San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

4 de abril de 2013

Boletín de prensa No. 10

Intolerable el allanamiento a las oficinas del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC, y la ola de agresiones a defensores de derechos humanos

Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su repudio e indignación ante el allanamiento a sus oficinas que el día 3 de abril recibieron integrantes del Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha AC (Comité Gobixha), quienes han denunciando las violaciones de los que defienden sus derechos ante las acciones autoritarias y violentas del los distintos niveles de gobierno en el estado de Oaxaca.

Contamos con información de que los actos de agresión y hostigamiento a defensores de los derechos humanos (líderes sociales, campesinos e indígenas, periodistas, activistas, etc) es un patrón común en Oaxaca, la mayoría de estos claramente vienen de las diversas instancias del gobierno municipal y estatal.

En los últimos meses el Comité Gobixha tiene un trabajo esencial en el apoyo en la defensa del territorio en la región del Istmo de Tehuantepec y la comunidad de San Mateo del Mar, donde pueblos y comunidad se oponen al proyecto de nuevos parques Eólicos.

Por tal razón queda de manifiesto que el gobierno federal incumple la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupo y las Instituciones de promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, por lo que exigimos que garantice y proteja la integridad física y personal de los defensores y defensoras que están siendo vulnerados en sus derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos se solidariza con los integrantes del Comité Gobixha y estará atento ante estos hechos que vulneran los derechos de las y los defensores de derechos humanos en México.

El Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha AC es una organización de la sociedad civil, creada para la Defensa Integral de los Derechos Humanos, legal, médica y psicológica de víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, sitio web: http://www.codigodh.org/category/comunicados/

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

2 de abril 2013

Boletín No.

Siguen en situación precaria e inhumana las 13 personas desplazadas de la comunidad de Banavil simpatizantes del EZLN

La Fiscalía de Justicia Indígena obstruye y niega acciones de justicia para restituir derechos a los desplazados internos

Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos hombres, mujeres, niños y niñas desplazadas de la comunidad de Banavil, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del municipio de Tenejapa, se encuentran en una situación precaria de salud por su condición de desplazamiento forzado, además de la constantes amenazas a su libertad, a consecuencia del despojo de sus tierras, la desaparición de Alonso López Luna y el homicidio no esclarecido de Pedro Méndez López. Como respuesta el gobierno estatal por medio de la Fiscalía de Justicia Indígena a dilatado de manera injustificada las acciones de justicia violando de forma sistemática sus derechos humanos.

Desde el 4 de diciembre de 2011, las 13 personas de Banavil tuvieron que salir de sus casas por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actualmente los desplazados y desplazadas se encuentran en San Cristóbal de Las Casas, en donde las condiciones son inhumanas y precarias, viven en un cuarto de madera, cartón con techo de lámina de 3 por 3 metros, con piso de tierra. Ante la falta de higiene y alimentación adecuada para la vida humana, mujeres y niñas están enfermas, sin posibilidad de rehacer su proyecto de vida, sin los medios para su sustento diario, así como con carencia de servicios básicos tales como educación y salud.

Sobre la desaparición del señor Alonso López Luna, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena encabezada por el señor Cristóbal Hernández López y el encargado del caso, el Fiscal del Ministerio Público Cesario Crúz Mendóza, han obstruido las investigaciones de los hechos ocurridos el 4 de diciembre y se han negado ejecutar las 11 órdenes de aprehensión, en contra de los agresores entre ellos los servidores públicos de Tenejapa Pedro Méndez López y Manuel Méndez López, señalados como los autores materiales.

Según testimonios, los agresores del PRI, en fechas recientes despojaron de cinco hectáreas y media propiedad de los desplazados, una parte se la quedaron los agresores y otra parte de las tierras fueron vendidas, nuevos actos que agravan la situación de los simpatizantes del EZLN.

El Frayba ha hecho diversas intervenciones públicas y privadas en diversas ocasiones para solicitarle al Gobierno de Chiapas que se atienda las peticiones de los desplazados internos de Banavil. Sin embargo hasta la fecha no hay ninguna respuesta; con lo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas, por lo ha violentado los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, como la Convención América sobre los Derechos Humanos en su artículo 25; el Convenio 169 de la OIT en su artículo 14; Declaración de la Naciones Unidas sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 10; la aplicación los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos entre otros con relación al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior exigimos:

• Cese todo tipo de amenaza y hostigamiento a los desplazados y desplazadas del ejido de Banavil.
• Que se ejecuten las 11 órdenes de aprehensión en contra de los agresores.
• Que se realicen las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna
• Que se garantice el derecho a la tierra y el retorno con garantía a la integridad personal y vida de los desplazados y desplazadas de Banavil.
• Que el Gobierno de Chiapas como parte del Estado mexicano garantice y proteja los derechos humanos e indígenas de las 13 personas agraviadas.

Antecedentes:

Desde el 2009 hay un hostigamiento por el grupo caciquil del PRI hacia las familias simpatizantes del EZLN, por el hecho de oponerse a acciones arbitrarias cometidas por los mismos caciques, como son: despojo de tierras, tala ilegal de madera, cobro de impuestos y cooperaciones arbitrarias, allanamientos, agresiones físicas, negación al derecho a la educación, entre otros, los cuales han sido denunciadas por las víctimas ante las instancias del gobierno correspondientes; que en los hechos hacen caso omiso.

De acuerdo a la información documental el 4 de diciembre de 2011, en Banavil, Tenejapa, un grupo de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredieron con armas de fuego a cuatro familias que son simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las agresiones tuvieron como resultado: la muerte de Pedro Méndez López; la desaparición de Alonso López Luna; el desplazamiento forzado de cuatro familias acusadas de ser simpatizantes zapatistas; la detención de Lorenzo López Girón quien fue herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas; la detención arbitraria de Francisco Santiz López Base de Apoyo del EZLN (BAEZLN), que se encontraba en un lugar distinto a los hechos; y lesiones a seis personas más.

Fueron liberados Lorenzo López Girón y Francisco Santiz López, y hasta el momento no hay resultados en las investigaciones por la muerte de Pedro Méndez López; la desaparición de Alonso López Luna y el desplazamiento de las cuatro familias del ejido de Banavil.

Refugio para 13 personasFray Bartolomé de las Casas Human Rights Centre

San Cristobal de Las Casas, Chiapas

April 2, 2013

Bulletin No. 9

The 13 displaced EZLN sympathizers from the community of Banavil remain in a precarious and inhuman situation

The Office of Indigenous Justice obstructs and denies actions for justice to restore the rights of the internally displaced people

According to information documented by this Human Rights Centre, the men, women and children displaced from the community of Banavil, supporters of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN), from the municipality of Tenejapa, are in a precarious health  situation due to their forced displacement, in addition to the constant threats to their freedom as a result of the dispossession of their lands, the disappearance of Alonso López Luna, and the unsolved murder of Pedro Méndez López. In response, the state government, through the Office of Indigenous Justice, has unreasonably delayed the actions for justice, thus systematically violating their human rights.

On December 4, 2011, the 13 people from Banavil had to leave their homes following attacks by members of the Institutional Revolutionary Party (PRI). Currently the displaced are in San Cristóbal de Las Casas, where their conditions are inhumane and precarious, living in a habitation made of wood and cardboard, with a tin roof, 3 metres square, with an earth floor. Given the lack of hygiene or enough food to support human life, the women and girls are sick, unable to rebuild their lives, without the means to maintain their livelihood, in addition to the lack of basic services such as education and health.

Concerning the disappearance of Alonso López Luna, the Office of the Special Prosecutor for Indigenous Justice, headed by Cristóbal Hernández López and the man who is in charge of the case, the Public Prosecutor Cesario Crúz Mendóza, have obstructed  investigations into the events of December 4th and have refused to execute the 11 arrest warrants against the aggressors including the public servants from Tenejapa, Pedro Méndez López y Manuel Méndez López, identified as the perpetrators.

According to witnesses, the attackers from the PRI have recently stolen five and a half acres owned by the displaced, one part of the land has been kept by the aggressors and the other part of the land was sold, new actions which worsen the situation of the EZLN sympathizers.

Frayba has made various public and private interventions on several occasions to ask the Government of Chiapas to meet the requests of the internally displaced persons from Banavil. However to date there has been no response; the state is therefore not meeting its obligation to guarantee and protect the human rights of indigenous peoples in Chiapas, and it has violated international conventions signed and ratified by the Mexican government, such as Article 25 of the American Convention on Human Rights, Article 14 of ILO Convention No. 169, Article 10 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the application of the Guiding Principles on Internal Displacement in relation, among others, to Article 1 of the Constitution of the United Mexican States.

Therefore we demand:

• An end to all forms of threats and harassment towards the displaced persons from Banavil ejido.
• The execution of the 11 arrest warrants against the aggressors.
• That a serious, prompt and speedy investigation be conducted into the whereabouts of Alonso López Luna.
• A guarantee of the right to the land and the right to return, along with guarantees of the personal integrity and life of the displaced persons from Banavil.
• That the Government of Chiapas, as part of the Mexican state, guarantee and protect the human and indigenous rights of the 13 aggrieved people.

Background:

Since 2009 there has been harassment by the cacique (chief) group of the PRI towards families of EZLN sympathizers, due to their opposition to the arbitrary actions of these same caciques, such as: dispossession of land, illegal logging, collection of taxes and arbitrary contributions, raids, beatings, and denial of the right to education, among others, which have been denounced by the victims to the appropriate government agencies, who have failed to respond.

According to documentary information, on December 4, 2011, in Banavil, Tenejapa, a group of members of the Institutional Revolutionary Party (PRI) attacked four families who are supporters of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN) with firearms. The attacks resulted in: the death of Pedro Méndez López, the disappearance of Alonso López Luna, the forced displacement of four families accused of being Zapatista sympathizers, the arrest of Lorenzo López Girón, who was wounded by gunfire and charged with aggravated assault, the arbitrary arrest of Francisco Sántiz López, EZLN support base (BAEZLN), who was elsewhere at the time, and injury to six others.

Lorenzo López Girón and Francisco Sántiz López have now been released, and so far there have been no results from the investigation into the death of Pedro Méndez López, the disappearance of Alonso López Luna or the displacement of the four families of Banavil ejido.

En este audio escucharemos la palabra de los ch´oles de Tila ante la suspensión de la discusión en la Suprema Corte de Justicia y de la intención de promover la indemnización de sus 130 hectáreas. También desmiente al periódico Cuarto Poder y narra la situación que se vive actualmente en el ejido.

[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/TilaSuspensionSCJN.mp3[/podcast]

El 1 de Abril de 2013 fue una fecha esperada con ansiedad por los ejidatarios y ejidatarias ch´oles de Tila. Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaría para decidir sobre las 130 hectáreas que les han querido arrebatar del ejido y por las que han luchado por más de 50 años.

Uno de los múltiples esfuerzos realizados por los ejidatarios y ejidatarias  fue la Caravana que emprendieron a finales de Julio y principios  de Agosto de 2012 a la Ciudad de México al enterarse de que el caso estaba listado para resolución. En esa ocasión, decenas  hombres y mujeres viajaron desde Tila en la zona norte de Chiapas  hasta las puertas de la SCJN en la Ciudad de México para decir: “Aquí estamos, nosotros somos a los que nos quieren despojar. Nosotros somos los que defendemos nuestra tierra y territorio.”

En conferencias de prensa, entrevistas y documentos, los ejidatarios han dejado clara su postura en cuanto a la indemnización: su territorio ancestral, no puede ser sustituido por otras tierras o por el dinero de la indemnización.

En aquel momento, el largo viaje de los ch´oles no rindió fruto ya que el caso no pasaría al pleno hasta el 1 de Abril de 2013.

Cuando finalmente llegó el día indicado, la ponente del caso, la ministra Olga Sánchez Cordero, planteaba un proyecto que incluía en términos prácticos la restitución de las hectáreas al ejido al finalmente ejecutarse la sentencia de amparo decretada en este sentido.

Lo que proponía el proyecto de la ministra Sánchez Cordero es reconocerle la propiedad de las 130 hectáreas en donde se encuentra asentado el fundo legal declarado en el decreto número 72, el cual se considera insubsistente. La propuesta incluía como primer punto que tanto el Congreso como el Gobernador de Chiapas debían ejecutar la sentencia de amparo en contra de dicho decreto en vez de simplemente “darse por enterados” como ha sucedido hasta el momento.

El proyecto también pretendía dejar sin efectos los títulos de propiedad y los actos jurídicos de autoridad del Ayuntamiento respecto a los predios ubicados dentro de la superficie que quedó demarcada como fundo legal.[1] La lógica de esta propuesta es muy simple y puede ser explicada de forma algo burda: Si alguien se posesiona ilegal e injustamente de mi casa (como ya fue reconocido muchas veces en los amparos concedidos, el primero en 1977) y luego ése alguien renta o vende un cuarto de mi casa, no se le puede reconocer al que rentó el derecho de posesión por encima de mí derecho original a mi casa. En todo caso, sería a ellos que rentaron o compraron a los que debería de aplicárseles la indemnización o sustitución, sobre todo porque fue el mismo Estado el que por muchos años ha promovido en la vía de los hechos estos actos irregulares al no ejecutar las sentencias de amparo en primer lugar.

Este argumento cobra aún más peso cuando pensamos que lo que está de por medio son los derechos colectivos de un pueblo originario por encima del derecho individual a la propiedad privada. Si, como afirman los señores ministros, lo que les preocupa es no “afectar a la sociedad en mayor proporción” (razón por la cual invocan el cumplimiento sustituto, es decir la sustitución de las tierras o su indemnización) ¿no sería lo más lógico no afectar a un pueblo, a sus hombres, mujeres y niños que han luchado históricamente por el derecho a decidir en el territorio que han habitado aún desde antes de la llegada de los españoles?

Pero además los ejidatarios y ejidatarias ch´oles de Tila han demostrado que respetaran a todos, indígenas y no indígenas como pobladores :

“Nosotros demostramos con acta de asamblea y no sólo con palabras que la Asamblea General del ejido les reconoce derecho a todos, indígenas y no indígenas como pobladores sólo que es sobre propiedad ejidal que viven, y no como propiedad privada como ha engañado por años el Ayuntamiento Municipal.  Nosotros como Asamblea General de por si hemos administrado estas tierras por medio de nuestros usos y costumbres. Nosotros hemos dado permiso y donado tierra para escuelas y servicios. Nosotros administramos el parque central, el panteón, el agua, el comercio, las fiestas, y cuidamos los sitios sagrados. Esto es lo que también nos quieren robar además de las tierras para seguir engordando su bolsillo con el dinero del pueblo y seguir su corrupción del mal gobierno porque no saben hacer otra cosa.” (Palabra del Ejido Tila-la Sexta que anuncia la resolución de la SCJN sobre sus tierras, 26 de febrero de 2013)[2]

Aún desde una visión centralista e ingenua, el argumento contra los ch´oles no se sostiene. Frente a la bancarrota en el que se encuentra la mitad de los municipios en Chiapas  por el descarado robo que ha habido en los últimos años[3], hay muy pocos argumentos que indiquen que estos servicios serían mejor “administrados” por otro gobierno municipal.

Además, como los propios ejidatarios recuerdan, la mayor parte de la gente que habita el “fundo” son también ejidatarios que forman parte de la asamblea:

“Ya lo hemos dicho que la gran mayoría de los que viven en Tila son familia de ejidatarios que son parte de nuestra asamblea y los que no son también les será reconocido su derecho de posesión.” (Palabra sobre la decisión de suspender la discusión de la Suprema Corte, 1 de Abril de 2013.)

Por otra parte, otro de los argumentos utilizados contra el proyecto de la Ministra Cordero fue su apelo al amicus curiae presentado por Rodolfo Stavenhagen. El amicus curiae es una figura utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

Si bien no está reconocido por la ley mexicana, aquí hay varias cuestiones que considerar. No se trata de cualquier amicus curiae como se dijo en la sesión del pleno, sino de la palabra seria de una investigación profunda realizada por un experto que recogió la historia, los saberes y sentires del pueblo ch´ol de Tila. ¿Qué otros canales o mecanismos existen para que el pleno conozca y considere en su decisión a los habitantes originarios de las tierras sobre las cuales decidirá? Nuevamente, si el objetivo es no afectar en “mayor proporción a la sociedad”, sin este tipo de información y conocimientos ¿cómo podrán tomar los ministros una decisión que verdaderamente cause el menor daño?

Sin embargo, el argumento más inverosímil utilizado por otros ministros contra el proyecto presentado por la Ministra Cordero fue el de que el proyecto empezaba a sustanciarse desde el derecho agrario y culminaba apelando a derecho indígena.  La respuesta de los ejidatarios en su pronunciamiento posterior al final de la sesión es contundente:

“Ellos argumentan si se va a tratar como ley agraria o como ley indígena como si nosotros podemos cambiar de ser indígenas o ser ejidatarios. Les decimos que somos Indigenas Ch’oles y somos ejidatarios del Ejido Tila por eso si están encargados de cumplir la ley tienen que cumplir con las dos leyes agrario y derecho indígena…No están valorando el sacrificio de nuestros abuelos y abuelas que lucharon por sus documentos y que todo esto lo hicimos como pueblo ch’ol. Que si no aparece en los documentos que somos indígenas es por su racismo y discriminación que siempre han tenido los funcionarios del mal gobierno no porque lo escondemos o porque no sentimos que somos lo que somos: indígenas ch’oles y desde 1934 también indígenas ejidatarios.” (Palabra sobre la decisión de suspender la discusión de la Suprema Corte, 1 de Abril de 2013.)

Lo que en realidad se oscurece con una gran cantidad de tecnicismos jurídicos es la batalla política que se encuentra de por medio. Detrás de la inejecución del amparo que concede la restitución de las 130 hectáreas al ejido ch´ol de Tila, se encuentra no sólo la administración del gobierno municipal, sino también el gobierno estatal y las élites locales.

El 31 de Marzo de 2013, en vísperas de la sesión de la SCJN sobre el caso, el ejido  ch´ol de Tila hizo pública una denuncia que hace un recuento pormenorizado de todas las agresiones y hostigamiento que han sufrido desde 1971. En todos estos años ha habido ordenes de aprehensión, quema de casas, golpes, detenciones y preocupantemente, la conformación y actuación del grupo paramilitar Paz y Justicia. Este grupo está vinculado a la tortura, muerte y desaparición de hombres y mujeres en la zona norte de Chiapas, dentro del marco de la política contrainsurgente aplicada en el estado a raíz del levantamiento del EZLN[4].

Según lo denunciado por los ejidatarios y ejidatarias, miembros de este mismo grupo paramilitar ahora están haciendo rondines en las camionetas de la policía municipal y sectorial para intimidar a la gente.

En este contexto, continuar protegiendo a los administradores del gobierno municipal a través de una resolución distinta a la ejecución de la restitución de las 130 hectáreas equivale no sólo a legalizar  el despojo, sino también garantizar la impunidad. Esperemos que las consecuencias de la agudización de la violencia en Tila entren dentro de los cálculos políticos de la SCJN cuando sesione nuevamente.

[2] Todos los comunicados del Ejido Ch´ol de Tila de La Sexta están disponibles en http://laotraejidotila.blogspot.mx/

[3] Se declaran en quiebra 69 municipios de Chiapas, Proceso, Diciembre 2012 Núm. 1900. Nota completa en:   http://www.proceso.com.mx/?p=328474

[4] El informe presentado por el Centro de Derechos Humanos http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en_el_conflicto_armado_en_chiapas.pdf

“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad                          y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en    los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el                             derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén                                   exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido                                  tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de                                                                        subsistencia. A este respecto, deberá prestar particular atención a la                                                               situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes”.

Art.14 del Covenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de                                    conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de                                     la materia favoreciendo en todo tiempo a                                 las personas la protección más                           amplia.”

Art. 1. párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad:

A los pueblos de México y el Mundo:

A los Medios Alternativos:

Nosotros, los integrantes de la Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande (UCIA-RG),  somos hijos de los pueblos originarios chatinos, mixtecos y afromestizos, originarios fundadores del pueblo de Río Grande.

Declaramos:

1.- Nosotros, somos pobladores desplazados de comunidades aledañas como Juquila, Zacatepec, Panixtlahuaca, San José Ixtapa, San Juan Quiaije, Jocotepec, Santa Cruz Tepenixtlahuaca y reafirmamos nuestra identidad de pueblos originarios.

2.-  En 1925 se fundó Río Grande, que antes se había llamado Piedra Parada; en 1946, después de un largo camino de trámites en diferentes dependencias de los  Gobiernos Estatal y Federal, el 1 de junio, el Diario Oficial de la Federación publicó la sentencia de dotación de tierras al Ejido de Río Grande, dotación que todavía no se cumple. Hasta hoy llevamos mas de 88 años habitando estas tierras y 67 años de vivir esperando el cumplimiento de la sentencia para la dotación de tierras, vemos en los hechos que ante las leyes actuales hemos perdido todo derecho de acceder a un pedazo de tierra para vivir y trabajar.

3.- Decidimos organizarnos en la Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande (UCIA-RG), porque estamos consientes de nuestra identidad indígena, porque nos reconocemos como pueblos originarios y reivindicamos nuestro derecho a  tierra y territorio, basados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y en las garantías contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- Como UCIA-RG, no pertenecemos ni tenemos relación con ningún partido político y nuestro trabajo es civil y pacífico.

5.-  Somos parte del pueblo pobre y digno, hoy nos lanzamos a recuperar nuestras tierras para fincar nuestras viviendas, esta acción es de carácter civil y pacífico, es nuestra única vía ante la visión mercantilista que desde arriba busca a toda costa convertir nuestra madre tierra en una mercancía para comprarse y venderse.

6.- Exigimos respeto a nuestra forma de organización.

7.- Estamos consientes de que la lucha por la defensa de la tierra ha ocasionado amenazas, cárcel, tortura, persecución y muerte, ante esto hacemos responsables de cualquier acto de represión, provocación e intimidación a los caciques de Río Grande, en complicidad con los tres niveles de gobierno:

Enrique Peña Nieto; Presidente de la República.

Miguel Angel Osorio Chong; Secretario de Gobernación.

Gabino Cué Monteagudo; Gobernador del Estado de Oaxaca.

Jesús Martínez Alvarez; Secretario General de Gobierno de Oaxaca.

Marco Tulio López Escamilla; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oax.

Fernando Aragón Monjaráz; Agente Municipal de Río Grande, Tututepec, Juquila, Oax.

8.- Llamamos a todos las compañeras y compañeros de la RvsR y de la Sexta en México y el Mundo a que estén  atentos ante cualquier ataque a nuestra resistencia.

¡Tierra y Libertad!

Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande (UCIA-RG)

Río Grande, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Juquila, Oaxaca.

31 de marzo del 2013.

Ciudad de México a 2 de abril del 2013

A los compañeros  solidarios, a la comunidad universitaria, a los medios libres:

Nosotros somos miembros de la Escuela Nacional Preparatoria no.6 Antonio Caso que pertenece a la UNAM.  Desde hace tiempo hemos estado denunciando y exigiendo solución a las diversas problemáticas que existen en la preparatoria:

El pasado mes de Diciembre un compañero de nuevo ingreso falleció  a causa de la falta de medidas de seguridad  en el área de la alberca; mientras  se encontraba en su clase de educación física, impartida por el entrenador de futbol soccer Daniel Gómez Rosales;  nuestro  compañero se ahogo en la fosa de clavados y poco tiempo después falleció. El entrenador que se ostentaba como maestro  no cuenta con la capacitación en rescate ni primeros auxilios; lo cual era o debía ser del conocimiento de los funcionarios involucrados en el proceso de elección de personal académico. Hasta el momento la directora del plantel Alma Angélica Martínez Pérez, así como la directora general de preparatorias Silvia Jurado; no han rendido un informe de la situación académica ni  jurídica por la responsabilidad  del entrenador y sus superiores del plantel en estos hechos.

Hace 3 meses, durante un periodo vacacional las autoridades del plantel colocaron un sistema de cámaras, lo cual atenta contra la privacidad de la comunidad y desde su instalación no se ha brindado información sobre el manejo, protección y destino de los datos que recaba ; este tipo de medidas no son nuevas, el ciclo escolar pasado se enrejaron las multicanchas, hasta la fecha esto solo ha servido para limitar el uso de nuestros espacios; ejemplos como estos existen muchos  dentro de nuestro  plantel.  Estas medidas de control, que no son medidas de seguridad como han repetido hasta el cansancio las autoridades, son impulsadas por organismos como la ANUIES  (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior); conformada principalmente por instituciones privadas  y que representan intereses particulares por hacer de la educación un negocio redituable, prueba de esto es la reciente aprobación de la Reforma  a las Instituciones de Educación Media Superior, que atenta contra la formación de estudiantes críticos y prioriza la producción de mano de obra. Vivimos  en  un ambiente represivo en la UNAM encabezado por el  rector José Narro Robles, prueba de esto es el retiro de la credencial a los compañeros de manera  cotidiana, la implementación de videovigilancia en muchos de los recintos universitarios como son: las 52 cámaras en p9, cuerpos de vigilancia privados, incursión de la policía judicial en  C.U., colocación de torniquetes electrónicos en p7, la separación y reducción de la iniciación universitaria en p2, el enrejado de espacios entre los que se encuentra  el  escultórico en C.U., la expulsión de compañeros con actividad política, la reactivación de grupos porriles y la presencia policiaca permanente afuera de nuestros planteles.

Aunado a esto denunciamos  la falta de servicio medico regular en la escuela y la actividad del grupo porril OEU coyotes P6, que como organización de choque sirve para amedrentar y controlar a la comunidad de la preparatoria.

Debido a esto y a la falta de voluntad de las autoridades de dar soluciones reales a las problemáticas; de dialogar públicamente con la comunidad y dejar de hacer oídos sordos y hacerse de la vista gorda. Hemos decidido ejercer una acción directa; la toma pacifica del plantel como recurso ante su discriminación, desprecio y  negligencia. En este sentido exigimos la solución a las problemáticas del plantel, entre ellas las arriba mencionadas para que a la brevedad posible retorne la  normalidad a nuestra  máxima casa de estudios.

ATTE. Estudiantes Organizados Prepa 6

Mientras en el arriba de la frivolidad, el poder se felicita unos a otros por la rapiña de la que se nutren, nosotr@s acá abajito contamos los días que lleva nuestro compañero Juan Francisco Kuykendall en el hospital, a la espera de tenerlo fuerte y listo para la lucha de nuevo; días de incertidumbre por no conocer hasta ahora la dimensión de las secuelas con las que cargará el resto de sus días, producto a la grave lesión que recibió en la cabeza por culpa de las fuerzas del (des)orden. Allá lejos, arriba, se vive el tiempo de la autocomplacencia megalómana de la clase política y sus paleros mediáticos; acá abajo, sentimos la resistenciasilenciosa de Kuy por recuperar su cuerpo y fuerzas, y la de la gente humilde y solidaria que ha estado en vigilia a su lado. Mientras que allá arriba ya ni se acuerdan de los vidrios rotos que los hicieron clamar por justicia contra quienes atentaban contra la “paz pública”, acá abajo seguimos preocupados por esa rabia que los hizo añicos, por la salud de Kuy, por situación jurídica de nuestr@s compañer@s acosad@s por el Estado.

Por eso y para que se sepa que acá abajo no se olvida ni perdona, llamamos a l@s compañer@s de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a l@s compañer@s de la Sexta, a la gente generosa de buen corazón a que se organicen y difundan, según sus calendarios, geografías y modos, las situaciones de nuestr@s compañer@s atacad@s el pasado 1º de diciembre. Dada la brutalidad de la represión con la que se estrenó el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, apoyado por los gobiernos saliente y entrante del Distrito Federal de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, creemos necesario que se informe y difunda la manera con la que atacaron y reprimieron a nuestr@s compañer@s, con el pretexto de salvaguardar la paz pública. Como quedó claro ese día, ellos en el Arriba no dudarán endesplegar las fuerzas del Estado para silenciar la disidencia rebelde, y para ello cuentan con el blindaje de un código penal que tipifica como terrorismo la denuncia social.

Queremos que se conozcan los casos de l@s agredid@s ese día negro, que se sepa que Kuy sigue en la lucha por su integridad física, que Uriel perdió un ojo por rebelarse, que otr@s tant@s fueron golpead@s en el DF y Guadalajara, detenid@s y procesad@s en contra de su legítimo derecho a exigir respeto ante una clase política que se burla de nuestra esperanza por democracia, libertad y justicia.

Pero también exigimos que se esclarezcan los hechos del 1º de diciembre de 2012, que se finquen responsabilidades contra aquell@s que ordenaron los ataques a nuestr@s compañer@s y que se les siga el debido proceso, empezando por los titulares del Ejecutivo federal y capitalino; que además el Estado repare el daño que ocasionó en las vidas y situación jurídica de nuestr@s compañer@s, que cubra los gastos de hospitalización de Kuy, Uriel y tod@s l@s herid@s, así como los gastos de defensa que tuvieron que desembolsar nuestr@s compañer@s detenid@s y procesad@s.

Compañeras y compañeros: Éste es un llamado a que junt@s coordinemos una Semana de Información del 7 al 14 de abril próximos, enmarcada en la campaña “Va por Kuy”; a que según nuestros modos, calendarios y geografías,corramos la voz por escuelas, barrios y espacios de trabajo,sobre las secuelas del ataque del Estado contra quienes se manifestaron, o de paso iban, en contra de la imposición delbanal Ejecutivo federal actual; a que informemos sobre la convalecencia de Kuy y rescatemos su trayectoria artística y militante en la Otra Cultura, desde donde afirmaba que el teatro y las artes también son parte de la lucha y resistencia; a que difundamos la situación de nuestr@s compañer@s que siguen sujetos a un proceso penal injusto y a todas luces intimidatorio.

Que nuestra palabra y la de nuestr@s herman@s se escuche y se cuele más allá de la ensordecedora plancha mediática. Que nuestra digna palabra llegue a esos otros corazones con los que queremos encontrarnos en este camino de lucha y resistencia. Que mientras allá arriba descansan en sus lechos de policías y militares, acá abajo sepamos claro que nuestr@s herman@s no están solos ni serán traicionad@s ni olvidad@s.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

A 23 de marzo de 2013.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL,

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

A LA CIUDADANIA SANCRISTOBALENSE

Los abajo firmantes denunciamos que: el día 11 de marzo de 2013 a las 23:30 hrs. de la mañana en el domicilio ubicado en calle Brasil #3 Barrio de Mexicanos de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde vivimos la señora Olimpia Barrios de 99 años de edad y sus hijos Angelina López Barrios, y el señor Celedonio López Barrios, llegaron sin mostrar orden de cateo el señor Miguel Rigoberto Zúñiga Juárez agente del ministerio publico de la federación titular de la unidad mixta de atención a narco menudeo junto con Policía Federal Ministerial, quienes entraron en la casa con uso de violencia rompiendo los vidrios de la puerta y con amenazas revisaron los cuartos del señor Celedonio López Barrios y de las señoras Olimpia Barrios y Angelina López Barrios, robando la cantidad de 150 mil pesos, producto de ahorros del trabajo y esfuerzos de muchos años, sustrayendo también mercancía del señor Celedonio López Barrios que utiliza en su trabajo de comerciante. Los policías se fueron sin dar explicación alguna, poniendo en riesgo la salud de la Sra. Olimpia quien fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

CON MUCHA INDIGNACION DENUNCIAMOS Y REPUDIAMOS ESTOS HECHOS VIOLATORIOS DE LA INTEGRIDAD PERSONAL, LIBERTAD Y DIGNIDAD COMO SERES HUMANOS. ES ABSURDO Y GRAVISIMO QUE LOS CIUDADANOS TENGAMOS QUE VIVIR CON ESTA SITUACION DE MIEDO DE SER AGREDIDOS POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, POR LO QUE PEDIMOS SE INVESTIGUEN Y HAGAN JUSTICIA CON QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. ADEMÁS SE REPAREN LOS DAÑOS FISICOS, PSICÓLOGICOS Y MATERIALES OCASIONADOS POR LOS POLICÍAS.

DAMOS A CONOCER LOS HECHOS OCURRIDOS PARA QUE NO PERMANEZCAN EN LA IMPUNIDAD, COMO EN TANTAS SITUACIONES SUCEDE, Y PORQUE OTRAS PERSONAS NO TENGAN QUE SUFRIR ESTE TIPO DE AGRESIONES.

ATENTAMENTE

OLIMPIA BARRIOS

ANGELINA LÓPEZ BARRIOS.

CELEDONIO LÓPEZ BARRIOS.

Denuncia y firmas: http://es.scribd.com/doc/133619912/130401-Den-Allana-Sclc

Familia y vecinos denuncian allanamiento de policías violando derechos humanos #SCLC

Ejido Ch’ol de Tila, Chiapas a 1 de abril del 2013

Palabra sobre la decision de suspender la discusion de la Suprema Corte

A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indigena CNI
A la Junta de Buen Gobierno Caracol V Zona norte
A compañeros y compañeras adherentes a la SEXTA Declaracion
A las diferentes luchas por dignidad y justicia
A los medios de comunicacion independientes y tradicionales
A los defensores de derechos humanos

Lo que vimos hoy en la Suprema Corte es que se puede venir una fragante violacion de nuestros derechos como pueblos indigenas ch’oles de Tila porque nosotros nuestros abuelos lograron documentar el ejido. Habiendo una resolucion presidencial que ampara la posesion total de la tierra donde muchos de nosotros que somos campesinos la trabajamos y vivimos en esta tierra. Que gracias a la revolucion de 1910 donde fue derramada miles de sangres de indígenas por un pedazo de tierra.

Nos indigna mucho por esta injusticia que lo miramos puede venir al no sernos escuchado a pesar que ganamos el amparo en contra del decreto del gobierno de chiapas y que ahora nos damos cuenta que la suprema corte lugar de ejecutar el amparo lo quiere desviar a favor de los responsables de violaciones y que a la vez quieren iniciar un incidente de cumplimiento sustituto cuando la asamblea ha rechazado ese incidente. De acuerdo a las actas de asamblea general se han mencionado que el ejido no esta en venta y no va a aceptar ninguna indemnización. Pero el organo superior del ejido no es valido para ellos.

Lo más triste es que no saben y no nos conocen si somos indigenas. Tienen una mentalidad desde arriba que solo para los grandes tienen esa justicia. Ellos argumentan si se va a tratar como ley agraria o como ley indigena como si nosotros podemos cambiar de ser indigenas o ser ejidatarios. Les decimos que somos Indigenas Ch’oles y somo ejidatarios del Ejido Tila por eso si estan encargados de cumplir la ley tienen que cumplir con las dos leyes agrario y derecho indigena.

No estan valorando el sacrificio de nuestros abuelos y abuelas que lucharon por sus documentos y que todo esto lo hicimos como pueblo ch’ol. Que sino aparece en los documentos que somos indígenas es por su racismo y discriminacion que siempre han tenido los funcionarios del mal gobierno no porque lo escondemos o porque no sentimos que somos lo que somos: indígenas ch’oles y desde 1934 tambien indígenas ejidatarios.

Y porque se mira claro que desconocen nuestro pueblo. Porque ellos se preguntan si es el derecho de los que viven en el pueblo o de los ejidatarios pero somos lo mismo. Ya lo hemos dicho que la gran mayoria de los que viven en Tila son familia de ejidatarios que son parte de nuestra asamblea y los que no son tambien les sera reconocido su derecho de posesion. Y también queremos decir que muchas construcciones estatales o federales estan reconocidos por actas de donacion desde hace mucho tiempo. No lo entendemos porque se hacen bolas lo que nos hace ver y pensar que lo hacen para confundir y hacer una injusticia.

Queremos decirles a todos los pueblos de chiapas de mexico y del mundo que ante estos que dicen que son los que hacen cumplir las leyes lo vamos a ver si es verdad ya muchos pueblos lo han visto. Ahora nosotros lo veremos.
Agradecemos a todos y todas compañeras y compañeros de organizaciones y medios de comunicaicon por todos sus apoyos. Ahora vamos a esperar que salga de nuevo la discusion pero les pedimos esten atentos a lo que vaya a pasar porque como ya lo denunciamos ayer hay mucho hostigamiento y violencia de parte del gobierno municipal y del estado para que haya conflicto social porque ellos siempre lo han sabido hacer el conflicto.

Les decimos que pase lo que pase seguiremos resistiendo porque la Tierra no tiene precio es un patrimonio que nos heredaron nuestros abuelos y es fruto de la revolucion de 1910 de Zapata y Villa.
Y viva la resolucion presidencial de 1934.