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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO - EMILIANO ZAPATA

(Español) CIPOG-EZ: Las desapariciones y la muerte se mantiene en Guerrero y en todo el país

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EL ESTADO MEXICANO LE MIENTE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. MIENTRAS TANTO LAS DESAPARICIONES Y LA MUERTE SE MANTIENEN EN GUERRERO Y EN TODO EL PAÍS. 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado, Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder, allá arriba, donde quien llega se olvida de mirar abajo pero ahora le dice al abajo que puede cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el país al capital extranjero y nacional, privatizando los bienes naturales y explotando a los trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años?

11 de abril de 2022
Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando. En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30 de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicimos por la desaparición de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por el gobierno federal.

1. El Estado mexicano le dice al Comité de las Naciones Unidas: “tengan por presentado el informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada. Explican que se han reunido con la familia, que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero ninguna detención, es decir, hay desaparecidos y perpetradores, dicen buscar a los desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.

2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la Desaparición Forzada que “están trabajando y redoblarán esfuerzos”, se reunió la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tal forma que:

a) El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un máximo de 5 días al mes.
b) Se deberá solicitar el Mecanismo con 72 horas hábiles de anticipación e itinerario correspondiente.
c) Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos.
d) Las medidas son de carácter temporal.

Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal. Como si la vida de quienes hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a la delincuencia organizada y a los grupos narco-paramilitares, no estuviera en riesgo todo el tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel.

Es por lo anterior que como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así como a cada integrante de nuestra organización. Sepan que los ojos de la comunidad internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad.

¡BASTA DE SIMULACIÓN!
¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!

ATENTAMENTE:
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Notifrayba: Simón Pedro y la lucha por la vida en medio de una oscura realidad

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El 5 de julio del 2021 fue asesinado Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, catequista e integrante de Las Abejas de Acteal. Los hechos se dieron en medio de un control territorial por parte de grupos criminales en la región.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de abril de 2022
Boletín No. 13

Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas

  • En el mes de marzo se registraron 437 reportes de ataques armados contra las comunidades.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró durante el mes de marzo 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Esto implica el desplazamiento intermitente de cerca 3499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente. En este periodo resultaron heridas dos personas a consecuencia de los disparos constantes: un “integrante de la banda de música” originario del municipio de Santiago el Pinar, quien fue lesionado en el tobillo durante la fiesta del Cuarto viernes celebrada en la comunidad de San Pedro Cotzilnam y una niña de 9 años de edad originaria de comunidad Tabac, municipio de Aldama, lesionada en la cabeza. Afortunadamente ambas personas se encuentran fuera de peligro.

Frente a los ataques armados y el continuum de violencia que se agudizó contra las comunidades desde principios del 2018, una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros y el Frayba, solicitaron desde hace 4 años medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de veintidós comunidades identificadas en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021. Las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente.

El gobierno mexicano ha centrado su atención en el conflicto territorial y para ello el día 3 de marzo del presente año entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y Federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.

Lamentamos la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización donde se mantiene en privación arbitraria de la libertad al señor Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros de Aldama, siendo claramente un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020.

El Frayba manifiesta su preocupación por que el Estado mexicano no respeta, ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, por lo que exigimos cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias, siendo que al cierre de este boletín, en el mes de abril se han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades.

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Indigenous Peoples Rights International y CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Desplazamiento e impunidad: Chiapas, México

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La violencia contra los Pueblos Indígenas en #Chiapas no ha parado. En los Altos, un grupo de corte paramilitar aprovecha la impunidad para seguir operando, intensificando agresiones y desplazamiento forzado. Los Pueblos Indígenas viven en continua violación a sus derechos. Esta es la historia de Aldama, Chalchihuitán y Acteal. Un documental de IPRIMéxico y Frayba Derechos Humanos.

 

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Avispa Midia

(Español) Periodistas sufren incautación de sus equipos, arrestos y golpizas por militares israelíes

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

De acuerdo con un reporte del medio +972, desde principios de 2020, Israel ha llevado presos al menos a 26 periodistas palestinos en Cisjordania. Los comunicadores han documentado protestas, funerales y otros eventos políticos y han sido acusados de “incitación” por hacer su trabajo.

Tan solo el pasado mes de marzo, el Ministerio de Información de Palestina, registró al menos 26 violaciones provocadas por las fuerzas de la ocupación israelí contra periodistas palestinos y sus medios de comunicación. Incluso, cinco de ellos fueron heridos con balas de metal recubiertas de goma: Abdel Mohsen Shalalda, Musab Shawar, Mamoun Wazouz, Abdullah Bahsh y Wahaj Bani Mufleh.

Según el informe, en algunos casos los periodistas fueron procesados ​​por cargos ajenos a su labor profesional; en otros, no se presentó acusación alguna y el periodista fue encarcelado sin juicio y, tiempo después, puestos en libertad.

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“Todas las preguntas eran sobre mi periodismo.Pusieron imágenes de mis reportajes en video sobre la mesa, incluido el funeral de un palestino muerto, gente reunida para una protesta, una plaza en honor a un shaheed [mártir], una marcha con banderas de Hamás. El interrogador me dijo que no puedo fotografiar estas cosas, porque son incitaciones. Le dije que soy periodista y que este es mi trabajo: mostrar imágenes de cosas que están sucediendo y que los medios israelíes hacen lo mismo. Me gritó que me detuviera”, detalla el periodista Hazem Nasser.

Actualmente hay diez periodistas en prisiones israelíes por realizar su trabajo. Todos son acusados de “incitación” por cubrir temas de Palestina, según Saleh al-Masri, quien dirige el Comité de Apoyo a Periodistas (JSC) en Palestina. Tres de los periodistas encarcelados se encuentran en detención administrativa; tres han sido procesados; y cuatro están detenidos e interrogados como parte de las investigaciones.

El ataque hacia periodistas por fuerzas de ocupación israelí se ha hecho común. El hostigamiento va de una detención, arrestos, heridas, golpizas, asaltos a sus casas, hasta incautación de sus equipos de prensa y bloqueo de sus redes sociales. Por ello, el ministerio palestino ha alertado sobre la necesidad proteger a los periodistas bajo la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU numero 2222  y que los crímenes realizados por militares israelíes contra periodistas no queden impunes.

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Avispa Midia

Indígenas yoreme derrumban permisos ambientales de empresa suizo-alemana

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

La Suprema Corte de Justicia canceló los permisos ambientales emitidos para la planta de Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del conglomerado suizo-alemán, Proman AG, quien tiene proyectado una inversión de 100,000 millones de pesos para la producción de agroquímicos en Topolobampo, Sinaloa, norte de México.

Yasmín Equivel Mossa, ministra de la Segunda Sala, encargada de sesionar asuntos en materia administrativa y laboral, llevó a votación ante el Pleno de la Segunda Sala de la Corte y, por unanimidad de cinco votos, determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene que reiniciar el proceso para los permisos ambientales.

El amparo 528/2018, fue interpuesto por pescadores indígenas yoreme del campo pesquero Lázaro Cárdenas en el año 2018, contra los permisos que emitió la Semarnat, el 21 de abril de 2014, para la instalación de la planta de amoniaco.

Estos pueblos indígenas apelaron a que, tanto autoridades ambientales como la empresa, pasaron por alto realizar la respectiva consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derecho indígena, del cual es signatario el Estado mexicano.

La sentencia que se desprende del amparo 528/2018, atraído por el ministro Alberto Pérez Dayán, también dictaminó amparar y proteger a los pueblos originarios que promovieron este recurso jurídico, esto implica, por derecho, que se les realice la respectiva consulta indígena, considerando los posibles impactos hacia sus comunidades y áreas de supervivencia.

Por ello, la Corte resolvió dejar sin materia el amparo de revisión que promovió la Semarnat a favor de los permisos emitidos para la empresa.

Proman AG

Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente es la filial mexicana de Proman AG, dirigida en México por Arturo Moya Hurtado. Esta empresa pretende producir 2,200 toneladas por día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes, destinado para los agricultores mexicanos y el resto de Latinoamérica.

Se ha decidido elegir esta región, según la empresa, “porque aquí es dónde tenemos acceso a gas natural y transporte terrestre y marítimo”.

La construcción de esta planta esta proyectada para realizarse en tres fases que incluye, una planta de amoniaco, la producción de 2,200 toneladas de amoniaco diariamente y, la puesta en operación de una tercera planta, donde se producirá metanol. “Garantizamos la seguridad de todas y todos como lo hemos hecho en Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Trinidad y Tobago, Estados Unidos”, anuncia la empresa.

Esta empresa está recibiendo el apoyo del gobierno de Alemania y, entre sus carteras de servicios, también están proyectos derivados del gas natural. Este conglomerado suizo-alemán no solo ha violado el derecho de consulta de los pueblos yoreme, sino que también, la construcción y operación de su terminal portuaria para el transporte de amoniaco se encuentra ubicada en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este puerto, el proyecto considera que dentro de un sitio Ramsar puede “haber unidades de manejo, zonificación y zonas de amortiguamiento que permiten el desarrollo de otras actividades adicionales a la conservación”. Desde el año 2016, el Senado de la República ya había alertado a las autoridades ambientales que, “desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales que habitan o anidan en este humedal”.

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Avispa Midia

(Español) Gobierno de México no aclara a los Wixárikas qué busca en su territorio

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El territorio de la comunidad indígena Tepehuana y Wixárika en San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha sido invadido por el Servicio Geológico Mexicano. Desde por lo menos noviembre de 2021, sin la autorización de la comunidad, han realizado trabajos de prospección minera.

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Durante varias semanas, a finales de 2021, la comunidad registró vuelos de helicóptero, del cual se colgaba un magnetómetro. “Empezamos a ver un helicóptero volar en la zona de lugares sagrados que tenemos en la comunidad. Nos llamó la atención. Empezamos a verlo seguido, día tras día”, dijo el secretario del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de la comunidad, Mario González.

Después de los vuelos vinieron las incursiones, en los mismos lugares sagrados para los Tepehuana y Wixárikas, de camionetas con la identificación del Servicio Geológico Mexicano. “Empezamos a ver personas en vehículos que trabajaban recolectando materiales en nuestros lugares sagrados”, cuenta González.

De acuerdo con el relato de Andrés Plateado, indígena de la comunidad, los funcionarios han entrado en sus lugares sagrados, “mueven cosas donde hacemos ceremonias que nos enseñaron nuestros ancestros; es una ofensa para nosotros”.

Sin información por parte de instancias del gobierno, la asamblea de la comunidad, el día 13 de marzo, ordenó que se investigara quién eran estas personas y lo qué hacían.  “¿Cómo?,  deteniendo una camioneta para que nos digan qué es lo que están haciendo, qué estudios están haciendo”, explicó González.

El 15 de marzo se detuvo una camioneta del Servicio Geológico Mexicano, la cual permanece hasta hoy bajo el resguardo de la comunidad.

Fue entonces que se demandó una reunión con distintas instancias del Estado con el objetivo de tener informaciones sobre la motivación de las incursiones, sin permiso, al territorio Tepehuana y Wixárikas.

La reunión ocurrió el 6 de abril entre autoridades comunales, instancias federales y estatales. En el mismo día la comunidad hizo público el contenido de la reunión y los acuerdos por medio de una conferencia de prensa.

De acuerdo con los voceros de la comunidad, representantes del Servicio Geológico Mexicano negaron que hayan hecho sobrevuelos en el territorio Tepehuana y Wixárika, “señalan que [el registro] no está en ninguna de sus bitácoras; literalmente nos dijeron que ‘quizás algún minero se aprovechó que estábamos haciendo el servicio geológico’”, señaló Cristian Chávez, asesor de la comunidad.

Representantes del órgano del gobierno federal también se comprometieron a tener los trabajos de prospección minera, pero irónicamente, cuenta Chávez, que cuando la comunidad detuvo la camioneta el 15 de marzo, “habían dicho que ya se había terminado el trabajo de campo”.

Los representantes del Servicio Geológico no informaron cuáles minerales estaban buscando. “Nos dijeron que están buscando salmueras en el país, buscando sales, no nos aclararon cuáles serían”, contó Chávez. Tampoco han informado sobre el proyecto minero Amonitas que estaría por detrás de la prospección.

El día 8 de mayo las instancias gubernamentales se comprometieron a ir hasta la comunidad para informar sobre el objetivo, promovente y descripción del proyecto minero Amonita.

Otro de los acuerdos es que el Servicio Geológico va a desistir de la denuncia que hizo en el Ministerio Público de Villa Guerrero contra la comunidad por detener el vehículo, “una vez que haya recibido el vehículo y haya informado a la comunidad los pormenores que está solicitando sobre el proyecto minero Amonitas”, explicó Chávez.

Venta de tierra

El ejido de San Lorenzo Azqueltán es colindante con los bienes comunales de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán. De acuerdo con los voceros de la comunidad, fueron las autoridades del ejido que dieron el permiso a Servicios Geológicos para la prospección.

Los trabajos de prospección se basan en un “ilegal permiso otorgado por personas ajenas a nuestra comunidad, representantes de un ejido que nada tiene que ver con la superficie donde se realiza la prospección minera”, denunció la comunidad en un comunicado.

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El conflicto no es de ahora. “Las autoridades ejidales han viniendo rentando y vendiendo terrenos fuera de su propiedad agraria; eso ha sido el motor de una violencia sistemática durante los últimos años que ha resultado en ataques armados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, y numerosos despojos contra la comunidad”, explica Chávez.

De acuerdo con él, “el permiso otorgado por autoridades ejidales al Servicio Geológico fue la gota que derramó el vaso de una serie de despojo de venta de tierra hecha por autoridades ejidales fuera de terrenos ejidales. La comunidad hace años denuncia estas ventas fraudulentas, solicitando la intervención de las instancias federales y estatales”, dijo Chávez.

Representantes de la Procuraduría Agraria, también presentes en la reunión, se comprometieron a advertir a las autoridades ejidales a no realizar ventas y rentas de tierra fuera de sus límites agrarios.

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Noticias de Abajo.

Día 16. La Caravana expone la necesidad de organizarse desde abajo a trabajadores del SUTIEMS.

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Iztapalapa, CDMX. 6 de Abril.

En el día 16, la Caravana visitó las instalaciones de la preparatoria pública «Benito Juárez», la invitación fue hecha por parte del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS), los cuales agradecieron la presencia y manifestar el seguimiento de la lucha de los pueblos para transformar el mundo hacia uno más justo, integrantes de la Caravana compartieron tanto a trabajadores como estudiantes cual es el motivo de la organización de la Caravana, las problemáticas, luchas e historias que la han nutrido.

Diferentes miembros de la Caravana platicaron sobre  la política neoliberal que mantiene la actual administración, la persecución y asesinato de personas defensoras del territorio, la lucha de los pueblos Nahuas en la región Choluteca, contra la empresa Bonafont-Danone que reaccionaron ante el desecamiento de pozos y ameyales, para finalizar con un recuento histórico del CNI-CIG, organización que aglutina pueblos originarios cansados de las traiciones del mal gobierno. Estas palabras reafirmaron la necesidad de generar procesos desde abajo entre pueblos y organizaciones para defender el territorio, el agua y la vida.

En el conversatorio la  representante del SUTIEMS refirió que la existencia de este plantel fue una conquista de la movilización social por parte de los  vecinos, este inmueble pasó de ser la antigua cárcel de Santa Marta para ahora ser un plantel educativo de preparatoria.

Esta escuela tiene dos particularidades que le dan un gran valor en la región, una es la asignatura de lengua y cultura náhuatl así como la modalidad semi-escolar para estudiantes que requieren una mayor flexibilidad de horario para poder trabajar y estudiar, sin embargo, estos trabajadores entre otros no cuentan con contrato colectivo de trabajo, por lo que se encuentran contratados por honorarios de periodos cortos, situación  que niega y vulnera sus derechos laborales. El área de limpieza se encuentra terciarizada por empresas de outsourcing que sobre explotan, no pagan las horas extras y pueden ser despedidos en cualquier momento sin ninguna forma de amparo legal, estas  problemáticas laborales son una constante en las instituciones educativas.

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Noticias de Abajo.

Día 15 Caravana por el agua y la vida. CDMX: La lucha por el Agua, la Libertad y la Educación.

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La Caravana por el agua y la vida, cumple 15 días de recorrido con la visita en la Ciudad de México al Plantón de Mujeres Mazatecas por la Libertad de los presos políticos de Eloxochitlan Oaxaca donde se realizó un foro sobre la lucha por la libertad de las y los presos y desplazados políticos, esta actividad se hizo sobre la avenida Insurgentes. En este caso la denuncia de estas mujeres es la injusta prisión política de los 7 mazatecos que desde hace 8 años están encarcelados por la corrupción y prepotencia de caciques locales que han vivido en el ocioso negocio de la partidocracia mexicana. Ellas que desde hace meses se han instalado frente a la Judicatura Federal no han recibido más que un insensible silencio y nada de avance en la libertad de sus compañeros detenidos y desplazados que son defensores del territorio. Ellas se han encontrado con otras demandas y contra la injusta prisión como la del hermano Yaqui Fidencio Aldama, la de los presos de la OCSS y de los presos conscientes de las Voz del Amate, entre otras y otros.

La Caravana llegó al Plantón donde se bloqueó el camino, para primero compartir el alimento y luego la palabra donde otras luchas por la justicia y el agua dieron testimonio de sus resistencias. Ahí tomaron la palabra Marichuy, Abogados solidarios, y las organizaciones que vienen con la Caravana. Las mujeres mazatecas aprovecharon para demandar la tención directa del Gobernador del Estado de Oaxaca para que no tarde la liberación de los presos de Eloxochitlan.

Al terminar esta actividad la caravana y quienes la reciben realizaron una marcha rumbo a la Comisión Nacional del Agua CONAGUA donde se hizo una parada para denunciar el papel que juega esta institución en el saqueo y la contaminación del agua en México. Es en ese lugar donde se otorgan los permisos a transnacionales y grupos de poder caciquil, donde les niegan y limitan el agua los pueblos campesinos y humildes, es en esas instituciones donde se violan los derechos de los pueblos originarios.

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Al faro zapatista

(Español) Al faro zapatista – Nuevos libros

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La iniciativa Al faro zapatista acaba de publicar seis nuevos libros:

Lee/descarga todos los libros aquí.

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