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Desde diciembre de 2020, Manuel Gómez Vázquez, joven maya tseltal, base de apoyo del EZLN, ha estado preso injustamente por un delito que no cometió. Fue falsamente acusado por autoridades comunitarias, torturado por éstas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

La prisión de Manuel Gómez Vázquez es parte de un patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por parte del gobierno de Chiapas, por medio de acusaciones falsas, tortura, utilización de testigos falsos y otros medios, con la intención de castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del territorio.

(Ve el sitio especial del Frayba “Fábrica de Culpables – Detención Arbitraria“.)

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El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024

• El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

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Este próximo 21 de junio, se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González, desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ante la próxima audiencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) construyó este sitio especial sobre el caso de Antonio González:

https://frayba.org.mx/tema-prioritario/antoniogonzalez

Programa de radio de NotiFrayba sobre la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González:
(Descarga aquí)  

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Video: Colectivo Altepee del Sur de Veracruz

Manuel Gómez Vázquez está injustamente preso desde hace dos años y cinco meses. Pertenece al pueblo maya-tzeltal, habla poco la castilla, tiene 22 años y es campesino. Fue detenido de manera ilegal el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel fue torturado y tratado cruelmente. Un día después de su detención, fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ocosingo, Chiapas, y a policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena dependiente de la Fiscalía General del estado. Sólo hasta el 9 de diciembre, es decir, cinco días después de su ilegal detención, Manuel fue puesto a disposición de un juzgado. Vale destacar que, al momento de la detención de Manuel, el presidente municipal de Ocosingo, así como el gobernador del estado de Chiapas, pertenecían a Morena.

A Manuel se le acusa de un asesinato que no cometió. Entre el 4 y 5 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo, en el municipio de Ocosingo, de donde es originario Manuel, se suscitaron hechos de violencia en los que cuatro personas fueron asesinadas. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio, ha señalado el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Manuel lleva preso dos años y cinco meses aun cuando no existen pruebas para acusarlo. Incluso, se ha comprobado la fabricación de pruebas en su contra. Tampoco existen necropsias del homicidio que se le imputa, y los tiempos para su proceso se han extendido al gusto de la fiscalía. Además, el Poder Judicial del estado tampoco ha respetado el hecho de que la prisión preventiva no pueda ser superior a dos años.

Manuel y su familia son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su comunidad es parte de la red de comunidades que se organizan en el municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, del caracol 9, Nuevo Jerusalén en honor a la memoria del compañero Manuel. La junta de buen gobierno de este caracol es la de el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, en la Chiapas Zapatista. Manuel y su familia son parte de una organización que tiene su propio gobierno autónomo, sus cooperativas, que arrebató la tierra a finqueros y terratenientes, que ha construido sus propias escuelas y hospitales, que defiende la vida y el territorio. O sea que Manuel y su familia viven en resistencia y rebeldía, y hasta ahora, todo apunta a que ese es el delito por el que lo mantienen preso.

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La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

Es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada. Lo anterior se reafirma con los hechos sucedidos el 2 de abril a las 6:30 horas, donde emboscaron y asesinaron a tres personas de la comunidad Cotsilnam, Aldama. Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus dos hijos menores de edad: Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, a quienes sorprendieron en el camino del tramo a Tselejpotobtik; los disparos venían desde Santa Martha, desde el otro lado del río, aproximadamente entre 150 y 200 metros provenientes de cafetales y platanares. Las tres personas iban a sembrar maíz.

Según información con la que cuenta el Frayba, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal (2). Entre las comunidades afectadas hay familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo. Las agresiones continúan hasta la fecha; las últimas, han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas. Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera.

Como consecuencia de estas acciones violentas, durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

El Frayba ha informado constantemente al Gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaria de la Tierra, a la Subsecretaria de Gobierno Región V, Altos tsotsil-tseltal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Fiscalía de Justicia Indígena, entre otras, de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó, y alertó sobre la actuación del grupo civil armado. Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha realizado acciones contundentes para investigar, desarmar y sancionar a este grupo, con el pretexto de que “no puede realizar medidas de seguridad pública”, por lo que ha dejado en desprotección a las comunidades afectadas. El gobierno estatal de Chiapas argumenta incapacidad para desarmar a los grupos armados, evadiendo su responsabilidad.

Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihután (3). En ambos casos se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte, a fin del control territorial en la región. Los patrones que ubicamos son a) ataques prolongados con armas de alto calibre b) ataques armados intermitentes c) amenazas de masacres d) vigilancia desde trincheras en la montaña, f) agresiones generalizadas a la sociedad civil g) actos violentos para generar terror h) comunidades sitiadas y i) asesinatos ejemplares.

Ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, este Centro de Derechos Humanos (Frayba) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la población en riesgo a la vida, por la violencia generalizada en la región, marcada por la impunidad.

Reiteramos la responsabilidad de las autoridades de atender de manera urgente e integral la situación de crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas, aplicando de manera inmediata y urgente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.

Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestar su indignación, a firmar la acción urgente (4) y exigir al Estado mexicano un alto al fuego. Así mismo a solicitar que se realice una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar de la región, como lo ha indicado la CIDH (5), así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados en Los Altos de Chiapas.

Negamos rotundamente que la militarización de las zonas de conflicto sea una solución, ya que patrones derivados de otros conflictos demuestran que dicha presencia recrudece la violencia y genera graves violaciones a los derechos humanos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
03 de abril de 2018
Boletín No. 10

1. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Presentarán Estudio psicosocial e impacto colectivo de la masacre de Acteal. 23 de noviembre 2017. Disponible. https://frayba.org.mx/presentaran-estudio-psicosocial-e-impacto-colectivo-de-la-masacre-de-acteal/

2. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama. 22 de marzo de 2018. Disponible en:
https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-de-indigenas-tsotsiles-de-aldama/

3. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán. https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-y-la-integridad-de-centenares-familias-desplazadas-retornadas-en-chalchihuitan/

4. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: bases de Apoyo Zapatista en riesgo de desplazamiento forzado. 27 de mayo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/

5 .Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. 24 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/15-18MC882-17-MX.pdf

Foto: Familias desplazadas de la comunidad de Kokó, municipio de Aldama, Altos de Chiapas. Fotografía: Carlos Ogaz.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de diciembre 2015

Boletín No.32

Privación Arbitraria de la Libertad y violación a garantías judiciales a Base de Apoyo del EZLN

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), documentó Privación Arbitraria de la Libertad y faltas al debido proceso en la detención de José Alfonso Cruz Espinosa (José Alfonso), Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).

Según información documentada por el Frayba, José Alfonso, fue arrestado el día 10 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 14:00 horas, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, México. Personas vestidas de civil, quienes no se identificaron, no le presentaron orden de aprehensión ni indicaron el motivo de la detención, lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a la comandancia de la Policía Especializada en la cabecera del mismo municipio.

Según consta en la causa penal 559/2015 fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 16 El Encino (CERSS No. 16 El Encino), al llegar a ese lugar tampoco se le informó el motivo de su detención ni se le permitió hacer una llamada. A las 15:57 horas fue puesto a disposición de Omar Heleria Reyes, Juez Mixto de Primera Instancia en Ocosingo, sin que el juez hiciera una adecuada labor en el caso.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 9 de septiembre de 2015

Boletín de prensa No. 22
Amenazas de muerte y agresiones físicas en contra de BAEZLN de la comunidad Tzakukum

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba) documentó los hechos sobre las amenazas de muerte, agresiones físicas y hostigamiento en contra de Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la comunidad Tzakukum, municipio oficial de Chalchihuitán; información proporcionada por la Junta de Buen Gobierno de Oventik, Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo, (JBG Oventik), perteneciente al Caracol II, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad.

Según testimonios, refieren que el día 10 de agosto del 2015, el BAEZLN, Aurelio Gómez Girón recibió amenazas de ser asesinado a machetazos, por parte de una mujer de nombre Catarina Girón Díaz Segundo, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El mismo día el señor Ramón López García del partido PRI cortó la manguera de agua a Mariano García Núñez, BAEZLN, quien fue amenazado de muerte con un machete.

El día 14 de agosto, aproximadamente a las 20:30 horas, Librado Pérez Núñez, BAEZLN fue insultado y agredido en el camino por Hermelindo García Núñez dirigente del partido PRI quien le dijo: –ustedes son asesinos, mero zapatista, qué haces aquí..

El día 15 de agosto, el priísta Juan Antonio Pérez Girón amenazó de muerte con un machete a las BAEZLN María Gómez López y Catarina Girón Díaz Primero, en el trayecto a una reunión.

El día 26 de julio, un grupo de partidistas retuvo a cuatro personas BAEZLN en la comunidad Tzakukum a quienes amenazaron con quemarlos con gasolina: Martín García Núñez, Sebastián Gómez Pérez, Jorge López Núnez, Mario Núñez García. Además 8 personas más fueron golpeadas y presentan heridas sin haber recibido atención médica: María Girón López, Mariana Girón López, María López García, Martín Díaz Pérez, María Gómez Pérez, Aurelio Gómez Girón, Rafael García Gómez, María López Núñez.

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