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(Español) Defensores tzeltales son condenados por protestar contra cuartel de la Guardia Nacional
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento del distrito de Ocosingo, Chiapas, dictó sentencia condenatoria por el delito de motín contra César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tzeltales del municipio de Chilón, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante su participación en una manifestación pacífica donde comunidades de la región exigían detener la construcción de una base de la Guardia Nacional (GN) en el ejido de San Sebastián Bachajón.
Fue durante la protesta del 5 de octubre del 2020, cuando policías estatales reprimieron violentamente la manifestación de los tzeltales, quienes argumentan que la edificación del cuartel nunca fue consultada con la población. La represión dejó un saldo de 11 heridos, así como la detención de César y José, quienes fueron incomunicados por dos días y trasladados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo, donde fueron torturados.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) lamentó la sentencia pues argumenta que, durante las audiencias del juicio oral, “se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020”.
Mediante comunicado, la organización de derechos humanos acusó de otras irregularidades, tales como que los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de policía estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del 15 de octubre de 2020. También sostuvo que los peritos y legislas expertos de la Fiscalía no pudieron comprobar los testimonios de los policías que acusaban a los defensores comunitarios. Además, enfatiza la gravedad de que la Fiscalía ignoró las denuncias de tortura realizadas por policías estatales contra los dos defensores.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también criticó la sentencia pues señaló que “criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios”. Las organizaciones exigieron a las autoridades de Chiapas un alto en la criminalización de los defensores.
Irregularidades
Tras su detención y tortura, César y José Luis fueron trasladados al CERSS 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa. Ahí permanecieron recluidos durante 17 días, hasta que un juez les concedió libertad condicional, con la cual fueron obligados, durante dos años, a trasladarse cada ciertos días hasta Ocosingo, a horas de distancia de su residencia, para firmar y mantener el proceso fuera de la cárcel.
Los defensores señalan que, derivado de ello, su tejido familiar ha sido roto; además del daño a su persona y familiares, también implicaba un fuerte gasto económico para desplazarse hasta esa ciudad en el oriente del estado. Ahora, con la sentencia condenatoria, los defensores, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), fueron obligados a pagar una multa para evitar su reingreso al reclusorio.
Megaproyectos
Actualmente, organizaciones como el Modevite, que cuenta con una estructura de gobierno comunitario en Chilón, se mantienen firmes contra otros proyectos impulsados por los tres niveles de gobierno que pretenden la instalación de infraestructura como la denominada Carretera de las Culturas, un trazo carretero que conectaría desde el municipio de Pijijiapan, en la costa pacífico, hasta el norte del estado, en la ciudad de Palenque, donde se enlazaría al proyecto del “Tren Maya”.
En este caso, habitantes del municipio de San Juan Cancuc, quienes se han movilizado durante años para detener la construcción de la carretera, también han sido objeto de criminalización, como lo demuestra la actual detención de cinco tzeltales, acusados sin pruebas, del homicidio de un policía municipal.
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Ante esta situación, organizaciones sociales han mostrado su preocupación por la proliferación de cuarteles de la GN, un cuerpo de seguridad militarizado, que ha proyectado más de una veintena de bases operativas en Chiapas.
“No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica César Contreras del Centro Prodh, organización que promovió una demanda de amparo contra la construcción del cuartel en Chilón.
Para enero del 2021, el recurso obtuvo la suspensión definitiva con el argumento de que detener la construcción evitaría el riesgo de que se consolidara un daño irremediable a los derechos colectivos de las comunidades tzeltales. Según ejidatarios de Chilón, el amparo, aún pendiente de resolución definitiva, consiguió detener la inauguración del cuartel de la GN, el cual ya se encuentra finalizado pero sin operación.
Por su parte, el equipo legal del Frayba, quien acompaña la defensa de César y José Luis, explicó que recurrirán la sentencia y volverán a presentar denuncias por tortura contra los tzeltales.
Se dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización
e dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización
- El 03 de mayo de 2023 el Juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tseltal del municipio de Chilón.
- El Poder Judicial del Estado de Chiapas se suma a la criminalización a defensores comunitarios de derechos humanos.
El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas.
El pasado 24 de abril de 2023 inició el juicio oral de José Luis y César, defensores del territorio, durante el desarrollo de las distintas audiencias se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020; los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020 cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente. De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.
Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y lamentamos la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, de haber dictado una sentencia condenatoria de 2 años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida.
Contactos Frayba
Dora Roblero, Dirección Frayba: +52 967 134 0759;
Equipo Regional Zona Norte: +52 967 141 0420