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Por Santiago Navarro F.

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Fotografías: @Isaí Robledo

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre las amenazas en contra de un grupo de 15 personas pertenecientes a la Red Ambiental del Valle de Jovel, una organización que defiende los derechos medioambientales en el Estado de Chiapas.

El 29 de diciembre de 2020, en horas de la mañana, los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel fueron amenazados y agredidos verbalmente por un grupo de choque mientras llevaban a cabo una acción en defensa de los humedales de Montaña María Eugenia, un área natural de 115 hectáreas situada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas e incorporada en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. En esta zona se está llevando a cabo la construcción de varios inmuebles que pondrían en peligro el ecosistema de los humedales.

El grupo de 15 personas se encontraba en el camino que une los humedales con la Colonia FSTSE 2001 realizando una zanja de infiltración para prevenir las inundaciones de las colonias y barrios adyacentes, dado que las dos anteriores habían sido destruidas por personas desconocidas. Los agresores instaron al grupo a dejar de hacer la zanja dado que era “su territorio” y les amenazaron diciendo que les “iban a amarrar y a partir la madre”.

Tras estos hechos, la membresía de la Red Ambiental se trasladó hacia el parque de los humedales y, posteriormente, el grupo de agresores cerró el acceso al camino a la Colonia FSTSE 2001. Ante la presencia de la policía municipal, que había acudido al lugar de los hechos para mediar entre los defensores de los humedales y el grupo de choque, un nuevo grupo de agresores vinculado al primero amenazó con “amarrar a los ambientalistas porque ya estaban hasta el gorro de que Manuel Lemus [director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas] los estuviera molestando”. Finalmente, el grupo de defensores se retiró del lugar y, posteriormente, los agresores taparon la zanja de infiltración. Estas agresiones fueron puestas en conocimiento tanto del gobierno federal como de la autoridad municipal con el objetivo de contar con su intervención.

El Observatorio destaca que el 2 de diciembre de 2020, la Red Ambiental del Valle de Jovel presentó una denuncia por ecocidio a la Fiscalía de Distrito Altos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por las actuaciones de una empresa constructora en los humedales de Montaña María Eugenia.

El Observatorio muestra su preocupación por las amenazas proferidas contra los integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel y hace un llamado a las autoridades de Chiapas y a las autoridades federales mexicanas a investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial las agresiones arriba mencionadas, así como a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de los y las integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel que defienden los humedales y territorio de San Cristóbal de Las Casas.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la membresía de la Red Ambiental del Valle de Jovel, así como la de todas las personas defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México;

ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables aplicando las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México;

iv. Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil.

Direcciones:

· Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Twitter: @lopezobrador_

· Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. E-mail: secretario@segob.gob.mx

· Sr. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: ajencinas@segob.gob.mx

· Sr. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario De Relaciones Exteriores. E-mail: canciller@sre.gob.mx

· Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria Para Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: mdelgadop@sre.gob.mx

· Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx / correo@cndh.org.mx

· Sr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx

· Sr. Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno en Chiapas. E-mail: / secretariaparticular.sgg@gmail.com

· Sr. Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org

· Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: / sflores@sre.gob.mx

· Sr. Embajador Mauricio Escanero Figueroa, Misión de México ante la Unión Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. E-mail: embamex@embamex.eu / hacosta@sre.gob.mx

· Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: mexico.oea@sre.gob.mx / jlomonaco@sre.gob.mx

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

***

Ginebra-París, 8 de enero de 2021

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

● E-mail: Appeals@fidh-omct.org

● Tel. OMCT: + 41 22 809 49 39

● Tel. FIDH: + 33 1 43 55 25 18

México: Amenazas contra integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

MEX 001 / 0121 / OBS 004

Amenazas

México

Leer en la página de la OMCT

Agresiones y amenazas a la Red Ambiental del Valle de Jovel.

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La zona sur de Santiago vivió una masiva jornada de protesta el Jueves 7 de Enero protagonizada por compedales unidos bajo las consignas “la protesta no es delito” exigen la libertad de los presxs políticos de la revuelta y el fin del sename , institución encubridora de graves delitos contra de la niñez.

Desde la convocatoria declaran “que hay libertad para delinquir , pero cárcel para pedir lo justo. Según el gobierno lxs presxs políticxs violan la constitución , que impusieron a fuego sangre. Libertad a las y los que dieron todos para que vivamos dignamente”.

El recorrido visitó dos centros del sename en las que por el negligente funcionamiento de estos centros.

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Por Nelton Rivera

El descontento social por la corrupción del Gobierno de Guatemala continúa convocando las acciones de la ciudadanía en distintos lugares del país, el día 8 de enero el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y varios ciudadanos y ciudadanas, solicitaron al alcalde municipal de ese municipio que desconozca públicamente a Alejandro Giammattei Falla, como presidente de Guatemala. Adjuntaron una documento a la espera de que el actual alcalde municipal actué.

A través de un memorial, solicitan a Juan Fernando López que en una Sesión de Concejo Municipal, desconozca al Gobierno de Giammattei, al Vicepresidente Castillo Reyes, y lo haga público el 14 de enero. Además exigen que los diputados electos por el distrito den cuentas de los recursos que fueron asignados para Quetzaltenango para la crisis sanitaria de la covid-19.

Expresaron que la población ve la incapacidad, opacidad y el mal manejo de los recursos públicos para atender la crisis sanitaria de la pandemia y la inexistencia de un plan de vacunación como si lo están haciendo países como México, El Salvador y Costa Rica y el abandono de miles de personas damnificadas por las tormentas tropicales Eta e Iota.

En el documento expresaron:

“La ciudadanía en general ha mostrado su rechazo en contra del actual gobierno de Guatemala, encabezado por el actual Presidente Alejandro Giammattei y su Vicepresidente Guillermo Castillo, como se puede constatar en las Manifestaciones del Veintiuno de Noviembre, Veintiocho de Noviembre, Tres de Diciembre, Diez de Diciembre y Diecisiete de Diciembre del año dos mil veinte, en la ciudad de Quetzaltenango.

Y, agregado a eso la actuación por parte del Congreso de la República, que aprobó el Presupuesto General de la Nación, de forma opaca y antidemocrática, ya que lo hicieron en horas de la madrugada a espaldas de la población y sin la suficiente discusión que se debe para un monto de CIEN MIL MILLONES DE QUETZALES, destinando fondos a otros rubros que no son prioritarios en las emergencias que estamos viviendo como lo son la pandemia mundial y las tormentas tropicales que afectaron a la población del nor-occidente, nor-oriente y norte del país.

Por ello en toda Guatemala hubo manifestaciones pacíficas, mostrando un rechazo rotundo al Presidente, Vicepresidente, Congreso de la República, por su inoperancia, incapacidad, y falta de acción ante las necesidades de la población, ante la falta de un plan social, sanitario y económico para contener la pandemia y para las personas damnificadas del nor-occidente, nor-oriente y norte del país, por las tormentas que afectaron esas áreas.

Sumando a lo anterior, en las manifestaciones del sábado 21 de noviembre del año dos mil veinte, hubo un abuso de autoridad y represión por parte de la Policía Nacional Civil, y en la cadena de mando, Director de la Policía Nacional Civil, Ministro de Gobernación y el Presidente Alejandro Giammattei, por lo que hubo un uso de la fuerza desmedido, detenciones ilegales y represión por parte de las autoridades a la población que se manifestaba en forma pacífica y de forma legítima el descontento y la indignación hacía el gobierno; por todo lo anteriormente manifestado.”

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

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A continuación; se presenta un trabajo que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes cada domingo.

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PARTE I

Violencia Paramilitar en Sectores Económicos Claves en Honduras: El Brazo Violento del ‘Desarrollo’

Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidios más altas del mundo. Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013).

No obstante, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Linea, 2016). Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020).

Además, Honduras ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” (Human Rights Watch, 2018).Detrás de la reputación de que el peligro de Honduras son las pandillas, existe una realidad invisibilizada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes, que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que puede describirse como neoliberalismo con esteroides.

“La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas… Que este es el principal problema del país, pero no saben que la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, y que es violento en sí mismo, es más problemático”, cuantan en entrevista los miembros del Movimiento Independiente Indigena Lenca de la Paz (MILPA).

Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el ejército y aparatos de la policía del Estado – los mismos organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos diez años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el Estado.

La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios (pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.

En este artículo presentamos dos argumentos principales: (1) La violencia paramilitar ha sido instrumental para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de la agroindustria, el turismo, la minería y la energía, así como la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra la resistencia de las poblaciones afectadas.

(2) La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado, caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones. De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.

Contexto Económico y Político

La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social – trabajadores y pobres -, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de obra, y eliminar o reprimir la disidencia.

En 1960, la implementación y expansión de las protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas rurales, se vieron como una forma de “evitar el contagio revolucionario” en Honduras, particularmente con la victoria de la revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra y se promovió la creación de empresas campesinas cooperativas.

En las décadas de 1970 y 1980, la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados amenazaban el estatus quo y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Durante la década de los 80, Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, convirtiendo a Honduras en una base regional de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos (CONADEH, 2002).

Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial y el FMI ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital global. La receta del Banco Mundial para Honduras tenía un claro énfasis en un “marco macroeconómico estable” que garantizaría “certeza para la inversión privada” (Banco Mundial, 2001).

Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto país más desigual del mundo, según el BM (World Politics Review, 2017), con un coeficiente de Gini de 50,4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad han ido aumentando. El 20 por ciento más enriquecido vio aumentar sus ingresos en más del 8 por ciento, mientras que el 20 por ciento más empobrecido sufrió una disminución del 7,4 por ciento. Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017 el 64 por ciento de la población de Honduras vivía en la pobreza y el 40 por ciento en la extrema pobreza (Mejía, 2017), pero otros, como dijo en entrevista Bartolo Fuentes, “las cifras son incluso superiores”.

Como ha demostrado la historia los oprimidos no son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las comunidades, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes.

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Durante la mañana de este jueves 07 de diciembre se llevo a cabo la audiencia de veredicto en contra de Carlos Alarcón y otros 7 implicados en el homicidio de Camilo Catrillanca bajo distintos cargos.

El Tribunal Oral en lo Pernal de Angol declaró culpable de todos los cargos presentados por la defensa y la Fiscalía a los imputados.

Por su parte el ex miembro del GOPE de Carabineros, Carlos Alarcón, será condenado por homicidio simple en contra de Camilo Catrillanca, por lo cual se están solicitando penas que parten desde los 15 años de prisión.

Los demás carabineros junto a un abogado serán condenados por obstrucción a la investigación. La audiencia donde se realizará la lectura de sentencia quedó programada para el próximo 28 de enero de este año.

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ROMPIENDO FRONTERAS
EUA: Grupos de ultra derecha promovidos por Trump toman en congreso de EUA. Fachos vs fachos.
EUA ESTADOS JODIDOS Por Yisus Wero.
PALESTINA: Israel detuvo y encarcelo a 4.636 palestinos, entre elles 543 menores y 128 mujeres en lo que fue el 2020. Durante la pandemia del covid el ministro de seguridad israeli no ha qurido vacunar a les recluses palestines. Palestina Libre y Kaos en la Red.
MUNDO MUNDIAL: Sigue el proceso contra el preso politico Julian Assange, voces en todo el mundo reclaman su libertad.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
MUJERES LIBRES MEXICO: Feministas organizadas de Quintana Roo protestan en el Hotel donde trababa Ana Gómez de 21 años ya que fue el ultimo lugar donde fue vista y se ha encontrado el Cuerpo sin vida de una joven en el hotel pero no han dejado identificarlo; en el hoten sobran cámaras de seguridad, las compañeras exiguen que en el Hard rock Hotel de Quintana Roo se deje de proteger a les agresores y se muestren los vídeos.
MEXICO:  LUCHA POR LA VIDA: Incendio Iztazihuatl, Tren Maya, Recuperacion de tierras y autogobierno en Michoacan, Mercados Campesinos y las bicicletas. Columna de Juan Perez.
CHIAPAS: Ante el desalojo al que los malos gobiernos someten a Chiapas en las zonas habitadas por población indígena, ante la gran amenaza paramilitar pobladores se manifiestan tomando las casetas de San Cristóbal y Tuxtla Gutierrez

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Tras 12 años de impunidad, el juzgado de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal, condenó este miércoles 6 de enero a 2 años de prisión conmutables al teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla Gonzáles, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por el asesinato del profesor y líder comunitario maya q’eqchi’, Adolfo Ich Chamán, ocurrido en septiembre del 2009, en el marco de desalojos violentos en la comunidad Las Nubes, por las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Padilla también fue condenado a 8 meses de prisión por lesiones causadas a German Chub, quien asistió a la audiencia de hoy en silla de ruedas debido a que quedó paralítico por el ataque armado sufrido junto a los otros comunitarios.

Angélica Choc, defensora de derechos humanos y esposa de Ich Chamán, señaló tras el fallo que se encuentra tranquila. “Sabemos que se ha hecho un fallo a nuestro favor, pero también nos conmueve porque nos han marcado la vida”, indicó Choc, quien fue querellante en este caso y quien desde 2009 buscó justicia por el asesinato de su esposo.

Choc, como defensora maya q’eqchi’y víctima de este crimen, envió un mensaje a las mujeres que están en una situación similar y enfatizó que “busquemos la justicia en Guatemala, porque si no se demanda, todas las violaciones que se cometen en nuestra contra, nunca se va a saber cuánto hemos sufrido”, manifestó.

Según dijo, la búsqueda de justicia es un proceso doloroso y agotador, pero hay que buscar fuerzas para lograrlo.

Impunidad en el caso

En abril de 2017, Padilla Gonzáles fue dejado en libertad por la jueza Ana Leticia Peña Ayala, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Izabal.

El Ministerio Público y los querellantes en el caso interpusieron una solicitud de antejuicio en contra de la jueza por el fallo.

En este caso también fue querellante la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto al Ministerio Público presentaron pruebas de la participación de CGN en la planificación de los ataques en contra de personas mayas q’eqchi’ quienes fueron afectados por las operaciones de la mina en Izabal.

Los hechos

En septiembre de 2009, el profesor Adolfo Ich, quien era parte de la comunidad Lote 8 y quien junto a otras comunidades defendían sus tierras ante las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de CGN, fue asesinado por la seguridad privada de esa compañía, a inmediaciones de la mina.

Otros campesinos también sufrieron heridas por arma de fuego por personal de seguridad de la minera, entre ellos German Chub, quién sobrevivió al ataque pero quedó paralítico.

*Con información de Sandra Cuffe

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Hoy es cinco de enero y mañana llegarán los Reyes Magos. Desde que aprendí a escribir, me recuerdo redactando largas cartas con una lista de deseos que cambiaban cada año. Sólo una petición permanecía: “Quiero a mi mamá, tráiganla con ustedes”. Fantasiosa, la imaginé siempre montada en el elefante que cabalgaba tras la Estrella de Belén hasta llegar a Chihuahua. Esas noches de cinco de enero significaban la expectativa de que, al despertar, ella estaría en casa. Nunca sucedió.

Los rituales de rosca, cartas y regalos cambiaron cuando tomé conciencia de que mi madre, Alicia de los Ríos Merino, fue detenida-desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares un cinco de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo de la Ciudad de México, en un contexto contrainsurgente mal llamado Guerra Sucia.[1] Las tertulias previas a su esperada llegada se transformaron en conmemoraciones privadas en las que su madre, su padre, su hija, su hermano y hermanas nos preguntábamos sobre su destino.

Durante estos cuarenta y tres años ha sido nuestra obligación demostrar frente a las instituciones que mamá existió y que, además, fue desaparecida por  agentes estatales.

Hoy ya no le escribo cartas a los Reyes Magos, ni al presidente de la República en turno o a un general del Ejército Mexicano, y comprendí que ni los agentes o los mandos de la Federal de Seguridad ni de la Brigada Especial, mejor conocida como Brigada Blanca, fueron los únicos en conocer los lugares en que mantuvieron detenidos y desaparecidos de manera forzada a cientos de hombres y mujeres en la década de 1970, entre ellos a mi mamá. Para realizar esa práctica y posiblemente eliminar a las personas bajo su poder debieron estar involucrados más participantes y, sobre todo, debió haber testigos que observaron, callaron y no se opusieron. Los desaparecedores también debieron tener una familia que los recibía y observaba sangre ajena en sus ropas, zapatos o cabellos.

Hoy, en este contexto de muerte e incertidumbre que nos hace valorar profundamente la vida de quienes más amamos, apelo a la buena voluntad, la conciencia y la ciudadanía de esos familiares, vecinos y compañeros de los agentes de la Brigada Especial que provenían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías judiciales del DF y del Estado de México, así como la Policía Militar y la Policía Judicial Federal Militar.

Si su padre, su abuelo, tío, esposo o vecino patrullaba en brigadas de cuatro agentes en automóviles no oficiales o en taxis; si vestía de traje, no portaba uniforme oficial y estaba armado de manera permanente; si ingresaba de manera cotidiana al Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México o viajaba a otros estados en el avión de la DFS, entonces es muy probable, casi seguro, que sabe o supo de lo que ocurrió con nuestros padres, madres y compañeros. Y la información que ustedes tengan, por intrascendente, personal, anecdótica o vieja que les parezca, puede significar mucho para quienes continuamos necias en conocer del paradero de nuestros familiares.

Sus padres, abuelos, tíos, esposos o vecinos también fueron colocados en las sombras de la historia por sus propios mandos superiores policiacos y militares. Algunos de ellos fueron borrados, pero no por completo, ni para siempre. Para lograr encontrar a nuestros amores no se requiere que nos digan el nombre de los suyos si así lo consideran. Tan sólo denos los datos que pudieron escuchar: lugares en donde buscar, de los mandos que se enriquecieron con la muerte, de los documentos que no hemos encontrado.

La historia reciente nos ha enseñado que las violencias de Estado se implementan con legitimidad y consentimiento de diferentes sectores de la sociedad. Si hoy vivimos en un país con más de setenta mil personas desaparecidas, significa que lo habita una sociedad apática que se abstiene de participar en la solución de las crisis humanitarias. Pero eso no es un destino fatal ni tenemos que formar parte de ello. Finalicemos esos combates del pasado, lamentablemente vigentes. Ayúdenos a esclarecer el destino de tantas personas buscadas. Es asunto de ustedes y de nosotros.

Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar el futuro de un México que ha sido convertido en una fosa gigantesca, llenándonos a miles de familias de un dolor injustificable que no termina. Dense y denos la oportunidad de quitarnos las sombras de encima: cualquier información que consideren relevante la pueden dirigir con toda confianza al siguiente correo electrónico, pues la trataremos con toda la seguridad posible: alicia.contacto@centroprodh.org.mx

Soy Alicia de los Ríos Merino, hija. El llamarme igual que mi madre nos une en más de un sentido: en esa circunstancia se resumen las marcas que su detención-desaparición ha dejado en mí, en todas nosotras y nosotros que queremos, necesitamos saber dónde están los nuestros.

Agradezco con el corazón en la mano su atención y la decisión de enviarnos esta información.

[1] Entre el cuatro y cinco de enero de 1978 la Brigada Especial realizó un operativo donde fueron detenidos y posteriormente desaparecidas cuatro personas: José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Leticia Galarza Campos y Alicia de los Ríos Merino. También fueron ejecutados tres jóvenes: “Esteban”, “Pedro” y Antonio Solís Rodríguez.

DossierAliciaRioshttp://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/DossierAliciaRios.pdf

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Pronunciamiento del Pueblo Creyente  MODEVITE y promotor de derechos humanos de San Juan Cancuc, Chiapas, México 02 de diciembre del 2020

A la opinión pública

A las organizaciones sociales

A las autoridades federales, estatales y municipales

A los centros de derechos humanos

A los medios de comunicación

Hoy, dos de diciembre del año 2020, desde el corazón del pueblo defenderemos la madre tierra. Es nuestro regalo milenario, que de generación en generación nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron, ahora nos toca a nosotros cuidarla y defenderla. Estamos en contra del megaproyecto denominado autopista que afecta la vida y el territorio, ya que son intereses de los empresarios y egoísta, que afectan directamente a la población, mismos que se imponen bajo el lema del desarrollo y progreso para el pueblo.

Como pueblo creyente modevite y derechos humanos de san juan cancuc, rechazamos totalmente el megaproyecto “eje carretero transversal” que igual o antes se llamaba: supercarretera, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas, ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales.

Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario, atenta nuestra vida y además traerá consecuencias como son las siguientes:

1. Destrucción y despojo de la madre tierra

    

2. Apertura de camino de megaproyectos por ejemplo: represa, centros turísticos, etc.

    

3. Desalojo del pueblo

    

4. Contaminación

    

5. Militarización

    

6. División del pueblo

    

https://www.canva.com

Exigimos el reconocimiento y el cumplimiento de art 2 de la carta magna constitucional.

Y también en la oit y en la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 10. Señala que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Y el artículo 27 fracción vii párrafo sexto de la constitución política de los estados unidos mexicanos, señala que “la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comonal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comonales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación de núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.”

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 109 de la ley agraria, señala que “el órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.”

En este orden de ideas exigimos que se cumplan conforme a las leyes y reglamentos respectivos, es decir, con la autorización de la asamblea general, tratándose de población ejidal ocomonal.

La madre tierra no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio.

Como dice Zapata “la tierra es de quien la trabaja”.

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.