Durante estos últimos días el clima de violencia, inseguridad e impunidad impera en el ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas, y se ha encrudecido de manera alarmante.

En el comunicado del 22 de julio, la Junta de Buen Gobierno de Oventik denunció la violencia que algunos priistas y perredistas están ejerciendo contra Bases de Apoyo Zapatista que habitan el ejido Puebla. Dos de ellos, Mariano Méndez Méndez y Luciano Méndez Hernández, estuvieron detenidos después de ser golpeados y amarrados por los agresores, acusados falsamente de envenenar el agua de la comunidad, la compañera Rosa Hernández Méndez también fue golpeada por los partidistas. Desde entonces las agresiones no han cedido. Varias familias de la comunidad se vieron obligadas a desplazarse a otras comunidades entre los meses junio y julio de este año. El 20 de agosto una caravana de la sociedad civil intentó acompañar estas familias para que pudieran retornar. La caravana fue recibida por 100 personas que aventaron pierdas y agredieron verbalmente, que amenazaron a los y las acompañantes de la Caravana, según testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ante estas agresiones y el peligro que se corría, la caravana tuvo que regresar.

El 22 de agosto el párroco Manuel Pérez Gómez fue retenido, golpeado, y amenazado durante más de cinco horas por un grupo de diez personas del mismo ejido, acompañadas por cientos de personas. El párroco fue liberado después de firmar un acuerdo bajo presión de no denunciar penalmente o públicamente las agresiones que sufrió.

La organización Sociedad Civil de las Abejas, cuyos miembros están siendo agredidos por los priistas y perredistas, ha denunciado incidentes de quemas de casas, y que se escuchan disparos en las noches. La situación en la zona es grave. El día 23 de agosto, por la violencia y el peligro que corren quiénes son los blancos de la violencia, 70 personas del ejido Puebla se vieron obligadas a desplazarse de la comunidad.

Se ha pretendido presentar este conflicto como religioso, sin embargo, en realidad sabemos que es de carácter político y que es parte de las tantas formas de contrainsurgencia contra el proyecto zapatista y la organización de comunidades y pueblos que han decidido organizarse por la defensa de su territorio y construir su camino más allá del trato con el poder.

Como Red contra la Represión y por la Solidaridad nos pronunciamos contra estas agresiones y contra la impunidad que gozan los agresores. Afirmamos que el nivel de violencia en el ejido Puebla aumentó después de la excarcelación de paramilitares sentenciados por su participación en la masacre de Acteal, y en particular la excarcelación del señor Jacinto Arias Cruz, quién fue presidente municipal de Chenalhó en el año 1997. En aquel tiempo, Jacinto Arias Cruz fue señalado como uno de los principales responsables locales detrás de la masacre de 45 personas en la comunidad Acteal el 22 de diciembre 1997.

Denunciamos también la implicación de las instancias municipales, estatales y federales en esta grave situación, así como la total ausencia de garantías y de derechos humanos básicos. Expresamos nuestra solidaridad con las familias agredidas y desplazadas. Responsabilizamos de estos actos de violencia y de cualquier otro que pudiera suceder al presidente municipal de Chenalhó José Arias Vázquez, al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y las instancias federales encabezadas por Enrique Peña Nieto.

Llamamos a organizarnos para presionar y detener la violencia en la región, llamamos a denunciar la impunidad con que gozan los agresores del ejido Puebla y lograr el pronto regreso de los desplazados.

¡Alto a la violencia y la impunidad en el ejido Puebla, en Chiapas!

¡Castigo a los paramilitares y los responsables de la violencia en contra de nuestras y nuestros compañeros!

¡Sí al retorno de los desplazados a sus hogares!

¡Las Bases de Apoyo zapatistas no están solas!

Contra el despojo y la represión:

¡la solidaridad!

Red contra la Represión y por la Solidaridad

(RvsR)