¿Qué siente un niño al irse muriendo de frío?

Al parecer, depende. Si se trata de un estadounidense (blanco), un europeo o un miembro de las élites privilegiadas de nuestra nación, la mera pregunta provoca indecible horror. No así si se trata de un niño (o un adulto mayor) indígena, pobre entre los más pobres, agonizando bajo los árboles en la montaña en noches a temperaturas bajo cero, protegido de la intemperie por un pedazo de plástico y, quizás, la única cobija que el gobierno “generosamente” aportó a cada familia desplazada.

Desde hace más de un mes, 6 mil personas están desplazadas de sus hogares. Perdieron sus tierras, sus casas, sus pertenencias, sus cosechas, sus animales… todo. Salieron con la ropa del cuerpo ante las amenazas de un grupo armado de Chenalhó, coordinado por la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la aparente complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello.

(Ver Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación de los orígenes del conflicto y Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó para un reporte sobre la situación de los desplazados.)

A pesar de que varios medios de comunicación nacionales han dado cobertura a la tragedia, hay un silencio inexplicable en los medios internacionales y una inacción por parte de los gobiernos estatal y federal que demuestra un profundo desprecio por la vida de los pueblos orginarios.

El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), después de años de inacción, finalmente “resolvió” el conflicto territorial que la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria provocó hace más de cuatro décadas, al desconocer los acuerdos comunitarios entre Chenalhó y Chalchihuitán y otorgar a este último tierras que previamente había dotado a Chenalhó. El fallo del TUA ahora desconoce la dotación de tierras a Chalchihuitán en 1975 y se las da a Chenalhó.

(Ver el comunicado conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el fallo del TUA: Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.)

Algunos medios de comunicación celebraron irreflexivamente la supuesta “paz” que ahora gozarán los pueblos tsotsiles de la región. Sin embargo, las autoridades de Chalchihuitán anunciaron que los desplazados no regresarán a sus hogares por falta de condiciones de seguridad y que impugnarán la decisión del TUA.

Independientemente de cómo se resuelva el conflicto agrario, sorprende que los gobiernos estatal y federal den por concluído el conflicto con ese fallo. Miles de personas continúan desplazadas en condiciones infrahumanas sin recibir ayuda apropiada, y la indemnización ofrecida por el gobierno por la pérdida de las tierras, casas, pertenencias, cosechas y animales, es irrisoria. Quince millones de pesos para 5 mil desplazados de Chalchihuitán son 3 mil pesos por persona, por haber perdido todo lo que tenían, por haber sufrido lo que están sufriendo, y por el trauma permanente a niños que luchan por sobrevivir con miedo, hambre y frío. Tres mil pesos por persona, mientras el sueldo promedio mensual de un gobernador es de 93 mil pesos (eso sin contar los millonarios lucros derivados de la corrupción institucionalizada). Y no se requiere mucha matemática para entender que 300 casas para 5 mil personas significa que 17 personas tendrían que vivir en una sola casa.

Pero sorprende aún más que en ningún momento los gobiernos estatal y federal hayan considerado problemático que un grupo terrorista criminal, armado, solapado y abiertamente a servicio de una funcionaria pública, destruya carreteras, asesine impunemente, aterrorice a la población, desplace a 6 mil personas, robe y destruya sus propiedades y provoque la muerte de cuatro niños menores de 4 años y cinco adultos mayores, utilizando en todo esto armas de uso exclusivo del ejército. Y si usamos el término “terrorista” no lo hacemos por amarillismo. La definición de “terrorismo” en el Diccionario de la Real Academia es: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Nada más exacto para describir la actuación del grupo armado de Chenalhó.

Lo que esto demuestra es lo que ya sabemos: En México, el crimen está a servicio del Estado, y el Estado a servicio del crimen.

Mientras eso, los legisladores aprueban la nueva Ley de Seguridad Interior, que da plenos poderes al ejército para reprimir a la población mexicana, y las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 Código Civil Federal, que dice (sí, no es broma) que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien“.

La conclusión es clara: Despojo institucionalizado; operación coordinada entre el Estado y el crimen organizado para asegurar dicho despojo; represión y criminalización a las protestas y resistencias.

Mientras eso, miles de personas siguen sufriendo ante la indiferencia general. Compartimos aquí algunos testimonios de mujeres desplazadas:

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué siente un niño, o un adulto mayor, al irse muriendo de frío?

Éstos son los fallecidos, a ellas y ellos les rendimos aquí humilde homenaje:

  • Maura Pérez Luna – 1 año
  • Adriana de Jesús Pérez Pérez – 2 años
  • Niña de nombre y edad no divulgados.
  • Niño recién nacido – 3 días de edad (nombre no divulgado)
  • Domingo Girón Luna – 70 años
  • Martín Girón Rodríguez – 80 años
  • María Domínguez Gómez – 57 años
  • Marcelino Gómez (edad no divulgada)
  • Otro adulto mayor (nombre y edad no divulgados)
  • Samuel Luna – asesinado el 18 de octubre mientras trabajaba su parcela.

Además, el joven Raymundo Pérez Luna, de 18 años de edad, intentó suicidarse el 3 de diciembre bebiendo herbicida. Hace 2 años, Raymundo perdió a su hermano Salvador, asesinado por un grupo armado debido al mismo conflicto agrario. Ahora, los constantes disparos de armas y el ambiente de terror que se vive en su comunidad lo llevaron a intentar poner fin a su vida.

Mientras niños y adultos mayores morían de frío y miedo y un joven intentaba suicidarse, el gobernador Manuel Velasco Coello estaba muy ocupado acompañando a José Antonio Meade Kuribreña en el arranque de su precampaña presidencial por el PRI y el PVEM. Éste último, que en definitiva no se pregunta qué siente un niño al irse muriendo de frío, declaró en Tuxtla Gutiérrez que “Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío”, en alusión a la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, explicitando inconscientemente el desprecio de la clase política hacia quienes sí sienten frío, y mucho.