derechos humanos
Exigen suspensión de obras de Tren Maya tras sentencia de Tribunal Internacional
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
En portada: Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago
El tren maya, proyecto estrella del gobierno federal, viola los derechos de la naturaleza y de comunidades mayas en el sur de México, concretando un ecocidio y etnocidio del cual es responsable el Estado mexicano.
Esta es la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quien urgió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la suspensión inmediata de las obras del tren para detener la devastación ambiental y la violación de derechos de las comunidades indígenas.
El veredicto, difundido el pasado miércoles (26), destaca el papel de los pueblos mayas, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. En contraste, “las obras del tren, algunas ejecutadas por el Ejército mexicano, lesionan derechos al agua, a la salud integral y a estar libres de contaminación”, remarca el veredicto.
La sentencia exige el cese al despojo de tierras ejidales, así como “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”. El Tribunal también urgió al gobierno tomar medidas para la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se construye el proyecto.
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La sentencia del Tribunal es resultado de la audiencia realizada en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y 12 de marzo de este año, mediante la cual se vertieron testimonios y evidencias científicas que consideran “de modo irrefutable” las afectaciones contra la naturaleza y comunidades derivadas de las obras del tren.
El veredicto está firmado por 23 jueces honorarios de varios países del mundo. Entre los integrantes del Tribunal se encuentran juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes concluyeron que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
Razones
En el informe presentado para sustentar el veredicto, el Tribunal asevera que las obras de construcción del tren resultaron en la tala de miles de hectáreas de selva, además de que ambientalistas alertaron por daños a la biodiversidad de la región.
Entre otras consecuencias negativas resaltan la contaminación de acuíferos, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes.
En torno a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denunció la falta de consulta para que el tren atraviese sus territorios, aunado a la militarización de la región para supervisar el proyecto.
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Desde el inicio de las obras, diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual modificó distintas veces su trazado original, sin que se hayan presentado ni comprobado el cumplimiento de estudios de impacto ambiental.
Ante los amparos, AMLO declaró el tren, así como otros proyectos en el sureste mexicano, como de seguridad nacional, con lo cual ocultó información de las obras y bloqueó investigaciones sobre irregularidades. Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El proyecto contempla 1,554 kilómetros de vía para el recorrido de un tren de carga, turístico y de pasajeros. El tren pretende atravesar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Al cierre del primer trimestre del 2023, presentaba un avance de 58%, con un costo hasta ahora de 359 mil 863 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020.
Denuncias
Russell Pebá Ocampo, integrante de la Asamblea de Defensores Maya Múuch’ Xíinbal, denunció la realización de una “falsa consulta”, e indicó que se violentaron leyes al no presentar estudios de impacto ambiental a las comunidades mayas, previo al inicio de las obras.
“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, acusó el integrante de la Asamblea. “Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, enfatizó.
Raúl Vera, ex obispo de Saltillo e integrante del Tribunal, señaló que la negativa de presentar el Plan Maestro del proyecto obedece a que las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.
El presidente López Obrador se ha negado de manera reiterada a admitir que el Tren Maya provoque daños ecológicos, y a los expertos que critican la obra los ha acusado de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”, aunque nunca ha especificado a qué se refiere con esa formulación, señaló el sacerdote.
A su vez, Pedro Regalado Uc Be, también integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, celebró la sentencia. “Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto”, expresó.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución creada para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales alrededor del mundo.
Como parte del veredicto, el Tribunal solicitó al Estado mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.
Organizaciones respaldan informe del GIEI y se solidarizan con las madres y padres de los 43
México, 27 de julio de 2023.- El pasado martes 25 de julio se presentó el Sexto y último Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. Ante ello, refrendamos nuestra solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y reconocemos los ya casi nueve años de lucha para conocer el paradero de sus hijos.
El informe es una recopilación de todo lo que se ha podido conocer del caso y contiene recomendaciones precisas de lo que tendría que hacer el gobierno si quiere continuar con su compromiso de esclarecerlo.
Resalta, en ese sentido, que el GIEI reconoce la existencia de información generada por las instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la cual contiene datos clave sobre el paradero de los estudiantes y que no fue entregada ni a este grupo de expertos independientes, ni a las autoridades federales que investigan el caso.
Con este informe concluye el mandato del Grupo, creado en seguimiento a la medida cautelar 409/2014 de la COmisión Interamericana de Derechos Humanos, como un grupo de apoyo técnico independiente para el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que, a pesar de toda la fuerza institucional puesta para su esclarecimiento, continúa en la impunidad. Ante la conclusión del mandato del GIEI y sus últimos hallazgos, las organizaciones firmantes comunicamos lo siguiente;
1. Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las madres y a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su impulos, tenacidad y digna lucha han sido las que, junto con las organizaciones acompañantes y el GIEI, han logrado que el aparato institucional de impunidad para la desparición en este país se movilice. Su lucha, que acompaña a la de cientos de miles de víctimas de desaparición en México, ha enviado un contundente mensaje de nunca más, que el Estado ha elegido desoir.
2. Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad -más allá de las municipales- en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la MArina hacen inviable la colaboración con el Estado Mexicano para el esclarecimiento del caso. Eston no sólo desestima el trabajo del GIEI y las organizaciones acompañantes, sino que además muestra que la Comisión Presidencial para la Verdad y e Acceso a la Justicia (COVAJ), creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren para el acceso a la verdad y la justicia. Por lo que, a todas luces, la voluntad política de las instituciones civies se queda corta frente al poder castrense del Estado Mexicano.
