Abraham Rivera Borrego Miembro del Colectivo de Análisis e Información Kolectiva (CAIK)


FOTO: Cortesía del Primer Encuentro Sobre Ciudades Rurales
Sustentables, Puebla, 02-09-2011

Las Ciudades Rurales en Chiapas son pequeñas ciudades edificadas ex profeso en el área rural, que ofrecen a las comunidades indígenas y campesinas una serie de servicios –entre ellos luz, agua, drenaje, educación, salud, comunicaciones y empleo– con el objetivo de “concentrar” a los hombres y a las mujeres del campo. Pero en realidad, detrás de este discurso desarrollista, afloran otros objetivos no explícitos que se hacen obvios bajo la lógica de una integración extractivista y basada en el despojo.

“Según datos oficiales, actualmente el Programa Ciudades Rurales Sustentables (CRS) en Chiapas comprende ocho ciudades rurales. Dos ya están habitadas: Nuevo Juan del Grijalva, donde fueron reubicados los afectados del desastre de 2007, y Santiago El Pinar, donde se reubicó a población indígena. Los planes del Programa incluyen seis ciudades más, de las cuales cinco se encuentran en etapa de construcción y una en fase de planeación” (Informe de la Misión Civil de Observación de la Red Paz y caik sobre el Programa Ciudades Rurales Sustentables).

Este Programa forma parte de un enorme esfuerzo por transformar la vida en el sur-sureste de México, particularmente la vida en el campo, hacia patrones de consumo y producción orientados a la lógica del mercado. Dicha iniciativa es parte de otros grandes planes del pasado que quedaron enunciados hacia finales del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y que han encontrado expresión en el Plan Puebla Panamá, ahora rebautizado como Proyecto Mesoamérica: proyecto de ”infraestructura y desarrollo”, centrado principalmente en las áreas de energía, electricidad, salud, educación, telecomunicaciones, agrocombustibles, carreteras y vivienda.

Para la economía neoliberal es muy importante que los territorios a explotar estén despejados y que la población que viva en ellos sea desplazada a una especie de núcleos de concentración urbanos. Las Ciudades Rurales son estos centros a donde los pueblos son reubicados anulando la posibilidad de tomar decisiones sobre el destino de su tierra, dependiendo totalmente del modelo económico imperante y quedando, consecuentemente, bajo un modo de vida campesino-indígena seriamente fracturado.

Actualmente, la forma de operar y anexionar territorios a la economía de mercado, se desarrolla mediante diversos elementos de control tales como los organismos financieros multinacionales, la banca multilateral, las empresas trasnacionales, los planes económicos de infraestructura y seguridad, los tratados de libre comercio, la ocupación militar y la guerra irregular, entre otros.

El verdadero trasfondo de estos tratados y acuerdos es obtener un control eficiente y mayor sobre las reservas energéticas del petróleo y del gas en territorio nacional, así como una mayor intervención sobre territorios estratégicos que contienen importantes dotaciones de biodiversidad en todo el continente americano. Hablamos de áreas como el Corredor Biológico Mesoamericano que comprende desde el sur-sureste mexicano, pasando por los países del Istmo Centroamericano y llegando hasta las fronteras con Colombia y Panamá.


FOTO: Orin Langelle

“El programa CRS no fue ideado ni por el gobierno estatal ni por el gobierno federal. Sus orígenes y elementos rectores pueden rastrearse en documentos y comunicados de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. Esta institución preconiza la integración económica como la principal arma de lucha contra la pobreza, y como vía para “llevar el desarrollo a todos los rincones del mundo”. (Boletín sobre las Ciudades Rurales de caik).

En este sentido, el territorio chiapaneco cobra vital importancia en el proceso de reordenamiento territorial ya que ofrece grandes posibilidades de ampliar circuitos económicos de alta rentabilidad para los inversionistas; sustentándose en el control de la biodiversidad, el agua, la producción energética, la extracción de minerales y petrolera, el desarrollo de la industria turística y la incautación de grandes extensiones de territorio para el monocultivo y la agroindustria.

Igualmente, como consecuencia de las relaciones de poder existentes hoy en día en todo el planeta, el acceso, gestión y usufructo de los recursos naturales están limitados y controlados por el poder geopolítico de los países ricos y los organismos multilaterales que pretenden la apropiación de territorios a los que antes no tenían acceso.

En este momento, la geopolitización de los recursos naturales ha arrojado una nueva doctrina de “seguridad ambiental”, que se lee como el aseguramiento o protección de zonas ricas en recursos estratégicos frente a escenarios de incertidumbre que pongan en peligro la estabilidad de la economía. Esta nueva doctrina promovida por los países ricos integra dentro de la estrategia de seguridad nacional el posicionarse, responder o reducir cualquier incertidumbre que desequilibre su desarrollo económico.

Uno de estos países es Estados Unidos, que integró esta doctrina (2008) dentro de su Plan de Seguridad Nacional. Desde luego este concepto de seguridad ambiental se presenta ante la opinión pública como garante de la conservación del medio ambiente, la ayuda humanitaria y el desarrollo social para los más pobres.

En este sentido, desde los años 90s, América Latina se coloca como reserva estratégica de Estados Unidos. Centroamérica y el Cono Sur operan en función de la geopolítica estadounidense vía el Comando del Sur y otros esquemas como el Plan Colombia. Canadá y México ya están bajo control militar estadounidense por medio del Comando del Norte, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y actualmente la Iniciativa Mérida. Todos estos planes militares representan el candado de seguridad de los tratados de libre comercio como el de América del Norte (TLCAN) y los “planes de desarrollo” como el Proyecto Mesoamérica a lo largo de todo el continente.

Ubicadas dentro de la lógica del Proyecto Mesoamérica, las Ciudades Rurales funcionarán entonces como una forma de lo que David Harvey llamó “acumulación mediante desposesión”. La separación entre el campesino y la tierra que es la base de la acumulación capitalista, sin la cual el capital no tendría mano de obra ni recursos naturales para explotar.

Asimismo, hay otro elemento que juega un papel fundamental en la desarticulación del modo de vida indígena-campesino: la cuestión alimentaria. En Nuevo Juan de Grijalva, las cientos de personas allí concentradas han perdido la capacidad de producir sus propios alimentos. En palabras también de un habitante de la ciudad rural: “Allá todo lo cosechábamos nosotros. Si queríamos pescadito íbamos al rio y allá lo conseguíamos. No nos costaba comprar sino que lo pescábamos. No sé cómo, pero cada quien buscábamos la forma de vivir. Aquí no hay con qué”.

La separación o alejamiento del campesino o campesina de su tierra trae importantes consecuencias sobre su alimentación y nutrición, y más aún, conlleva la dependencia total del dinero como forma de supervivencia. Esta subordinación alimentaria y económica es claro ejemplo de una estrategia que busca subsumir a la población bajo el control del mercado, destruyendo cualquier vestigio de autonomía, soberanía o independencia.
Concentradas en las ciudades rurales, las comunidades indígenas y campesinas no sólo pierden libre determinación sobre su modo de producción, sino también sobre la reproducción de sus culturas permaneciendo supeditadas a los sistemas de regulación social estatales.

Como dice un miembro de la Junta de Buen Gobierno del Caracol I de La Realidad respecto de las Ciudades Rurales: “El mal gobierno nos promete tierra preparada, con luz, agua potable, vivienda, hasta nos alimentan. Es sólo vivir y engordar como un puerco, eso es lo que nos prometen pues”.

En este contexto en el que el Programa de CRS tiene como meta principal eliminar la dispersión de la gente, hecho que los gobiernos estatal y federal consideran factor determinante de la pobreza, desde el calendario de abajo nace la alternativa de los Caracoles zapatistas, que representan una opción concreta en donde las “comunidades dispersas” están involucradas en un intenso proceso de desarrollo de sistemas autónomos de salud, educación y producción fuera del control social del Estado y de la lógica acumulativa y destructora del capital. Los Caracoles, “esos espacios liberados que son dichos gérmenes de un mundo nuevo, no capitalista” (Aguirre Rojas, 2007), constituyen un gran obstáculo frente al “espacio abstracto” de supercarreteras, plantaciones intensivas, extracción energética y Ciudades Rurales de la nueva fase del Proyecto Mesoamérica en Chiapas.