Por César Godínez Meneses

Durante los primeros días del mes de diciembre de 2021, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, en un vídeo institucional, propuso declarar Área Natural Protegida (ANP) donde sería el proyecto del aeropuerto de Texcoco, con una extensión de 14 mil hectáreas. De ellas 10 mil hectáreas son zona federal y 4 mil son zonas ejidales, fértiles y productivas para autoconsumo y también para el comercio regional con otras poblaciones.

El polígono del ANP comprende los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco y Ecatepec.

Además de contemplar el ANP, se alude a otro proyecto dentro de la misma que corresponde al llamado Parque Ecológico del Lago de Texcoco (PELT), un parque recreativo y no de conservación.

La declaratoria oficial del ANP programada para el pasado 24 de febrero de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 22 de marzo de 2022. Durante los meses de enero y febrero, grupos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) apoyados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han recorrido la zona promoviendo la ANP y el PELT, cuando por el periodo electoral no está permitido.

Violaciones

Para la declaración de ANP se necesita la consulta previa e informada a pueblos y comunidades originarias, misma que no se ha llevado a cabo, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido y ratificado por el propio Estado Mexicano.

El gobierno federal pretende hacer pasar las reuniones informativas a ejidatarios como consultas públicas. Sin embargo la región Chimalhuacán-Atenco-Texcoco se define como pueblos originarios.

Además, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) pasan a ser contempladas como parte de la Federación, de manera que el territorio ejidal que pasa a ser parte del ANP perde autonomía en el uso de suelo. Los ejidatarios y ejidatarias, si desean continuar produciendo en sus tierras, tendrán que pagar para hacer modificaciones en el suelo.

Tampoco hay un peritaje sociológico y antropológico sobre los impactos socioculturales que causarían el ANP y el PELT, principalmente en este último porque se suscribe como un parque de recreación que ofrece servicios como zonas deportivas, de entretenimiento, comida, es decir, un proceso de gentrificación disfrazado de ecológico.

La disputa por el territorio

El discurso del Gobierno Federal, y de la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es que con el ANP se recupera el agua y se evita la especulación inmobiliaria en la zona ejidal, puesto que grupos como Antorcha Campesina, de extracción priísta, podrían hacer negocios. En la región es conocido uno de los operadores de la mencionada organización paramilitar y de choque, Alejandro Santiago López, alias el “Oaxaco”.

Por otro lado, está la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra afines a la 4T y de gente ligada a su líder, Ignacio del Valle Medina, promotores del Área Natural Protegida y autonombrados “representantes” de las comunidades.

Entre ese fuego cruzado por la disputa territorial y de poder entre la 4T y el priísmo, hay otras versiones de los hechos, reflejadas en las voces de la Unión de Ejidos y de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México (CPOOEM) que, lejos de la polarización, han llamado a los pueblos y ejidos a tener una voz propia y crítica ante esos dos grupos y sus proyectos que, en el fondo, representan lo mismo, sea gentrificación por inmobiliarias o gentrificación en lo que algunos expertos, como el maestro Carlos Taibo, denomina ecofascismo, es decir, hacer pasar el concepto de lo ecológico sin un sentido humano, cultural y social. Ambas narrativas buscan el control del territorio por sus medios.

En una conferencia de prensa realizada el 17 de marzo de 2022 con la participación de ejidatarios de las comunidades de Nexquipayac Acuexcomac de la ribera del lago de Texcoco, con miembros de CPOOEM junto con los pueblos afectados de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco, Ecatepec, Zumpango, Tultepec y Tecámac, se hicieron presentes cuatro planteamientos.

El primero, las organizaciones y los ejidatarios hacen el deslinde de los afectados y afectadas de las dos facciones en disputa por el agua y el territorio. “Cabe aclarar que nos deslindamos de Alejandro Santiago López -alias “El Oaxaco”- y de Andrés Ruíz Méndez priístas relacionados con el grupo de choque paramilitar “antorcha campesina”; y de Ignacio Del Valle Medina que hoy denigra y explota como franquicia el nombre de aquél Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que hace 20 años con dignidad y fuera de los partidos políticos defendieron” el territorio contra la construcción de un aeropuerto, dijeron en un comunicado.

El segundo, el mensaje contundente hacia la administración de la 4T y los grupos de interés: “Desde aquí le decimos al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y a sus instituciones como la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural): ¡Ni PRI-antorcha! ¡Ni Morena-FPDT! Los pueblos, comunidades, barrios, ejidos, parajes y colonias de la Zona Oriente de la Cuenca del Valle de México NO tenemos representantes, cada uno tiene voz propia”.

El tercer planteamiento fue sobre la interconexión de los diferentes proyectos en la región como “el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el proyecto de Declaratoria de Área Natural Protegida del lago de Texcoco, el Parque Urbano y Turístico, mal llamado ecológico, y la Autopista Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco, entre otros”, que responden a una sola línea, el despojo del territorio y del agua.

Finalmente, el último planteamiento se refiere al manejo sesgado y con falta de contexto por parte de medios de comunicación que han dado cobertura y espacio al grupo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y sus señalamientos de que aquellas personas que se oponen a la ANP y al PELT pertenecen al PRI, dejando fuera otras versiones y narrativas que, en la misma problemática, velan por el agua, el territorio, la vida y la cultura.

Los pueblos ejidales iniciarán un juicio de amparo contra el gobierno de la 4T y su ANP-PELT, lo que fue expresado por un equipo jurídico de abogados solidarios con los ejidos.

^{César Godínez Meneses. Licenciado en Comunicación y Periodismo por parte de la FES-Aragón UNAM, ha colaborado en medios populares-comunitarios como Subversiones, La Voladora, Grieta y en la Revista Mexicana de Comunicación. Sus líneas de trabajo son educación, cultura, derechos humanos y medios populares-comunitarios, ha dado seguimiento al movimiento zapatista, al Congreso Nacional Indígena y luchas por la defensa del territorio. Participa de colectivos dedicados a la cultura y apoyo a movimientos sociales, uno de ellos en Nezahualcóyotl.}