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PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
3. IDLADS Perú
4. OXFAM
5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
7. Red Muqui
8. Paz y Esperanza
9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
10. GRUFIDES
11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
15. PROÉTICA
16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
17. Instituto del Bien Común (IBC)
18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

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Comunidad De Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez a 13 de abril 2023
ASUNTO: falsas acusaciones del obispo
emérito, amigo del narco.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…

A los medios de Comunicación y

Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinación de autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categóricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entrañable cercanía a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran, realiza señalamientos nuevamente contra nuestra organización, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acusándonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial
municipal de tránsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicación, que en cada una señala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia católica en la entidad, que actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace señalamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es cómplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha señalado, en primer término, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un bastión del grupo paramilitar “los Ardillos” quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo emérito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos crímenes, tratan de achacarnos debido a las denuncias públicas que realizamos, mismos crímenes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la función de Halcones que realiza la policía municipal de Chilapa para “los Ardillos”, desconocemos si este supuesto asesinato de policías de tránsito corresponde al mismo policía de tránsito que fungió como “halcón” y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compañeros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fungían como policías comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernación, en la cual sus Medidas de protección fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisión de medidas y omitieron generar la evaluación de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este último compañero que capto la imágenes que lograron evidenciar el actuar de la policía municipal de transito al servicio de los “Ardillos».

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

¡NO NOS RENDIMOS!

¡NO NOS VENDEMOS!

¡NO CLAUDICAMOS!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

By Diego Estebanez García

MADRID — It has often been referred to as a “Pharaonic project” and, indeed, the Mayan Train being laid through Mexico’s Yucatán Peninsula can be compared to the works of the pharaohs of ancient Egypt.

The Mayan Train is an infrastructure plan that spans 965 miles, crosses five Mexican States and 41 municipalities, and has seven sections. When all is said and done it is estimated to cost around 230 billion Mexican pesos, or $12.7 billion.

The Mayan Train is President Andrés Manuel López Obrador’s (known as “AMLO”) greatest infrastructure bet. His government claims that the project has brought already more than 100,000 jobs and that will spark development in a historically forgotten region of Mexico through tourism attraction.

AMLO has made it his priority that the train be finished by the end of 2023, so much so that he increased its budget by almost 116 percent this year. It will now cost 146 billion pesos ($8 billion) to finish the works that, at this moment, are almost 44 percent completed according to the Secretariat of Tourism.

Nonetheless, the project that started in 2018 has sparked controversy and anger from diverse groups, including environmentalists, biologists and academics, and even from civil society. But one of the most ignored groups in this fight against the megaproject, which is only one part of AMLO’s grander National Development Plan, is the Maya people who called the Yucatán their home for more than a thousand years.

“It is not a train, nor is it Mayan,” says Ángel Sulub, a Maya activist and member of the Congreso Nacional Indígena, a national movement of Indigenous peoples from all over Mexico. The group was founded in 1996 after the Zapatista uprising in the southern state of Chiapas two years earlier.

Sulub is in Madrid on a mid-March afternoon giving a conference about the risk and dangers posed by the train project not only to the environment or local archeological sites, but to the Maya people themselves and their way of life.

“It is a megaproject that articulates many other extractive projects that are already on the peninsula,” he explains.

Ángel Sulub, a Maya activist and member of the Congreso Nacional Indígena, during a recent conference on the many concerns, both environmental and human, surrounding Mexico’s Mayan Train project, Madrid, Spain, Thursday, March 16, 2023 (Diego Estebanez García/Latino Rebels)

While showing a presentation that details the history of the Mayan people’s fight throughout the decades, Sulub also recites how the development initiatives have been put in place since the 1970s, when Cancún and Playa del Carmen went from small fishing towns to the big tourist draws they are today.

“In this context of 53 years of policies that aim towards hypertourism, traditional practices of towns such as the Milpa Maya have been dismantled,” he says.

And not only have traditional practices been affected. Massive tourism has brought large-scale destruction to the Maya world for decades.

“There’s agro-industry, which has devastated a large part of the jungle and has terribly contaminated the water and soil, with the use of agrochemicals that are present in the water, even in mother’s breast milk and in the urine of children, according to the latest studies that have been carried out. Especially with Monsanto’s glyphosate,” Sulub explains.

The Maya people’s movement fears that this will only aggravate the situation. Damages to the environment in the Riviera Maya area have been extensively documented, especially due to the recent construction of the Mayan Train. Officially, the government says that 3.4 million trees have been cut down to build the train’s railways, although conservationist groups say the real estimate could be around 10 million—all this despite the president’s promises that no tree would be affected.

“There is an incredible output of wood, especially what is being sawed from the construction. We see remains of giant mahogany trees, and we don’t know what is being done with it. We see mahogany trees, sapodilla trees, ceiba trees, and granadillo trees, which are very valuable and expensive in the market and, indeed, no one knows what is happening,” says Sulub.

Government officials have explained in the past that not all the trees have actually been taken down. Some have been moved to other locations, and they say as well that for every tree felled, one would be planted. They also claim that the wood is being used as organic fertilizer.

A Referendum in Doubt

In December 2019 a referendum was held by the Mexican government to consult with Indigenous peoples about the construction and development of the project. Around 10,000 people were said to have participated, from around a thousand Indigenous communities.

The result was overwhelming approval by more than 90 percent, although the voting was criticized by opposition groups and even called out by the U.N. high commissioner for human rights. Sulub says there wasn’t a true information campaign about the negative impacts the project would have, and there were claims about a lack of participation among Indigenous groups.

Sulub says that, in reality, even though the Mayan Train enjoys strong support among Mexicans living inside the five states involved, a large section of the Maya people are against it or express concerns about the long-term negative consequences the train will have.

“We cannot certainly say how many people are against this project. The majority of the population inside the Yucatán Peninsula is in favor of it, but that approval has to be analyzed with its complexity. Those people who are mostly in favor, the only thing they know is that they need work. The argument of jobs has been very powerful because there is so much impoverishment in the area,” explains Sulub.

One of the main arguments made by the Indigenous movement against the “neoliberal” development model, which has been implemented throughout the region, is that the only jobs offered to the Maya people are those of servitude.

For the Maya people themselves it means becoming, once again, the drudges of a powerful tourism industry that takes advantage of and exploits labor through undignified pay, a lack of social security, and depressing housing conditions marked many times by subhuman overcrowding. They migrate from their communities to the cities and face a reality for which we are not prepared: insecurity, crime, human trafficking,” Sulub says.

He adds that the immediate negative impacts of the works, as well as the drug and violence-related issues surrounding Quintana Roo’s big cities, are a major concern for the Maya living in the south of the peninsula, who fear that such miseries will spread to their areas.

“There is a fear of an out-front debate surrounding these issues, such as the environmental impacts or violence. Because when we go to the communities, we talk with the elderly about the devastation of the jungle, they say to us: ‘We don’t want that.’ And we talk to the mothers of families and they say: ‘I don’t want my daughters to experience what is experienced in Cancún,’ referring to the wave of drug violence and femicides. But there are no protests or direct critics,” Sulub complains.

Militarization and Intimidation

This widespread fear among the Maya people may stem from a change in the security strategy that AMLO has implemented across the country. The Secretariat of National Defense (SEDENA, in Spanish) has been empowered in recent years, spanning from the administration and construction of Mexico City’s newest airport, Felipe Ángeles International, to the newly formed National Guard and the country’s overall strategy to combat drug cartels.

While at the beginning the Mexican army was only providing security for the project, over time the military has gained greater and greater control over it—even becoming the builders for the upcoming sixth and seventh sections of the railway and part of the fifth, after the company Grupo México left the project last year due to the government’s tight schedule. Now the army is set to become the Mayan Train’s overall administrator and operator once it starts running. The secretary of tourism announced that revenues from the train will go directly to the soldiers’ pension fund.

“It is a continuation of the militarization that suppresses the dissent from the Indigenous communities, that started with the Zapatista Movement in 1994 and that arrives today in the form of this train,” says Sulub, who also argues that intimidation against fellow activists has intensified during the current administration.

He and other Maya also feel let down by the judicial system in their fight against this project. Though more than 30 judicial appeals have been filed against the continuation and development of the works from environmental groups such as Selvame del Tren, because of a lack of environmental studies or permits for land use changes, among other things, the government has found ways to continue with the project.

The last judicial decision was a total suspension of the construction of the fifth sector of the railway due to a missing permit. Nevertheless, for the Maya activists, the damage was done.

Montzquesisalta: #SelvameDelTren @SalvameTrenBot https://t.co/KUhEfCADZS

— Selvame del Tren Maya Bot (@SalvameTrenBot) March 21, 2023

One of the government’s strategies is to promote the community work being done alongside the Mayan Train project.

#SúbeteAlTren 🚄 La artesanía es una gran expresión cultural de los pueblos; en Palenque, punto de arranque del Tren Maya, encontramos una de las más bellas muestras en los trajes regionales, bordados y pirograbados con figuras y elementos de la cultura maya#SúbeteALaHistoria 🔍 pic.twitter.com/9lRaPYLF6M

— Tren Maya (@TrenMayaMX) March 30, 2023

#SúbeteAlTren 🚄 La artesanía es una gran expresión cultural de los pueblos; en Palenque, punto de arranque del Tren Maya, encontramos una de las más bellas muestras en los trajes regionales, bordados y pirograbados con figuras y elementos de la cultura maya#SúbeteALaHistoria 🔍 pic.twitter.com/9lRaPYLF6M

— Tren Maya (@TrenMayaMX) March 30, 2023

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El 8 de abril de 2023, Alberta “Bety” Cariño Trujillo cumpliría 50 años. Fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando paramilitares emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca, México. En el ataque murió también Jyri Jaakkola, un activista finlandés, y varias personas resultaron heridas.
Recordamos a Bety con esta video-entrevista y seguimos exigiendo justicia:
Sembrando sueños, cosechando esperanzas: Bety Cariño

Campaña internacional “Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri”

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Lauro Hinostroza, doctor en antropología y médico tradicional peruano, lleva 180 días en una prisión mexicana acusado de delitos contra la salud. Fue detenido en el aeropuerto de la capital con Ayahuasca, un brebaje común entre los pueblos del noreste amazónico. En entrevista telefónica, desde el Reclusorio Norte, cuenta que no es el único médico tradicional preso por usar Ayahuasca

Texto: Pedro Anza
Foto de portada: Daniel Aguilar Hernández / Cuartoscuro
Fuente: Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.- Por un instante, la voz que llega del otro lado del teléfono amaga con quebrantar su serenidad. En los 30 minutos que han transcurrido de conversación, esta ha mantenido un tono lento y templado, casi de reposo. Después de una pausa en donde se distingue, lejano, el ligero caer de un suspiro, la voz parece volver a su cuerpo y retomar el equilibrio. El médico tradicional peruano de 69 años Lauro Hinostroza me llama desde el Reclusorio Norte, lugar en el que ha permanecido preso por más de seis meses bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El 26 de Septiembre del año 2022, a pocos días de participar como conferencista en un Congreso Internacional sobre medicina ancestral que se celebraría en Teotihuacán, Lauro fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes (N, N-dimetriltriptamina, DMT) al país. Doctor en Antropología Médica por la UNAM, Fundador del Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú, asiduo participante en la Cumbre Tajín, Lauro ha dedicado más de 35 años a la promoción de la práctica médica tradicional de la etnia quéchua-asháninka, a la cual pertenece, así como al estudio y la difusión de las formas de curación ancestrales endémicas a distintas regiones del continente.

—Yo soy practicante del modelo médico de nuestros pueblos originarios— cuenta Lauro desde el otro lado de la línea. Detrás de su voz, encerrado en un espacio angosto de probables paredes grises, flota un murmullo: la algarabía causada por otros presos que se comunican con el exterior.

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

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Fuente: Avispa Midia

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Por Renata Bessi | Avispa Midia

_{En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalización contra el defensor del río Metlapanapa.}

La Comisión Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedió, en audiencia realizada ayer miércoles (29) en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra el indígena náhuatl Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.

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Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos.

Los dos cargos “perdonados” fueron: oposición a ejecución de una obra pública y ataques a la seguridad en los medios de transporte. “Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (…). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios (…), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales”, declaró López Vega, que es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
31 de marzo del 2023
Boletín No. 09

No es Justicia la sentencia contra el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro

• Reconocemos su labor en la defensa de la vida, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos y comunidades.
• Que se garantice que no haya impunidad en asesinatos contra personas defensoras.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reconoce ampliamente a Simón Pedro López Pérez (Simón Pedro) como defensor de derechos humanos, quien caminó junto con los pueblos en las reivindicaciones de derechos que la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) han impulsado históricamente. El Juez de Control de Pichucalco se ajustó a la condena menor, con la sentencia de 25 años de prisión contra el autor material del asesinato del defensor de los derechos humanos, y la “reparación” económica para las familias, refleja lo estrecho y limitada que es la justicia del Estado, que niega el acceso a la verdad y a la Justicia Verdadera.

Hace poco más de 19 meses, junto a Las Abejas de Acteal, y con toda la familia de Simón Pedro, comenzamos a caminar la justicia y la verdad; hemos aprendido muchas cosas, una de ellas la generosidad de Las abejas de Acteal y la familia del defensor comunitario, que al inicio de la audiencia de juicio oral a las afueras del juzgado de control en Pichucalco, compartieron el pan, el agua y los alimentos a la familia de la persona que privó de la vida a Simón.

La sentencia y la reparación son las más bajas y omite su labor como persona defensora de los derechos humanos que realizaba, así como medidas de reparación del daño y no repetición adecuadas y culturalmente pertinentes. Desde el Frayba expusimos los hechos partiendo de dos testigos presenciales. Se tuvo la oportunidad de dictar una sentencia con perspectiva de derechos humanos al presentar las pruebas que dieron muestra de su actividad como defensor.

La sentencia es omisa, desde lo que dicta la Ley General de Víctimas, respecto a que el proceso penal debe de garantizar el derecho a la verdad. No es un asesinato aislado, por ello exigimos se investigue a los autores intelectuales y se otorgue medidas mínimas de reparación integral, desde atención médica y psicológica, medidas de satisfacción, y el reconocimiento público de su actividad de defensa de los derechos humanos.

Es importante se ponga especial atención en la continuidad de la violencia que cobija a la región, y en la necesidad de medidas de no repetición que puedan proteger a su familia, a la comunidad y a las Abejas de Acteal.

Estaremos atentas a que la sentencia quede firme y que no se otorgue libertad en otras instancias, para efectos de garantizar que no haya impunidad contra asesinatos de personas defensoras, que como el trabajo de Simón Pedro, nos compromete a seguir caminado con los pueblos y comunidades que luchan por su dignidad y la construcción de alternativas de vida, donde sí exista el Lekil Chapanel (la Justicia Verdadera).

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Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

En portada: Integrantes del Movimiento de la Vida y el territorio, se movilizaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de los Altos para exigir alto a las violaciones de los derechos humanos y la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas

El lunes (28), la Fiscalía de Distrito Altos suspendió la audiencia para abordar el caso de cinco tseltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, quienes permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) no.5, acusados sin pruebas ni investigación, del homicidio calificado del policía municipal, Antonio Aguilar.

Se trata de Martín y Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
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