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Centro de DH Frayba

Continúan actos de hostigamiento a la familia de David Potenciano Torres, sobreviviente de Tortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

14 de diciembre de 2011

Boletín No. 23

Continúan actos de hostigamiento a la familia de David Potenciano Torres, sobreviviente de Tortura

La Tortura sigue en la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), manifiesta su preocupación por el hostigamiento a familiares de David Potenciano Torres (en adelante David Potenciano), sobreviviente de tortura y quien se encuentra detenido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en Cintalapa, Chiapas.

Según la información recabada por este Centro de Derechos Humanos el día 01 de diciembre del presente año, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aproximadamente a las 12.00 hrs., Jorge Luis Mendoza Torres (en delante Jorge Luis), hermano de David Potenciano, mientras conducía su automóvil se percató que era seguido por un vehículo de color oscuro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, por lo que decidió ingresar a un estacionamiento de un centro comercial, hasta donde fue seguido por el mismo vehículo. Después de un tiempo, Jorge Luis se dirigió al CERSS No. 14, El Amate, para visitar a su hermano David Potenciano

Según testimonio de Jorge Luis, dos días después, el 3 de diciembre, aproximadamente a las 15.00 hrs., mientras se encontraba en un autolavado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se percató que el mismo vehículo que lo había seguido dos días antes, estaba dando varias vueltas en el lugar, con claras señales de vigilarlo.

Es importante mencionar que anteriormente el Frayba solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-287-11 David Potenciano Torres y otros), debido al riesgo a su integridad y seguridad personal por las denuncias realizadas anteriormente y porque, según la valoración de los familiares de David Potenciano, las medidas cautelares otorgadas por el Consejo Estatal de Derechos Humanos resultan ineficaces.

Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, en el expediente 99/2011 radicado en el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tuxtla Gutiérrez, David Potenciano narró a la autoridad como fue sometido a tortura y, a pesar de esto, hasta el día de hoy dicha autoridad no ha realizado las gestiones para que se inicie la investigación correspondiente, tal como lo indica la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Chiapas.

El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere se le impondrá de tres meses a tres años de pena privativa de libertad (…)”

Ante estos hechos anteriormente expuestos el Frayba, tiene el temor fundado que la tortura perpetrada contra David Potenciano continúe en la impunidad, ya que los actos fueron realizados por agentes y funcionarios estatales y de manera específica por integrantes de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), quienes violaron los derechos a la integridad y seguridad personal y libertad personal; así como por el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tuxtla Gutiérrez, quien violó el derecho al debido proceso y a la protección frente al abuso de poder, tal como se encuentran establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Además, manifestamos nuestra preocupación por los actos de vigilancia y hostigamiento a la familia de David Potenciano, de manera particular por lo ocurrido a Jorge Luis Mendoza Torres y solicitamos que se realicen acciones para el cese inmediato de estos hechos, así como se otorguen medidas de protección adecuadas a él y su familia.

Antecedentes

David Potenciano fue detenido el 25 de mayo del 2011, en la ciudad de Palenque, Chiapas por efectivos de la FECDO, quienes allanaron su domicilio. Fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en esa misma ciudad, donde le fueron vendados los ojos, así como las extremidades del cuerpo, introduciéndole agua mineral por la nariz, mientras lo acusaban de ser integrante de los Zetas y de haber participado en el asesinato del Presidente de la Unión Ganadera de la zona Norte Pedro Fonz Ramos. David Potenciano fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Selva de la PGJE en donde fue golpeado, le pusieron en varias ocasiones una bolsa de plástico en la cabeza, lo obligaron a firmar documentos que no pudo leer en su contenido. El 26 de mayo, fue llevado a las instalaciones de la FECDO en Tuxtla Gutiérrez, en donde le hicieron firmar otros documentos y el día siguiente fue arraigado en la Quinta Pitiquitos, Chiapa de Corzo. A pesar de contar con un amparo y protección de la justicia federal – en el juicio No. 692/2011 del 24 de junio de 2011, otorgado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, por considerar que no existían elementos probatorios para que el Juez de Medidas Cautelares del Estado de Chiapas otorgara el arraigo, por lo que se ordenó a la PGJE la inmediata libertad – el 25 de junio fue trasladado al CERSS No. 14, El Amate y acusado de homicidio calificado, lesiones y delincuencia organizada.

Desde el momento de la detención, los familiares de David Potenciano han denunciado las violaciones a los derechos humanos, así como han demostrado la inocencia del detenido a través de la interposición de recursos legales.

Después de la conferencia de prensa del pasado mes de agosto, en donde la familia denunció que la falta de imparcialidad e independencia de las instituciones en el presente caso, es resultado de la relación de amistad y compadrazgo que el difunto Pedro Fonz Ramos mantenía con el gobernador del estado de Chiapas Juan Sabines Guerrero, los familiares de David Potenciano han sido víctimas de hostigamiento y vigilancia por personas desconocidas. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos se han manifestado en apoyo al caso de David Potenciano y a su familia.

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Centro de DH Tlachinollan

En Fallo histórico: Gana Amparo familia de indígena naua ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano

Familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la Montaña de Guerrero ejecutado extrajudicialmente por militares, obtienen amparo contra fuero castrense.

  • En una sentencia histórica, por primera vez la Justicia Federal protege a civiles frente a la ilegal extensión del fuero castrense.
  • Juez determina que el Artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional.
  • SEDENA debe acatar el fallo y la justicia civil concluir con diligencia el juicio.


Tlapa, Guerrero, a 12 de diciembre de 2011.- En una sentencia sin precedentes, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que durante el 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicho homicidio.

La sentencia tiene sus antecedentes en los hechos donde fue privado de la vida Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la comunidad de Tlatzala, Guerrero, quien el 20 de junio de 2009,  cuando viajaba hacia el Distrito Federal en un autobús de la línea Sur junto con más de cuarenta pasajeros, fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero, desde el que los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús luego de que el conductor reemprendiera su marcha tras ser revisada su unidad por los soldados.

Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre se impusieron las instituciones militares de procuración de justicia. Al quedar legalmente enterados de que éstas habían atraído la investigación, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo el 22 de junio de 2011, en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles como la asunción de competencia por los castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México: el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La demanda dio inicio al juicio de amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que con posterioridad conoció el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el número 614/2011. Fue en el curso del mismo juicio de amparo que los familiares de Bonfilio Rubio Villegas pudieron tener por primera vez acceso pleno al expediente; así supieron que aunque varios elementos participaron en los hechos sólo un militar estaba siendo juzgado por el delito de violencia contra las personas causando homicidio y que éste, beneficiándose de una investigación deficiente y parcial, había conseguido a través de su defensa la reclasificación del delito que en consecuencia pasó a ser tipificado como mero homicidio culposo. También constataron que, infructuosamente, los militares habían intentado diluir su responsabilidad introduciendo en el lugar de los hechos elementos ajenos al mismo para desvirtuar la evidencia y estigmatizar a la víctima.

El Juzgado Sexto de Distrito emitió su sentencia el 2 de diciembre, misma que se hizo del conocimiento de las partes el pasado viernes 9 de diciembre. En su fallo, el Juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó entre otros aspectos: que las víctimas y los ofendidos del delito tienen legitimidad para acudir al Juicio de Amparo ante la aplicación del fuero militar; que el artículo 57 del Código de Justicia Militar desborda los límites impuestos por el artículo 13 Constitucional; y que la extensión del fuero militar a casos que involucran a civiles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo ésta vinculatoria para los tribunales mexicanos.

A partir de estos razonamientos, el juzgador resolvió que: “[…] el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a efecto de resarcir a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, deberá: Emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos en el presente fallo, se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal […L]a declaratoria de incompetencia deberá de hacerse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con competencia territorial en el lugar donde sucedieron los hechos, pues se trata de una autoridad de naturaleza civil (no militar), facultada para conocer de delitos cometidos por servidores públicos federales […]”.

La sentencia dictada constituye un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad castrense pues por primera vez civiles agraviados por la ilegal extensión del fuero militar han sido beneficiados con el amparo de la Justicia Federal. En esa medida, la lucha que han sostenido los familiares de Bonfilio Rubio Villegas cristaliza los esfuerzos que antes protagonizaron otras víctimas como Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y Reynalda Morales Rodríguez, entre otras.

La privación arbitraria de la vida de Bonfilio Rubio Villegas muestra de manera paradigmática el desproporcionado uso de la fuerza letal que, cada vez con mayor frecuencia, se hace patente en la interacción del Ejército con los civiles. Asimismo, pone de relieve la tendencia a encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares mediante la manipulación de la evidencia y la estigmatización de las víctimas, generada sistemáticamente por el propio Ejército. Pero, del mismo modo, la lucha emprendida por la familia Rubio es también ejemplificativa de los esfuerzos que muchas víctimas impulsan para vencer la violencia institucional castrense.

La relevancia de su triunfo legal radica también en que es el primer referente exitoso respecto de la posibilidad de impugnar la extensión del fuero militar mediante el juicio de amparo, por lo que sin duda la sentencia que les ampara guiará la acciones de defensa que muchas víctimas deberán emprender en tanto no sea reformado el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de dicho fuero todos los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos en agravio de civiles, y no sólo algunas de ellas. Por ello, es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el Presidente Calderón en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico cuando instruyó que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. De lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

La búsqueda de justicia no ha concluido para los familiares de Bonfilio Rubio Villegas: el juez federal del ámbito civil que conozca el caso deberá instruir con diligencia el proceso en Chilpancingo a efecto de que los militares responsables sean sancionados, de tal suerte que sus conductas sean reprochadas conforme a derecho y atendiendo al grave daño que causaron. En ese tenor, tratándose de una situación inédita, el seguimiento de la opinión pública de este proceso resulta fundamental.

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Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

En cuanto a las problemáticas de migración:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.

Relativo a la situación de jóvenes,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

Finalmente,

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.

Michael. W. Chamberlin


Melissa A. Vértiz Hernández
Encargada de incidencia
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
1ra Norte #37, Col. Centro. C.P. 30700
Tapachula, Chiapas
Tel. 01 (962) 642 50 98

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Invitación: Encuentro Internacional de DDHH en Solidaridad con Honduras

Hermanos y hermanas,

Compañeros y compañeras,

Nuestro saludo a todos y todas,

Con esperanzas y ganas de continuar en la construcción de una Honduras donde NO seamos estadísticas crecientes en la violación de derechos humanos, buscando salidas a la grave situación humanitaria en el Valle de Aguán, región de lucha campesina, diversas organizaciones estamos uniendo esfuerzos para que una vez más entre hondureños y hondureñas nos juntemos a repensar esas construcciones colectivas por la justicia, la dignidad y la vida, donde podamos contar con la  solidaridad internacional que nos llene de aliento, ternura y nos fortalezca para enfrentar la sistemática violación de derechos humanos, la militarización y el despojo.

Nos da mucho gusto invitarles a participar en el Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras, que se llevará a cabo en el Bajo Aguán, departamento de Colón, Honduras, del 17 al 20 de febrero del 2012.

En este  Encuentro internacional nos proponemos:

  • Hacer evidente la continuidad del Golpe de Estado en Honduras y su expresión en todo el aparato institucional responsable de la impunidad y la agudización de la violencia estatal.
  • Fortalecer los vínculos solidarios y de hermandad entre luchas y pueblos del mundo, a partir de la acción  común frente a la grave situación de violación de derechos humanos en Honduras.
  • Visibilizar y denunciar la situación de violación de derechos humanos en Honduras y especialmente en el Bajo Aguán
  • Entender la vinculación entre la militarización, la transnacionalización, la lucha por la tierra y la violación de derechos humanos en la región y el país

Previo y posterior al Encuentro, y en el marco de esta convocatoria, se realizarán Brigadas Nacionales e Internacionales de Solidaridad, en las comunidades y asentamientos que viven las condiciones más graves. Estas BRIGADAS DE SOLIDARIDAD se establecen a partir de la convicción de que la creatividad, el afecto activo y la colectividad vital, tienen la potencia de desmontar la cultura de la violencia que sostiene la lógica militar.

Cumplirán tareas en el marco de la prevención y protección de los derechos humanos para los asentamientos de las diversas organizaciones campesinas sometidas a procesos de represión y exterminio. Las brigadas de la solidaridad permanecerán por espacios de tiempo definidos entre las personas delegadas y el Observatorio.

Les recordamos que la llegada a Tocoa, ciudad principal del Bajo Aguan, es el día 17, los días plenos de trabajo son el 18 y 19 y el 20 la salida. Para quienes continúan en las Brigadas de Solidaridad éstas serán coordinadas con el Observatorio.

Para más información:

pueden comunicarse al correo electronico: mioaguan2012@gmail.com

y seguir el blog:  http://www.mioaguan.blogspot.com/

Para las Brigadas de Solidaridad contactarse directamente a:

Brigadas Aguan – brigada.solidaridad.aguan@gmail.com


Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el  Aguán.

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH.

Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH

Insurrectas Autónomas

Espacio Refundacional

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan COPA

Frente Nacional de Resistencia Popular – FNRP – Colon

Movimiento Campesino del Aguan – MCA

Movimiento Unificado Campesino del Aguan – Margen Izquierda

MUCA –MI

Movimiento Unificado Campesino del Aguan – Margen Derecha

MUCA-MD

Movimiento Campesino de Rigores

Movimiento Campesino Orica

Movimiento Marañones

Cooperativa Buenos Aires

Movimiento Campesino de Vallecito

Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguan MARCA

Fundacion Popol Nah Tum

Colectivo Italia Centro América

Rights Action

Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Americas COMPA

Comité de  Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH

www.mioaguan.blogspot.com

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Pueblo Creyente y CEBs

Palabra del Pueblo Creyente y las Comunidades Eclesiales de Base en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 24 de noviembre de 2011.

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD:

Nuestra fe está puesta en el Dios de la vida que puso en las manos de la humanidad toda la creación para que nos sirviera para vivir (Génesis 1, 29 – 31). Reconocemos a nuestro buen Dios como el creador del sol, de la madre tierra, del agua, de los árboles y de todos los recursos de la naturaleza. Creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y por ello nos sentimos responsables de cuidar su obra y de procurar que no la sigamos destruyendo. Creemos que Dios nos creó a hombres y mujeres a su imagen y semejanza; por ello, nos duele y nos preocupa la destrucción de los seres humanos, la violencia contra las mujeres, por el abuso del alcohol y de las drogas. Peregrinamos para pedir perdón a Dios por nuestras faltas y para pedirle su ayuda y así vivamos una vida más digna, como El quiere.

Creemos en el Dios que está cerca de su pueblo, que es solidario con él y por eso lo libera de la opresión: “He visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos, conozco sus sufrimientos, por eso he venido a liberarlos…” (Éxodo 3, 7 – 9). Creemos en Jesucristo el enviado de Dios que nos ha traído la Buena Nueva del Reino, que se hace presente cuando hay una vida abundante (“… Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva de Dios… El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean la Buena Nueva” (Marcos 1, 14 – 15) “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10, 10).

Desde esta convicción, ante el dolor y sufrimiento de nuestro pueblo y de nuestra Madre Tierra, como diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinamos hoy, encabezados por Pueblo Creyente y por Comunidades Eclesiales de Base, en fidelidad a lo acordado en la Asamblea diocesana de mayo pasado.

Estamos preocupados por las causas reales de la agonía de nuestra Madre Tierra que día a día constatamos en: La contaminación del medio ambiente, el aumento de la basura, la deforestación, la erosión, la destrucción de cerros, la contaminación de manantiales y ríos, la escasez y poco cuidado del agua, el uso indiscriminado de agroquímicos y otros. Nos preocupa la pérdida de respeto a nuestra Madre Tierra.

Vemos con dolor, que en nuestro Estado de Chiapas hay mayor pobreza, migración, aparición de nuevas enfermedades como el Sida, suicidios, despojo de tierras aunado al aumento de catástrofes naturales que afectan principalmente a los más pobres.

Somos testigos de cómo algunos programas gubernamentales crean dependencia y pobreza, y nos preocupa que los llamados “macro-proyectos”, provenientes de intereses transnacionales, pretendan apropiarse y controlar el territorio y los recursos naturales de nuestro Estado; en muchas comunidades, ambos provocan división y enfrentamiento.

Nos indigna el clima de inseguridad y violencia en todo el país y en nuestro Estado que se está haciendo cada vez más evidente en: asesinatos, secuestros, desapariciones, maltrato a migrantes, extorsión, etc. Sumándose a esto la apertura de más cantinas, prostíbulos y antros que están fuera de la ley, y que violentan el reglamento en materia de salud, provocando el incremento en la venta de alcohol, droga y prostitución.

Nos preocupa la posible imposición de una Ley de seguridad que no respetara los derechos inviolables de los ciudadanos. Nos indigna la criminalización de la sociedad, de los defensores de derechos humanos, que por denunciar la injusticia son detenidos, torturados y encarcelados como delincuentes.

Como Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal, con nuestros pastores jTatic Felipe y jTatic Enrique, y en memoria de nuestro querido jTatic Samuel, tenemos el compromiso de hijos e hijas de Dios de denunciar las injusticias y anunciar el Reino de Dios, que se construye día a día en nuestra realidad cotidiana cuando nos hacemos verdaderos hermanos y hermanas unos de otros. Por ello,

Denunciamos:

  • La falta de acciones enérgicas por parte de las autoridades correspondientes que controlen el comercio y el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, así como la apertura de cantinas, prostíbulos y antros que tanto daño hace a nuestras comunidades.

  • La amenaza latente que representan las concesiones mineras que, aunque se han detenido temporalmente, pueden reactivarse de un momento a otro, pues no se han clausurado de manera definitiva.

  • El uso de los recursos de la nación para impulsar proyectos ambiciosos de empresas trasnacionales.

  • La falsa política ambientalista que se nos está presentando desde la Cop16 celebrada en Cancún, en la que los acuerdos tomados significan, en la práctica, el secuestro de nuestros territorios como mercancía para mitigar los efectos del cambio climático y permitir que continúe un modelo de desarrollo que rechaza reducir emisiones contaminantes.

  • Los efectos nocivos de los proyectos que inciden en un cambio cultural y el abandono de la producción de alimentos, en función de privilegiar monocultivos en favor de la industria.

  • El riesgo que representa para nuestras semillas nativas, la aceptación de cultivos transgénicos y la actitud ambigua de funcionarios y dependencias gubernamentales ante las grandes empresas del ramo.

Ante esta realidad que atenta contra la vida y la dignidad de nuestros pueblos, nos pronunciamos:

  • Por un ambiente social más sano, libre de alcoholismo y de drogas que tanto dañan a personas, a las familias y a la sociedad y, por tanto, la aplicación de la ley en esta materia por parte de las autoridades.

  • No permitir concesiones mineras y clausurar definitivamente las ya existentes que dañan y contaminan al medio ambiente y a la población.

  • Por el respeto a los territorios de los pueblos originarios que habitamos estas tierras.

  • Por una forma de entender la naturaleza en la que los seres humanos no somos los dueños, sino que formamos parte de ella.

  • Por una sociedad en que se viva el reino por una Paz que nace de la justicia, el respeto y la dignidad de las personas.

  • Por una sociedad democrática donde se valora y se respete la participación ciudadana con propuestas de decisiones que marcan el camino de nuestra nación.

  • Porque se valore y se respete las formas de organizaciones de nuestros pueblos.

  • Porque no se trate como criminales a las personas que se organizan y que denuncian las injusticias.

Por todo lo anterior hacemos un llamado:

A la comunidad católica, a hombres y mujeres de buena voluntad y de otras confesiones religiosas, a sumarse a estas causas, revisando nuestros modos de vidas, buscando crear una armonía entre los seres humanos y con la naturaleza, haciendo un uso responsable de los recursos naturales que estén en armonía con la naturaleza y que hagan uso moderado de los recursos. Poco logramos con sólo denunciar lo que hacen otros, si nosotros no nos convertimos y no damos un buen ejemplo.

A las comunidades y ejidos de nuestro Estado y a las organizaciones de la sociedad civil, a construir la unidad y recuperar la inspiración original de nuestras luchas, para seguir cuidando y defendiendo nuestros territorios y recursos naturales, y a rechazar aquellos programas, proyectos y prácticas que atentan contra nuestra dignidad y contra la unidad de las comunidades y que causan destrucción a nuestra Madre Tierra. Y a poner las medidas para que las bebidas embriagantes, la prostitución, las cantinas y la venta de droga sean eliminadas de nuestras comunidades.

Al gobierno estatal y al Congreso del Estado a que, escuchando la voz de las comunidades indígenas y campesinas, y en respeto a los acuerdos de San Andrés, promuevan los decretos y leyes pertinentes para proteger la rica biodiversidad, los recursos y el territorio de nuestro Estado, así como las semillas nativas que representan el patrimonio milenario de nuestras culturas. Tenemos ya ejemplo de legislaciones de otros Estados del país que han garantizado la no siembra de semillas transgénicas en sus territorios. Y concretamente a prohibir la explotación de minas contaminantes o destructoras del ambiente, en el Estado de Chiapas, lo mismo que la aplicación a fondo de las leyes y reglamentos relacionada con la venta de vinos, licores y con la creación de cantinas, bares, antros y prostíbulos.

Al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, a dar seguimiento a los Acuerdos de San Andrés, a no imponer la Ley de seguridad y a atender los reclamos justos de la sociedad.

A la comunidad internacional, a continuar la solidaridad en la resistencia a un proyecto de desarrollo que destruye nuestro planeta y afecta de modo especial a los más pobres.

Reiteramos nuestra solidaridad con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y con las víctimas de la violencia que se ha desatado en muchos Estados del país en los últimos años. Urgimos en particular que se revisen los expedientes y se haga justicia a los hermanos y hermanas injustamente presos. De la misma manera nos unimos con otros procesos de luchas pacificas en defensa de la Madre Tierra, el territorio y de la vida que se llevan a cabo en otros estados del país y del mundo.

En este día caminamos, en memoria de nuestro jTatic Samuel y de otros muchos laicos, laicas, religiosos y religiosas que han sido testimonio del amor de Dios a su pueblo pobre.

Creemos en el Dios que está cerca de su pueblo, que es solidario con él y por eso lo libera de la opresión. Creemos en nuestro compromiso de Hijos de Dios de denunciar las injusticias y anunciar el Reino de Dios que se construye día a día en nuestra realidad cotidiana cuando nos hacemos verdaderos hermanos y hermanas unos de otros, y cuando no nos dejamos encadenar por el alcohol y las drogas.

Creemos que la tierra es nuestra Madre que nos viste y alimenta y es nuestro compromiso cuidarla y protegerla para que no sea tratada como una mercancía, sino como obra amorosa que Dios puso en nuestras manos para vivir dignamente.

Fraternalmente:

El Pueblo Creyente y Comunidades Eclesiales de Base, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chis.

radio
RvsR-Chiapas

Trasladan al compañero Juan Collazo Jiménez al penal de los Llanos

San Cristóbal de Las Casas Chiapas a 17 de noviembre del 2011

Trasladan al compañero Juan Collazo Jiménez al penal de los Llanos.

El día de ayer 16 de noviembre Juan Collazo Jiménez fue trasladado del CERSS nº6 de Motozintla al CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran sus compañeros de lucha de la organización Los Solidarios de La Voz del Amate.

El 7 de octubre del 2010, Juan había sido trasladado de manera arbitraria a la prisión de Motozintla, ubicada a 5 horas de la ciudad de San Cristóbal, con lo cual su familia tenía grandes agravios para ir a visitarle. Aquella medida había sido de manera evidente una medida de dispersión la cual también es una forma de tortura psicológica y una estrategia de desestructuración social y política.

El pasado 2 de octubre, el compañero Juan Collazo, Solidario de la Voz del Amate, se sumó desde Motozintla a la huelga de hambre y ayuno que dio comienzo el 29 de septiembre del presente en el penal de los Llanos y que fue protagonizado por miembros de las organizaciones de La Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces Inocentes. Posteriormente a estos hechos y después de haber recibido amenazas de castigo por parte del alcaide del penal de Motozintla de nombre Rogelio Ángel Camacho si no desistía de su ayuno, el compañero Juan se declara en huelga de hambre total ese mismo día con fecha de 27 de octubre del presente año, y con la demanda de libertad inmediata e incondicional.

Aun habiendo finalizado la huelga de hambre que mantenían los compañeros privados de libertad en el CERSS nº5, Juan Collazo siguió en huelga de hambre en el Área de castigo del penal de Motozintla hasta el día 8 de noviembre, esta vez con la exigencia de ser trasladado al CERSS nº5 de San Cristóbal de Las Casas.

Por otra parte el compañero Alfredo López Jiménez perteneciente a la organización de Los Solidarios de la Voz del Amate y el compañero Rosario Díaz Méndez de La Voz del Amate, han realizado recientemente denuncias públicas informando de su situación de salud y denunciando la deficiente atención medica que reciben en el CERSS nº5 de San Cristóbal de Las Casas ya que la presencia de doctores no es constante en el penal y hay falta de medicamentos y recursos materiales para dar una atención medica digna al preso.

Con dichas prácticas la institución penitenciaria antes mencionada, a cargo de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, está violando los artículos 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el derecho a la salud de todos los internos en los reclusorios de la república, así como tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.

Por ello exigimos que se les proporcione atención médica adecuada a nuestros compañeros presos, como también exigimos la liberación de todos los compañeros de La Voz del Amate, Voces Inocentes y Solidarios de la Voz del Amate, especialmente la liberación y su regreso a Chiapas del profesor Alberto Patishtán Gómez que se encuentra recluido y en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Guasave Sinaloa.

¡Presos políticos libertad!

¡Libertad Alberto Patishtán Gómez!

GT No Estamos Todxs

Red Contra la Represión y por la Solidaridad Chiapas

Red contra la Represión Chiapas
(RvsR-Chiapas)

radio
Radio Zapatista

La lucha por los Chimalapas

Esta es la historia del conflicto actual en los Chimalapas, la zona de mayor biodiversidad en México, donde el pueblo zoque está resistiendo frente a la cerrazòn de los gobiernos y a los interèses de madereros y ganaderos en la regiòn. Otro conflicto agrario administrado desde arriba que cuesta sufrimiento, sangre y làgrimas a los de abajo.
(Descarga aquí)  
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radio

Llamado urgente de solidaridad con el movimiento campesino del Bajo Aguán, Honduras

¡LLAMAMIENTO URGENTE DE SOLIDARIDAD CON EL

MOVIMIENTO CAMPESINO DEL BAJO AGUAN EN HONDURAS!


CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA

Hermanos y hermanas:

Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.

Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos – perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.

Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.

Algunos antecedentes

La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.

Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.

En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.

En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.

Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.

La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.

En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.

Respuestas desatinadas

Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.

A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos – “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” – por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.

Nuestra solicitud

Por estas razones:

– Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:

  • Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
  • Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.

– Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

– Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.

– Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.

-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:

1) Velar por los derechos humanos:

  • Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
  • Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
  • Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.

2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:

  • Deteniendo los desalojos forzosos.
  • Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
  • Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.

3) Desmilitarización de la región:

  • Suspender los operativos militares.
  • Poner fin a la presencia militar extranjera.

– Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.

¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Jubileo Sur/Américas – Convergencia  de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA – Espacio Refundacional-Honduras – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH – Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH – Rights Action/Derechos en Acción – Colectivo Italia Centro America CICA – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)

-11 de noviembre de 2011

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radio

(English) Two Years of Impunity in the Case of H.R. Defenders Margarita Martínez and Adolfo Guzmán

TO NATIONAL AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS

TO GRASSROOTS AND CITIZENS’ ORGANIZATIONS

TO MAINSTREAM AND ALTERNATIVE MEDIA

TO THE GOOD GOVERNMENT COUNCILS

TO THE OTHER CAMPAIGN

TO NATIONAL AND INTERNATIONAL CITIZENS’ ORGANIZATIONS

TO THE MOVEMENT FOR PEACE:

We denounce two years of impunity in the case of human rights defenders Margarita Guadalupe Martínez and Adolfo Guzmán

Two years have passed since members of the Chiapas state attorney general’s office (PGJE), specifically the District Office of the Border Mountain zone (FDFS), unlawfully entered our home in Comitán, Chiapas, committed abuse of authority and tortured the four members of our family. A formal complaint was made regarding these injustices at the Special Office for Protection and Attention to Human Rights NGOs (FEPAONGDDH), yet in spite of the time that has elapsed, neither the Special Office nor the Chiapas state government has done anything to shed light on what happened and they continue dragging their feet in order to cover up government officials and prevent the truth from coming to light.

Since legal proceedings of this case began, we have received death threats six times, Margarita Martínez has been kidnapped and tortured twice, first on February 25, 2010 (36 hours before the legal re-enactment of what occurred), then on November 24, 2011. Formal public complaints were filed on each occasion.

Following the kidnapping of Margarita on February 25, 2010, the Inter-American Commission on Human Rights (ICHR) called on the Mexican army to protect our family and decreed protection measures for us, consisting of police guards to be assigned by the Chiapas state government, from a “special corps” from the Secretary of Public Security and Citizen Protection (SSyPC). We were forced to accept these measures in light of the imminent risk and vulnerability we faced.

Yet protection measures have not helped our case nor have they produced a less stressful situation. In fact, Margarita’s kidnapping in November, 2010 happened while being accompanied by a police guard and in October of this year we received an anonymous death threat at our home, supposedly protected by the SSyPC,.

We believe that the ineffectual actions of the judicial branch of the state of Chiapas and its complicity with the parties we have sued have to do with the following circumstances:

First, regarding the delays in obtaining a verdict: FEPAONGDDH divided the case into three separate events, supposedly to carry out a better investigation, i.e. 1) illegal entry with abuse of authority, torture (which authorities have dropped); 2) threats, a charge aggravated by the fact that it was a death threat; 3) Kidnapping, torture and rape. Charges stemming from these three events were filed with FEPAONGDDH, but only the first has been formally admitted and prosecuted, and even then the accusation of torture was omitted.

Second, dealing with the reclassifying of crimes, a procedure we have questioned: FEPAONGDDH alleges that due to a lack of proof, the charge of torture cannot be prosecuted, in spite of the fact that a UN-certified psychologist on torture carried out an evaluation in accordance to the standards outlined in the Istanbul Protocol, and found that all members of our family had been tortured.

Third: the protection measures requested by the ICHR and implemented by the government of Chiapas have hardly ensured security, since, as noted before, two very serious crimes were committed even while our family was receiving police protection.

The Attorney General of Chiapas, Raciel López Salazar, and the Governor of the State, Juan Sabines Guerrero, have not contributed to clearing up these matters, in spite of the request by the ICHR, thus clearly showing a lack of justice and accountability in prosecuting efficiently and objectively the crimes committed by state officials under their authority.

Given the above, we hereby lodge a protest against the state’s breach of duty to carry out a prompt and impartial investigation. Two years have passed and the facts have yet to be investigated fully nor has a verdict been handed down against the accused parties. This points to a clear dereliction of duty of the Mexican government, and particularly the government of Chiapas, and underscores the total lack of guarantees for human rights defenders.

We therefore demand the following from the governments of Chiapas and Mexico:

  • Full implementation of the ICHR’s protection measures (decree 52-10) in a efficient and professional manner.
  • Guarantees for the lives and physical and emotional wellbeing of all members of our family.
  • Public officials implicated in the serious accusations that have been filed (illegal entry, abuse of authority, death threats, torture, kidnapping and rape) should be suspended from duty until the matter is legally resolved, insofar as those involved have used their government posts to avoid prosecution.
  • Those officials responsible for the crimes committed should be prosecuted and sentenced for the violations of human rights that occurred.

Stop the harassment of Human Rights Defenders

Stop the torture of Human Rights Defenders

Never again a Mexico without Human Rights

Sincerely,

Margarita Guadalupe Martínez Martínez

Adolfo Guzmán Ordaz

radio

Pronunciamiento de la Red Nacional contra las altas tarifas de la luz

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELECTRICA

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA REPRESION Y EL HOSTIGAMIENTO

Viernes 11 de Noviembre del 2011

Al crecer el descontento nacional contra las altas tarifas de la energía eléctrica, también crece el movimiento de protesta y la organización del pueblo en las colonias populares y en las comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho del país. Pero la respuesta de los malos gobiernos es cada vez más represión, hostigamiento y encarcelamiento.

En todas las regiones Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Campeche. Están utilizando la estrategia de los procesos penales para desgastarnos económica, Física y Moralmente.

En este ultimo Estado, donde en el 2009 y el 2010 nuestr@s compañer@s SARA LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN AGUILAR MENDEZ Y GUADALUPE BORJAS CONTRERAS estuvieron presos injustamente durante 11 meses por el delito inventado por la CFE de privación ilegal de la libertad de uno de sus funcionarios, bajo el número de expediente O45/2009 ante el juez MARIO TORAYA quien se ha prestado a estos actos de injusticia, es pues que este miércoles 9 de Noviembre del 2011, detuvieron y encarcelaron al compañero Héctor Alejo y reactivaron las ordenes de aprehensión contra 50 compañeros y compañeras por el supuesto delito de obstrucción de la realización de un servicio público, cuando se opusieron al operativo masivo de corte de luz a los usuarios en el 2008, como si cortar la luz a un usuario fuera un “servicio público”. No bastando a la compañera Sara López, le acaban de trasladar su expediente penal desde Mérida a Guanajuato, solo para impedir que pueda estar al pendiente de su proceso de apelación violentando de manera flagrante sus derechos humanos y dejándola totalmente en estado de indefensión.

De la misma manera, en los lugares donde la CFE intenta realizar cortes masivos de luz en abierta provocación en contra de un movimiento totalmente legitimos que refleja la inconformidad de un enorme sector de la población mexicana como es el nuestro, la gente se defiende impidiendo mas cortes y reconectándose, haciendo ejercicio de los derechos que tenemos todos los mexicanos y mexicanas a la protesta social y a tener acceso al servicio público de la energía eléctrica. Pero después, en vez de buscar solución a la demanda ciudadana, la respuesta del Estado a través de la CFE son las denuncias penales como es el caso no solo de Campeche, sino que de Chihuahua y del Sur de Veracruz. En otros casos como en la costa y los altos de Chiapas, en el Istmo de Oaxaca, en el Sur de Veracruz, el Estado fabrica delitos y libera ordenes de aprehensión contra dirigentes de los movimientos para debilitarlos y desgastarlos.

Pero sabemos muy bien que esto no solo pasa con el caso de la luz, sino que donde quiera que el pueblo se organice para defender sus derechos y territorios, viene la represión del Estado en defensa de los intereses extranjeros y de sus grandes empresas que vienen nuevamente a saquear todos nuestros recursos. La mayoría de los países “ricos” de hoy construyeron su riqueza con el robo de nuestros recursos naturales (oro, plata, maderas preciosas, etc) y la esclavización de nuestro pueblo durante la colonia española; y ahora que los países ricos están sintiendo la crisis económica se quieren volver a capitalizar con esta nueva etapa de saqueo despiadado de nuestros recursos y a la explotación bárbara de nuestra mano de obra en flagrante violación de todos nuestros derechos conquistados con las luchas de nuestros pueblos durante los dos últimos siglos, no solamente aquí en México, sino que en toda América Latina y en muchos otros países del mundo.

Y el Estado mexicano con los gobiernos federal, estatales y la mayoría de los municipales, los congresos federal y locales, todos los partidos políticos, los medios de comunicación masivos, las cúpulas empresariales y eclesiales, los narcos y todo el mundo del poder dominante se unen para violar en toda impunidad nuestros derechos y entregar nuestros recursos en charola de plata a los empresarios más ricos de los países más ricos del planeta. Y reprimen sistemáticamente a todos y todas los que nos resistimos contra esta barbaridad e intentamos construir otro futuro para nuestros pueblos y territorios.

Así está pasando con la generación y distribución de la energía eléctrica, entregándola a las empresas extranjeras, españolas principalmente a quienes la tenemos que comprar, a través de la CFE y cobrándonos por eso tarifas cada vez más caras.

¡BASTA YA DE SAQUEO DE LA NACION!

¡BASTA YA DE VIOLACION DE NUESTROS DERECHOS!

¡BASTA YA DE REPRESION!

¡ESTAMOS HARTOS, ESTAMOS HARTAS!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELECTRICA

Consejo Autonomo de la costa de Chiapas, Luz y fuerza del pueblo (Chiapas), Resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria (Campeche), Resistencia civil indígena y popular contra las altas tarifas de luz del Sur de Veracruz, UCIZONI (Oaxaca), Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio(Oaxaca), Tlakaelel (DF), Alianza Única del Valle (Estado de Mexico), MARC (Chihuahua), Fedeco (Chihuahua)

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