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Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

29 de diciembre de 2021

Hermanos y hermanas de México y del mundo. Como ya lo hemos venido denunciando, la violencia que vivimos en nuestras comunidades por parte de los grupos narco-paramilitares, no cesa. En esta ocasión, el grupo delincuencial “Los Ardillos”, incursionó el día 27 de diciembre en nuestras comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. Este tipo de incursiones, han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades, por lo que dimos aviso a la Guardia Nacional, apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de “realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva” de las comunidades que integran al CIPOG-EZ.

Frente a nuestra llamado a la Guardia Nacional, llegó personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), policía estatal y municipal de Chilapa, así como la fiscalía del estado, pero no para enfrentar al grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, ni para detener la incursión de este grupo delincuencial, sino para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la SEDENA y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran.

El día de ayer, 28 de diciembre, el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con nosotros y nosotras, a llamar la atención a la SEDENA, para que se respete a la población, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán. Nosotras y nosotros, no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la SEDENA, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos. Sepan que nuestros compañeros no portan armas por gusto, sino por orden de las comunidades, por la defensa de la vida ¿que no saben que la Policía Comunitaria es una construcción de las mismas comunidades para defendernos de la violencia porque el Estado no ha sido capaz de hacerlo? no queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo.

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Por Juan Calles

“Denunciamos que el Estado de Guatemala y estos gobiernos enterraron los Acuerdos de Paz y estamos en las vísperas de una nueva confrontación social”, expresó Miguel Itzep coordinador del movimiento de víctimas del Conflicto Armado Interno CAI

Con ofrendas de flores, comida, granos y cereales se realizó una ceremonia maya en la plaza central esta mañana; en idioma maya un guía espiritual pedía al corazón del cielo, al corazón de la tierra que las víctimas del Conflicto Armado Interno, CAI, encuentren justicia, encuentren respeto. El fuego sagrado crepitaba como acompañando las manifestaciones que a 25 años de la firma de la paz dejaban escuchar el reclamo de regresión, injusticia y violencia.

Durante los 36 años que duró el CAI en Guatemala se registraron más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desaparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños. Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye al ejército de Guatemala y sus grupos paramilitares y el 3% a la guerrilla.

Las víctimas y familiares de víctimas del CAI se reunieron esta mañana en la plaza central de la ciudad de Guatemala; allí se dio lectura a un comunicado en el que se acusa al actual gobernante Alejandro Giammattei de desmantelar la institucionalidad de la paz, y de mantener una agenda de regresión violenta y de cierre de espacios democráticos.

“Después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción porque las cosas siguen igual. Los empresarios depredadores se siguen enriqueciendo pagando, salarios miserables mientras las comunidades indígenas viven en extrema pobreza, cada día se profundiza más la desigualdad, La discriminación y a la corrupción”. Se leyó en el comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

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Por Samantha Demby

El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.

Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.

El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.

De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.

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Por Sare Frabes

En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.

Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.

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Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.

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Por Amilcar Morales y Nelton Rivera

El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.

“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.

La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala.  El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.

“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.

El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.

A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.

En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por  Nuevo Día y cuatro organizaciones más.

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Por Sare Frabes

La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).

Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.

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En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.

La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.
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Por Santiago Navarro F

^{A continuación presentamos un fotoreportaje que registró la situación de miles de migrantes haitianos, quienes atrapados durante los primeros días de diciembre en Tapachula, esperaron ante la promesa de las autoridades migratorias para conseguir trasladarse hacia otros puntos del país. Aún cuando la información oficial habla de miles reubicados, las autoridades desalojaron el campamento improvisado y aún no se tienen informaciones claras de hacia dónde partieron los migrantes y del número que aún permanecen en la ciudad fronteriza.}

Algunos llevan años desde que emprendieron su marcha, ya no por el sueño americano, sino por mejores condiciones de vida. El destino es incierto. Las posibilidades reales se desvanecen en cada frontera y con cada declaración de algún político que jamás ha conocido en carne propia lo que significa la migración eterna, lo que significa dormir bajo un puente, en la intemperie, quedarse sin comida y sin dinero.

“Vengo de Chile, tengo cinco meses en camino. Gracias a Dios llegue acá y llevo dos semanas durmiendo acá (en Tapachula Chiapas)”, dice un migrante proveniente de Haití, quien se ha presentando como Reynol.
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Por Avispa

^{En portada: “Alto a los agrotóxicos en Brasil y la complicidad de Suiza con el agronegocio”. Manifestantes señalan la responsabilidad de Syngenta en ocultar información para continuar con el negocio de sus herbicidas que provocan daños a la salud.}

Una investigación europea denuncia que la empresa suiza Syngenta, líder en transgénicos y agrotóxicos, tenía pruebas de la letalidad de su herbicida paraquat pero las omitió para seguir vendiéndolo. Sus productos, como la atrazina, están prohibidos en Europa, pero Syngenta lo exporta a América Latina.

“En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien”, afirma la publicidad que se reitera en radios y canales de televisión. Pero, desde su propio país de origen (Suiza), la empresa acumula denuncias por el impacto de sus productos en el ambiente y la salud. Entre sus químicos más cuestionados sobresalen los herbicidas paraquat y atrazina. “El accionar de Syngenta con sus pesticidas es muy similar al de Monsanto/Bayer con el glifosato, privilegian sus ganancias por sobre la salud”, afirma Laurent Gaberell, de la organización suiza Public Eye. Una investigación de esa ONG reveló que la compañía sabía del efecto letal del paraquat desde 1990, pero aún así lo sigue produciendo.
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Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta

El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.

Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.

Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal.
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