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CNI | EZLN

CNI y EZLN se pronuncian contra represión en Xochicuautla y Ostula

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A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

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Zócalo

Agentes de migración torturan hasta a mexicanos para frenar a migrantes

 

Agentes del INM torturan hasta a mexicanos para frenar migrantes

[INM]

04/04/2016 – 04:00 PM

Ciudad de México.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.

Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”. (Continuar leyendo…)

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The Guardian

(English) Mexico tortures migrants and citizens to slow flow of Central Americans

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

A growing number of indigenous Mexicans are being detained by agents looking for Central American migrants, amid a crackdown driven partly by aid from US

Juárez sisters Mexico

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

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CUSLAR-Cornell University

(English) Berta Cáceres killing was a sympton, not an isolated incident

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

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NotiFrayba

NotiFrayba: Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia

Escucha/descarga aquí:
(Descarga aquí)  

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones a derechos humanos cometidas como consecuencia de las estrategias de seguridad en la lucha contra las drogas. Partió de Honduras el pasado 28 de marzo y llegará a Nueva York a la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas el 19 de abril. En la caravana confluyen familiares de víctimas y organizaciones sociales. Berta Cáceres defensora lenca, coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras asesinada en su casa, el 03 de marzo de 2016, impulsaba La Caravana.

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Haciendo historia

15 mujeres mayas de Sepur Zarco enfrentan la barbarie militar

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Haciendo historia. Notas de Radio Zapatista. Nota 1.
Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.
Ciudad de México, 5 de abril de 2016.

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

En 1982, después de dos décadas de guerra en Guatemala, la comunidad q’eqch’i de Sepur Zarco, en Izabal, fue sacudida por una violencia de proporciones inesperadas. Sus habitantes se habían organizado para defender tierras ancestrales que eran reclamadas por terratenientes. Para ello, a principios de ese año comenzaron un proceso legal en demanda del reconocimiento de sus títulos de propiedad, pero el proceso duró poco. La respuesta de los terratenientes frente al despojo frustrado fue salvaje. Se coordinaron con el ejército guatemalteco para secuestrar y desaparecer al grupo que encabezaba la defensa de la tierra. No conformes con haberse llevado a los hombres, los militares guatemaltecos arrasaron con la comunidad Sepur Zarco y violentaron sexualmente a muchas mujeres frente a sus familias.

Las que lograron huir a las montañas tuvieron que volver al paso del tiempo porque estaban viendo morir de hambre a sus hijas y a sus hijos. Cuando las familias sobrevivientes regresaron a Sepur Zarco en julio de 1982, los militares habían instalado un puesto de descanso y recreo para sus soldados sobre las cenizas de la comunidad, entre los municipios de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Y como era un puesto de descanso y recreo, los soldados giraron la instrucción de servicio para las mujeres de comunidades aledañas. Como resultado, ellas padecieron seis años de explotación sexual y laboral.

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Comunicación Centro de Derechos Humanos Frayba

Invitación a la peregrinación en defensa de la Madre Tierra y en memoria de la Masacre de Viejo Velasco

Peregrinación en defensa de la Madre Tierra y en memoria de la Masacre de Viejo Velasco

Marzo 2016

Ocosingo, Chis

El Comité de Defensa de las Libertades Indígenas CDLI Xinich’ y la Misión Santísima Trinidad (La Arena) invita a las organizaciones sociales:

A la peregrinación que haremos del 03 al 10 de abril de 2016. Saldremos de la comunidad Arroyo Granizo (Mpio. Autónomo Ricardo Flores Magón) y terminaremos en Oxchuc.

Peregrinamos para mantener viva la memoria de nuestras hermanas y hermanos masacrados en la comunidad Viejo Velasco. Son ya 10 años de injusticia, pues siguen vigentes las órdenes de aprehensión y los culpables siguen libres.

Peregrinamos porque no olvidamos y porque nuestros muertos quieren que caminemos hacia la paz con justicia y dignidad. También peregrinamos para pedirle al Dios de la vida, el Dios de nuestros abuelos y abuelas, que nos ayude a cuidar y defender la madre tierra, pues los recursos naturales están en peligro a causa de los megaproyectos del los ricos y poderosos.

Ojalá nos puedan acompañar en este caminar. La concentración es el día 2 por la tarde en Arroyo Granizo.

El itinerario es:
– 03 de abril: Granizo-Jardín
– 04 de abril: Jardín-Jerusalén
– 05 de abril: Jerusalén-Pamalha
– 06 de abril: Pamalha-Ocosingo
– 07 de abril: Ocosingo-Abasolo
– 08 de abril: Abasolo- Oxchuc

“Contra el olvido, la memoria”

CDLI – Xinich’

Misión Santísima Trinidad (La Arena)

Contexto:

El 13 de Noviembre del 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, a las 6:00 horas, 40 civiles provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (de la Comunidad Lacandona), armados con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22., algunos vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad. Estas personas iban acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, portaban armas de alto poder conocidas como “cuerno de chivo” y R-15. Así también, iban acompañados por: 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. De inmediato, todos ellos rodearon la comunidad para posteriormente allanar las casas y robar las pertenencias, lo que provocó el desplazamiento forzado de 36 habitantes, la ejecución extrajudicial de cuatro personas y la desaparición forzada de cuatro personas. (http://www.rostrosdeldespojo.org/casos/viejo-velasco/)

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Desde el centro Prodh, Nestora Salgado ofrece conferencia de prensa acompañada por familiares, amigos, y la Policía Comunitaria.

Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en la Ciudad de México , Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero , acompañada por familiares , abogados , padres de los 43 estudiantes normalistas y miembros de la policía comunitaria , dio una conferencia de prensa en donde expuso su sentir tras ser encarcelada injustamente durante 2 años 7 meses; también agradeció a los colectivos y simpatizantes que acompañaron su lucha y reclamo a los medios y personajes que difamaron su imagen . Al final , hablo de la necesidad de seguir luchando por los presos políticos del país ( entre ellos, los 9 miembros de la policía comunitaria),  y del apoyo a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos .

 

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Resumen Latinoamericano

Día 84 en la huelga de hambre: el Tribunal israelí niega la apelación de al-Qiq para ser transferido a un hospital de Cisjordania y prácticamente lo condena a morir

Fuente: Resumen Latinoamericano

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Maan / 16 de de febrero 2016.- El Tribunal Supremo de Israel rechazó el martes una solicitud del periodista en huelga de hambre, Muhammad al-Qiq, para ser trasladado a un hospital en la ocupada Cisjordania, dijo el jefe de la Comisión Palestina de los detenidos y Asuntos de ex detenidos.

Issa Qaraqe dijo que la decisión del tribunal israelí mostró su “persistencia deliberada de matar” a al-Qiq, un periodista palestino en su día 84 de huelga de hambre contra su “detención administrativa”.

Qaraqe caracterizó al Tribunal Supremo de Israel como una “herramienta de matar,” que “se dio cuenta” de que al-Qiq estaba al borde de la muerte, pero se negó a tomar la decisión de “salvar su vida”.

El comité médico en el Hospital HaEmek en Afula está considerando en las próximas horas o días, poner en marcha el tratamiento de alimentación por la fuerza, a lo que repetidas veces se ha negado al-Qiq.

Antes de la decisión del tribunal fue conocido un video de al-Qiq que muestra al periodista retorcerse en la cama del hospital gritando de dolor. La fecha exacta cuando se tomó el video es desconocido.

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Nodo de Derechos Humanos

Oleada de silenciamiento violento contra periodistas en Puebla

La criminalización de la verdad

Puebla, 17 de Febrero de 2016

En México decir lo que se piensa es peligroso, contar lo que ocurre puede ser aún más peligroso, investigar lo que se esconde detrás de las mentiras suele ser letal. En lo cotidiano la verdad es motivo de miedo y buscarla se está volviendo extremadamente peligroso, y eso hace que la impunidad pueda convertirse en dueña de la realidad. En México el espacio público se está cerrando, está muriendo porque lo que en realidad ocurre se tiene que compartir en voz baja, porque quienes lo dicen públicamente están siendo amenazados, encarcelados, asesinados por un sistema de pactos de impunidad y corrupciones entrelazadas que abarcan todo el espectro del poder. Los periodistas son parte de esa población que está siendo exterminada de manera recurrente y sistemática en todo el país, pero no sólo se trata de exterminar a las personas sino al oficio periodístico como tal. Puebla no es la excepción.

En menos de un mes, en Puebla han ocurrido tres hechos que son muestra de que la oleada de silenciamiento violento del espacio público está aquí. Primero la “llamada de atención” por parte de Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones, a Paula Carrizosa, reportera de La Jornada de Oriente durante la inauguración de Museo Internacional Barroco; segundo, las amenazas anónimas vía Twitter a Aranzazú Ayala, reportera de Lado B, a través del hashtag #Aniquilaaunperiodistapor; tercero, la aparición del cuerpo de Anabel Flores, reportera del Sol de Orizaba, en territorio poblano. Entre 2010 y 2015 hubo al menos 92 agresiones a periodistas en Puebla, según lo documentado por Artículo XIX. En ese mismo período el congreso de Puebla aprobó la #LeyMordaza (2011) y la #LeyBala (2014) que conforman un marco legal orientado por el temor de los poderosos a que la verdad se haga pública y se defienda.

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