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(Español) Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa


A continuación; se presenta un trabajo que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes cada domingo.


PARTE I

Violencia Paramilitar en Sectores Económicos Claves en Honduras: El Brazo Violento del ‘Desarrollo’

Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidios más altas del mundo. Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013).

No obstante, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Linea, 2016). Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020).

Además, Honduras ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” (Human Rights Watch, 2018).Detrás de la reputación de que el peligro de Honduras son las pandillas, existe una realidad invisibilizada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes, que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que puede describirse como neoliberalismo con esteroides.

“La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas… Que este es el principal problema del país, pero no saben que la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, y que es violento en sí mismo, es más problemático”, cuantan en entrevista los miembros del Movimiento Independiente Indigena Lenca de la Paz (MILPA).

Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el ejército y aparatos de la policía del Estado – los mismos organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos diez años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el Estado.

La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios (pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.

En este artículo presentamos dos argumentos principales: (1) La violencia paramilitar ha sido instrumental para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de la agroindustria, el turismo, la minería y la energía, así como la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra la resistencia de las poblaciones afectadas.

(2) La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado, caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones. De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.

Contexto Económico y Político

La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social – trabajadores y pobres -, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de obra, y eliminar o reprimir la disidencia.

En 1960, la implementación y expansión de las protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas rurales, se vieron como una forma de “evitar el contagio revolucionario” en Honduras, particularmente con la victoria de la revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra y se promovió la creación de empresas campesinas cooperativas.

En las décadas de 1970 y 1980, la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados amenazaban el estatus quo y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Durante la década de los 80, Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, convirtiendo a Honduras en una base regional de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos (CONADEH, 2002).

Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial y el FMI ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital global. La receta del Banco Mundial para Honduras tenía un claro énfasis en un “marco macroeconómico estable” que garantizaría “certeza para la inversión privada” (Banco Mundial, 2001).

Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto país más desigual del mundo, según el BM (World Politics Review, 2017), con un coeficiente de Gini de 50,4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad han ido aumentando. El 20 por ciento más enriquecido vio aumentar sus ingresos en más del 8 por ciento, mientras que el 20 por ciento más empobrecido sufrió una disminución del 7,4 por ciento. Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017 el 64 por ciento de la población de Honduras vivía en la pobreza y el 40 por ciento en la extrema pobreza (Mejía, 2017), pero otros, como dijo en entrevista Bartolo Fuentes, “las cifras son incluso superiores”.

Escuela publica en Olanchito, Departamento de Yoro, 2019

Como ha demostrado la historia los oprimidos no son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las comunidades, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes.

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(Español) Culpables todos los carabineros implicados en el homicidio de Camilo Catrillanca

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Durante la mañana de este jueves 07 de diciembre se llevo a cabo la audiencia de veredicto en contra de Carlos Alarcón y otros 7 implicados en el homicidio de Camilo Catrillanca bajo distintos cargos.

El Tribunal Oral en lo Pernal de Angol declaró culpable de todos los cargos presentados por la defensa y la Fiscalía a los imputados.

Por su parte el ex miembro del GOPE de Carabineros, Carlos Alarcón, será condenado por homicidio simple en contra de Camilo Catrillanca, por lo cual se están solicitando penas que parten desde los 15 años de prisión.

Los demás carabineros junto a un abogado serán condenados por obstrucción a la investigación. La audiencia donde se realizará la lectura de sentencia quedó programada para el próximo 28 de enero de este año.

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Noticias de abajo

(Español) Noticias de abajo 7 de enero 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS
EUA: Grupos de ultra derecha promovidos por Trump toman en congreso de EUA. Fachos vs fachos.
EUA ESTADOS JODIDOS Por Yisus Wero.
PALESTINA: Israel detuvo y encarcelo a 4.636 palestinos, entre elles 543 menores y 128 mujeres en lo que fue el 2020. Durante la pandemia del covid el ministro de seguridad israeli no ha qurido vacunar a les recluses palestines. Palestina Libre y Kaos en la Red.
MUNDO MUNDIAL: Sigue el proceso contra el preso politico Julian Assange, voces en todo el mundo reclaman su libertad.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
MUJERES LIBRES MEXICO: Feministas organizadas de Quintana Roo protestan en el Hotel donde trababa Ana Gómez de 21 años ya que fue el ultimo lugar donde fue vista y se ha encontrado el Cuerpo sin vida de una joven en el hotel pero no han dejado identificarlo; en el hoten sobran cámaras de seguridad, las compañeras exiguen que en el Hard rock Hotel de Quintana Roo se deje de proteger a les agresores y se muestren los vídeos.
MEXICO:  LUCHA POR LA VIDA: Incendio Iztazihuatl, Tren Maya, Recuperacion de tierras y autogobierno en Michoacan, Mercados Campesinos y las bicicletas. Columna de Juan Perez.
CHIAPAS: Ante el desalojo al que los malos gobiernos someten a Chiapas en las zonas habitadas por población indígena, ante la gran amenaza paramilitar pobladores se manifiestan tomando las casetas de San Cristóbal y Tuxtla Gutierrez

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Prensa comunitaria

(Español) Luego de 12 años de impunidad, condenan al coronel Mynor Padilla por asesinato de líder comunitario Adolfo Ich

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Tras 12 años de impunidad, el juzgado de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal, condenó este miércoles 6 de enero a 2 años de prisión conmutables al teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla Gonzáles, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por el asesinato del profesor y líder comunitario maya q’eqchi’, Adolfo Ich Chamán, ocurrido en septiembre del 2009, en el marco de desalojos violentos en la comunidad Las Nubes, por las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Padilla también fue condenado a 8 meses de prisión por lesiones causadas a German Chub, quien asistió a la audiencia de hoy en silla de ruedas debido a que quedó paralítico por el ataque armado sufrido junto a los otros comunitarios.

Foto: Sandra Cuffe

Angélica Choc, defensora de derechos humanos y esposa de Ich Chamán, señaló tras el fallo que se encuentra tranquila. “Sabemos que se ha hecho un fallo a nuestro favor, pero también nos conmueve porque nos han marcado la vida”, indicó Choc, quien fue querellante en este caso y quien desde 2009 buscó justicia por el asesinato de su esposo.

Choc, como defensora maya q’eqchi’y víctima de este crimen, envió un mensaje a las mujeres que están en una situación similar y enfatizó que “busquemos la justicia en Guatemala, porque si no se demanda, todas las violaciones que se cometen en nuestra contra, nunca se va a saber cuánto hemos sufrido”, manifestó.

Según dijo, la búsqueda de justicia es un proceso doloroso y agotador, pero hay que buscar fuerzas para lograrlo.

Foto: Sandra Cuffe

Impunidad en el caso

En abril de 2017, Padilla Gonzáles fue dejado en libertad por la jueza Ana Leticia Peña Ayala, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Izabal.

El Ministerio Público y los querellantes en el caso interpusieron una solicitud de antejuicio en contra de la jueza por el fallo.

En este caso también fue querellante la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto al Ministerio Público presentaron pruebas de la participación de CGN en la planificación de los ataques en contra de personas mayas q’eqchi’ quienes fueron afectados por las operaciones de la mina en Izabal.

Los hechos

En septiembre de 2009, el profesor Adolfo Ich, quien era parte de la comunidad Lote 8 y quien junto a otras comunidades defendían sus tierras ante las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de CGN, fue asesinado por la seguridad privada de esa compañía, a inmediaciones de la mina.

Otros campesinos también sufrieron heridas por arma de fuego por personal de seguridad de la minera, entre ellos German Chub, quién sobrevivió al ataque pero quedó paralítico.

*Con información de Sandra Cuffe

Foto: Sandra Cuffe
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CentroPROdh

(Español) Alicia de los Ríos: Carta a quienes saben dónde está Mamá | Sueño que me regaló un seis de enero

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Hoy es cinco de enero y mañana llegarán los Reyes Magos. Desde que aprendí a escribir, me recuerdo redactando largas cartas con una lista de deseos que cambiaban cada año. Sólo una petición permanecía: “Quiero a mi mamá, tráiganla con ustedes”. Fantasiosa, la imaginé siempre montada en el elefante que cabalgaba tras la Estrella de Belén hasta llegar a Chihuahua. Esas noches de cinco de enero significaban la expectativa de que, al despertar, ella estaría en casa. Nunca sucedió.

Los rituales de rosca, cartas y regalos cambiaron cuando tomé conciencia de que mi madre, Alicia de los Ríos Merino, fue detenida-desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares un cinco de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo de la Ciudad de México, en un contexto contrainsurgente mal llamado Guerra Sucia.[1] Las tertulias previas a su esperada llegada se transformaron en conmemoraciones privadas en las que su madre, su padre, su hija, su hermano y hermanas nos preguntábamos sobre su destino.

Durante estos cuarenta y tres años ha sido nuestra obligación demostrar frente a las instituciones que mamá existió y que, además, fue desaparecida por  agentes estatales.

Hoy ya no le escribo cartas a los Reyes Magos, ni al presidente de la República en turno o a un general del Ejército Mexicano, y comprendí que ni los agentes o los mandos de la Federal de Seguridad ni de la Brigada Especial, mejor conocida como Brigada Blanca, fueron los únicos en conocer los lugares en que mantuvieron detenidos y desaparecidos de manera forzada a cientos de hombres y mujeres en la década de 1970, entre ellos a mi mamá. Para realizar esa práctica y posiblemente eliminar a las personas bajo su poder debieron estar involucrados más participantes y, sobre todo, debió haber testigos que observaron, callaron y no se opusieron. Los desaparecedores también debieron tener una familia que los recibía y observaba sangre ajena en sus ropas, zapatos o cabellos.

Hoy, en este contexto de muerte e incertidumbre que nos hace valorar profundamente la vida de quienes más amamos, apelo a la buena voluntad, la conciencia y la ciudadanía de esos familiares, vecinos y compañeros de los agentes de la Brigada Especial que provenían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías judiciales del DF y del Estado de México, así como la Policía Militar y la Policía Judicial Federal Militar.

Si su padre, su abuelo, tío, esposo o vecino patrullaba en brigadas de cuatro agentes en automóviles no oficiales o en taxis; si vestía de traje, no portaba uniforme oficial y estaba armado de manera permanente; si ingresaba de manera cotidiana al Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México o viajaba a otros estados en el avión de la DFS, entonces es muy probable, casi seguro, que sabe o supo de lo que ocurrió con nuestros padres, madres y compañeros. Y la información que ustedes tengan, por intrascendente, personal, anecdótica o vieja que les parezca, puede significar mucho para quienes continuamos necias en conocer del paradero de nuestros familiares.

Sus padres, abuelos, tíos, esposos o vecinos también fueron colocados en las sombras de la historia por sus propios mandos superiores policiacos y militares. Algunos de ellos fueron borrados, pero no por completo, ni para siempre. Para lograr encontrar a nuestros amores no se requiere que nos digan el nombre de los suyos si así lo consideran. Tan sólo denos los datos que pudieron escuchar: lugares en donde buscar, de los mandos que se enriquecieron con la muerte, de los documentos que no hemos encontrado.

La historia reciente nos ha enseñado que las violencias de Estado se implementan con legitimidad y consentimiento de diferentes sectores de la sociedad. Si hoy vivimos en un país con más de setenta mil personas desaparecidas, significa que lo habita una sociedad apática que se abstiene de participar en la solución de las crisis humanitarias. Pero eso no es un destino fatal ni tenemos que formar parte de ello. Finalicemos esos combates del pasado, lamentablemente vigentes. Ayúdenos a esclarecer el destino de tantas personas buscadas. Es asunto de ustedes y de nosotros.

Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar el futuro de un México que ha sido convertido en una fosa gigantesca, llenándonos a miles de familias de un dolor injustificable que no termina. Dense y denos la oportunidad de quitarnos las sombras de encima: cualquier información que consideren relevante la pueden dirigir con toda confianza al siguiente correo electrónico, pues la trataremos con toda la seguridad posible: alicia.contacto@centroprodh.org.mx

Soy Alicia de los Ríos Merino, hija. El llamarme igual que mi madre nos une en más de un sentido: en esa circunstancia se resumen las marcas que su detención-desaparición ha dejado en mí, en todas nosotras y nosotros que queremos, necesitamos saber dónde están los nuestros.

Agradezco con el corazón en la mano su atención y la decisión de enviarnos esta información.


[1] Entre el cuatro y cinco de enero de 1978 la Brigada Especial realizó un operativo donde fueron detenidos y posteriormente desaparecidas cuatro personas: José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Leticia Galarza Campos y Alicia de los Ríos Merino. También fueron ejecutados tres jóvenes: “Esteban”, “Pedro” y Antonio Solís Rodríguez.

DossierAliciaRioshttp://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/DossierAliciaRios.pdf

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FrayBa

(Español) Rechazamos la autopista San Cristóbal-Palenque: Modevite

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Pronunciamiento del Pueblo Creyente  MODEVITE y promotor de derechos humanos de San Juan Cancuc, Chiapas, México 02 de diciembre del 2020

A la opinión pública

A las organizaciones sociales

A las autoridades federales, estatales y municipales

A los centros de derechos humanos

A los medios de comunicación

Hoy, dos de diciembre del año 2020, desde el corazón del pueblo defenderemos la madre tierra. Es nuestro regalo milenario, que de generación en generación nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron, ahora nos toca a nosotros cuidarla y defenderla. Estamos en contra del megaproyecto denominado autopista que afecta la vida y el territorio, ya que son intereses de los empresarios y egoísta, que afectan directamente a la población, mismos que se imponen bajo el lema del desarrollo y progreso para el pueblo.

 

 

Como pueblo creyente modevite y derechos humanos de san juan cancuc, rechazamos totalmente el megaproyecto “eje carretero transversal” que igual o antes se llamaba: supercarretera, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas, ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales.

 

Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario, atenta nuestra vida y además traerá consecuencias como son las siguientes:

  1. Destrucción y despojo de la madre tierra

     

  2. Apertura de camino de megaproyectos por ejemplo: represa, centros turísticos, etc.

     

  3. Desalojo del pueblo

     

  4. Contaminación

     

  5. Militarización

     

  6. División del pueblo

     

https://www.canva.com

Exigimos el reconocimiento y el cumplimiento de art 2 de la carta magna constitucional.

Y también en la oit y en la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 10. Señala que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

 

Y el artículo 27 fracción vii párrafo sexto de la constitución política de los estados unidos mexicanos, señala que “la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comonal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comonales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación de núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.”

 

 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 109 de la ley agraria, señala que “el órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.”

 

En este orden de ideas exigimos que se cumplan conforme a las leyes y reglamentos respectivos, es decir, con la autorización de la asamblea general, tratándose de población ejidal ocomonal.

 

La madre tierra no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio.

 

Como dice Zapata “la tierra es de quien la trabaja”.

 

 

 

 

 

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

 

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(Español) Selección de autoridades comunitarias: entre la riqueza cultural y diversidad ancestral de los pueblos

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Cada primero de enero varias autoridades comunitarias de diferentes municipios del país asumen un cargo para servir a su comunidad, pero ¿por qué lo asumen en esa fecha?

Por Gilberto Escobar

Según José Santos Sapón, quien en el 2013 fue presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, recibir el cargo de la alcaldía comunitaria el primero de enero de cada año tiene su origen en la época colonial.

En ese sentido también coincide el académico Carlos Fredy Ochoa, quien añadió que la palabra que mejor se ajusta al sentido de esa representación comunitaria “es selección y no elección” debido a las actividades y procesos que previamente se llevan a cabo en cada comunidad para designar los cargos.

“Que se realice el primero de enero es herencia de la colonia porque el calendario lo impuso el colonialismo, eso ha sido así en los últimos 400 años, pero la ceremonia de selección de las autoridades comunitarias se realiza después de la cosecha del maíz, luego viene un período de transición y representa un evento de gran importancia para las comunidades”, indicó Ochoa.

Ochoa comentó que el proceso de selección no es uniforme en todas las comunidades del país, porque “existen formas diversas de seleccionar a las autoridades, por ejemplo, es diferente el proceso que se sigue en Huehuetenango al de Alta Verapaz, pero esa es la riqueza de los pueblos, no hay una tradición uniforme”, enfatizó.

Participación de la juventud 

Entretanto, Sapón indicó que las edades para poder optar a diferentes cargos dentro de la comunidad “oscilan entre los 18 a los 26 años, cuando tendrán que presentar sus primeros servicios e iniciar desde abajo; a partir de los 26 años van en otros puestos y de los 35 años en adelante puede tener un cargo con más peso, de los 52 años en adelante ya en un puesto como alcalde”, indicó.

Sobre el tema de la edad, Ochoa agregó que “la edad es una noción cultural, en el primer momento que las y los jóvenes se casan inmediatamente inician a participar en algún cargo en la comunidad que puede ser en un comité de agua o en una vocalía”, indicó.

Foto: Gilberto Escobar.

Las comunidades se están quedando sin liderazgos

Para la investigadora social Sandra Chuc Norato, originaria de Totonicapán, la participación de la juventud es importante en las comunidades y otorga equilibrio al relevo generacional a los diferentes cargos que van asumiendo.

“Lo ideal sería un relevo generacional, pero hay distintos escenarios y se ven condicionados por los contextos sociales, políticos y económicos” mencionó Chuc Norato.

La investigadora mencionó que “es preocupante que en pocos años las comunidades se queden sin liderazgos, ya que muchos jóvenes están migrando a los Estados Unidos y también a las ciudades, y aunque la juventud quiera participar y tomar liderazgos, no pueden porque necesita migrar”.

Chuc Norato señaló además que en algunos casos “las mujeres siguen relegadas, por ejemplo, en algún cargo menor como vocales, como secretarias y esto se debe a prácticas machistas”.

Nuevas autoridades comunitarias a nivel nacional

El 1 de enero asumieron sus cargos las nuevas autoridades comunitarias en distintas regiones del país, con diversas actividades tradicionales para cada localidad, desde Huehuetenango hasta Santiago Atitlán, Sololá, las personas que asumieron los cargos enfatizaron su compromiso por velar por el bienestar de la comunidad, la población, sus recursos naturales, entre otros.

Prensa Comunitaria dio seguimiento a varios de esos actos solemnes de transición, entre ellos los siguientes:

En Huehuetenango, en Santa Rosa, del municipio de Santa Cruz Barillas, asumieron nuevas autoridades comunitarias

Sololá realizó cambio de cargos de Autoridades Indígenas para el año 2021

Asumen las nuevas autoridades comunales de los 48 Cantones de Totonicapán;

Cambio de varas en San Sebastián, Huehuetenango;

En San Juan Ixcoy, Huehuetenango: 64 alcaldes auxiliares tomaron posesión en una solemne actividad;

En Santa Eulalia se realizó la transición de mando de las autoridades comunitarias, varias mujeres asumen el cargo;

En El Pilar 2, San Juan Sacatepéquez asumió nuevas autoridades;

Asumen nuevas autoridades comunitarias en Cerro de Oro, Santiago Atitlán;

Cambian autoridades ancestrales Q’anjob’al en Santa Eulalia;

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Prensa comunitaria

(Español) Huehuetenango: a doce años de la resistencia contra las hidroeléctricas en Barillas

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Por Nelton Rivera

En el municipio de Barillas, al norte de Huehuetenango, las comunidades que en su mayoría son habitadas por q’anjob’ales y mestizos se organizan y participan en el Movimiento de la Sociedad Civil, que el pasado 19 de diciembre realizaron una actividad para conmemorar el primer aniversario del desistimiento de prisión y persecución política contra Palas Luín, coordinador del movimiento y fundador de Prensa Comunitaria.

Esa actividad se realizó en Poza Verde, uno de los lugares importantes y ceremoniales para el pueblo q’anjob’al y lugar donde la resistencia pacífica integrada por la población, se estableció contra las hidroeléctricas en la región. Si bien el 19 de diciembre se cumplió un año de la detención de Palas Luín sobre la carretera entre Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, varios representantes del movimiento y los líderes comunitarios también conmemoraron el cuarto año del cierre de las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que en 2016 cerraron sus oficinas, pararon la construcción de las hidroeléctricas y se retiraron del lugar. Barillas: después de un sinfín de violaciones a derechos humanos Hidro Santa Cruz anuncia posible retiro del país

Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020

Durante la actividad de conmemoración del 19 de diciembre, a las 7 de la mañana se realizó una ceremonia espiritual maya, a pocos metros de la finca en dónde se ubicaron las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz SA, en ese lugar aún se pueden ver una construcción de dos niveles completamente abandonada y en su interior los restos de maquinaria pesada que nadie retiró desde el 2011.

Poza Verde también es el lugar del asesinato de Andrés Francisco Miguel, un comunitario que se opuso a la construcción de varias centrales hidroeléctricas de la empresa española, este crimen ocurrió el 1 de mayo de 2012 durante la feria del municipio y hasta la fecha continúa en la impunidad. Dinámicas del despojo en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas.

Durante la conmemoración, la explosión de los morteros de fiesta, sirvieron de llamado para el inicio de las actividades, mientras una de las autoridades ancestrales maya q’anjob’al realizaba la ceremonia, también se instalaba todo el equipo de sonido de la Marimba Maya Santa Cruz, que por primera vez hizo su aparición pública junto a la resistencia pacífica.

Palas Luin condujo parte del evento, precisamente por su papel como coordinador del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, además como uno de los fundadores de Prensa Comunitaria junto a Daniel Pedro Mateo (QDP). Palas Luin junto a unas trescientas personas que llegaron de distintas comunidades del municipio, recordaron la memoria de sus mártires y también reafirmaron que la defensa por el agua y por los ríos continuará.

Proceso de detención

Palas Luín fue detenido en diciembre de 2019 y encarcelado por su oposición en contra de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, cuya empresa en Guatemala, Hidro Santa Cruz SA, pretendía desde el 2011 la construcción de una serie de hidroeléctricas en cascada, utilizando el caudal del río q’anbalam en el norte de Huehuetenango.

Palas Luin permaneció varios meses encarcelado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18, en la ciudad de Guatemala, la presión social y la defensa de sus abogados lograron en enero de 2020 que uno de los jueces en la capital resolviera cerrar el caso y dejarlo en libertad.

La actividad duro toda la mañana, quienes asistieron compartieron un tamal, tortillas y una limonada, otras personas bailaron al ritmo de los sones y ritmos q’anjob’ales de la marimba. Los accesos a Poza Verde se dañaron por las dos tormentas tropicales, al mismo tiempo de la conmemoración, otro grupo de comunitarios trabaja junto a una retroexcavadora en uno de los deslaves de la carretera comunitaria, misma que permanece cerrada para el paso de cualquier maquinaria relacionada con actividades extractivas.

Se cumplieron doce años de la llegada de la empresa española a Barillas en el 2008 y el 19 de diciembre pasado se conmemoró el primer año de la detención y posterior liberación de Palas Luin.

Foto Nelton Rivera.
Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020
Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020

 

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El Salto diario

(Español) La justicia británica no entregará a Julian Assange a EE UU por “riesgo de suicidio”

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Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos. Al menos por ahora. En la mañana de este 4 de enero la justicia británica ha hecho pública su decisión de no entregar al fundador de Wikileaks a las autoridades estadounidenses. La juez Vanessa Baraitser, encargada del caso, considera demostrado que Assange presenta problemas mentales y existe un alto riesgo de suicidio si es procesado en Estados Unidos y encarcelado en “condiciones de casi total aislamiento”.

Hace un año, en abril de 2019, la foto de la detención de Assange en la embajada ecuatoriana, donde había pasado los últimos siete años de su vida, dio la vuelta al mundo. Desde entonces, el australiano se encontraba detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, a la espera de una decisión sobre la extradición a Estados Unidos.

No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de la libertad de prensa lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición

Después de que la acusación por violación en Suecia fuera archivada, el Gobierno de EE UU mantenía una orden de búsqueda y captura por 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo informático. No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de las libertades lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición.

A medida que se acercaba la fecha, aumentaban las presiones desde todos los campos. El relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, vinculaba el caso con la ofensiva de los Estados contra el periodismo de investigación: “Si Julian Assange es condenado, será una sentencia de muerte para la libertad de prensa”.

Todo empezó el 5 de abril de 2010, cuando el mundo pudo ver, gracias al portal de investigación fundado por Assange, las imágenes de soldados estadounidenses masacrando a civiles en Bagdad desde un helicóptero. Y unos meses después, Wikileaks destapó 90.000 documentos sobre la guerra de Afganistán en los que se evidenciaban graves violaciones de los derechos humanos. Y el 22 de octubre de 2010, una nueva filtración, esta vez de 400.000 documentos, mostraban las atrocidades de la guerra de Iraq.

El conocido caso del Cablegate, donde Wikileaks hizo públicos 250.000 documentos del Departamento del Estado, o la difusión de los horrores de las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib colocaron a Julian Assange como uno de los principales enemigos de la Casa Blanca. “Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos”, decía Nils Melzer. En esta ocasión ha conseguido evitar la extradición, pero todavía está lejos de ser libre y reparado por diez años de persecución y aislamiento.

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(Español) Familia Queipul Pallaleo gravemente afectada en su salud por persecución judicial contra Mapuche Movilizados. A ello se suma un herido a bala acusado de un delito sin pruebas

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“Persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile”, señala su vocero.

Wallmapu, territorio mapuche ocupado, 30 diciembre 2020.

Luego de varias semanas desde la acusación y secuestro en prisión de parte de la familia Queipul Pallaleo de Temucuicui, se observan graves consecuencias para su derecho a la salud, ya que la cárcel ha generado incluso que una de sus integrantes haya sido contagiada en el recinto estatal con el virus COVID19, además de sufrir crisis de angustia y otras afecciones psicológicas, a partir de su paso por las traumáticas condiciones carcelarias, las cuales eran totalmente desconocidas para la afectada Luz Marisel Pallaleo Catrío, esposa y madre respectivamente de Sebastián Queipul Marillán (Chacha) y Daniel Queipul Pallaleo. Todos ellos enfrentan acusaciones judiciales que, de acuerdo a lo señalado por voceros mapuche, tienen como objetivo acallar las reivindicaciones mapuche, más aún considerando que Sebastián Queipul es un reconocido dirigente, quien lideró parte de las movilizaciones para la recuperación del territorio mapuche desde la dictadura militar, siendo uno de los frutos de esta ardua tarea la recuperación del ex fundo Alaska, terreno que forma parte del territorio ancestral de Temucuicui.

Al mismo tiempo ha sido objeto de grave afección a su derecho a la salud Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul, quien, mientras se encontraba siendo atendido en un hospital de Talcahuano, fue detenido y acusado de homicidio frustrado contra Carabineros, porte ilegal de arma y disparo, a pesar de encontrarse a más de 220 kms de donde supuestamente ocurrieron estos hechos. De acuerdo al vocero de los afectados, Mijael Carbone Queipul,  “es condenable la acusación referida a un supuesto ataque armado, siendo que el único herido es el detenido Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul”, enfatizando que  “esto solo puede entenderse en un contexto de persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile y los territorios anexados por la fuerza en WallMapu”. La gente de Temucuicui destaca también que la mano ejecutora de todo este proceso represivo es el fiscal Enrique Vásquez de la Fiscalía de Collipulli, quien se dedica a criminalizar toda expresión de legítima lucha social en la zona, además del encargado de la seguridad del gobierno, subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien ha declarado culpables “con pruebas” a los detenidos antes de que se haya iniciado la investigación judicial y se haya activado el derecho a la defensa.

Por todo ello se hace un llamado a difundir estos hechos y que la acción movilizada por los derechos, colabore con la exigencia de fin de la persecución y reparación a estas familias y jóvenes del territorio mapuche de Temucuicui. Al mismo tiempo se convoca a todas las instancias internacionales de derechos humanos, aún a las que pretenden que la violación a los DDHH en Chile no es sistemática, a acercarse y dar cuenta de esta realidad.

Por Comunicaciones PuLofMapuXawün 

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