Por Sandra Suaste
El olor a azufre se percibió en el ambiente aquel día del derrame. Un toro bebió agua y murió al instante. Los niños de la comunidad adquirieron daños en la piel y elevados niveles de plomo en la sangre. Grupo México provocó la devastación de las milpas; secaron los árboles. En el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014, todo cambió.

Han pasado 6 años del desbordamiento provocado por la empresa minera, que afectó a siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

El Comité de Cuencas Río Sonora demanda atención, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó “altas expectativas sobre el caso”; sin embargo, hasta el momento no han visto respuestas claras: “Cuando las promesas incumplidas terminan en que sigamos consumiendo agua contaminada, se está incurriendo en una violación de los derechos humanos. Queremos acciones, no palabras. De discursos estamos cansados”, afirman.

40,000
Metros cúbicos de ácido sulfatado de cobre se mezclaron con la cuenca
El Río Sonora nunca tuvo tonalidades rojizas, hasta aquel miércoles en que 40 mil metros cúbicos de ácido sulfatado de cobre se mezclaron con la cuenca. Hubo un tiempo en que fue cristalino y sin olor. El ganado podía beber. Los niños bañarse y los cultivos -con los que se alimentaba la población- crecían a un costado.
Desde entonces, los afectados “no tienen ninguna certeza sobre la calidad del agua que consumen”, denuncia el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), en su informe “Río Sonora 6 años de promesas incumplidas. Voces de los Comités de Cuenca”.

“Quién sabe si es el agua o la tierra contaminada. Ya no podemos subsistir”, dice un habitante de Sonora. Su cabeza es cubierta por un sombrero corto. Su camisa de cuadros deja ver algunas arrugas en su piel. Antes del derrame cultivaba 40 hectáreas de calabaza, ahora, con mucho esfuerzo, tan solo cultiva 6.

Raúl tiene ocho años de edad. Ya no soporta más los piquetes de agujas. Pero son necesarios: “Dice el doctor que puedo tener problemas neurológicos más adelante”. Sus papás se alertaron cuando las ampollas y llagas aparecieron en su cuerpo. Es uno de los casos que documentó PODER durante estos años.

 + 1,000
Personas afectadas
Los daños a la salud son severos. El Gobierno Federal reconoció 381 casos como cifra oficial. En diciembre de 2019, el Insabi reveló que hay más de mil personas enfermas.
Fuente: PODER

“Hay leyes hechas en términos perversos, porque le dan fuerza a las mineras para protegerse cuando cometen actos que ante los ojos de todos están mal, como la contaminación”, afirma un integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

El 29 de Octubre de 2014, Grupo México entregó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) delegación Sonora, el Estudio de Caracterización para evaluar el daño que causó el incidente. La empresa reconoció que se detectaron hasta 34.78 miligramos por litro de cobre, este volumen rebasa los límites establecidos para que el agua no dañe la salud de la población.

Los niveles detectados en el río superaron lo dictaminado en la ley. 17 veces más en el caso del cobre. El aluminio lo superó 30 veces, según una medida, conocida como Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994, que establece que el agua apta para el uso agrícola y humano, no debe rebasar estos parámetros.

Contaminación del rio

(Miligramos de cobre por litro de agua)

 
34.78
Miligramos por litro
Contaminación del Rio Sonora
 
 
2
Miligramos por litro
Maximo permitido para
consumo humano y Uso agricola
El 11 de noviembre de 2019, Grupo México, a cargo de Germán Larrea Mota Velasco, le otorgó a la Guardia Nacional el inmueble destinado para la clínica, al menos durante los siguientes 20 años. Ahí nunca hubo atención para los habitantes, denuncian.

“Nos sentimos traicionados, porque esperábamos una respuesta diferente después de la visita que hicieron las nuevas autoridades de la SEMARNAT y la PROFEPA” dijo el movimiento Comités de Cuenca Río Sonora, a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, luego de enterarse de esta noticia.

La atención médica es básica para determinar el nivel de daño en el ecosistema. Se sigue esperando un análisis confiable. Han pasado 6 años pero no ha llegado nadie a realizarlos, son costosos.

Una semana después del derrame, Grupo México vació 14 toneladas de cal sobre el Río Sonora, para neutralizar el PH ácido generado por el incidente. La tonalidad rojiza disminuyó, el ácido del agua bajó a 2.2, pero el río nunca volverá a ser cristalino. El agua no será la misma. Los metales pesados y otros compuestos se quedaron en los lodos que se forman al fondo del agua, conocidos como sedimentos, ahí, vivirán miles de años.

En Sonora, antes de 2014, las personas podrían beber de los pozos, se bañaban en los ríos. Comían pescado o vaca de su localidad. Sus pies descansaban sobre la tierra fangosa que se forma naturalmente bajo el agua. Al seguir su vida normal, iban adquiriendo algo ajeno a su cuerpo. Cada día un poco más de cobre o arsénico acumulado en sus órganos.

 Héctor Vega Deloya, investigador de la Universidad de Sonora, piensa que es necesario regular de manera estricta la presencia de metales pesados en el agua para consumo humano y de cualquier tipo de vida, como animales y plantas. Lo más preocupante es la alteración del ecosistema y el daño irreversible que el derrame ocasionó. “No se pensó en medidas para la no repetición, la mina sigue operando y está triplicando su producción”.
A escala regional o global, el sistema extractivo en Buena Vista del Cobre es depredador, contaminante, viola derechos humanos, no asume responsabilidades ambientales completas y genera mucha corrupción, critica el doctor.

En el Río Sonora el 6 de agosto todo cambió: Un olor a azufre se percibió en el ambiente. Un toro bebió agua y murió al instante. Los niños de la comunidad adquirieron daños en la piel y elevados niveles de plomo en la sangre. Los árboles se secaron.

Grupo México provocó la devastación: Un derrame de 40 mil litros de ácido sulfatado, 7 municipios, 22 mil personas afectadas, 9 sustancias letales, una clínica inconclusa, 3 procesos administrativos, una multa de 23 millones de pesos y un caso en total impunidad.