN NUESTRO TERRITORIO.

 

POR TODO LO ANTERIOR Y ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, UNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MANIFESTAMOS QUE NUESTRA GUARDIA COMUNAL TIENE SUSTENTO EN EL EJERCICIO DE LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA DE NUESTRA COMUNIDAD, SUSTENTADAS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE EN LOS ARTÍCULOS 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7 DE LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 DEL CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2 Y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y EN CONSECUENCIA DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTAS Y NO LAS CORROMPIDAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD GUBERNAMENTALES, LA GARANTÍA DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.

                                                                                          ATENTAMENTE:

                                                               COMUNIDAD INDIGENA SANTA MARIA OSTULA 

                                                       NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS “

 

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Amazonia Real

El último indígena Tanaru será enterrado en la tierra donde siempre han vivido en el sur de Rondônia

Por Josi Gonçalvez

El cuerpo del último superviviente de su pueblo está siendo examinado en Brasilia, pero las autoridades dijeron que volverá a Rondônia. Los líderes temen las invasiones en la Tierra Indígena de Tanaru debido a la falta de demarcación del territorio y quieren que el lugar sea un monumento a la resistencia. Imagen de la maloca de la víctima indígena (Foto: Survival International/Divulgação)

 

Porto Velho (RO) – El cuerpo del último hombre de Tanaru encontrado muerto por un equipo de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) fue enviado el domingo 28 de agosto 2022 desde Porto Velho a Brasilia para un examen más detallado por los forenses del Instituto Nacional de Criminalística (INC) de la Policía Federal. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, tan pronto como todos los exámenes se completen, el cuerpo del “indio del agujero”, como el único sobreviviente de la Tierra Indígena Tanaru (TI), ubicado en Chupinguaia, en el Cono Sur de Rondonia, a unos 533 kilómetros de Porto Velho, se conoció. Volverá a Rondonia y deberá ser enterrado en la zona donde vivía solo y aislado desde 1995. La fecha de su regreso aún no ha sido confirmada por Funai.

El grupo de expertos del INC tratará de detectar la causa de la muerte de la víctima indígena y también realizará exámenes toxicológicos y antropológicos forenses que puedan aportar algunas respuestas sobre la etnia del “indio del agujero”. El equipo es el mismo que trabajó en los informes de las víctimas de las catástrofes medioambientales de Brumadinho y Mariana, en Minas Gerais, y del activista indígena brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, asesinados en junio en el TI de Vale do Javari, en Amazonas.

Amazônia Real se enteró por un indígena de Rondônia, que pidió permanecer en el anonimato, que los “indios del agujero” eran monitoreados periódicamente cada tres meses por el Frente de Protección Etnoambiental de Guaporé (FPE-Guaporé), vinculado a la Coordinación General de Indios Aislados y Contactos Recientes (CGIIRC) de la FUNAI.

La vigilancia tenía por objeto verificar los movimientos del pueblo indígena Tanaru y las posibles invasiones de su territorio. Durante estas incursiones de vigilancia, se instaló una cámara para detectar la presencia y las acciones del indígena y registrar imágenes del mismo. La cámara se recogió al final de cada actividad.

El objetivo del intervalo de tiempo entre una visita y otra era evitar el tránsito de otras personas por el territorio para no contaminarlo con enfermedades no autóctonas. Según este indígena, el “indio del hoyo” parecía estar bien durante el último control realizado en mayo. Sin embargo, en la última acción de seguimiento, la semana pasada, fue encontrado muerto. Por ello, se estima que la muerte se produjo hace más de un mes. El equipo forense tendrá que determinar la fecha exacta.

Los indígenas Tanaru vivían en 8.070 hectáreas de territorio situado en un perímetro de aproximadamente 50 kilómetros entre los municipios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis y Pimenteiras do Oeste. En la región hay muchas explotaciones de producción agrícola y ganadera. Al no estar demarcado, el territorio está bajo la amenaza de invasiones y ataques.

El “indio del agujero” fue visto por primera vez en 1996 por el equipo del experto indígena Altair José Algayer, el mismo que encontró al indio aislado muerto en su hamaca la semana pasada. “Lo encontraron en la red y cubierto de plumas de guacamayo. Estaba esperando a morir, no tenía signos de violencia”, dijo el indigenista Marcelo dos Santos, que trabajó vigilando el territorio con Algayer, según publicó Amazônia Real. Le llamaban el “indio del agujero” porque cavaba dentro de la maloca, hecha de paja.

En 1998, el IT de Tanaru fue clasificado como de uso restringido por ordenanza (1.040/2015). La entrada, locomoción y permanencia de extraños en el territorio está restringida al personal de Funai. La ordenanza es válida hasta 2025, por lo que dentro de tres años expira esta normativa, que hace ilegal la exploración y entrada en estos territorios.

Según el informe, el indigenista informó que “la idea de la Funai es transformar el sitio en un centro de formación para actividades centradas en la protección de los indios aislados”. Según él, el MPF de Vilhena, Cono Sur de Rondonia, solicitará un estudio arqueológico de la zona para definir las estrategias que deben adoptarse en relación con el futuro de la tierra de Tanaru.

Según Funai, a lo largo de 26 años se encontraron 53 viviendas del pueblo indígena Tanaru y todas seguían el mismo patrón arquitectónico: una sola puerta de entrada/salida y siempre con un agujero en el interior de la casa.

En una entrevista para el programa Globo Amazônia, el experto indígena Altair José Algayer dijo que creía “que el agujero tiene un valor místico para los indígenas”, y que se alimentaban de “animales como el cerdo de monte, el jabuti y las aves, cazados con flechas o atrapados en trampas, y también de miel”.

Sensación de pérdida


Jefe André Karipuna (Foto: Alexandre Cruz Noronha/Amazônia Real)

André Karipuna, jefe del pueblo Karipuna en Porto Velho, capital de Rondônia, dijo que aunque no pertenece a la misma etnia que el “indio del agujero”, el sentimiento es de pérdida. “Es muy triste. Ellos también son mi gente. Es un familiar nuestro que se ha ido y debería haber tenido más protección. Pero, por desgracia, todos sufrimos mucha presión”, declaró.

Otro dirigente, Adriano Karipuna, activista ambiental indígena, culpa al presidente Jair Bolsonaro de la reducción y extinción de los pueblos indígenas. “El actual presidente ha cumplido todas sus amenazas de campaña y ha desguazado administrativa y financieramente a los organismos medioambientales. Intencionadamente. Nuestros territorios han quedado desprotegidos”, afirmó.

El líder indígena Karipuna considera que si el pueblo Tanaru hubiera tenido la protección del Estado no habría desaparecido. Adriano dice que, al igual que el “indio del agujero”, su pueblo ya ha estado al borde de la extinción. Hace medio siglo sólo había cinco Karipuna en Porto Velho.

“Mi pueblo es un pueblo de resistencia, casi nos extinguimos en los años 70 por culpa del sarampión, la tosferina y la varicela. Mis familiares también fueron asesinados, asesinados en 1912 en nombre de la economía, del desarrollo (construcción del Ferrocarril Madeira Mamoré – EFMM). El Estado brasileño debe mucho a la población indígena”, acusó Adriano Karipuna.

Según él, el pueblo karipuna consiguió mantenerse vivo en Rondônia gracias a medidas como el distanciamiento social de la civilización. Al pueblo de Tanaru le espera un destino diferente. Con la muerte del último habitante del TI Tanaru, los líderes de los pueblos indígenas de Rondônia están preocupados por el destino de la zona habitada por el “indio del agujero”.

Almir Narayamoga Suruí, líder del TI Sete de Setembro, en Cacoal, Rondônia, es reconocido internacionalmente por luchar contra las amenazas de los ocupantes ilegales, madereros, mineros y otros interesados en las tierras de los Suruís. Afirma que teme la invasión de la TI de Tanaru y piensa que la zona debería transformarse en un monumento a la resistencia de los pueblos indígenas. “Sería muy importante para los pueblos indígenas y también para Brasil, reconocer toda la resistencia de los pueblos indígenas frente a los desafíos y problemas que se enfrentan. Lucharemos por ello”.

El líder surui también refuerza que es necesario defender a los pueblos indígenas aislados que aún viven en el estado. “Tenemos que proteger y preservar las regiones donde habitan, definiendo estos territorios para ellos. Esto es lo que tenemos que hacer, para que esto (la extinción de un pueblo indígena) no vuelva a ocurrir en Brasil.

Adriano Karipuna imagina un futuro diferente para la Tierra de Tanaru. “Muchos pueblos indígenas buscan retomar sus territorios. Son ellos los que deben decidir si quieren ir a esta tierra”, dijo.

La escritora y educadora Márcia Mura, del pueblo Mura, dijo estar llena de tristeza por la muerte del indígena aislado y sentir una gran pena. “Sólo podía imaginar la soledad y el dolor que debió sentir todo este tiempo, huyendo, escondiéndose, sabiendo que podía ser asesinado en cualquier momento por invasores, terratenientes y asesinos. Sabiendo que era el último de su pueblo, esto es sumamente terrible”.

Márcia también defiende que el TI de Tanaru debe conservarse. “Creo que este territorio, que defendió hasta el último día de su vida, tiene que mantenerse como territorio indígena. Este territorio tiene que estar garantizado para los pueblos indígenas. No podemos permitir que los agricultores y los terratenientes ocupen esa zona.


Uno de los agujeros encontrados por Funai y realizados por los últimos indígenas Tanaru (Foto: Survival International/Divulgación)

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Los textos, las fotos y los vídeos publicados en el sitio web de la agencia Amazônia Real tienen licencia Creative Commons – Atribución 4.0 Internacional y pueden volver a publicarse en los medios de comunicación con los créditos de los autores y de la agencia.
Josi
Josi Gonçalves

Josi Gonçalves es periodista con trabajos publicados para cadenas de televisión (Globo, Record, Rede TV), agencias de noticias (BBC, UOL, EFE), derechos humanos y salud mental (autismo, esquizofrenia). Es activista, feminista, madre y presentadora de televisión. Tiene experiencia en asesoría de prensa y comunicación en la gestión pública y privada y en periódicos impresos y digitales. Colabora con la agencia Amazônia Real de Porto Velho (RO) (Twitter: @josigoncalvess)

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Radio Zapote

Carta de Radio Zapote a la comunidad de la ENAH y al profesor Yair

05 Septiembre 2022, CDMX

Al Maestro Yair Balam Vázquez Camacho

A la Escuela Nacional de Antropología e Historia

A los medios de comunicación independientes, alternativos, autónomos, autogestivos o como se llamen

Al Instituto Nacional de Antropología e Historia

Nosotrxs somxs RADIO ZAPOTE un proyecto comunitario con 21 años, que nació y vive en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Por medio de esta carta queremos expresar nuestro respeto y solidaridad con un profesor que en su discurso narrativo y su práctica cotidiana esta en apoyo mutuo con colaboraciones comunitarias.

El día viernes 26 de agosto a las 13:00 hrs, se realizó un mitín dentro de las instalaciones en protesta por el intento de parte de las autoridades para cambiar la chapa de nuestras cabinas en el edificio principal, por parte de un cerrajero pagado por las autoridades, sin previo anuncio o dialogo entre partes, por lo que se realizó un evento de denuncia pública al día siguiente y fue entonces que se abrió el micrófono, y se dieron a conocer mensajes solidarios con RZ. Recibimos pronunciamientos desde los estudiantes organizados de la ENAH hasta grupos famosos de Ska como la Matatena,  estaciones de medios libres como la Ke Huelga, Noticias de Abajo, Radio Totopo y medios internacionales comunitarios como La Zarzamora Radio en Chile, Radio Amaranta, Radio 8 de Octubre, Taller Ahuehuete de Alemania, y en México de parte de varias organizaciones sociales, indígenas, comunitarias y sectores populares urbanos. Durante el mitin el profesor Yair Balam Vázquez, tomo el micrófono para solidarizarse como parte de los profesores de asignatura.

El día 2 de septiembre nos volvimos a sorprender, porque ahora el compañero y profesor Yair Balam presenta en redes sociales la denuncia publica donde se le notifica por parte de la administración y la dirección de la ENAH que tiene que desalojar el cubículo que mantiene en funciones desde el año 2009, en donde prepara sus clases y recibe a estudiantes a quienes les dirige su tesis y da asesorías. Yair Balam es un profesor de la escuela que siempre se ha esmerado por dar un contenido pedagógico consecuente en el campo de estudio de la memoria. El cubículo que tiene, nos consta, que mantiene el objetivo de usarlo para las labores de investigación y por lo tanto, nos manifestamos a favor de que el profesor pueda seguir manteniendo el cubículo que ocupa para preparar clases, dar asesorías, documentarse y hacer labores de investigación.

Por nuestra parte, queremos invitarlo que en caso de ser expulsado de su lugar de trabajo, a proponer un horario en el espacio de la Radio Comunitaria de Radio Zapote, para que pueda desarrollar sus funciones académicas, y le comentamos que ante la solicitud de desalojo de su cubículo, no se nos olvida que en la ENAH existen espacios y construcciones abandonadas y en obra negra por razones de evidente corrupción, y no olvidamos que mientras que en la ENAH se pelean los espacios de forma agresiva, el INAH paga renta en edificios como el de la Coordinación Nacional de Antropología (CNAN-INAH) en San Jerónimo el cual se encuentra semi-vacío desde que inició funciones.

A nosotros no se nos olvidan varios asuntos que atañen a la comunidad que no se deberían intentar resolver de forma unilateral y que han llamado la atención de la comunidad en este 2022. Recordemos el oficio emitido a principios de año que sacudió a los trabajadores al declarar oficialmente que sus condiciones de explotación laboral extrema son necesarias para que funcione la escuela, asi como la irregularidad del abuso contra los profesores que consistió en cancelar 100 optativas dos semestres seguidos y avisarles en el ultimo momento aún cuando estos docentes presentaron planeación en tiempo y forma, y la tortura que implica mantener a los trabajadores y profesores en sus labores sin firmar contrato y sin recibir salario.

La ENAH tiene asuntos importantes que resolver como esta legitimación de la explotación y la cuestión de los abusos laborales que sufren los trabajadores de limpieza en el INAH. También cuestionamos el desperdicio del erario asignado a nuestra escuela al mantener políticas excluyentes hacia los estudiantes de nuevo ingreso creando una escuela de salones desocupados. También denunciamos que nos han llegado reportes constantes de abusos, revisiones, seguimientos e interrogatorios de parte de los policías auxiliares de la SSP asignados a la ENAH  y de violaciones a los derechos humanos de parte de la policía de la Alcaldía de Tlalpan en contra de estudiantes en la calle de Zapote.

De nuestra parte hemos denunciado los intentos de obstaculizar nuestro trabajo periodístico con acciones de desalojo y difamaciones baratas en contra del proyecto de radio libre, estudiantil, autogestiva, comunitaria, de pedagogía popular, tequio, faena y mano vuelta con 21 años de existencia en la ENAH. También hemos denunciado los abusos contra nuestros compañeros trabajadores del Cafe Rizoma Tseltal. Por lo tanto en este caso de posible desalojo de cubículo, emitimos una exigencia a que se detenga esta irregularidad contra el docente Yair Balam Vazquez Camacho y le décimos que sabemos que la solidaridad no es palabra muerta, como decía Ricardo Flores Magón, sino que se construye en la práctica cuando se necesita, y en esta ocasión, como medio independiente no permitiremos que quede en el silencio un posible abuso de autoridad.

Atte. “Porque en el aire no hay límite ante la frecuencia libre”

Comité Editorial de Radio Zapote

*Este comunicado fue presentado al cierre del foro sobre la post pandemia en la ENAH previo a la conferencia de prensa y diálogo con las autoridades del INAH

 

 

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Avispa Midia

Sentencia anula contratos de eólica que consideraba privadas tierras en el Istmo

Fuente: Avispa Midia

Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

Comuner@s de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

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Avispa Midia

No cesó la noche Uribe: Continúa criminalización de manifestantes del Paro Nacional en Colombia

Fuente: Avispa Midia

por Cooperativa Tierra Negra

Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.


Los queremos libres

Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.

Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”

Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.

En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.

También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).

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Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.

Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.

El virus de Colombia se llama uribismo

Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.

Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha  realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.

Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.

Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).

También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.

Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.

Álvaro Uribe llegando a la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 2019.

Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.

La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.

Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también  documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.

En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.

En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.

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Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de  todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.

Todo el poder para la gente

El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.

Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.

Manifestaciones en el marco del Paro Nacional del 2021

A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el  ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.

Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.

Sueños tras las rejas

Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.

Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.

Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.

Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 6 septiembre 2022

 

Rompiendo Fronteras

–CHILE Chile: Derrota de la política de abajo. Raúl Zibechi en Desinformemonos.

–GLOBAL ESPIONAJE: Con un software isrealí llamado Pegasus se espia a Defensores de Derechos Humanes, periodistas y activistas en más de 25 países del mundo. Visualizing

palestine y TadamunAntimili

–CHILE: Sobre la semana de agitación y solidaridad con presxs anarquistas y antiautoritarixs en el mundo. Y se levanta la huelga de hambre de presos mapuche de Biobio. La zarzamora, Radiokurruf.

Desde el ombligo del monstruo

–CDMX: Se realiza el Festival por la Vida y por las Paz en la UNAM para celebrar la autonomia zapatista. Noticias de abajo

–MÉXICO MILITARIZACION: El mal gobierno mexicano integro a la Guardia Nacional al Ejército para seguir imponiendo la militarización del país y de la policía. Redes.

–OAXACA: Expulsan a refresquera local por saqueo de agua en San Bartolo Coyotepec. Redes.

–PODCAST CHIAPAS: Notifrayba – Desplazamiento forzado, presos políticos y justicia. Frayba.

Música:

¿Quién cuida al pueblo? – Varios artistas

Amapola – no hacen falta banderas

Gato e monte -Nuestro Incendio

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Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia / Liberación de la Madre Tierra

No nos vamos: esta es nuestra casa para vivir y luchar II

Carta al mundo: Esta es nuestra casa para vivir y luchar II

Ahora que se cumplieron las 48 horas, enviamos esta carta al mundo para contarles de nuestra lucha y del peligro que nos acecha y lo que vamos a hacer ante el peligro. El gran jefe manda a decir que somos invasores y nos da 48 horas para que abandonemos nuestra lucha y la tierra donde luchamos o nos caerá todo el peso de la ley del estado colombiano.

Primero les contamos de nuestra lucha. Este 2 de septiembre cumplimos 17 años de haber retomado las vías de hecho para luchar por la tierra, una lucha que tiene raíces en 1538, cuando nuestro pueblo decide declararle la guerra a los invasores. Los invasores se apoderaron de nuestra tierra y nos desplazaron hacia las montañas, los invasores hicieron del despojo una forma de vida, el cómo de su civilización, y hoy tienen en su poder las tierras más fértiles y tienen documentos que prueban que son propietarios y son un poder organizado que mueve los hilos de la política y la economía y la justicia y los medios de comunicación en Colombia para mantener los documentos al día y explotar más y más la Madre Tierra hasta quitarle la piel y chupar su sangre y escarbar en sus entrañas y a esto le llama progreso, desarrollo.

Para nosotras y nosotros, familias del pueblo nasa del norte del Cauca, la tierra es Uma Kiwe, nuestra madre. Todo lo que hay en ella tiene vida, toda ella es vida, todos los seres son nuestros hermanos y todos los seres valemos por igual. El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que los humanos estamos por fuera de nuestra Madre y que somos superiores a ella, pero en el fondo de nuestro corazón, nasa üus, sabemos que la gente somos Uma Kiwe así como el cóndor y la mariposa y el maíz y la piedra son Uma Kiwe. El invasor nos adoctrinó para enseñarnos que el páramo es un recurso que produce dinero, que al talar la selva podemos aumentar las cuentas bancarias, que al escarbar la entraña de Uma Kiwe con grandes tubos podemos acceder a una vida de bienestar. Esa es la palabra del invasor y la llama el objetivo, el plan de vida.

Las tierras del valle del río Cauca, donde ahora vivimos, desde donde hacemos nuestra lucha, es la casa y hogar de cientos de animales, plantas, rocas, aguas, espíritus en una forma de vida que en español le llaman bosque seco tropical. El invasor destrozó todo, esa casa y hogar ya no existe, le ha dañado el rostro a la Madre Tierra. En su afán por imponer su civilización, los que poseen los documentos de estas tierras sembraron todo el valle del río Cauca de caña de azúcar y son 400 mil hectáreas donde la caña está sembrada hasta la orilla del río. En otras regiones de Colombia el invasor desplazó con la guerra a las comunidades y sembró palma en miles y miles de hectáreas y en otras regiones han desplazado comunidades para construir represas o para sacar oro o para sacar petróleo.

Y una vez, en una región que se llama Antioquia, el río Cauca se rebeló y dañó las máquinas y los equipos de la represa y se desbordó y la gente que ya había sido desplazada por el proyecto hidroeléctrico tuvo otra vez que desplazarse porque otra vez se inundaron sus tierras. Por estos hechos no hay culpables, a los invasores del río Cauca, a los desplazadores de esas comunidades y a los que cometieron las masacres para imponer el desarrollo, todavía no les ha caído todo el peso de la ley del estado colombiano. Y así, cada rincón de este país que llaman Colombia, la democracia más antigua y estable de América Latina, está hecho de parches de proyectos de desarrollo instalados donde la guerra desplazó comunidades enteras, donde los bosques, páramos, sabanas, montañas, selvas y llanos fueron o van siendo arrasadas para que unas cuantas personas gocen de las mieles del desarrollo.

Nosotras y nosotros, familias indígenas del pueblo nasa que caminamos la plataforma de lucha del CRIC, nuestra organización, no creemos en ese desarrollo y no creemos en esa civilización que impone la muerte a través de leyes y acciones legales para generar monedas. Nos adoctrinaron para que creyéramos en su civilización y nos dijeron que los humanos somos superiores a los otros seres, pero vemos que entre los humanos hay niveles, unos que son superiores que otros, los superiores se llevan toda la riqueza y los inferiores tenemos que vivir arrinconados en los rincones que el desarrollo nos deja disponibles, pero nos dicen que si nos esforzamos o nos vendemos podemos pasar al nivel de los superiores. Esa forma de vida no nos gusta, no la aceptamos.

Por eso es que hace 17 años, un 2 de septiembre de 2005, bajamos de las montañas a hacer una lucha que hoy continuamos y que hemos llamado liberación la Madre Tierra. Porque decimos que la gente no seremos libres mientras Uma Kiwe esté esclavizada, que todos los animales y los seres de la vida somos esclavos mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. En ese tiempo, septiembre de 2005, tuvimos un error táctico, como dijo un liberador, y negociamos un acuerdo con el gobierno de Uribe, error que nos costó un retraso de nueve años. Pero luego volvimos para entrar en las fincas de la agroindustria cañera en diciembre de 2014, o sea que ya estamos por cumplir ocho años, y en estos ocho años la democracia más antigua y estable de América Latina no logró desalojarnos de las fincas a pesar de más de 400 intentos, y no vamos a salir, y hemos ido avanzando con entrar en estas tierras, tanto que ya contamos 24 fincas en proceso de liberación, son ya ocho mil hectáreas.

Al entrar en las fincas cortamos la caña y en lugar de la caña crece la comida que sembramos, crece también el monte porque Uma Kiwe tiene que descansar, crecen gallinas, patos, vacas, marranitos, regresan los animales silvestres… le vamos devolviendo la piel y el rostro a la Madre Tierra. Ése es nuestro sueño, o si prefieren, nuestro plan de vida. Y falta mucho todavía, a veces llega la palabra del invasor y nos confunde pero en comunidad vamos hablando y vamos aclarando. Y otras veces llegan los medios de comunicación de la agroindustria o del poder en Colombia y nos tildan de terroristas, perezosos, que frenamos el desarrollo, y nos dicen que somos invasores, como lo dice el actual gobierno de Petro y Francia, y ahora sembraron la mentira que le estamos robando la tierra a nuestros vecinos de las comunidades afrodescendientes que viven arrinconadas en las orillas de los cañaduzales: lo que podemos decirles con toda certeza es que el documento de las 24 fincas en proceso de liberación figuran a nombre de Incauca, el más grande propietario, y de otros terratenientes, o su tierra está arrendada a Incauca u otros ingenios procesadores de caña para azúcar o agrocombustibles.

Y también al aparato judicial de la democracia colombiana dice que porque somos terroristas nos van a capturar en retenes o con órdenes de captura y nos van a llevar a la cárcel. Y los paramilitares que ha organizado la agroindustria de la caña dicen que como el estado colombiano no ha logrado acabarnos, que ellos sí lo van a hacer y ya llegaron a las fincas en proceso de liberación a dispararnos con armas de corto y largo alcance, pero nuestro alcance es más largo porque ya sabemos cómo están organizados y cómo funcionan. Y los agroindustriales -Incauca, Asocaña, Procaña- desde hace siete años nos mandan propuestas de negociación o de asociación y les hemos respondido que NO porque una lucha no se negocia y que NO porque para ellos ser socios quiere decir que nosotras y nosotros pongamos la mano de obra lo más barata posible y que ellos ponen el capital, no señores, no estamos para cambiar de patrones, luchamos para que no haya más patrones.

Y ahora que llega un nuevo gobierno y un nuevo congreso a fortalecer la democracia más antigua y más estable de América Latina, el congreso nos dice que podemos enviar propuestas para la ley de reforma agraria “porque la liberación de la Madre Tierra es una reforma agraria concreta”; no hemos respondido todavía, pero sabemos restablecer el equilibrio de Uma Kiwe, nuestra Madre Tierra, va mucho más allá de una reforma agraria. Y lo último que ha pasado es que el nuevo gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia, nos dicen que somos invasores y que tenemos 48 horas para abandonar estas tierras donde luchamos sembramos, pastoreamos, vemos crecer el monte y regresar los animales silvestres, bueno, en esta tierra donde vivimos, y así fue que empezamos esta carta.

Al cumplirse las 48 horas, este 2 de septiembre, el estado atacó con ejército y esmad, no hubo media hora de diálogo, como había prometido el nuevo gobierno, la tanqueta entró disparando gases. Más tarde el ejército disparó sus armas de largo alcance contra las comunidades que liberamos la Madre Tierra, tampoco hubo diálogo. Hace 17 años, el 2 de septiembre de 2005, fue Uribe quien ordenó al esmad y al ejército dispararnos sus armas. Este nuevo gobierno es de izquierda, el gobierno de Uribe era de derecha. Después de ocho horas de intento de desalojarnos de una de las fincas en proceso de liberación, el esmad y el ejército de la democracia más antigua… no lograron desalojarnos, aquí seguimos, desde aquí lanzamos esta carta al mundo.

Nosotros y nosotras, proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca, le mandamos a decir al gran jefe que NO vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar II. Decimos II porque antes ya hemos sacado un escrito que esta es nuestra casa para vivir y luchar I. En ese momento, 2018, los paramilitares nos dieron un plazo para abandonar esta tierra, pero los paramilitares nos dieron un plazo un poco más largo, más racional, porque nos dieron dos meses, y al cumplir los dos meses les dijimos que NO, que no podíamos irnos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar. Por eso decimos II, porque a pesar de todo no perdemos la sonrisa.

Y con decirles que ni Uribe, ni Santos, ni Duque nunca nos dijeron “tienen 48 horas”. Y también les decimos que no nos vamos porque aquí en estas tierras en proceso de liberación han caído 12 compañeros desde el 2005, asesinados por la empresa privada de Incauca, Asocaña y Procaña, y por el estado colombiano. Aquí ya echamos raíz. Aquí seguimos hasta que el gobierno haga el trámite de entrega de los documentos a nuestras autoridades indígenas, ya sea por la reforma agraria o por la vía más rápida, y si no lo hace por los años de los años aquí seguiremos.

Al gran jefe también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene. Ayer estábamos en una gran acción para acompañar a una comunidad que está liberando una finca porque el esmad está que los molesta con gases todos los días hace varios días, a pesar de que nos prometieron que el esmad se iba a acabar, luego que a transformar y luego que iba a cambiar de ropa y es cierto porque se puso uniforme deportivo para un partido de fútbol mientras que acá nos sigue disparando gases. Seguiremos nuestras acciones para enraizarnos más con esta tierra y para que nuestra palabra tenga sustento, porque si no sería como un decreto o una promesa de campaña, que se escribe y se firma pero no se cumple.

A las comunidades que en otras regiones de Colombia están haciendo la lucha directa por la tierra les invitamos a que no se salgan de las fincas. Invitamos a más familias, más comunidades en el norte del Cauca y en Colombia y en el mundo a que entren en más fincas y se posesionen y hagan vida y comunidad como ya lo estamos haciendo en estas tierras y como lo están haciendo muchas luchas que han sido tildadas de invasores por los grandes jefes de la patria, porque ninguna lucha se ha ganado a punta de piquitos en la mejilla.

También le mandamos a decir a nuestros compañeros y compañeras de lucha que ahora están en el poder del estado colombiano que no se enreden en el camino. Porque ellos y ellas han caminado junto a nuestras luchas pero ahora vemos que están olvidando de dónde vienen, cosa que le puede pasar a cualquiera que llega a una cima, que no ve que después de la cima viene la bajada. Por eso también les mandamos a decir que entraremos en otra finca en donde haremos rituales y sembraremos comida para compartirles y pediremos por ellos y ellas para que cuando terminen su paso por el estado sigan siendo las mismas personas que un día llegaron allí con los votos de millones de personas que vieron en ellas y ellos una esperanza.

Hasta aquí llega esta carta, pero nuestra palabra sigue de largo. Nuestra palabra la escribimos en las fincas donde estamos liberando, ésa es nuestra primera palabra. Los documentos, las cartas, los videos, la radio…, la segunda palabra, nos sirve para contar al mundo lo que hacemos, el peligro que nos acecha y cómo seguiremos caminando ante el peligro. Gracias a las luchas y pueblos del mundo que nos escuchan y se solidarizan con nosotras y nosotros. Como ya hemos dicho en “esta es nuestra casa para vivir y luchar I”, la mejor forma de apoyarnos es fortalecer su lucha: al capitalismo le va a quedar muy difícil desalojar o caerle con todo el peso de la ley a miles y miles de luchas a lo largo y ancho del mundo.

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia
3 de septiembre de 2022.

 

A pesar de todos los ataques seguimos en pie de lucha en todas las fincas I

 Comunicado a los pueblos en lucha y a la opinión pública nacional e internacional

Frente a los hechos que vienen sucediendo en el norte del Cauca, en el contexto de la lucha por la tierra, manifestamos:

– Desde 2005 retomamos la lucha directa por la tierra, desde entonces la llamamos liberación de la Madre Tierra, porque vemos que ya la Tierra está haciendo sus últimos esfuerzos por mantener el equilibrio que permite la vida como la conocemos. La causa del daño a la Madre Tierra es el sistema capitalista, contra este sistema es que luchamos. No se puede sanar el daño mientras exista el sistema capitalista y su sustento de base que es el patriarcado. Mientras otros pueblos y procesos hacen sus luchas según su modo, nosotras y nosotros luchamos contra el capitalismo y el patriarcado entrando en fincas cañeras, acabando la caña, sembrando, pastoreando, haciendo vida en comunidad, devolviendo el manto a Uma Kiwe. Una lucha que implica enfrentar lo patriarcal y capitalista que todos y todas llevamos dentro.

– La lucha por la liberación de la Madre Tierra la venimos haciendo familias de distintos territorios indígenas del norte del Cauca que caminamos la plataforma de lucha del CRIC. Por eso decimos: somos Cabildo, somos Cxhab Wala Kiwe, somos CRIC.

– En el transcurso de esta lucha, especialmente en los últimos ocho años, hemos afrontado todos los peligros a los que se enfrenta una lucha que decide oponerse al capital, que las hemos recogido en “el prontuario del eje del mal”, que dejan cerca de 400 intentos de desalojo, 12 compañeros asesinados y más de 600 heridos y heridas, robos, amenazas, daño de cultivos, todo cometido por estado colombiano a las órdenes de la agroindustria cañera.

– En los desalojos, daños y robos, en los primeros 7 años, la agroindustria cañera dispuso de maquinaria privada, agentes del esmad, policía y ejército y corteros de caña afro. Siempre les dijimos a los corteros: “ustedes son nuestros hermanos, la pelea no es contra ustedes, el patrón les paga un salario de muerte, únanse a nuestra lucha”. Nunca encontramos oídos receptivos y siempre vinieron más desalojos, daños y robos. Antes de 2022 ninguna comunidad afro se había mostrado beligerante contra nuestro proceso.

– El 7 de marzo de 2020 la fuerza pública al servicio de la empresa cañera lanzó uno de sus múltiples intentos de desalojo en la finca Jagüito. La comunidad afro del sector peleó junto a nosotros y nosotras lanzando o amontonando piedras para lanzar al esmad. Las comunidades afro de base de los alrededores de las fincas siempre nos manifestaron que todavía no era el momento de unirse pero que nunca serían obstáculo para avanzar en nuestra lucha. ¿Qué hace que hoy nos lancen piedras o nos disparen con armas de fuego? ¿Quién está detrás envenenando a las comunidades afro?

– Ahora que llega un gobierno alternativo, con una vicepresidente del pueblo afro del norte del Cauca, aumentan los problemas. El gobierno nacional lanza los diálogos regionales de paz, la agroindustria cañera responde afirmativamente mientras recoge pandillas armadas para unirlas a los intentos de desalojo. Desde el 7 de agosto en la mañana, en la finca Chimán el ejército y la comunidad civil afro entran y permanecen en la casa hacienda. En Guayabal hay ataques permanentes de la seguridad privada. A la comunidad que se encuentra en la finca Santa Elena la hostigan permanentemente civiles armados, lo cual deja un saldo de tres heridos. En el sector El Batallón la agroindustria contrata gente armada para que hostigue a la fuerza pública, de ese modo cuando esté la comunidad liberadora en la finca aledaña la atacan argumentando que es la guerrilla. En el Alto El Palo la comunidad afro tapona la vía exigiendo derecho al trabajo y respeto a sus territorios, igual pasó en la vía Corinto – Miranda. Antes se habían movilizado los corteros, empujados por los ingenios, para exigir derecho al trabajo, derecho vulnerado por la empresa cañera. Incauca, Asocaña y Procaña diseñan y ejecutan la tormenta perfecta, involucrando al estado colombiano y a grupos paramilitares mientras el gobierno nacional en lugar de cuestionar el accionar de las empresas les da el beneficio de instalar mesas a donde llegan como santas palomas. Aclaramos que nada tenemos que ver con la acción del 22 de agosto en que vecinos y vecinas del sector de El Palo deciden por su cuenta desalojar el boqueo que había en el Alto El Palo. La pelea no es entre comunidades, la pelea es contra un enemigo grande llamado capitalismo, representado acá en la agroindustria de la caña.

– Se incrementa la guerra mediática contra la liberación. Incauca, Asocaña y Procaña crean cuentas en facebook y pagan comunity manager para alimentarlas y para hostigar con comentarios racistas nuestras publicaciones. La derecha publica artículos en medios digitales en los que nos acusa de “perezosos”, “mantenidos”, “invasores”, que atentamos contra el progreso de la región y que ponemos en peligro 100 mil empleos que proveen las empresas cañeras en la región. Pero guardan silencio ante la implementación de máquinas que remplazan cien corteros/día, la falta de agua potable para gente de los municipios del norte del Cauca, la contaminación del río Palo, que en medio de tanto desarrollo las comunidades afro toman agua de desechos… ¿Con qué mentiras llegarán Asocaña y Procaña a los diálogos regionales?

– Frente a estos hechos no hay pronunciamiento de los organismos de Derechos Humanos: hay civiles armados, o sea grupos paramilitares, junto con el ejército; el ejército usa gente civil afro para entrar y permanecer dentro de las fincas en proceso de liberación; los grupos paramilitares disparan a liberadores dejando heridos. Llegó el plan pistola contra la liberación de la Madre Tierra, organizado por la agroindustria cañera, y hasta el momento los organismos de Derechos Humanos guardan silencio. ¿Le corresponde a la liberación de la Madre Tierra pagar el alto costo de la paz total en el norte del Cauca?

– Ahora, el estado que siempre nos persiguió nos convoca. El gran jefe manda a decir que nos sentemos con los industriales, que alimentemos la propuesta de reforma agraria, que propongamos para el plan nacional de desarrollo. No son invitaciones menores, las estamos considerando. ¿Después de ser el proceso más perseguido en Colombia en los últimos ocho años, ahora la liberación de la Madre Tierra quedará en el libro gordo de las leyes nacionales? ¿El estado colombiano tomará nuestro discurso, nuestros mandatos, como ya han hecho otros estados nacionales con los discursos de otras luchas, y dirá que ya nos reconoció? ¿Ése será nuestro éxito o nuestro fracaso? Estamos considerando las propuestas, porque no son cosas menores.

– Estamos en consultas internas para tratar estas propuestas. Para estas consultas no pedimos financiación del estado, así que la vicepresidenta puede estar tranquila. Nos tomará tiempo, porque los tiempos de las comunidades no son los tiempos del estado. En el estado un grupo de profesionales se reúnen a trazar planes según el dictado de su sabiduría o profesión y en una semana tienen tremendo plan. En las comunidades es necesario reunirnos por puntos de liberación, luego todos los puntos, luego volver a cada punto, aclarar, esperar al punto que no pudo llegar esta vez, preguntar al viento y a las nubes, al canto de los pájaros. Seguimos en estas consultas. Mientras tanto, exigimos lo básico: que no se adelante ningún paso ni se implemente ninguna acción que involucre nuestra lucha o las tierras por las que estamos luchando.

– Los diálogos de paz ya los venimos implementado desde 2015 con las comunidades afro y campesinas vecinas de las fincas en proceso de liberación. Mantendremos esta voluntad y acción de diálogo directo entre comunidades. Hay muchas cosas por decirnos, por aclararnos, por disculparnos. Y también por autoconvocarnos a luchar contra el capitalismo. Como liberación de la Madre Tierra, con todas nuestras fallas y tropiezos, la apuesta es por la vida de todos los pueblos y todos los seres en el planeta. Claro, luchamos por un pedazo de tierra, pero también luchamos para detener el calentamiento global, para que haya comida para todos los seres. En estos años hemos sembrado comida, hemos llevado toneladas de esa comida a las ciudades, hemos hecho encuentros con otras luchas que frentean el capitalismo, hemos sostenido nuestra lucha aún cuando todas las fuerzas del eje del mal nos atacan simultáneamente, ¿cómo nos piden que demos más frutos de los ya alcanzados?

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Pueblo nasa, norte del Cauca, Colombia
29 de agosto de 2022.

radio
La Comuna y Grieta

Desde la resistencia se celebra el “Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas”

Video: La Comuna

– Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, se exigió en la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM
– Decenas de colectivos y organizaciones respondieron al llamado de estudiantes, profesores y pueblo en general a celebrar la resistencia de los Caracoles Zapatistas.
– Con música, baile, talleres y diversas actividades la lucha zapatista contra el capitalismo resonó en la Ciudad de México.

Colectivo Grieta, 02 de septiembre de 2022
Ciudad de México.- Convocado por estudiantes, profesores, trabajadores y pueblo en general, el Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas se convirtió en un espacio de encuentro y celebración de la resistencia y rebeldía zapatistas. Música, fotografía, danza, entre otras expresiones llenaron de color la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM en la Ciudad Universitaria. Con la presencia del Congreso Nacional Indígena y la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno María de Jesús Patricio,  grupos musicales expresaron su solidaridad con las comunidades zapatistas en  una jornada que se prolongó desde las 10  de la mañana hasta las 6 de la tarde, momento en el que la actividad se trasladó al auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, para la proyección del documental ·La Vocera”

Elaboración de mantas como parte del festival. Foto: Colectivo Grieta
Durante el evento, se realizaron diversos talleres, como el de La Otra Salud. Foto: Colectivo Grieta
Decenas de personas participaron en los talleres que se realizaron como parte de la celebración.
El mapeo colaborativo para la resistencia formó parte de las actividades de este festival de abajo y a la izquierda. Foto: Colectivo Grieta
La música hizo sonar la lucha de las mujeres a través de la voz de Marica. Foto: Colectivo Grieta
En la Explanada de la Biblioteca Central de la UNAM resonó el horizonte zapatista de Democracia, Libertad y Justicia. Después de Marica, Zeiba Kuicani & Flores, Leticia Servín,  Soultik, EL Mastuerzo y Argelia Guerrero y León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomo completaron la programación musical y dancística.  Foto: Colectivo Grieta
Diversos colectivos, espacios de producción autogestiva, organizaciones políticas y adherentes de la Sexta organizaron la mercadita, en la que se distribuyeron de manera directa distintos productos, desde alimenticios hasta libros y ropa elaborada artesanalmente. Foto: Colectivo Grieta
En el festival estuvo presente la lucha y resistencia de los pueblos originarios a través del Congreso Nacional Indígena. Foto: Colectivo Grieta.
El recorrido de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno por el país fue rememorado tanto con una exposición fotográfica como con la proyección, horas más tarde, del documental “La Vocea”, en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Foto: Colectivo Grieta.
A lo largo del día, miles de personas convergieron, se reencontraron e intercambiaron ideas en el Festival que denunció las agresiones contra las la comunidades zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno. Estas agresiones son orquestadas por los tres niveles del mal gobierno en México en colusión con grupos narco paramilitares. Foto: Colectivo Grieta.
Al cierre de las participaciones musicales en la jornada de lucha y resistencia, León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomio celebraron la lucha zapatista por la vida y contra el capitalismo. Foto: Colectivo Grieta
El Alto a la Guerra se escuchó fuerte en Ciudad Universitaria. Foto: Colectivo Grieta
El público asistente disfrutó de diversas expresiones musicales, del soul al hip hop, del rock urbano a los ensambles de danza. El arte se hizo presente en la lucha anticapitalista. Foto: Colectivo Grieta
No morirá la flor de la palabra. La lucecita que las comunidades zapatistas entregaron sigue ardiendo con ternura, dignidad y alegre rebeldía. Las milenarias lavas del Xitle fueron testigo. Foto: Colectivo Grieta

 

 

radio
Avispa Midia

Prevalece violencia a derechos humanos en estados bajo control de Morena

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Durante el periodo del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registraron 118 eventos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en México, de los cuales más del 71 por ciento fueron cometidos por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De estos eventos, se desprende un saldo de 203 agresiones entre los que figuran detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares.

Estos datos son parte del informe Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, quienes concluyen que, del total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.

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Las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras “nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta” destaca el informe. Además, el documento señala la responsabilidad de las policías, federativas y municipales como principales perpetradores de “agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores”, quienes actúa a la par de grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.

Presentación del informe “Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación”

El registro apunta que acontecieron 307 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta”. En el mismo periodo, 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y se registraron 19 personas víctimas de desaparición forzada.

“El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio”, reitera el informe.

En el periodo que abarca el documento, la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales es, como en el informe del año previo, Oaxaca con ocho casos. Le siguen Morelos, Sonora y Puebla con tres casos, Michoacán, Chiapas y Guerrero con dos casos y Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua con un caso.

Represión

“La disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna”, resaltaron las organizaciones que elaboraron el informe.

Principalmente, las tres acciones mediante las cuales se manifestaron las agresiones fueron a través de desalojos, golpes y disparos con armas de fuego, así como el hostigamiento y el allanamiento de domicilios u oficinas.

Durante la presentación del documento, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) subrayó su preocupación sobre el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror y lo ejemplificó con el desalojo realizado por la Guardia Nacional, en febrero de este año, contra la Casa de los Pueblos Altepelmecalli en Puebla.

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Aunado a esto, el documento enfatiza que los datos muestran que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves de derechos humanos, “responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México”.

Ante la gravedad de las agresiones, dentro del informe las organizaciones destacan el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados.

Para las organizaciones, esta situación de violencia reiterada, aunada a “la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando”.

En México, cada 14 horas se registra agresiones a la prensa

“Este nuevo paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que, a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar”, compartió Jade Ramírez, cofundadora del medio Perimetral durante la presentación del documento.

En el evento, en el cual participaron representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, se argumentó que los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron, pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades.

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