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por Ricardo Lagunes y Jessica Davies
La Jornada, 7 de febrero, 2015
La digna lucha del pueblo indígena tzeltal del ejido San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en defensa de su territorio ancestral, su cultura, tradición e identidad, se ha convertido en algo legendario. Han sufrido el asesinato de dos de sus líderes comunitarios –Juan Vázquez Guzmán, el 24 de abril de 2013, y Juan Carlos Gómez Silvano, el 21 de marzo de 2014– así como la violencia, la tortura, el encarcelamiento injusto, la desaparición forzada, los ataques, las amenazas, el acoso, la intimidación y la presencia policial continua, pero su resistencia digna en contra del despojo de su territorio para la construcción de un megaproyecto turístico sigue vigente.
El 21 de diciembre de 2014, más de 400 ejidatarios recuperaron pacíficamente las tierras de uso común de que habían sido despojados ilegalmente el 2 de febrero de 2011 por los tres niveles de gobierno y sus partidarios locales. La fecha de la recuperación es muy emblemática: el segundo aniversario de la marcha silenciosa de los zapatistas y el mismo día de la inauguración del Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías, convocado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En las tierras despojadas por el gobierno cruza el camino de acceso al centro ecoturístico de las espectaculares cascadas de Agua Azul, ubicado en el municipio de Tumbalá, rodeado de una selva hermosa, rica en vida silvestre y en recursos naturales. Por ello, los gobiernos y las corporaciones no quieren esperar para aprovecharse de estas tierras e instalar un desarrollo turístico de élite con hoteles de lujo, campos de golf y una autopista. Pero las tierras de uso común legal y legítimamente pertenecen a los ejidatarios, como pueblos indígenas que son.
Las tierras de Bachajón están protegidas legalmente por la suspensión de plano otorgada en su amparo 274/2011. La resolución jurídica de este amparo está por resolverse en próximas semanas y es muy probable que se dicte una sentencia favorable a la protección de los derechos colectivos de los indígenas. Es importante destacar que los ejidatarios han optado por tomar la vía legal y pacífica, buscando siempre el diálogo dentro de las comunidades locales.
Durante 18 días y noches, en rotación, 500 mujeres, hombres, jóvenes y ancianos han formado cordones para vigilar su territorio recuperado. Recibieron varias amenazas e intimidaciones, y existe el temor continuo de ataque y desalojo por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares organizados por el comisario ejidal Alejandro Moreno Gómez y el consejero de vigilancia Samuel Díaz Guzmán.
En la madrugada del 9 de enero de 2015, más de 900 elementos de fuerzas estatales y federales desalojaron de manera violenta a los ejidatarios, lo que obligó a muchos a huir a los cerros y bosques. Al denunciar el ataque, los pobladores confirmaron que éste solamente reforzaría su convicción de mantener su lucha y resistencia.
El 11 de enero de 2015, los indígenas de San Sebastián Bachajón, en señal de protesta y resistencia pacífica, bloquearon la carretera Ocosingo-Palenque, a la altura del crucero de Agua Azul. La policía estatal de Chiapas disparó a los ejidatarios durante 20 minutos, utilizando armas de grueso calibre y de goma. Tres personas resultaron heridas. A pesar de esto, después de una hora de resistencia, los adherentes a la Sexta de Bachajón hicieron retroceder a las fuerzas del gobierno y mantienen su presencia hasta el momento.
Los ejidatarios y sus compañeros en todo el mundo han declarado que hacen responsable a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión a su vida e integridad personal por sus acciones en defensa de la tierra. Actualmente se mantienen firmes en su lucha digna, y están llamando a la solidaridad y acciones de apoyo nacional e internacional. Un ejemplo de estas acciones es el Foro Mundial, que se celebró el 18 de enero pasado en el Cideci Unitierra, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
En un comunicado del 10 de enero de 2015, los ejidatarios señalaron contundentemente lo que mueve su lucha: “Queremos decirle al mal gobierno (…) que nuestras tierras no están en venta; en nuestro territorio no van hacer sus grandes negocios de ecoturismo y supercarreteras, no vamos a permitir que se desplacen comunidades y aumente la pobreza solamente para que ustedes se hagan más ricos a costa de nuestro sufrimiento”.
