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Centro de DH Tlachinollan

(Español) En Fallo histórico: Gana Amparo familia de indígena naua ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano

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Familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la Montaña de Guerrero ejecutado extrajudicialmente por militares, obtienen amparo contra fuero castrense.

  • En una sentencia histórica, por primera vez la Justicia Federal protege a civiles frente a la ilegal extensión del fuero castrense.
  • Juez determina que el Artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional.
  • SEDENA debe acatar el fallo y la justicia civil concluir con diligencia el juicio.


Tlapa, Guerrero, a 12 de diciembre de 2011.- En una sentencia sin precedentes, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que durante el 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicho homicidio.

La sentencia tiene sus antecedentes en los hechos donde fue privado de la vida Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la comunidad de Tlatzala, Guerrero, quien el 20 de junio de 2009,  cuando viajaba hacia el Distrito Federal en un autobús de la línea Sur junto con más de cuarenta pasajeros, fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero, desde el que los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús luego de que el conductor reemprendiera su marcha tras ser revisada su unidad por los soldados.

Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre se impusieron las instituciones militares de procuración de justicia. Al quedar legalmente enterados de que éstas habían atraído la investigación, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo el 22 de junio de 2011, en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles como la asunción de competencia por los castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México: el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La demanda dio inicio al juicio de amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que con posterioridad conoció el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el número 614/2011. Fue en el curso del mismo juicio de amparo que los familiares de Bonfilio Rubio Villegas pudieron tener por primera vez acceso pleno al expediente; así supieron que aunque varios elementos participaron en los hechos sólo un militar estaba siendo juzgado por el delito de violencia contra las personas causando homicidio y que éste, beneficiándose de una investigación deficiente y parcial, había conseguido a través de su defensa la reclasificación del delito que en consecuencia pasó a ser tipificado como mero homicidio culposo. También constataron que, infructuosamente, los militares habían intentado diluir su responsabilidad introduciendo en el lugar de los hechos elementos ajenos al mismo para desvirtuar la evidencia y estigmatizar a la víctima.

El Juzgado Sexto de Distrito emitió su sentencia el 2 de diciembre, misma que se hizo del conocimiento de las partes el pasado viernes 9 de diciembre. En su fallo, el Juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó entre otros aspectos: que las víctimas y los ofendidos del delito tienen legitimidad para acudir al Juicio de Amparo ante la aplicación del fuero militar; que el artículo 57 del Código de Justicia Militar desborda los límites impuestos por el artículo 13 Constitucional; y que la extensión del fuero militar a casos que involucran a civiles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo ésta vinculatoria para los tribunales mexicanos.

A partir de estos razonamientos, el juzgador resolvió que: “[…] el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a efecto de resarcir a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, deberá: Emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos en el presente fallo, se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal […L]a declaratoria de incompetencia deberá de hacerse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con competencia territorial en el lugar donde sucedieron los hechos, pues se trata de una autoridad de naturaleza civil (no militar), facultada para conocer de delitos cometidos por servidores públicos federales […]”.

La sentencia dictada constituye un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad castrense pues por primera vez civiles agraviados por la ilegal extensión del fuero militar han sido beneficiados con el amparo de la Justicia Federal. En esa medida, la lucha que han sostenido los familiares de Bonfilio Rubio Villegas cristaliza los esfuerzos que antes protagonizaron otras víctimas como Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y Reynalda Morales Rodríguez, entre otras.

La privación arbitraria de la vida de Bonfilio Rubio Villegas muestra de manera paradigmática el desproporcionado uso de la fuerza letal que, cada vez con mayor frecuencia, se hace patente en la interacción del Ejército con los civiles. Asimismo, pone de relieve la tendencia a encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares mediante la manipulación de la evidencia y la estigmatización de las víctimas, generada sistemáticamente por el propio Ejército. Pero, del mismo modo, la lucha emprendida por la familia Rubio es también ejemplificativa de los esfuerzos que muchas víctimas impulsan para vencer la violencia institucional castrense.

La relevancia de su triunfo legal radica también en que es el primer referente exitoso respecto de la posibilidad de impugnar la extensión del fuero militar mediante el juicio de amparo, por lo que sin duda la sentencia que les ampara guiará la acciones de defensa que muchas víctimas deberán emprender en tanto no sea reformado el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de dicho fuero todos los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos en agravio de civiles, y no sólo algunas de ellas. Por ello, es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el Presidente Calderón en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico cuando instruyó que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. De lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

La búsqueda de justicia no ha concluido para los familiares de Bonfilio Rubio Villegas: el juez federal del ámbito civil que conozca el caso deberá instruir con diligencia el proceso en Chilpancingo a efecto de que los militares responsables sean sancionados, de tal suerte que sus conductas sean reprochadas conforme a derecho y atendiendo al grave daño que causaron. En ese tenor, tratándose de una situación inédita, el seguimiento de la opinión pública de este proceso resulta fundamental.

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Communiqué from the Regional Forum for the Defense of Human Rights

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Invitation: International Human Rights Meeting in Solidarity with Honduras

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Pueblo Creyente y CEBs

Palabra del Pueblo Creyente y las Comunidades Eclesiales de Base en Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 24 de noviembre de 2011.

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD:

Nuestra fe está puesta en el Dios de la vida que puso en las manos de la humanidad toda la creación para que nos sirviera para vivir (Génesis 1, 29 – 31). Reconocemos a nuestro buen Dios como el creador del sol, de la madre tierra, del agua, de los árboles y de todos los recursos de la naturaleza. Creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y por ello nos sentimos responsables de cuidar su obra y de procurar que no la sigamos destruyendo. Creemos que Dios nos creó a hombres y mujeres a su imagen y semejanza; por ello, nos duele y nos preocupa la destrucción de los seres humanos, la violencia contra las mujeres, por el abuso del alcohol y de las drogas. Peregrinamos para pedir perdón a Dios por nuestras faltas y para pedirle su ayuda y así vivamos una vida más digna, como El quiere.

Creemos en el Dios que está cerca de su pueblo, que es solidario con él y por eso lo libera de la opresión: “He visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos, conozco sus sufrimientos, por eso he venido a liberarlos…” (Éxodo 3, 7 – 9). Creemos en Jesucristo el enviado de Dios que nos ha traído la Buena Nueva del Reino, que se hace presente cuando hay una vida abundante (“… Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva de Dios… El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean la Buena Nueva” (Marcos 1, 14 – 15) “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10, 10).

Desde esta convicción, ante el dolor y sufrimiento de nuestro pueblo y de nuestra Madre Tierra, como diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinamos hoy, encabezados por Pueblo Creyente y por Comunidades Eclesiales de Base, en fidelidad a lo acordado en la Asamblea diocesana de mayo pasado.

Estamos preocupados por las causas reales de la agonía de nuestra Madre Tierra que día a día constatamos en: La contaminación del medio ambiente, el aumento de la basura, la deforestación, la erosión, la destrucción de cerros, la contaminación de manantiales y ríos, la escasez y poco cuidado del agua, el uso indiscriminado de agroquímicos y otros. Nos preocupa la pérdida de respeto a nuestra Madre Tierra.

Vemos con dolor, que en nuestro Estado de Chiapas hay mayor pobreza, migración, aparición de nuevas enfermedades como el Sida, suicidios, despojo de tierras aunado al aumento de catástrofes naturales que afectan principalmente a los más pobres.

Somos testigos de cómo algunos programas gubernamentales crean dependencia y pobreza, y nos preocupa que los llamados “macro-proyectos”, provenientes de intereses transnacionales, pretendan apropiarse y controlar el territorio y los recursos naturales de nuestro Estado; en muchas comunidades, ambos provocan división y enfrentamiento.

Nos indigna el clima de inseguridad y violencia en todo el país y en nuestro Estado que se está haciendo cada vez más evidente en: asesinatos, secuestros, desapariciones, maltrato a migrantes, extorsión, etc. Sumándose a esto la apertura de más cantinas, prostíbulos y antros que están fuera de la ley, y que violentan el reglamento en materia de salud, provocando el incremento en la venta de alcohol, droga y prostitución.

Nos preocupa la posible imposición de una Ley de seguridad que no respetara los derechos inviolables de los ciudadanos. Nos indigna la criminalización de la sociedad, de los defensores de derechos humanos, que por denunciar la injusticia son detenidos, torturados y encarcelados como delincuentes.

Como Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal, con nuestros pastores jTatic Felipe y jTatic Enrique, y en memoria de nuestro querido jTatic Samuel, tenemos el compromiso de hijos e hijas de Dios de denunciar las injusticias y anunciar el Reino de Dios, que se construye día a día en nuestra realidad cotidiana cuando nos hacemos verdaderos hermanos y hermanas unos de otros. Por ello,

Denunciamos:

  • La falta de acciones enérgicas por parte de las autoridades correspondientes que controlen el comercio y el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, así como la apertura de cantinas, prostíbulos y antros que tanto daño hace a nuestras comunidades.

  • La amenaza latente que representan las concesiones mineras que, aunque se han detenido temporalmente, pueden reactivarse de un momento a otro, pues no se han clausurado de manera definitiva.

  • El uso de los recursos de la nación para impulsar proyectos ambiciosos de empresas trasnacionales.

  • La falsa política ambientalista que se nos está presentando desde la Cop16 celebrada en Cancún, en la que los acuerdos tomados significan, en la práctica, el secuestro de nuestros territorios como mercancía para mitigar los efectos del cambio climático y permitir que continúe un modelo de desarrollo que rechaza reducir emisiones contaminantes.

  • Los efectos nocivos de los proyectos que inciden en un cambio cultural y el abandono de la producción de alimentos, en función de privilegiar monocultivos en favor de la industria.

  • El riesgo que representa para nuestras semillas nativas, la aceptación de cultivos transgénicos y la actitud ambigua de funcionarios y dependencias gubernamentales ante las grandes empresas del ramo.

Ante esta realidad que atenta contra la vida y la dignidad de nuestros pueblos, nos pronunciamos:

  • Por un ambiente social más sano, libre de alcoholismo y de drogas que tanto dañan a personas, a las familias y a la sociedad y, por tanto, la aplicación de la ley en esta materia por parte de las autoridades.

  • No permitir concesiones mineras y clausurar definitivamente las ya existentes que dañan y contaminan al medio ambiente y a la población.

  • Por el respeto a los territorios de los pueblos originarios que habitamos estas tierras.

  • Por una forma de entender la naturaleza en la que los seres humanos no somos los dueños, sino que formamos parte de ella.

  • Por una sociedad en que se viva el reino por una Paz que nace de la justicia, el respeto y la dignidad de las personas.

  • Por una sociedad democrática donde se valora y se respete la participación ciudadana con propuestas de decisiones que marcan el camino de nuestra nación.

  • Porque se valore y se respete las formas de organizaciones de nuestros pueblos.

  • Porque no se trate como criminales a las personas que se organizan y que denuncian las injusticias.

Por todo lo anterior hacemos un llamado:

A la comunidad católica, a hombres y mujeres de buena voluntad y de otras confesiones religiosas, a sumarse a estas causas, revisando nuestros modos de vidas, buscando crear una armonía entre los seres humanos y con la naturaleza, haciendo un uso responsable de los recursos naturales que estén en armonía con la naturaleza y que hagan uso moderado de los recursos. Poco logramos con sólo denunciar lo que hacen otros, si nosotros no nos convertimos y no damos un buen ejemplo.

A las comunidades y ejidos de nuestro Estado y a las organizaciones de la sociedad civil, a construir la unidad y recuperar la inspiración original de nuestras luchas, para seguir cuidando y defendiendo nuestros territorios y recursos naturales, y a rechazar aquellos programas, proyectos y prácticas que atentan contra nuestra dignidad y contra la unidad de las comunidades y que causan destrucción a nuestra Madre Tierra. Y a poner las medidas para que las bebidas embriagantes, la prostitución, las cantinas y la venta de droga sean eliminadas de nuestras comunidades.

Al gobierno estatal y al Congreso del Estado a que, escuchando la voz de las comunidades indígenas y campesinas, y en respeto a los acuerdos de San Andrés, promuevan los decretos y leyes pertinentes para proteger la rica biodiversidad, los recursos y el territorio de nuestro Estado, así como las semillas nativas que representan el patrimonio milenario de nuestras culturas. Tenemos ya ejemplo de legislaciones de otros Estados del país que han garantizado la no siembra de semillas transgénicas en sus territorios. Y concretamente a prohibir la explotación de minas contaminantes o destructoras del ambiente, en el Estado de Chiapas, lo mismo que la aplicación a fondo de las leyes y reglamentos relacionada con la venta de vinos, licores y con la creación de cantinas, bares, antros y prostíbulos.

Al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, a dar seguimiento a los Acuerdos de San Andrés, a no imponer la Ley de seguridad y a atender los reclamos justos de la sociedad.

A la comunidad internacional, a continuar la solidaridad en la resistencia a un proyecto de desarrollo que destruye nuestro planeta y afecta de modo especial a los más pobres.

Reiteramos nuestra solidaridad con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y con las víctimas de la violencia que se ha desatado en muchos Estados del país en los últimos años. Urgimos en particular que se revisen los expedientes y se haga justicia a los hermanos y hermanas injustamente presos. De la misma manera nos unimos con otros procesos de luchas pacificas en defensa de la Madre Tierra, el territorio y de la vida que se llevan a cabo en otros estados del país y del mundo.

En este día caminamos, en memoria de nuestro jTatic Samuel y de otros muchos laicos, laicas, religiosos y religiosas que han sido testimonio del amor de Dios a su pueblo pobre.

Creemos en el Dios que está cerca de su pueblo, que es solidario con él y por eso lo libera de la opresión. Creemos en nuestro compromiso de Hijos de Dios de denunciar las injusticias y anunciar el Reino de Dios que se construye día a día en nuestra realidad cotidiana cuando nos hacemos verdaderos hermanos y hermanas unos de otros, y cuando no nos dejamos encadenar por el alcohol y las drogas.

Creemos que la tierra es nuestra Madre que nos viste y alimenta y es nuestro compromiso cuidarla y protegerla para que no sea tratada como una mercancía, sino como obra amorosa que Dios puso en nuestras manos para vivir dignamente.

Fraternalmente:

El Pueblo Creyente y Comunidades Eclesiales de Base, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chis.

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RvsR-Chiapas

Hunger striker has been sent to the CERSS 5 as punishment

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San Cristóbal de Las Casas Chiapas a 17 de noviembre del 2011

Trasladan al compañero Juan Collazo Jiménez al penal de los Llanos.

El día de ayer 16 de noviembre Juan Collazo Jiménez fue trasladado del CERSS nº6 de Motozintla al CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran sus compañeros de lucha de la organización Los Solidarios de La Voz del Amate.

El 7 de octubre del 2010, Juan había sido trasladado de manera arbitraria a la prisión de Motozintla, ubicada a 5 horas de la ciudad de San Cristóbal, con lo cual su familia tenía grandes agravios para ir a visitarle. Aquella medida había sido de manera evidente una medida de dispersión la cual también es una forma de tortura psicológica y una estrategia de desestructuración social y política.

El pasado 2 de octubre, el compañero Juan Collazo, Solidario de la Voz del Amate, se sumó desde Motozintla a la huelga de hambre y ayuno que dio comienzo el 29 de septiembre del presente en el penal de los Llanos y que fue protagonizado por miembros de las organizaciones de La Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces Inocentes. Posteriormente a estos hechos y después de haber recibido amenazas de castigo por parte del alcaide del penal de Motozintla de nombre Rogelio Ángel Camacho si no desistía de su ayuno, el compañero Juan se declara en huelga de hambre total ese mismo día con fecha de 27 de octubre del presente año, y con la demanda de libertad inmediata e incondicional.

Aun habiendo finalizado la huelga de hambre que mantenían los compañeros privados de libertad en el CERSS nº5, Juan Collazo siguió en huelga de hambre en el Área de castigo del penal de Motozintla hasta el día 8 de noviembre, esta vez con la exigencia de ser trasladado al CERSS nº5 de San Cristóbal de Las Casas.

Por otra parte el compañero Alfredo López Jiménez perteneciente a la organización de Los Solidarios de la Voz del Amate y el compañero Rosario Díaz Méndez de La Voz del Amate, han realizado recientemente denuncias públicas informando de su situación de salud y denunciando la deficiente atención medica que reciben en el CERSS nº5 de San Cristóbal de Las Casas ya que la presencia de doctores no es constante en el penal y hay falta de medicamentos y recursos materiales para dar una atención medica digna al preso.

Con dichas prácticas la institución penitenciaria antes mencionada, a cargo de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, está violando los artículos 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el derecho a la salud de todos los internos en los reclusorios de la república, así como tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.

Por ello exigimos que se les proporcione atención médica adecuada a nuestros compañeros presos, como también exigimos la liberación de todos los compañeros de La Voz del Amate, Voces Inocentes y Solidarios de la Voz del Amate, especialmente la liberación y su regreso a Chiapas del profesor Alberto Patishtán Gómez que se encuentra recluido y en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Guasave Sinaloa.

¡Presos políticos libertad!

¡Libertad Alberto Patishtán Gómez!

GT No Estamos Todxs

Red Contra la Represión y por la Solidaridad Chiapas

Red contra la Represión Chiapas
(RvsR-Chiapas)

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Radio Zapatista

La lucha por los Chimalapas

The story of the current conflict in the Chimalapas, an upland forest zone with the greatest biodiversity in Mexico, where the Zoque indigenous people are resisting the depredations of governments and the interests of loggers and ranchers. This is another rural conflict administered from above which is costing suffering, blood and tears among those from below.

(Descarga aquí)  
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Urgent call for solidarity with the campesino movement of Bajo Aguán, Honduras

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Two Years of Impunity in the Case of H.R. Defenders Margarita Martínez and Adolfo Guzmán

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Statement by the National Network of Civil Resistance Against High Energy Bills

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AI requests protection for Cerezo brother after death threats

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