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Fuente: LundiMatin #334, 11 de abril de 2022

Desde hace tres semanas, una caravana “por el agua, por la vida y contra el expolio capitalista” recorre las carreteras de México al encuentro de una multitud de luchas. Compartimos algunos retazos de este loco viaje por un país donde la violencia, fruto de años de políticas neoliberales, es omnipresente, pero donde la resistencia al orden capitalista abunda a pesar de todo.

A continuación se exponen y enfocan algunas de las luchas encontradas, así como los retos políticos a los que se enfrenta esta iniciativa.

La convocatoria para la formación de esta caravana se hizo tras las reuniones contra los megaproyectos que reunieron a varias organizaciones indígenas en enero. El programa es ambicioso. Recorrerá 9 estados[1] durante 34 días. Se trata sin duda de la movilización más importante de las bases de la autonomía en México desde la pandemia, si dejamos de lado la masiva y relámpago manifestación del domingo 13 de marzo de varias decenas de miles de zapatistas en Chiapas.

ALTEPELMECALLI: SACAR A DANONE Y ORGANIZARSE

El inicio de la caravana por el agua, por la vida y contra el expolio capitalista tuvo lugar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en un campo de fútbol frente a la planta de embotellamiento de agua de manantial de la empresa Bonafont, filial de Danone. La fábrica ocupada desde hace tiempo, símbolo del acaparamiento de agua, sigue paralizada gracias a la férrea resistencia de la población local. Se iba a utilizar como base para la caravana. El desalojo que tuvo lugar el 15 de febrero no consiguió obstaculizar los planes del grupo de la ocupación que estaba detrás de la convocatoria de la caravana.

En efecto, el lugar fue la incubadora de este movimiento, sobre todo gracias a las numerosas energías que atrajo durante el año en que estuvo okupado y los meses anteriores a la toma de la fábrica.

A continuación, una mirada a la lucha que llevó a la fábrica a convertirse en una “casa del pueblo” o Altepelmecalli en lengua náhuatl.

Durante años, la ira había crecido en esta región situada al este de Puebla, la cuarta ciudad más grande del país, con una zona urbana de casi 2 millones de habitantes. Las laderas del volcán Popocatépetl, de las que mana y abunda el agua pura, atrajeron la codicia de los empresarios locales a principios de los años 90.

La planta se instaló en 1992. En su momento, la concesión se ofreció a una pequeña empresa, Arcoiris, tras una serie de maniobras del gobernador local, que son un buen ejemplo de las prácticas políticas mafiosas bien afinadas. En primer lugar, tuvo que destituir a un alcalde que se negó a conceder el permiso para excavar el pozo. Como éste no cedió a las amenazas contra su persona, consiguió deshacerse de él comprando votos. La consulta pública que siguió presentó el proyecto como un centro de recreo acuático que beneficiaría a la población local. Finalmente, se concedió un permiso para el uso agrícola del pozo, con el fin de eludir las normas más estrictas.

En 1994, Danone compró las instalaciones a través de su filial mexicana, Bonafont, omnipresente en el mercado de los “garrafones”, los bidones de 20 litros que son la única forma de obtener agua potable en todas las ciudades del país.

Desde los primeros años de funcionamiento de la planta, las comunidades vecinas notaron un descenso en el nivel de sus pozos. Pronto se secaron por completo, a pesar de los repetidos intentos de cavar más profundo. Los residentes se vieron obligados a llamar a los camiones de agua para llenar los depósitos de sus casas. A medida que pasan los años, el área de las comunidades afectadas se amplía. Las manifestaciones tienen lugar en 2008 y 2010 y se empiezan a construir alianzas. En 2019, un pequeño grupo de activistas comienza a contar el número de semirremolques que salen de la fábrica y a tomar fotos para publicarlas en las redes sociales. Isaac comenta: “En este punto, empezamos a sentir que las condiciones están ahí, la indignación crece. Así que convocamos una reunión en casa de un amigo, imaginamos que habrá unas quince o veinte personas. Y entonces aparecieron 150 personas. Esa noche, decidimos un calendario de reuniones en diferentes pueblos de la zona para establecer un plan de acción concertado con las comunidades.

Se está llevando a cabo un proceso de estructuración del movimiento. Las cosas se mueven con rapidez en una región en la que las tradiciones asamblearias indígenas siguen vivas y que puede recurrir a una historia de lucha y organización política.

Ya en 1963 se había creado una unión de pueblos para defender a los pequeños productores de leche contra la promulgación de una ley que beneficiaba a las grandes empresas que pretendían hacerse con el control de la cadena de suministro. Una alianza con el movimiento estudiantil llevó a la dimisión del gobernador de entonces. En 1998, fue la lucha contra el gasoducto la que unió a los pueblos, en 2007, la lucha contra la privatización del agua, y en la década de 2010, la lucha contra una línea de alta tensión o contra los residuos tóxicos en el río.

En los 20 pueblos que forman parte del frente “Pueblos Unidos de la Región de Choluteca”, las reuniones se celebran de forma oral. Luego, una vez conseguido el apoyo suficiente, se convocan asambleas públicas. En los pueblos que se han declarado “indígenas”, la constitución mexicana, a través de su artículo n°2, reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por lo tanto reconoce las decisiones tomadas por las asambleas. Por lo tanto, es en estas asambleas donde se debate y se vota el cierre de la fábrica. Los actos administrativos son sellados por las autoridades indígenas para hacer cumplir la decisión tomada. Ahora hay que aplicar la ley del pueblo.

Se eligió la fecha del 22 de marzo de 2021, declarada Día Mundial del Agua por la ONU: “no tanto porque tenga sentido para nosotros”, continúa Isaac, “sino porque sabemos muy bien que los empresarios que saquean el recurso y los políticos que los apoyan hacen una gran fiesta ese día”. Queríamos hacer un movimiento simbólico para arruinarles la fiesta. Nos imaginamos montando un piquete y pensamos que duraría 2 o 3 días. Días preciosos para organizar el resto.

Pero los días siguientes, el piquete que se había instalado frente al único acceso de vehículos pesados resistió. Se introdujeron enormes piedras para bloquear el acceso y ganar tiempo en caso de intento de desalojo. Todo un lado de la carretera, una de las principales vías de acceso a Puebla, está bloqueado. Bajo las tensas lonas va tomando forma una vida real: torres de vigilancia, comedores permanentes, talleres, un festival cultural. Al otro lado de las puertas, los guardias de seguridad vigilan las instalaciones las 24 horas del día. Los representantes del gobierno y de Danone son bienvenidos cuando intentan visitarnos y los ocupantes dejan la puerta abierta al diálogo a condición de que se discuta, públicamente, en asamblea y aquí en el piquete. No han hecho un seguimiento. Pasan las semanas y los meses. No salió ni una gota de agua de Bonafont. Pero el pozo interior sigue intacto.

¿Qué hay que hacer con él? Se convocaron nuevas asambleas en los pueblos. La respuesta no tardó en llegar: había que poner el pozo fuera de servicio.

Se organizó un juicio público frente a Bonafont el 8 de agosto, cumpleaños del General Zapata. Se convocó a la empresa y al gobierno local. Por supuesto, ninguno de ellos vino. Los representantes de cada uno de los 20 pueblos tomaron la palabra para hablar de los daños causados por la sobreexplotación del agua en la región. Al final del juicio, entre 300 y 400 personas enmascaradas toman las instalaciones, desalojando a los guardias y policías sobrecargados de trabajo, las cámaras son destruidas, el sitio es atrincherado y el pozo es saboteado para que nunca pueda volver a funcionar. “¿Y ahora qué hacemos? Organizamos las visitas de los guardias y nos ponemos a trabajar para construirlo todo.

A partir de entonces, las actividades dentro de la fábrica adquirieron un ritmo diario y se estructuraron en torno a cinco polos: agroecología, comunicación (creación de un pequeño estudio de televisión), salud, educación (escuela comunitaria), derechos de las mujeres y cooperativas de producción. Todo ello con el objetivo de construir la autonomía. El lugar ocupado es un verdadero hormiguero. Los hinchas acuden en masa desde distintas partes del país, así como desde las inmediaciones. La mezcla multiplica las energías por diez. Para protegerse de las amenazas, se forman alianzas y toma forma la idea de una caravana. Se propuso al CNI, el Congreso Nacional Indígena, que, a raíz del EZLN y desde hace 25 años, ha sido una caja de resonancia de las luchas de los pueblos indígenas de México [2].
La comunidad otomí, que ocupa los edificios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, responde, ayuda y construye la propuesta, hombro con hombro con Altepelmecalli. El programa se está construyendo a través de esta red preexistente.

Por tanto, la primera fecha será el 22 de marzo de 2022, para celebrar el primer año de cierre de la fábrica.

Apenas un mes antes de esta fecha, el 15 de febrero, en plena noche, a la 1:20 de la madrugada, 400 elementos de las diferentes fuerzas de represión (policía municipal, estatal y federal, así como fuerzas especiales, la guardia nacional y la policía militar) irrumpieron en Altepelmecalli. Los ocupantes fueron encañonados por una veintena de policías equipados con armas automáticas.

El golpe fue duro, pero la determinación se mantuvo intacta. La caravana se mantiene.

« Nuestra determinación de denunciar el saqueo no se ha visto mermada. Sigue siendo tan fuerte como siempre porque nuestro primer objetivo era recuperar el agua y sabemos que no podrán volver a poner en marcha el pozo dado el nivel de sabotaje y destrucción del mismo. Y para hacer uno nuevo, tendrán que traer máquinas, que no dejaremos pasar.»

Así que, unas semanas más tarde, se levantó una carpa en este campo de fútbol para acoger el primer día de la gira. El primer acto de la caravana fue salir a la calle frente a la fábrica bajo una fuerte vigilancia. La primera manifestación de una larga serie de marchas, de unos pocos o varios miles, en las calles de pueblos perdidos en la montaña, o en el eje principal de la Ciudad de México, la ciudad monstruo.

Durante la primera semana, la caravana fue a conocer diferentes luchas en la región de Puebla. Un testimonio sigue a otro. En las localidades más cercanas a la fábrica, el agua ha vuelto y los cultivos empiezan a crecer de nuevo.

« Nuestra agua no se puede vender. Sin agua, no hay vida. No a Bonafont»

[Unas semanas después del cierre, a menos de 2 km de la fábrica, se forma en pocos días una impresionante charca. No hay duda, ¡el agua está volviendo! El “Socavón” se convirtió en una verdadera atracción mediática. Rápidamente se convirtió en parte de la gran panoplia de eslóganes coreados durante las largas marchas. “secaron nuestros pozos – abrieron el socavón – Aquí los pueblos mandan – A la chingada Bonafont”.]

En Nealtican y en los pueblos situados más arriba en las laderas del volcán, el agua sigue siendo escasa, los habitantes sólo tienen acceso al preciado líquido cada dos días y esto desde que se otorgaron concesiones a empresas privadas para la perforación de 5 pozos de bombeo con el fin de abastecer a la gran Puebla. La caravana fue a ver el estado de varios ríos que ahora están completamente secos.

En la pequeña ciudad de Tlautla, el paso de la caravana permitió forzar el acceso al enorme vertedero. Esto también fue una oportunidad para documentar la contaminación de la capa freática, ya que no había ninguna instalación que protegiera contra la infiltración de agua contaminada.

Se está organizando una manifestación en Puebla con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes el 28 de octubre. La organización es un dinosaurio en la política local. Fiel a un maoísmo que puede parecer anticuado, la organización está sin embargo muy viva, con casi 10.000 miembros y controla 9 mercados de la ciudad, prohíbe el acceso a la policía y constituye una oposición tal que el gobierno y los intereses económicos locales intentan por todos los medios debilitar y aislar al movimiento. Las amenazas y los intentos de criminalizar el movimiento, sobre todo acusándolo de vender drogas, son habituales, y los medios de comunicación locales actúan como portavoces del gobierno. Hace cinco años, Meztli Sarabia, la hija de Simitrio, el carismático líder, fue asesinada de un tiro en la cabeza en las oficinas de la organización.

Es este último quien recibe la caravana, la voz clara y tranquila de un personaje local que ha sufrido torturas y detenciones arbitrarias. Encima de él, pintada en la pared, hay una máxima tomada de Mao: “Salvo el poder, todo es ilusión”. Concluyó su discurso con: “Estamos preparados, durante años hemos entrenado a muchos pequeños Simitrios”. El culto a la personalidad… cuando nos retiene…

VERACRUZ: FRENTE A LA SOCIALDEMOCRACIA

Uno de los objetivos de la caravana es claramente la creación de alianzas para fortalecer las luchas de base y construir la autonomía. Y como en todas las alianzas, no siempre es fácil fijar los límites de la base común.

Además, el llamamiento se dirige en gran medida a las “redes de resistencia y rebeldía”. La voluntad de acordar bases de autogestión no es menos clara: “Ante esta guerra impuesta por el capitalismo, los pueblos respondemos con resistencia, autonomía y organización.»

Sin embargo, lo que está en juego en las luchas locales y la falta de un vínculo sólido preexistente llevan a situaciones improvisadas o fuera de lugar, como el discurso del gran jefe maoísta local o en Actopan, unos días después, en el estado de Veracruz.

Aquí, las comunidades llevan varios años resistiendo los repetidos intentos de la minera canadiense Canadian Mining Corp. de obtener nuevas concesiones. Dos asociaciones locales han iniciado un proceso que debería permitir al gobierno municipal declarar la zona “libre de minería y toxicidad”, lo que descartaría la posibilidad de abrir nuevos yacimientos.

Todo el ayuntamiento está esperando la llegada de la caravana, ya que se está firmando un convenio y las asociaciones locales quieren hacerse cargo de la alianza. La alfombra roja parece desplegarse cuando la manifestación llega a la plaza central. Sin embargo, nadie de la caravana había sido informado. El primer discurso de Berti, una de las participantes en la caravana que vino con su hija para que entendiera por qué lucha y se ausenta tan a menudo de casa, marca el tono: “Es una buena noticia que sea una mujer la presidenta municipal, pero entonces debe saber que no es intocable, que debe bajar de su plataforma y tocarnos, que debe estar con el pueblo porque nosotros decimos que esta agua nos pertenece y no a las concesiones mineras. No vamos a esperar a que las autoridades decidan por nosotros. La solución viene del pueblo. No habrá minería.» ¡La hostilidad va en aumento, un pequeño equipo se coloca frente a los funcionarios del ayuntamiento y rápidamente las consignas anti MORENA y anti Andrés Manuel Obrador (AMLO), el presidente en turno, se disparan y obligan al ayuntamiento a salir y refugiarse en el cercano palacio municipal!

La alcaldía está en manos del partido MORENA, el partido atrapalotodo que llevó a AMLO a la cima del estado en 2018. Primer presidente que se autodenomina de izquierdas y antiliberal, lleva a cabo una política socialdemócrata reformista y progresista: aumento del mínimo de vejez, renacionalización de la producción de electricidad, nacionalización de los recursos del litio, lucha contra la pobreza extrema y pretende ser el vector de la histórica “4ª transformación” de México (las otras 3 son la declaración de independencia, la revolución y la reforma de la Constitución).

Dicho esto, su llegada al poder no estuvo exenta de una alianza con ciertas posiciones conservadoras y sectores inversores ya mimados por mandatos anteriores. Para satisfacer estos intereses y mantener la máquina en funcionamiento, se mantiene un gran número de megaproyectos en todo el país. Estos incluyen el tren maya, que destruirá los ecosistemas de la península de Yucatán, acabará con los manantiales sagrados y finalmente traerá consigo un desarrollo económico basado en el devastador turismo de masas; el corredor interoceánico (entre el Pacífico y el Atlántico) que pretende competir con el Canal de Panamá con la construcción de una línea de tren así como enormes zonas francas, el proyecto de parque eólico en el Istmo de Tehuantepec[3] o el Proyecto Integral Morelos (PIM) que pretende utilizar combustibles fósiles y energía hidráulica para la producción de electricidad.

Todos estos proyectos, emblemáticos del acaparamiento, la destrucción y la sobreexplotación de tierras y territorios, fueron concebidos bajo el régimen ultraliberal de los últimos 20 años. Pretenden integrar a México en la economía liberal y crear un eje Estados Unidos-México-Centroamérica que favorezca los flujos e intercambios económicos en el subcontinente. No han sido cuestionados por AMLO y este es uno de los principales puntos de ruptura con el movimiento indígena.

Algunos de estos proyectos, como el PIM, fueron criticados por AMLO, quien incluso apoyó a las comunidades en lucha cuando era candidato. Hoy en día, casi todos se mantienen para lograr la “transformación social”.

Además de estos grandes proyectos estructurales, se están otorgando multitud de concesiones en todo el país para gasoductos, proyectos mineros o la privatización del agua y los bosques.

Para gran parte de los pueblos indígenas organizados, que suelen ser los primeros afectados por estos proyectos que atentan contra sus tierras ancestrales, la oposición a esta política extractivista y destructiva no tiene dudas. Por otro lado, varios actores del movimiento social pueden sucumbir a los intentos y tentaciones de unirse al partido gobernante. Y la tentación es grande. Tienen que enfrentarse a una opción similar a la que en la década de 2000 debilitó al Movimiento de los Sin Tierra (MST) cuando Lula y el Partido del Trabajo llegaron al poder, mediante un juego de integración de los dirigentes en los diferentes puestos del gobierno, creando una tensión de facto dentro de las bases que eran más proclives a mantener un proyecto de construcción de la autonomía.

En México, es la primera vez que los socialdemócratas dejan de apoyar las demandas de los pueblos indígenas, aunque sea a medias. Pero aún más preocupantes son los riesgos de deserciones y divisiones que amenazan a la “izquierda de abajo”. Uno de los más emblemáticos es el de Adelfo Regino. Pilar de la construcción de la autonomía, al lado del EZLN como consejero y fundador del CNI en 1996, es ahora el director del muy institucional Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahora ocupado por la comunidad otomí. Muchos se preguntan en qué momento el dirigente fue capaz de traicionar uno de los siete principios de la lucha zapatista, “bajar y no subir” (empezar desde abajo y no desde arriba).

Por lo tanto, la caravana, aunque no se haya fijado ningún objetivo específico en ese momento, se encuentra en las garras de este contexto, y el episodio de Actopan lo deja claro.

Después de este sabotaje de este intento de recuperación política, el sacerdote, aunque aliado de la lucha, se negó a acoger a los participantes como se había acordado. Por la tarde se celebró una asamblea en la zona arqueológica de Quiahuiztlán, donde los indígenas observaron, hace 500 años, la llegada de los barcos de Cortés que iban a conquistar México.

« 500 años desde el inicio de la resistencia. No nos conquistaron. Existimos porque resistimos. Comunidad otomí residente en Ciudad de México »

Durante esta reunión, todos reafirmaron que no se trataba de dividir, que el verdadero enemigo era la empresa minera. Cada uno de ellos comenzó su discurso con un meaculpa. Los locales por no haber consultado a la caravana sobre este intento de alianza, la caravana por haber abierto posiblemente la puerta a una división de la lucha sobre el terreno cuando uno de los objetivos es acudir en apoyo. Surge una hermosa inteligencia colectiva que parece permitir el mantenimiento de un vínculo en la lucha a pesar de estrategias inicialmente muy diferentes.

Dentro de la caravana, este episodio también abrirá un espacio de debate y reflexión. La composición de la caravana es bastante diversa en cuanto a horizontes políticos, edad y  orígenes geográficos: miembros de la comunidad otomí, abuelas del Altepelmecalli de Puebla, internacionales, entre ellos una delegación de Lutzerath[4], Sol Rojo (una organización maoísta de Oaxaca), mujeres mazatecas que luchan por la liberación de los presos políticos, algunas okupas de la Ciudad de México, otras personas del movimiento por la legalización del cannabis, un espacio hacker en Ciudad de México o una organización de afrodescendientes, caribeños y latinos con sede en Inglaterra y que denuncian las políticas neocoloniales en Europa. ..

GUERRERO: ORGANIZARSE FRENTE A LA VIOLENCIA

Otras dos etapas en el estado de Veracruz.

La primera etapa lleva a la caravana a la muy conservadora ciudad de Veracruz para poner de manifiesto el desastre ecológico que supone el vertido de aguas negras al mar sin ningún tratamiento de saneamiento previo.

La otra es una reunión en el sur del estado en la sierra de Santa Marta con una unión de pueblos. Este sindicato ha conseguido bloquear proyectos mineros durante más de 30 años gracias a la coordinación y articulación de las distintas comunidades. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de la violencia en la región ha dificultado la resistencia. El patrón es el mismo desde el norte hasta el sur del país: la presencia y la expansión del narcotráfico allana el camino para los proyectos de acaparamiento de recursos y tierras.

Durante años, las tasas de homicidio, en gran parte relacionadas con la expansión de los cárteles de la droga, se han mantenido en un nivel extremadamente alto[5]. El país es clasificado regularmente como el lugar más peligroso del mundo para trabajar como periodista por diversas organizaciones. Desde el comienzo del año, ocho periodistas han sido asesinados.

El aumento del nivel de violencia vinculado a los enfrentamientos entre los cárteles por el control del territorio, aunque está especialmente presente en el norte del país, se siente en casi todas partes. Las grandes empresas que están detrás de los megaproyectos tienen fácil acceso a las bandas ya establecidas, lo que les permite amenazar, aterrorizar e incluso hacer desaparecer o asesinar a las principales figuras de la lucha. La lista de desapariciones y asesinatos a escala nacional parece interminable, mientras que las de los defensores de los derechos humanos y los territorios no dejan de crecer. La impunidad, fomentada por la corrupción a todos los niveles, está a la orden del día.

Ante tal violencia, mantener el proceso de lucha es un reto permanente.

El fenómeno es tal que, para asegurar su supervivencia, algunas comunidades han creado desde hace varios años fuerzas armadas de policía comunitaria para defenderse, como en Cherán para frenar el saqueo de la selva [6] o incluso para defenderse y recuperar tierras de los narcotraficantes, como en Ostula [7]. O en Guerrero, donde las comunidades nahuas están organizadas desde principios de los años 90 en la CIPOG-EZ (Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata) y han formado una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Desde hace 20 años, la experiencia se orienta a la construcción de la justicia comunitaria en una perspectiva de construcción de la autonomía y para la autodeterminación de los pueblos. En 2011, la CRAC obtuvo incluso el reconocimiento legal que le permite ocuparse de los casos de justicia comunitaria siempre que no estén incluidos en el código penal. Desde entonces, se han hecho varios llamamientos para eliminar esta prerrogativa. Todas ellas han fracasado, pero un nuevo intento está llevando a la CRAC y a su base social a movilizarse; el pasado 5 de abril, 2.000 personas se manifestaron para rechazar la consulta pública sesgada que los diputados del Estado están llevando a cabo para aprobar una ley que impide cualquier forma de justicia comunitaria.

En los últimos años, esta zona montañosa de Guerrero también ha sido objeto de una encarnizada lucha entre tres grupos del narco. El cártel de “los ardillos” ha visto cuestionada su supremacía y se han multiplicado las acciones violentas. Las comunidades autoorganizadas y su policía tienen que hacer frente a este deterioro.

En el duodécimo día de recorrido de la caravana, el objetivo es ir a Chilapa, territorio controlado por la CIPOG-EZ, para romper los intentos de aislamiento y fragmentación de estas comunidades y brindarles apoyo. Cada acontecimiento político es un reto. Para garantizar la seguridad del convoy, se ponen en marcha medidas de protección: se emite un comunicado en el que se exige al gobierno que proporcione protección a la caravana y se le hace responsable de cualquier incidente que pueda producirse. El CNI y los colectivos de Europa se sumaron a la convocatoria. “La caravana no está sola. El objetivo es que el paso sea lo más visible posible; se ha contactado con dos organizaciones de derechos humanos para establecer un seguimiento horario con los miembros del convoy.

La tarde está ya muy avanzada cuando la caravana llega al pie del pueblo de Almolonga. Varios cientos de personas esperan desde la mañana la llegada de la caravana. Una marcha toma forma en la carretera que serpentea hasta la colina donde se celebrará la conferencia de prensa.

Más tarde, en el puesto de control vigilado las 24 horas del día, Sergio comparte el último episodio que sacudió a la comunidad. Hace dos años, el 17 de enero de 2019, una treintena de camionetas con hombres a bordo armados con fusiles de asalto y lanzagranadas intentaron tomar un pueblo. La reacción fue inmediata. Mucho menos armados, pero ayudados por un conocimiento preciso del terreno, los aldeanos repelieron el ataque. “Los retuvimos a punta de pistola mientras otros los rodeaban. Se permitió al ejército entrar en la comunidad para recoger los 10 cuerpos de los atacantes. Sergio cuenta este episodio con un poco de orgullo pero también con una gran dosis de fatalismo: “No tenemos elección. Tomamos las armas y las utilizamos para defender nuestra organización comunitaria. Si no lo hubiéramos hecho, ya estaríamos muertos. Así que sí, seguiremos luchando para defender nuestros hogares. Lo que buscamos no es defender nuestra piel, sino defender la piel de nuestro colectivo. Estamos en guerra, no podemos negarlo, una guerra de baja intensidad por supuesto, pero una guerra al fin y al cabo. Y no podemos rendirnos, dada toda la ternura que recibimos de las comunidades.

Y si durante este enfrentamiento salieron bien parados, desde su constitución la policía comunitaria ha registrado varias decenas de muertos y desaparecidos. Sin embargo, los ataques no sólo provienen de los narcos, sino que también son objeto de numerosas detenciones arbitrarias por parte de las autoridades y de los distintos cuerpos policiales oficiales, cuyos vínculos con los narcotraficantes son, como en el resto del país, habituales.

Mientras la discusión está en pleno apogeo, se da la orden de regresar a la aldea. “Se están moviendo.” No sabemos más por el momento. Pero más tarde, por la noche, el comandante explicó que unas 50 furgonetas y 20 motos de “los ardillos” se habían reunido en la ruta que la caravana iba a tomar al día siguiente para continuar su viaje. La información fue confirmada por la policía estatal. No está claro si se trató de un movimiento de intimidación en respuesta a la “provocación” del apoyo político en el terreno, de un auténtico intento de ataque o incluso de una reunión por un motivo diferente. “Sea como fuere, no hay nada que temer en la comunidad, los controles se mantendrán y no es probable que se aventuren a salir aquí, y mucho menos de noche.

Al día siguiente se cambió la ruta. Se estableció un diálogo con la policía del estado de Guerrero, que escoltó a la caravana durante varias horas hasta una zona fuera de la influencia del cártel.

CIUDAD DE MÉXICO Y EL INPI

Tras dos semanas de camino y decenas de experiencias de lucha compartida, la caravana llegó a la megalópolis de Ciudad de México para pasar una semana.

El primer día lo pasamos en Milpa Alta, que experimenta más o menos los mismos problemas de restricción de agua que afectan a los pueblos de los alrededores de Puebla. Se necesitan tres millones de metros cúbicos de agua al día para abastecer la capital. Las capas freáticas se están agotando, mientras que los proyectos inmobiliarios siguen floreciendo.

Al día siguiente, la caravana llegó al campamento de los triquis desplazados que desde hace un año ocupan la plaza frente al majestuoso palacio del Museo de Bellas Artes. Llevan un año exigiendo que el Estado garantice su protección para poder regresar a su comunidad, de la que fueron expulsados por un grupo paramilitar. El eje central y sus 6 carriles de circulación estarán bloqueados toda la mañana para hacer oír sus reivindicaciones.

Por la tarde, la Casa Okupa Chiapas recibe a la caravana. Antes de la pandemia, el local albergaba la oficina del gobernador de Chiapas en la capital. El 26 de septiembre, los edificios fueron ocupados en respuesta a una convocatoria de movilización del EZLN para denunciar un estado de Chiapas al borde de la guerra civil. [8]

Desde entonces, la casa ocupada ha albergado actividades diarias en uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México.

El miércoles 6 de abril, otro campamento acogió la caravana. También aquí, las “Mujeres mazatecas por la libertad” llevan casi un año durmiendo bajo lonas frente al edificio del Poder Judicial para exigir la liberación de 7 de sus compañeras que llevan 7 años encarceladas sin ninguna condena. Durante los discursos, se envió un mensaje de solidaridad a Libre Flot. La abogada de los presos aprovechó la lucha de poder provocada por la caravana para exigir una reunión telefónica con el gobernador del estado, que obtuvo en una hora con su asesor de justicia. Leyó el comunicado exigiendo la liberación de los presos ante la asamblea, teléfono y micrófono en mano, todo ello retransmitido en directo. La oficina del gobernador se comprometió a una reunión la semana siguiente, una reunión que la defensa legal llevaba años reclamando.