derechos humanos
(Español) Oaxaca: Familiares de Claudia Uruchurtu exigen justicia sin tintes electorales
Por Rafael E. Lozano
foto: nosfaltaclaudia.wordpress.com
Hoy (24) arranca la audiencia intermedia del proceso penal por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, en Nochixtlán, el 16 de marzo de 2021. El desahogo de la audiencia está a cargo del licenciado José Antonio Carreño Jiménez, juez de control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Oaxaca, a pesar de que la causa penal se encuentra radicada en el juzgado de control de Asunción Nochixtlán.
Por temas de seguridad, el año pasado, la entonces jueza de control del circuito judicial de la mixteca, la licenciada Elizabeth Contreras Hernández, pidió que la etapa intermedia de este caso se desahogue a través de un juez de control de Valles Centrales.
En una misiva dirigida al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Elizabeth y Sara Uruchurtu, hermanas de Claudia y víctimas indirectas del crimen, exigieron que se aplique la justicia independientemente de los escenarios políticos del momento, ya que la audiencia intermedia se da en medio de las precampañas a la gubernatura del estado:
“Esta preocupación se centra en la posibilidad de injerencia que pudieran tener actores vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la ex presidenta municipal de Nochixtlán LVH (Lizbeth Victoria Huerta), y otras cuatro personas más. Algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal. En el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados” se lee en el documento.
En entrevista, Elizabeth y Sara Uruchurtu advierten que hay un riesgo de interferencia política y partidista a pesar de que los poderes del estado deberían ser independientes: “la experiencia de Oaxaca nos muestra que la justicia está supeditada a intereses políticos” puntualizan.
Más de 10 meses y Claudia no aparece
Claudia Uruchurtu Cruz fue desaparecida durante una manifestación contra el gobierno municipal de Asunción Nochixtlán el 16 de marzo de 2021. Antes de ser desaparecida, Claudia había documentado y denunciado durante meses la corrupción de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
Victoria Huerta (quien entonces buscaba la reelección por Morena) y algunos de sus colaboradores más cercanos se encuentran vinculados a proceso y en espera de sentencia por la presunta planeación y participación en el crimen de lesa humanidad.
El 7 de mayo de 2021 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó las primeras órdenes de aprehensión contra tres de las cinco personas hoy vinculadas a proceso y el 22 de julio de 2021 detuvieron al resto.
El juez de distrito, luego de consultar a las partes, “decidió acumular en este caso el desahogo de estas audiencias intermedias para que se lleve a cabo en una sola ocasión, al tratarse de los mismo hechos y los mismos datos de prueba”, dice el abogado Velázquez Antonio, asesor jurídico de las hermanas Uruchurtu Cruz.
“Estamos en el momento procesal en el que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como la defensa, ofrecen ante un juez de control sus datos y sus medios de prueba con los que cuentan hasta este momento”, explica Velázquez Antonio, “en esta etapa también se pueden depurar esos medios de prueba”.
Sobre la búsqueda de Claudia, el abogado Velázquez señala que “es un delito continuo, permanente, y en razón de ello, obviamente, la investigación se estará continuando, en tanto no se dé con el paradero de la víctima, sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados”.
En ese sentido, las hermanas Uruchurtu Cruz mencionan que a pesar de que las autoridades realizaron algunas acciones de búsqueda, ninguna ha sido exitosa. “La comunicación con la Comisión Nacional de Búsqueda ha tenido sus altas y sus bajas, al principio más cercana a la familia, pero ahora ya tenemos un par de meses en los que no hemos tenido respuesta de cuáles serán la siguientes acciones”, comentan, “esto es crucial para la familia, pues como siempre hemos expresado, no descansaremos hasta encontrar a Claudia.”
Banco Mundial acelera paquete de políticas verdes de ajuste estructural
Por Santiago Navarro F
A inicios de 2022 el Banco Mundial (BM) alertó que, al entrar al 3er año de pandemia, las previsiones no son tan buenas. La producción mundial de mercancías y servicios, reflejado en el indicador de “crecimiento mundial”, se desacelerará drásticamente. Los llamados mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), serán las más afectadas. También subrayó que, con el fin de fortalecer la recuperación mundial, se continúa promoviendo “una recuperación verde, resiliente e inclusiva”.
En el informe del BM presentado este año 2022, llamado Perspectivas Económicas Mundiales, puntualiza la necesidad de salir de la crisis a través de políticas económicas verdes. “Dirigir el crecimiento hacia una dirección verde, resiliente e inclusiva requiere un menú de políticas estructurales que faciliten la transformación digital, aceleren la transición verde y aumenten la movilidad laboral”, reza el informe del BM.
La justificación de este organismo supranacional reside en sus proyecciones. “Se espera que el crecimiento mundial se desacelere del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022 y al 3,2 % en 2023”. Se percibe una larga caída que podría rebasar hasta el año 2023.
Además de los rebrotes continuos de COVID-19, una elevada inflación, niveles de deuda sin precedentes y una mayor desigualdad de ingresos para los países en vías de desarrollo, el BM alerta, “estrés financiero relacionado con la deuda; interrupciones por fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales”.
De no implementar el paquete de reformas estructurales, los Estados nación sufrirán caídas económicas severas, señala el BM. “En el mediano plazo, la falta de implementación de mejoras de productividad y otras reformas necesarias obstaculizarán el crecimiento”, dice el documento.
Se prevé que la severidad de los desastres relacionados con la crisis ambiental y climática, se recargará con más agresividad hacia los países llamados MEED. El Banco Mundial advierte que en Centroamérica y el Caribe, los riesgos por las consecuencias relacionadas con la crisis ambiental y climática, van desde “un aumento del nivel del mar, tormentas extremas más frecuentes, inundaciones costeras y erosión en el futuro”, mientras que “partes de América del Sur, incluidas las zonas agrícolas, se enfrentan a un riesgo creciente de sequía”.
Soluciones verdes
Este organismo apela a los gobiernos, a la sociedad civil y a las empresas para trabajar en conjunto para acelerar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (UKCOP 2021) como una solución al conjunto de crisis que actualmente se atraviesa a nivel global.
Lo más apremiante, según el Banco Mundial, es que “la comunidad internacional puede ayudar a ampliar el financiamiento y el desarrollo de capacidades necesarias para fomentar recuperaciones económicas verdes y resilientes en los MEED, incluso mediante el aumento de las inversiones verdes y la facilitación de una transición hacia la energía verde”.
El conjunto de políticas verdes que se han venido implementando, apegados a la Agenda 2030 de la ONU, se han justificado, en primera instancia, para reducir las emisiones de carbono, asegurando que con las “energías verdes” se logrará esto. Pero el ritmo de crecimiento y de explotación de recursos naturales (bienes comunes) no se cuestionan.
Las medidas verdes hacia las empresas y gobiernos más contaminantes han sido permisibles, en nombre del “desarrollo sostenible”. De acuerdo con el documento del BM, lo que se ha implementado son los llamados “impuestos sobre el uso de energía, los impuestos sobre el carbono y los precios de los permisos de emisión negociables”, el organismo argumenta que, estos impuestos (que funcionan como permisos de contaminación) “también son importantes para garantizar una transición ecológica sin problemas”.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, “la extracción mundial de recursos se ha triplicado de 27 mil millones de toneladas en 1970 a 92 mil millones de toneladas en 2017”, una explotación exponencial de recursos que el “desarrollo (sostenible)” continúa exigiendo. Es ahí dónde se han reflejado los índices de crecimiento económico y las capacidades de consumo.
Contabilidad ambiental
Mientras tanto, según las políticas verdes, existe la necesidad de incrustar a los ecosistemas que restan en el planeta como prestadores de servicios. Desde 2018 la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CENU) implementó el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico 2012 – Contabilidad Experimental de Ecosistemas (SEEA EEA).
Esta iniciativa tuvo por objetivo, hasta 2021, “desarrollar un marco estadístico consensuado para la contabilidad de los ecosistemas, incluida la terminología, los conceptos, las definiciones y las clasificaciones acordadas para los activos y servicios de los ecosistemas tanto en términos físicos como en términos monetarios utilizando un enfoque contable”, anunció la CEPAL al concluir esta meta.
En diciembre del mismo año 2021, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de la CEPAL, en el Foro Nacional sobre la Contabilidad del Capital Natural y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, aseveró que, “la Contabilidad Ecosistémica ofrece un marco que incorpora una visión sistémica, al integrar datos biofísicos; evalúa acervos, flujos e interacciones entre los elementos del capital natural, su integridad y los vincula con actividades económicas”.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL argumentó que, esta iniciativa, pretende visibilizar lo que la economía neoclásica llama, “fallas de mercado”, es decir, los costos que dejan detrás todas las cadenas productivas y nadie se hace cargo. “Se trata de avanzar en la estandarización de datos, modelos y valorización para introducir el capital natural en los sistemas de cuentas nacionales y contabilizar las interacciones con la naturaleza para rebalancear la demanda social con la capacidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios”, expresó Bárcena.
Aquí la pregunta obligada es ¿quién estará a cargo de la administración de estos espacios y de sus supuestos servicios?, la realidad es que, las “comunidades indígenas son las que sostienen el 80% de la biodiversidad remanente del planeta y el 17% de los depósitos de carbono naturales de la Tierra”, como lo documentó la Organización No Gubernamental (ONG) The Nature Consevancy. Esta organización, entre otras, como El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), vienen acaparando tierras indígenas y declarando “Áreas Naturales Protegidas”, “Parques para la Paz”, “Santuarios”, entre otros.
Las medidas que se han tomado en las diversas Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde 1995 hasta el 2021, en ningún momento se ha planteado poner un tope a la producción de mercancías, sino solo impuestos. De la misma forma, no hay una sanción para los mayores contaminantes del planeta. Pero si existen servicios ambientales que funcionan como “permisos de contaminación”, con los llamados “créditos de carbono” que se emiten, por ejemplo, de las Áreas Naturales Protegidas. Así es como se viene materializando la Contabilidad ambiental y las políticas verdes, mercantilizando a tope los últimos ecosistemas que restan en el planeta.
