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Avispa Midia

Narcotráfico y gobierno coludidos en el asesinato de Samir Flores

Por Ñaní Pinto

El martes (4), el periódico El Sol de México publicó en su página de internet una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes del crimen organizado en ese estado.

En el contenido de la nota se señala que miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala  (FPDTA-MPT) habían declarado bajo anonimato que hubo una reunión, en enero de 2019, entre Blanco, Hugo Erik Flores, delegado federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y líderes del narco en la cual “se concluyó pedirle a Homero Figueroa ‘aplacar’ al líder de la resistencia contra la construcción de la termoeléctrica de La Huexca, Samir Flores”, dice la nota.

Un mes después, Samir Flores, miembro del FPDTA-MPT, fue asesinado.

En un comunicado publicado el miércoles (5), el FPDTA-MPT, por un lado, se deslinda de la declaración, “exigiendo al medio de comunicación no adjudicar información veraz o falsa a la organización cuando la misma no la declaró”.

Por otro, el Frente Popular declara que ve como “desfachatez y sin vergüenza que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores recorre notas y narcomantas que denuncian la complicidad del gobernador de Morelos y Hugo Erik Flores con el crimen organizado para ‘quitarlo del camino’”.

Un día después de la publicación de la nota por El Sol de México, el miércoles (5), apareció una narcomanta en Oaxtepec donde amenazan a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores, diciendo que “‘soltarán los datos exactos de la muerte de Samir’” y de los favores que pidieron antes de la llegada de AMLO (Obrador) a Morelos”.

“La llegada de AMLO a Morelos” se refiere a un evento oficial realizado en el Estado, el 1 de octubre de 2021, en el cual el Obrador anunció que “ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, refiriéndose a la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

Un día antes de la visita, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Samir Flores.

En aquel momento los miembros del Frente de Pueblos manifestaron que la acción representaba un montaje y oportunismo, al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca.

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El FPDTA sostuvo que las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable databan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestionó el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demostraba la protección de las autoridades hacia  los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”. Cabe destacar que el Tamalaco habría sido detenido, en septiembre del 2019, acusado de secuestro, robo y tráfico de drogas, pero fue liberado.

El abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, advirtió, en aquel momento, que el caso no se cerraba con la detención anunciada. Al contrario, la investigación continuaba para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

Narcos: secretaría del Terror del Estado

En el comunicado del pasado miércoles (5), el Frente de Pueblos sostuvo que el 24 de septiembre de 2020, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo en modo retador al Fiscal del Estado que él sabía quién había mandado matar a Samir, pero no lo decía por miedo. “Mientras el Fiscal del Estado está siendo investigado por vinculación con el crimen organizado a nivel federal; en Morelos, como en México, ya no se sabe si el gobierno, gobierna con el narco, o el narco gobierna al gobierno”.

El crimen organizado se ha convertido en la “Secretaría del Terror del Estado mexicano que gobierna nuestros estados e impone los megaproyectos por medio de estos crímenes. Y ahora que se dicen traicionados, comienzan al parecer, a denunciar sus sucios tratos”, evalúa el Frente de Pueblos.

El Frente de Pueblos hace un llamado. “Si queda algún grado de decencia en las instituciones de persecución judicial, deben investigar los posibles vínculos de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores y Uriel Carmona con el crimen organizado y el asesinato de nuestro hermano Samir Flores, deben llamarlos a declarar sobre todo lo denunciado en mantas y medios de comunicación”.

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Avispa Midia

Brasil | Pueblo Munduruku denuncia freno de Bolsonaro para reconocer sus tierras

Por Ñaní Pinto

Fotos: Aldo Santiago

El pueblo Munduruku que vive en el curso medio y alto del río Tapajós, un largo y caudaloso río amazónico en Brasil, y los pueblos Kayapó y Kumaruara se reunieron entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021, en asamblea general, para discutir la situación de la demarcación (reconocimiento legal) de sus territorios y los frenos puestos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien busca reactivar megaproyectos de hidrovías, ferrovías, puertos, minería y hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós.

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Uno de estos proyectos es la hidroeléctrica São Luiz do Tapajós, que impacta directamente la Tierra Indígena Sawre Muybu, todavía en proceso de demarcación. El territorio del pueblo Munduruku está dividido administrativamente en distintas tierras indígenas, demarcadas por el Estado brasileño.

“En toda la cuenca del río existen marcas de nuestros ancestros y está llena de sitios importantes para nuestra existencia como pueblo. Sin embargo, el gobierno y las empresas no dejan de sorprendernos. Quieren destruir nuestro territorio y la vida del pueblo Munduruku”, sostienen los indígenas en una carta, resultado de la asamblea general.

Específicamente, la demarcación del territorio Sawre Muybu ya estaba a punto de seguir para su fase final, sin embargo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, quien mantiene vinculación histórica con latifundiarios, pidió una revisión echando para bajo el proceso. “Bolsonaro fue elegido con la promesa de que no demarcaría un centímetro de tierra indígena y lo está cumpliendo”, afirman en la carta.

Los indígenas denuncian que territorios que ya fueron homologados también están amenazados. El gobierno federal busca, por ejemplo, reducir parte de la Tierra Indígena Kayabi, localizada en el estado de Mato Grosso. Hubo una decisión judicial para suspender su registro en notaría pública. En esta región existen sitios sagrados localizados en el río Teles Pires  – como Karobixexe y Dekoka’a – que ya fueron destruidos por dos hidroeléctricas.

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Mientras la demarcación de la tierra indígena Sawre Ba’pim está desde hace diez años en el proceso inicial, los indígenas denuncian que los territorios demarcados Terras Munduruku y Sai Cinza continúan siendo invadidos por la extracción de minerales, que provocan la destrucción de los ríos y bosques, enfermedades y violencia.

Los indígenas, en su carta, sostienen que no van a esperar más, “ya hicimos la autodemarcación en las Tierras Indígenas Sawre Muybu y sabemos como accionar cuando el Estado no cumple su papel”.

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Avispa Midia

Colombia | En 2021 se registraron 168 líderes sociales asesinados

Por Sare Frabes

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) realizó un seguimiento sobre la violencia en Colombia en 2021, año en el que ocurrieron 92 masacres, que acabaron con la vida de 326 personas.

Durante el 1 de enero al 24 de diciembre del año pasado, Indepaz registró 168 líderes y lideresas asesinados en 25 departamentos colombianos. A su vez, también ocurrieron los homicidios de 48 firmantes del Acuerdo de Paz.

El informe Cifras de la violencia en las regiones 2021 destaca que han sido asesinados 1283 líderes y lideresas desde la firma del acuerdo de paz ocurrido en La Habana, Cuba, en el año 2016, cuando Indepaz comenzó el registro de los hechos violentos.

¿Paz?

Entre los 168 asesinatos cometidos durante 2021 contra líderes y lideresas sociales, el informe elaborado por Indepaz destaca algunos casos de quienes fueron víctimas de la violencia.

El departamento del Cauca fue el que registró el mayor número de casos y entre ellos está el de la lideresa Sandra Liliana Peña, quien era gobernadora del resguardo indígena La Laguna-Siberia SAT Tama kiwe, ubicado en el municipio de Caldono, Cauca.

Líderes campesinos, como Wilson López, quien hace 16 años había sido desplazado tras recibir amenazas de grupos paramilitares, fue asesinado en su tierra de la vereda El Congal en Samaná. Desde 2020 López había impulsado procesos de agricultura familiar, huertas caseras y unidad comunitaria para las y los habitantes de la zona.

La violencia también se dirigió contra los participantes del Paro Nacional, principalmente jóvenes como Sebastián Jacanamijoy, quien era miembro del pueblo indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle. Jacanamijoy realizaba labores en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, además de desempeñar tareas como guardián y sanador de la medicina ancestral de su territorio en el departamento de Putumayo.

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Indepaz registró 79 personas asesinadas en el marco del Paro Nacional, 44 de los cuales han sido con presunta autoría de elementos de la fuerza pública. También contabilizó 4687 agresiones por parte de los funcionarios de seguridad y 1661 casos de violencia física contra las y los participantes del Paro Nacional.

Violencia contra organizaciones

Resalta también que en 2021 fueron asesinadas 26 lideresas, entre ellas mujeres que luchaban por los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la defensa del territorio.

Entre ellas está Beatriz Cano, comunicadora social y quien se desempeñaba como locutora de la emisora comunitaria Radio Payumat de Santander de Quilichao. Ella también realizaba procesos de formación popular para miembros de la comunidad indígena Nasa.

Cabe destacar que en 91 casos los homicidios ocurrieron contra personas que desempeñaban labores en organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales.

Entre ellos, destacan defensores ambientales como Gonzálo Cardona Molina, quien era coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos; líderes afro como Edinson Valenzuela Cuama, quien trabajaba en el Consejo Comunitario de Buenaventura en el Valle del Cauca y jóvenes como Higinio Bailarín, de tan solo 23 años, perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Embera Eyabida, en el departamento de Antioquia.

Por último, el informe también contabiliza 162 conflictos socioambientales en 2021, en los cuales están involucradas multinacionales, así como proyectos nacionales, como el caso de las empresas eólicas que afectan las comunidades Wayuú de la media y alta Guajira.

Para el informe, Indepaz utilizó fuentes institucionales como los de la Fiscalía General, el Sistema Nacional de Derechos Humanos; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; así como fuentes comunitarias y de organizaciones nacionales y regionales.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 1 de enero 2022 – Resumen anual de noticias del 2021

Programa donde resumimos las notas que dimos durante el año 2 de la Pandemia capitalista global. Una mirada a lo que pasaba en las revueltas y resistencias de los abajos del mundo y de esta región llamada México.
Desde la toma del capitolio por la ultraderecha Trumpista, la constante masacre de Israel contra el pueblo invadido de Palestina, de la revuelta social contra las reformas fiscales y la violencia policiaca en Colombia, el golpe de Estado en Mianmar, la continua represión al territorio Mapuche, la despedida de compas como el Tobi o Luisa Toledo, de una larga lista de crímenes contra defensoras y defensores de la vida y el territorio. LLegabamos asi al segundo año de pandemia global que mostraría al desigualdad e injusticia en la que se basa el modo capitalista de existencia, mientras los primeros países acaparan y controlan como un negocio l salud mundial, los países pobres tienen aun tasas bajas de vacunación o nula o escasa infraestructura sanitaria, un año que continuo con los desastres que ya son consecuencia de la crisis climática.
Mientras en México 2021 marco en la historia de los de abajo, el difícil caminar de los pueblos migrantes, de la lucha feminista que ha encontrado un gobierno blindado y sordo, pero que avanza en organización y derechos ganados, fue el año de la lucha por la libertad de las 95 estudiantes reprimidas en Chiapas de la normal de Mactumacza, y sin faltar la lucha contra los megraproyectos que vio el incremento de la militarización hasta llegar a un blindaje autoritario para impedir quejas contra sus megaobras militarizadas.
La gira zapatista por Europa iría y regresaría cumpliendo su palabra y a la par se han mantenido constante durante todo el año las agresiones paramiliatres a las comunidades autónomas y en general una política de paramilitarismo y de pueblos desplazados como forma de control. Es el año de la expulsión de la empresa Bonafont en Puebla, la declaración de la Casa de los Pueblos en Ciudad de México en la antes TomaINPI, al igual que la toma de la Casa Okupa Chiapas son algunos de los temas relevantes que comentamos en este especial de año nuevo.
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Camino al Andar

La Europa de abajo exige el alto al fuego en Aldama

Por Carlos Soledad

 Fotografía: Carlos Ogaz / CDH Frayba

El Estado de Chiapas lleva mucho tiempo hecho un polvorín. En palabras de la comandancia del EZLN “Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil”[1]. Hace unos meses denunciaron que el gobierno de Rutilio Escandón (Partido Verde, disfrazado de Morena) está haciendo todo lo posible para desestabilizar Chiapas y tal vez así golpear al gobierno federal de AMLO (Morena). Por ejemplo, reprimiendo con violencia a los normalistas rurales, saboteando los acuerdos entre el magisterio democrático y el gobierno federal, aliándose con narcotraficantes, realizando una campaña de vacunación lenta y desordenada, así como, robando presupuesto estatal.

El pasado 11 de septiembre, miembros de la ORCAO, organización paramilitar al servicio del gobierno del Estado de Chiapas, secuestraron a los zapatistas Sebastián Núñez Perez y Jose Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva. El Ejército Zapatista aseguró en su comunicado que: “si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, fue por la intervención de párrocos progresistas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en Europa, se realizaron”.
El caso de las comunidades del municipio de Magdalena Aldama, ubicado en el centro del Estado, en los Altos de Chiapas, es dramático y muy delicado, la situación pende de un hilo. Estas comunidades son habitadas por bats`i vinik-antsetik, pueblo orginario tzotzil. Desde hace varios años son asediados por la paramilitarización. En los cables que envían a la sociedad civil reportan casi todos los días, varias veces: “Nos tienen rodeados de disparos de altos calibres”, “retornan de nueva cuenta los disparos”, “disparos de altos calibres percutidos por grupos armados”.
El conflicto viene de lejos. En una resolución presidencial de José López Portillo en los años 70s le entregaron a la comunidad de Santa Martha (poblado Manuel Utrilla) 60 hectáreas, las cuales le pertenencían al municipio de Santa María Magdalena Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en un convenio en 1977 respetar el derecho de posesión. No obstante, los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exigió la devolución de las hectáreas. En el año 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor, otra vez, de los 115 comuneros de Aldama.
Sin embargo, en el año 2016, las y los comuneros de Aldama aseguraron “que el conflicto se recrudenció con el despojo de las tierras durante el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas”…“Fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente”. Además, los pobladores de Aldama señalan que “dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojadas y amenazadas a puntas de armas de fuego y fueron refugiadas en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”.
La organización La Voz del Pueblo de Tan Joveltik de las comunidades de Magdalena Aldama, vienen denunciando desde hace meses un contexto de paramilitarización con agresiones muy violentas. El gobierno estatal actúa como un convidado de piedra, sospechosamente omiso. “La lluvia de balas permite ir “limpiando” el terreno, arrancado a sus pobladores legítimos. ¿Con qué fin? La versión más referida es que se trataría de un tramo estratégico para el trasiego ilegal de armas, drogas y personas, muy generalizado últimamente” se hipotetiza en Ojarasca[2].
Decenas de hombres armados, no identificados, ingresan a Santa Martha a cualquier hora, amedrentando a la gente. En su último comunicado, las comunidades de Magdalena Aldama señalan que desde 2016 “somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. En fechas recientes llegan a ser 30 o 40 ataques en un solo día. Desde el inicio del año 2020 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad afectando a “12 comunidades y a alrededor de 5000 personas que han sido afectadas y victimas de estas agresiones”. En el mes de octubre pasado, las agresiones con armas de fuego comenzaron a realizarse diariamente. Ahora mismo, en las comunidades se pueden observar impactos de bala en coches, máquinas y láminas. Han salido desplazadas unas tres mil personas para refugiarse de las balas y las bombas este mes de noviembre.
Ante la situación de las comunidades de Magdalena Aldama, la Europa de abajo y a la izquierda se ha sumado a sus exigencias. En un comunicado enviado a las autoridades estatales y federales competentes, respaldado por más de 40 organizaciones europeas de países como el Estado Español, Catalunya, País Valencià, Inglaterra, Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Euskal Herria, Reino Unido, Suiza, Portugal y Holanda, exigen el cese a las agresiones paramilitares, hacen responsable de la vida de las personas de las comunidades de Aldama a los tres niveles del gobierno de México, exigen justicia para la región y la liberación inmediata e incondicional de su compañero Cristóbal Santiz Jiménez[3].
Tras la “Travesía por la vida” de las y los zapatistas por Slumil K’ajxemk’op (Tierra Insumisa) como han rebautizado a la vieja Europa la solidaridad se ha extendido como la pólvora. El caso de las agresiones a las comunidades de Magdalena Aldama ha tocado su corazón y ha puesto en alerta a las organizaciones europeas. La solidaridad internacional busca presionar, denunciar y exigir justicia al gobierno mexicano y chiapaneco para que cese el fuego y se acabe con la lacra del paramilitarismo en la región.

[1] http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/ [2] https://ojarasca.jornada.com.mx/2021/11/12/aldama-experimento-del-futuro-295-5370.html [3] https://asambleadesolidaridadconmexico.wordpress.com/2021/11/11/organizaciones-europeas-exigen-el-alto-a-la-violencia-paramilitar-en-magdalena-aldama-estado-de-chiapas-la-voz-del-pueblo-de-magdalena-aldama-chiapas-somos-un-pueblo-que-vive-bajo-la-lluv/

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

¿Qué es el corredor interoceánico? ¿Desarrollo para quién y a qué costo?

Juchitán, Oaxaca

C  O M U N I C A D O

Al Pueblo Istmeño
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

¿QUÉ ES EL CORREDOR INTEROCEÁNICO?
¿DESARROLLO PARA QUIÉN Y A QUÉ COSTO?

Hace 300 años comenzó en Europa un nuevo auge económico dominante conocido desde entonces como capitalismo, ese momento de la historia fue la Revolución Industrial. Inglaterra, primer país del experimento industrial -que poco después abarcaría en diversos grados todo el continente- también se convirtió en lo que se le ha conocido como uno de los más grandes Infiernos Socioambientales, infierno en el que la explotación laboral y la degradación personal van acompañados del acaparamiento de la naturaleza y por ende su agotamiento y degradación.

Hoy a nivel global se vive la peor crisis ambiental de la historia moderna. Al mismo tiempo, se desencadenó una crisis sanitaria consecuencia de la degradación ambiental por la sobreexplotación de los territorios, bienes naturales, sobre uso y promoción de grandes infraestructuras, lo que ha conllevado a que las ciudades más modernas (industriales) sean también en las que su población sufra en diversos grados problemas de salud, debido a la dispersión de agentes tóxicos en el ambiente.

Durante las últimas tres décadas en el país (México) se han impuesto varios paraísos industriales a raíz de la implementación de tratados comerciales como el TLC y el TLCAN, estas zonas “modernas” hoy constituyen grandes regiones industriales tales como: “el Eje Neovolcánico, el complejo minero extractivo de la Sierra Madre Occidental, el altiplano semiárido del llamado desierto Chihuahuanse, las redes en mar y tierra del complejo petrolero del Golfo de México, el corredor agroindustrial de la planicie costera del Noroeste (el “granero de México”), el doble corredor interoceánico Nuevo Laredo-Manzanillo y Nuevo Laredo-Lázaro Cárdenas, las zonas industriales y extractivas de la Frontera Norte, la Península de Yucatán y las Selvas tropicales del Sureste de México”.

El auge de estas regiones industriales han ido de la mano de la corrupción empresarial e institucional, un incremento de la presencia de las actividades del crimen organizado (la pesadilla del narcotráfico), la destrucción de la organización social y política comunitaria (allí donde alguna vez existió) y como en Inglaterra hace más de 300 años, de un proceso masivo de cercamiento, acaparamiento, privatización y degradación de los bienes comunes y naturales así como un incremento en las afectaciones a la salud de la población.

Ejemplos de paraísos industriales para empresarios e Infiernos Socioambientales para la población han sido bien documentados por diversas organizaciones locales comunitarias, académico y científicos, por estos esfuerzos sabemos que en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma, Edo. de México y Ocotlán-El Salto, Jalisco, la población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, en algunas localidades que están dentro de estos corredores industriales como en Juanacatlán, Jalisco el 40% de las niñas tienen arsénico en sus cuerpos, y el 93% tienen plomo. En la localidad de El Salto, Jalisco el 98% de los niños tienen cadmio; en la Cuenca de la Independencia, Guanajuato la explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana.

La industrialización del Valle del Mezquital en el Estado de México ha tenido daños a la salud como: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos y malformaciones congénitas.

Un recorrido por estos Infiernos Socioambientales mencionados (que no son ni la mitad que se encuentran en el país) nos dan una muestra del futuro que nos espera si permitimos el proceso de industrialización que constituye el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De este modo vemos que los territorios más industrializados (llamados “modernos” o en “desarrollo”) del país son también los que sufren una contaminación sistemática del aire, el agua y el suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos.

Hoy con el gobierno de la Cuarta Transformación en el marco del impulso del nuevo tratado económico T-MEC (TLCAN recargado) y en un contexto ambiental sin precedentes para el mundo, en el que los responsables directos de la degradación medioambiental son los que nos hablan de agendas verdes e industrias sustentables. Los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec nos enfrentamos a un proceso/intento masivo de industrialización acompañado de un discurso político de respeto a los derechos territoriales, sociales y culturales de los pueblos.

El Plan Maestro del Corredor Interoceánico de la Cuarta Transformación, contempla un total de 32 parques industriales, los cuales requerirán inicialmente más de 15 mil hectáreas de Suelo Industrial. Hasta este momento han sido anunciados 10 parques industriales, que se constituyen como los primarios, 4 en el estado de Veracruz y 6 en Oaxaca. Estos Parques Industriales requerirán para el primer año de su funcionamiento, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por cada empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad.

Para facilitar el acceso a estos recursos estarán acompañados por una serie de ventajas fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y todo un andamiaje legal, esto es el CIIT “como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”.  Mismos que estarán ubicados estratégicamente a cortas distancias de las vías del tren o carreteras a modernizar en la región.

Hoy los seguidores esperanzados de todo el supuesto desarrollo y entrada a la modernización que traerá consigo el megaproyecto Corredor Interoceánico, nos interpelan que nos encontramos en un momento histórico de definición de posiciones, como si el seguir ciegamente a un gobierno sea este MORENA, PAN, PRI, PRD, etc., sea una posición clara y consciente de toda la destrucción, contaminación y muerte que traerá consigo este megaproyecto del Corredor Interoceánico. A estos artífices locales, regionales y nacionales del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, les decimos que no se trata de estar con este o aquel gobierno, como tampoco la defensa de nuestro territorio es labor de tal o cual político o líder chantajista (de esos están repletas las filas de la 4T).

ASÍ COMO LO DECLARAMOS EN EL ENCUENTRO REALIZADO EN NUESTRA COMUNIDAD EL MES DE JUNIO DE 2021 y EN LA COMUNIDAD DE JALAPA DEL MARQUÉS EN NOVIEMBRE 2021, VOLVEMOS A REITERAR QUE RECHAZAMOS EL INTENTO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y EL DESPOJO DE NUESTRAS TIERRAS DE USO COMÚN, ASÍ COMO TODOS LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, ES POR ESO QUE:

– DENUNCIAMOS A LA PROCURADURÍA AGRARIA DE TEHUANTEPEC POR EJERCER PRESIÓN A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS DE LA REGIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN Y ENTREGA DE NUESTROS TERRITORIOS AL CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– DENUNCIAMOS Y RESPONSABILIZAMOS A ANTONINO MORALES TOLEDO Y SU ORGANIZACIÓN “FUCO” DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EJERCIDA DURANTE SU ADMINISTRACIÓN Y DE CUALQUIER AGRESIÓN EN CONTRA DE LOS HABITANTES DE PUENTE MADERA.

– RESPONSABILIZAMOS A LOS GOBIERNOS LOCALES, ESTATAL Y FEDERAL, Y A LAS INSTITUCIÓN A CARGO Y COLABORADORAS DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL CLIMA DE VIOLENCIA Y DIVISIÓN EN LAS COMUNIDADES Y EN LA REGIÓN, DE CUALQUIER HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN CONTRA DE QUIENES INTEGRAMOS LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO, LA CAMPAÑA GLOBAL EL ISTMO ES NUESTRO Y DE CUALQUIER DEFENSOR DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN EL ISTMO.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PARQUE INDUSTRIAL EN TIERRAS DE USO COMÚN DE SAN BLAS ATEMPA CONOCIDAS COMO EL PITAYAL.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN DEL MEGAPROYECTO CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– EXIGIMOS SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS AGRARIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN.

– EXIGIMOS DIÁLOGO Y SOLUCIÓN REAL A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES SIN COMPROMETER EL TERRITORIO A MEGAPROYECTOS E INTERESÉS POLITICOS Y EMPRESARIALES.

REITERAMOS QUE NO NEGOCIAREMOS, NI NOS RENDIREMOS, PORQUE COMO LO HAN REITERADO LAS Y LOS COMPAÑEROS ZAPATISTAS: SOMOS CONSCIENTES DE QUE EXISTE UNA GUERRA ENTRE EL SISTEMA Y LA NATURALEZA, ESA CONFRONTACIÓN NO ADMITE MATICES NI COBARDÍAS. O SE ESTÁ CON EL SISTEMA O CON LA NATURALEZA. O CON LA MUERTE O CON LA VIDA. EL ISTMO ES NUESTRO.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTRAS COMUNIDADES
NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA

A T E N T A M E N T E
ASAMBLEA GENERAL DE PUENTE MADERA
EL ISTMO ES NUESTRO
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Vídeo de Conferencia de Prensa: https://fb.watch/aiTfdmD80k/

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Radio Zapote

Nuevas agresiones en comunidades del CIPOG-EZ por “Los Ardillos” y el ejército

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

29 de diciembre de 2021

Hermanos y hermanas de México y del mundo. Como ya lo hemos venido denunciando, la violencia que vivimos en nuestras comunidades por parte de los grupos narco-paramilitares, no cesa. En esta ocasión, el grupo delincuencial “Los Ardillos”, incursionó el día 27 de diciembre en nuestras comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. Este tipo de incursiones, han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades, por lo que dimos aviso a la Guardia Nacional, apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de “realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva” de las comunidades que integran al CIPOG-EZ.

Frente a nuestra llamado a la Guardia Nacional, llegó personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), policía estatal y municipal de Chilapa, así como la fiscalía del estado, pero no para enfrentar al grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, ni para detener la incursión de este grupo delincuencial, sino para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la SEDENA y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran.

El día de ayer, 28 de diciembre, el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con nosotros y nosotras, a llamar la atención a la SEDENA, para que se respete a la población, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán. Nosotras y nosotros, no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la SEDENA, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos. Sepan que nuestros compañeros no portan armas por gusto, sino por orden de las comunidades, por la defensa de la vida ¿que no saben que la Policía Comunitaria es una construcción de las mismas comunidades para defendernos de la violencia porque el Estado no ha sido capaz de hacerlo? no queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo.

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Prensa Comunitaria

Guatemala | Hace 25 años se firmó la paz, las víctimas del conflicto señalan regresión y violencia

Por Juan Calles

“Denunciamos que el Estado de Guatemala y estos gobiernos enterraron los Acuerdos de Paz y estamos en las vísperas de una nueva confrontación social”, expresó Miguel Itzep coordinador del movimiento de víctimas del Conflicto Armado Interno CAI

Con ofrendas de flores, comida, granos y cereales se realizó una ceremonia maya en la plaza central esta mañana; en idioma maya un guía espiritual pedía al corazón del cielo, al corazón de la tierra que las víctimas del Conflicto Armado Interno, CAI, encuentren justicia, encuentren respeto. El fuego sagrado crepitaba como acompañando las manifestaciones que a 25 años de la firma de la paz dejaban escuchar el reclamo de regresión, injusticia y violencia.

Durante los 36 años que duró el CAI en Guatemala se registraron más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desaparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños. Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye al ejército de Guatemala y sus grupos paramilitares y el 3% a la guerrilla.

Las víctimas y familiares de víctimas del CAI se reunieron esta mañana en la plaza central de la ciudad de Guatemala; allí se dio lectura a un comunicado en el que se acusa al actual gobernante Alejandro Giammattei de desmantelar la institucionalidad de la paz, y de mantener una agenda de regresión violenta y de cierre de espacios democráticos.

“Después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción porque las cosas siguen igual. Los empresarios depredadores se siguen enriqueciendo pagando, salarios miserables mientras las comunidades indígenas viven en extrema pobreza, cada día se profundiza más la desigualdad, La discriminación y a la corrupción”. Se leyó en el comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

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Avispa Midia

Zapotecas resaltan desafíos tras lograr la primera concesión comunitaria del agua

Por Samantha Demby

El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.

Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.

El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.

De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.

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Avispa Midia

Brasil | Denuncian estrategia del Estado para garantizar la mercantilización de la naturaleza

Por Sare Frabes

En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.

Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.

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Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.

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