Se promueven Medidas Cautelares ante la CIDH para Base de Apoyo del EZLN
Riesgo a la salud y vida de José Díaz por hacinamiento carcelario, y precaria atención médica.
En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que valore la adopción de Medidas Cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), además de atender la situación carcelaria y de condiciones dignas de internamiento, bajo los estándares interamericanos protectores del derecho a la salud en interdependencia con los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal.
José Díaz se encuentra en grave riesgo a su salud y por consecuencia a su vida, debido a la situación de propagación de una enfermedad que se está incubando como consecuencia del hacinamiento y la precaria o nula prevención y atención médica del sistema carcelario. Se le suman también los impactos psicosociales; además que, como persona perteneciente al pueblo Ch’ol no ha tenido las mínimas atenciones respecto a la adopción de medidas culturalmente adecuadas.
Este Centro de Derechos Humanos documentó e intervino a finales de marzo de este año en la situación de sobrepoblación carcelaria en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 17 (CERSS 17) de Catazajá[1], Chiapas. Ahí advertimos de la presencia de múltiples enfermedades reflejada en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos, protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios a Personas Privadas de la Libertad (PPL), incluyendo a José Díaz
En este sentido, el Frayba solicitó a autoridades que de manera pronta y urgente la intervención para brindar atención médica y hospitalaria en favor de José Díaz, siendo extensiva a la población interna del CERSS 17 de Catazajá, por la situación en la que se encuentran y en aras de prevenir una probable propagación de la enfermedad ya sea por contagio o por el propio hacinamiento.
El 22 de marzo de 2024 recibimos una contestación sobre la salud del BAEZLN por parte de autoridades penitenciarias del Estado mexicano, refiriendo haberle realizado en un absceso de su rodilla derecha una incisión, sin ahondar en su informe respecto al origen, y diagnóstico de la enfermedad.
Posteriormente realizamos una visita a José Díaz en la que documentamos su situación de salud y carcelaria, en donde le encontramos con miedo después de la incisión que le realizaron en la pierna derecha, ya que él no es el único que tiene las protuberancias en el cuerpo. Según su testimonio, es una situación generalizada entre las PPL a quienes les han aparecido abscesos similares en el rostro, la nariz, oídos, brazos y piernas y no han sido atendidas.
Sobre el hacinamiento es de resaltar que el BAEZLN comparte la celda con otras 18 personas en un espacio de aproximadamente 3 metros de largo por 3 metros de ancho; presenta dificultar para dormir -solo logra conciliar el sueño 2 o 3 horas al día-; resalta también que hay población durmiendo en los pasillos; lo que da cuenta de la existencia de condiciones inhumanas de reclusión.
Es importante señalar que José Díaz es una persona de 45 años, su condición de salud ha disminuido recientemente, sigue sin conocer el diagnóstico médico, así como el origen de la enfermedad. Dado que está privado de la libertad, no puede recibir atención médica por profesionales diferentes a los que dispone la administración carcelaria.
Su estado de ánimo ha tenido altibajos debido a la prolongación de la resolución de su proceso, las barreras del lenguaje en el sistema judicial y penitenciario, así como por su actual estado de salud.
Por lo anterior, llamamos a la CIDH dé seguimiento a la Medida Cautelar tomando en cuenta la urgencia a la salud y vida de José Díaz, además de atender las duras condiciones carcelarias en las que se encuentra; a los Gobierno Federal y del Estado de Chiapas exigimos la liberación incondicional y la brevedad del Base de apoyo Zapatista.
[1] Existe en cada nivel del lugar la presencia de al menos 150 personas, con un total aproximado de 500 internos, a pesar de que su capacidad máxima es de 300 personas
Esta semana les hemos preparado un programa especial sobre el día internacional por la libertad de las y los presos políticos del mundo. Por lo que platicaremos de la lucha por la libertad en Palestina, en Kurdistán, en Chile, Estados Unidos y otros lugares en el mundo donde las cárceles son parte central del mecanismo de opresión y sometimiento. En la segunda parte hablaremos de las y los presos de esta región llamada México con casos como el de los presos de Eloxochitlán Oaxaca, también recordaremos a los presos de Cancuc en Chiapas, a Jorge Esquivel de la okupa Che, entre tantos otros y otros que buscamos reivindicar como guerreras y guerreros de esta revuelta contra el capital secuestrados por el Estado.
Libertad inmediata a los cinco defensores comunitarios de
San Juan Cancuc; fin a la criminalización
Habitantes del municipio de San Juan Cancuc históricamente se han opuesto a los megaproyectos de los tres niveles de gobierno tales como presa hidroeléctrica y súper carretera, además de oponerse a la militarización de su territorio.
En este contexto, Manuel Santiz Cruz presidente del Comité de promotores de derechos humanos de la Parroquia de San Juan Cancuc, así como Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, mayas tseltales originarios del mismo municipio llevan 22 meses y 18 días privados injustamente de su libertad. Su detención obedece a una política de criminalización de la defensa del territorio en donde el gobierno de Chiapas, y el Federal, buscan generar miedo, desmovilización y negar el derecho a la manifestación libre y pacífica de los pueblos.
La detención arbitraria de los tres primeros -Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, el 29 de mayo de 2022 en San Juan Cancuc, se llevó a través de un operativo conjunto de la Policía Municipal, Guardia Nacional (GN) y el Ejército mexicano. Fueron detenidos e incomunicados durante 24 horas de forma ilegal y sin registro oficial por parte de la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien además durante este tiempo les montó un delito de posesión de marihuana, cambió el lugar de la detención a San Cristóbal de La Casas, y les inició una carpeta de investigación.
Tras un simulacro de libertad del primer delito, el 31 de mayo fueron reaprendidos los tres pobladores mayas tseltales a través de un nuevo delito fabricado: homicidio calificado, siendo trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 05 de San Cristóbal de Las Casas (CERSS 05). El Juez de Control otorgó la orden un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial.
El 01 de junio, tras acudir a rendir su declaración como testigos y desmentir la versión oficial respecto a la situación de sus compañeros, fueron detenidos bajo el mismo delito, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco a las afueras del CERSS 05 por elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena y la Policía Estatal de manera ilegal arbitraria, a pesar de la presencia de observadoras nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Tras la detención sufrieron incomunicación y fueron desaparecidos. Se castigó la solidaridad y se buscó generar miedo a los pueblos y comunidades de San Juan Cancuc.
Tras un primer juicio oral en donde se expusieron las inconsistencias de las pruebas fabricadas, los testigos a modo, así como las malas prácticas de la Fiscalía General del Estado, el 12 de mayo de 2023 fueron sentenciados a 25 años de prisión. Tras una apelación por faltas al debido proceso, a finales de febrero de 2024 se repuso el proceso.
En el marco de la audiencia de alegatos de clausura y dictado de sentencia en contra de los defensores, insistimos en que no existen pruebas que apunten a la responsabilidad de los defensores del territorio ante el delito que se les acusa, por lo que exigimos la liberación inmediata e incondicional de los cinco presos de San Juan Cancuc.
El día de hoy 18 de abril, en el marco de la reposición del Juicio Oral, esperamos que el Tribunal de Enjuiciamiento en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, objetiva y no condene a cinco personas inocentes. Sabemos que la criminalización y encarcelamiento de personas defensoras de los Derechos Humanos es una medida represiva que pretende anular a quienes ejercen legítimamente, el derecho a la autonomía y la libre determinación y a quienes enfrentan la militarización e imposición de megaproyectos en sus territorios.
Durante este largo proceso que ha durado 22 meses y 18 días de privación arbitraria de la libertad de los cinco defensores del territorio de Cancuc, hemos confirmado y demostrado su inocencia, además, observado que la fabricación de pruebas por parte de la Fiscalía es una constante.
La criminalización a personas defensoras de pueblos originarios en Chiapas y en México es una forma de castigo ejemplar por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio. Tiene su raíz en el racismo estructural, se lleva a cabo a través de privaciones arbitrarias de la libertad, tortura, fabricación de culpables; existe participación de efectivos del Ejército mexicano y la GN en las detenciones, además del incumplimiento en el juzgamiento con perspectiva intercultural, acompañado del uso exceso del límite de tiempo de la prisión preventiva oficiosa.
Los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc han sido víctimas del sistema de impartición de (in)justicia, al igual que el hablante de lengua Ch´ol Base de Apoyo Zapatista José Díaz Gómez encarcelado hace más de un año en el CERSS 17 de Catazajá.
Confiamos que dentro de las próximas 24 horas la Juez determine su fallo y sea favorable para los cinco defensores del territorio mayas tseltales presos y puedan recobrar sus garantías y ejercicio plenos de sus derechos humanos, dejando así de ser rehenes del Estado mexicano.
Por todo lo anteriormente señalado, exigimos:
1. Al gobierno del Estado de Chiapas, libertad inmediata e incondicional de los cinco defensores del territorio del municipio de San Juan Cancuc.
2. Libertad inmediata e incondicional a José Díaz Gómez Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).
3. Que el Estado mexicano cese en su criminalización de las personas defensoras de los Derechos Humanos en Chiapas
¡ALTO A LA FÁBRICA DE CULPABLES!
Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba)
Comité de Derechos Humanos del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)
Pueblo Creyente de San Juan Cancuc
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Jornadas contra la Criminalización y por la Libertad
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Vicaría de Justicia y Paz, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
En portada: Acción de protesta para exigir la libertad de Saúl Rosales
Una de las principales exigencias de la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual aconteció a finales de marzo, fue la libertad plena e inmediata de Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales, ambos acusados por el homicidio de una persona en la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, estado de Tlaxcala.
Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi han sido líderes en la defensa de la Matlalcueyetl, también conocida como “La Malinche”, organizando asambleas comunitarias, sumándose a la labor de restauración forestal del área y denunciando actividades extractivas en la zona como la tala ilegal de árboles.
Los defensores del territorio fueron detenidos el 14 de julio del 2022. Después de un año y siete meses de encarcelamiento, Raymundo Cahuantzi ganó su libertad definitiva el pasado 1 de marzo. Sin embargo, en la misma audiencia, Saúl Rosales fue sentenciado a 20 años de prisión.
Los sucesos por los cuales acusan a Saúl Rosales acontecieron el 15 de abril del 2022, cuando un hombre fue linchado en la comunidad después de ser acusado de haber intentado robar en una vivienda.
Saúl era el presidente comunitario de la comunidad. Su esposa ha declarado en entrevistas que Saúl intentó detener el linchamiento sin éxito, ya que las personas que participaban en los hechos lo encerraron en la presidencia municipal.
Raymundo, por su parte, es mayordomo de la comunidad y tiaxca -una posición de respeto dentro de la comunidad-. Pese a que no participó en los hechos, fue detenido al acudir a la Procuraduría de Tlaxcala para abogar por la libertad de Saúl.
El 1 de marzo, las juezas a cargo del proceso dictaron la libertad inmediata de Raymundo al haber pruebas de su inocencia que demostraban que el participaba en las actividades religiosas del pueblo en el momento del linchamiento.
En la misma audiencia, las juezas encontraron culpable a Saúl Rosales por, supuestamente, no resguardar a la víctima y no evitar el homicidio.
Los pueblos y organizaciones que integran la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, así como Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (Coditet), que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta asamblea, y organizaciones de derechos humanos, como Frontline Defenders, han exigido la libertad de Saúl Rosales, argumentando que el proceso es un acto de criminalización en contra de Saúl y Raymundo por su labor en defensa de la zona de la Matlalcueyetl.
Esta zona está declarada como Área Natural Protegida, ya que aún resguarda gran variedad de plantas y animales y microorganismos endémicos del Eje Volcánico Transmexicano. La Malinche tiene también un alto valor en las cosmovisiones de las poblaciones tlaxcaltecas que viven en su cercanía, además de proveer recursos como carbón, leña, plantas medicinales, musgos, y hongos comestibles. La zona es también de alta importancia para mantener el ciclo del agua y regular la temperatura.
En entrevistas con el equipo que acudió a la cuarta asamblea, integrantes de la Coditet denunciaron que la zona de la Matlacueyetl se encuentra amenazada por la tala ilegal de árboles, por la creciente urbanización tanto en Tlaxcala y Puebla, así como por la contaminación y plagas, en especial, la plaga del gusano “descortezador”.
La labor de defensa de este territorio ha conllevado también a conflictos con las autoridades de gobiernos municipales y del Estado que no respetan la decisión de comunidades nahuas de detener las actividades de explotación de recursos en la zona.
La sentencia de Saúl se da dentro del contexto de defensa del territorio, así lo declara Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales, en entrevista durante la 4ta Asamblea del Agua y la Vida.
A continuación, incluimos segmentos de las entrevistas con Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales.
Avispa Mídia (AM): Raymundo, nos alegra que estés aquí con nosotros en libertad. Podrías platicarnos, ¿cómo es qué eres detenido? ¿por qué se denuncia que los delitos de los cuales se te acusaba están relacionados a la defensa del territorio?
Raymundo Cahuantzi (RC): Fue fabricado el delito del cual nos acusaron. El día del homicidio yo no estuve en el lugar donde se dan los hechos, yo estuve todo el día participando y organizando la procesión ya que era viernes santo.
Nosotros trabajamos mucho tiempo en defensa de la Malintzin luchando contra la plaga del escarabajo descortezador, y haciendo trabajo de restauración, cuando inicia la plaga es cuando inicia la labor. Esto ha causado también roces con el gobierno, porque nos han intentado meter empresas del gobierno.
Nosotros creemos que nuestro encarcelamiento es un castigo por esta labor, por ser muy activos en la defensa de este territorio, por participar, por organizarnos.
Fuimos detenidos el 14 de julio para amanecer el 15 de julio. Fue cuando empezó todo este tormento o persecución política en contra de nosotros.
Fue muy duro todo esto, la verdad lo que sufrimos más es no estar con nuestras familias, con nuestros amigos, eso se siente muy duro.
AM: Raymundo, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes en este proceso para obtener su libertad?
RC: Haber estado en prisión desde el 15 de julio del 2022, hasta el 8 de marzo del 2024, fue muy duro y estresante físicamente, psicológicamente y económicamente.
Estar en la cárcel te cambia la vida, no sólo a ti sino a todos a tu alrededor. De un día para otro todo cambia.
Nosotros vamos al día porque somos campesinos, no tenemos la solvencia económica, tuvimos que aprender a sobrellevar el caso. De lo más difícil fue que las audiencias se posponían y se posponían, también nos engañaron algunos abogados, todo fue muy difícil.
Agradezco a mi familia directa que es mi esposa, mis hijos, mi madrecita que ahí está con 88 años de edad, mis hermanos. Nunca me dejaron solos. Siempre, cada visita, ahí estaban.
Agradezco también a mi comunidad porque de verdad que hay mucho cariño. Siempre he sido muy querido, estoy catalogado como un tiaxca en mi comunidad, muy respetado, también el compañero Saúl Rosales, esperamos que pronto se compruebe también que es inocente.
AM: Entendemos que todo fue muy difícil, y menciona el apoyo de su familia y comunidad, ¿cómo fue que se logró obtener su libertad?
RC: Hoy se nos da la oportunidad de que nuestro colectivo Coditet se ha extendido más con todo el apoyo. Hoy en esta Asamblea Nacional del Agua yo vengo a agradecer a todas las comunidades, colectivos que se sumaron a esta causa. Gracias a todo eso estoy disfrutando de esta libertad.
A toda esa gente, que apoyó en marchas, la invitación a que sigamos unidos para que pronto esté con nosotros nuestro compañero Saúl Rosales. Todos, Dios y hasta el gobierno, saben que somos inocentes.
Quiero creer en la justicia divina y en las leyes de nuestro país para que se sepa la verdad. Nosotros no hicimos nada, somos personas que siempre hemos estado defendiendo el cerro, el agua, todo, ayudamos a la comunidad. La verdad tiene que salir a la luz.
A la exigencia de Raymundo se suma la palabra de Jacob Rosales, hermano del preso Saúl Rosales. En entrevista, Jacob platica las dificultades que el encarcelamiento de su hermano ha generado en el núcleo familiar.
Avispa Mídia (AM): Jacob, ¿cómo se encuentra Saúl Rosales? ¿Podrías platicarnos más sobre su labor en la comunidad previo a que le encarcelaran?
Jacob Rosales (JR): Mi hermano a pesar de estar dentro, se ha mantenido fuerte. Mi hermano Saúl siempre ha sido muy trabajador, muy luchador, y es muy querido en la comunidad.
En el momento que surge la plaga en el monte, [mi hermano] comienza, junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, a hacer la restauración de la zona, a raíz de esto surge esta problemática que termina con la situación de su encarcelamiento. Simplemente siento que se quieren agarrar de esto.
AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante las denuncias de que Saúl es inocente?
JR: Mi hermano lleva 1 año 8 meses privado de su libertad, la Procuradora de Tlaxcala sabe que no hay pruebas en su contra. Igual que en el caso del compañero Raymundo, que fue liberado, no hay nada en contra de Saúl.
Las juezas que llevan el caso, su excusa es que, por ser autoridad tradicional, es culpable. Por ayudar a la comunidad, por cuidar el bosque, le dan una sentencia de 20 años de prisión.
Lo único que exigimos y pedimos es que realmente se sepa la verdad, hoy en día nos hemos dado cuenta que Tlaxcala es de los estados más corruptos, no existe la justicia, no existe la ley.
AM: Después de 1 año y 8 meses en prisión, ¿qué ha sido lo más difícil para Saúl y toda la familia?
JR: El caso es complicado, para la familia y amigos que nos rodean. Yo puedo decir que yo conozco a mi hermano, le gusta apoyar, siempre le gusta participar y por eso creo que nos tocó vivir esto.
AM: Qué sigue en el caso de Saúl después de la sentencia ¿qué pasos seguirán?
JR: Nosotros seguiremos luchando hasta demostrar que el Estado está haciendo algo injusto. Como dijo Raymundo, sabemos que siempre hay personajes detrás presionando.
Ahorita nos vamos con el proceso de apelación. Esperemos todo salga bien y que en este tiempo que estemos luchando se haga justicia, se lleve sobre ley toda esta situación, y que prontamente lo tengamos libre.
AM: Para finalizar la entrevista, ¿cómo se puede sumar otra gente a la exigencia de libertad de Saúl?
JR: Nos pueden encontrar en Facebook como Justicia Tlalcuapan, se transmiten las manifestaciones cuando hay audiencias. Pedimos también divulgar esta información, que por el simple hecho de defender la tierra pagan personas inocentes.
Agradecemos a toda la comunidad y colectivos que siempre han estado con nosotros, se ha visto la amistad. Mi hermano me ha dicho, cuando lo voy a visitar, que te das cuente quienes son tus amigos, quienes están contigo. Les invitamos a seguir exigiendo la libertad de Saúl.
La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.
La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.
Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.
Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco.
Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales.
Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante.
Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia.
Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo.
La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades.
Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana
De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.
El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.
En impunidad el caso de otros normalistas asesinados
Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.
El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.
La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.
Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.
A LA OPINIÓN PÚBLICA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, ESTUDIANTILES, MAGISTERIALES Y AL PUEBLO EN GENERAL
“PARA EL ESTADO SER ESTUDIANTE ES UN PECADO, SER NORMALISTA ES UN DELITO, PERO SER DE AYOTZINAPA MERECE LA MUERTE”
A lo largo de la historia de nuestra escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero se han tenido una gran cantidad de represiones y hostigamientos, mismos que han atentado de manera directa y física contra la integridad de la comunidad sstudiantil, en estas se han visto involucrados distintas órdenes de gobierno, pero principalmente los cuerpos y elementos de la policia estatal, tales como aquel 12 de diciembre de 2011, así mismo la noche del 26 y madrugas del 27 de septiembre de 2014, aunado a esto, el dia 07 de marzo de este año en curso no fue la excepción, pues acribillaron de manera cruel a uno de nuestros compañeros.
Ante los hechos suscitados el dia 07 de marzo de 2024 sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, a la altura del hotel Petatlán, elementos de la policia estatal agredieron a compañeros estudiantes de nuestra escuela Normal, haciendo uso de sus armas de fuego, ocasionando que uno de nuestros compañeros falleciera por este ataque. Comotal, resposabilizamos de manera directa al gobiernoestatal por el ataque armado, así mismo por la fabricación de delitos y la siembra de armas en la unidad vehicular en donde se trasladaban los compaeros, mismos hechos que intentaron hacer en aquel ya lejano 12 de diciembre de 2011, conel mismo discurso de que nuestros compañeros agredieron a los policias y que estos respondieron a dicha agresión, puesto que los policias montaron el crimen manipulando la escena, limpiando el vehículo donde se trasladaban estos compañeros.
Responsabilizamos de manera directa a los tres niveles de gobierno, de la criminalización en contra de la normal de Ayotzinapa, la política de oídos sordos, la represión y la muerte, por lo que exigimos que los perpetradores materiales e intelectuales paguen y se haga justicia, ya que este hecho no tiene que quedar como un acto más de impunidad en este estado.
Repudoamso su política de simulación, su política de falta de democracia, ya que horas antes habían tratado de detener a otros dos compaleros, a los cualesagredieron verbalmente y los amenazaron, además, el gobierno federal había amenazado con abror carpetas de investigación por los hechos de la jornada de lucha en la cd. de México, esa es la manera en que el gobierno atiende las problemáticas del pueblo, para el gobierno es más peligroso un estudiante que los mismos delincuentes que se pasean por todos lados.
Pretende el gobierno callar nuestra voz, pretende que abandonemos la búsqueda de nuestros hermanos desaparecidos, sin embargo, le decimos que Ayotzinapa nose callará jamás, hoy gritaremos más fuerte que nunca que son unos malditos asesinos.
Exigimos esclrecimiento del caso del compañero asesinado Yanqui Khotan Gómez Peralta, así como la liberación inmediata de nuestro compañero detenido.
¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA CLASE EXPLOTADA!
El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.
Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.
Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.
Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.
De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.
Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.
Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.
El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.
El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.
El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los que integramos la Asamblea Nacional por el agua y la vida
A las comunidades tlaxcaltecas
A las 94 comunidades de Tlaxcala que se rigen por los usos y costumbres
A los pueblos y municipios autónomos de México
A los pueblos indígenas de México y del mundo
A los defensores del territorio, el agua y la vida
A las Organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, colectivos, grupos organizados, brigadas del cuidado de la montaña, autoridades comunitarias, ciudadanos tlaxcaltecas y pueblo en general.
Quienes integramos la asamblea por el agua y la vida, le recordamos al Estado mexicano que tiene una obligación en materia de protección a defensores del territorio.
El Estado mexicano castiga a los pueblos originarios de Tlaxcala mediante la detención arbitraria de Saúl Rosales Meléndez, como un castigo ejemplar a quienes nos atrevemos a organizarnos, a quienes nos atrevemos a defender los cerros, a quienes corremos la suerte de nacer en un territorio originario.
El Estado mexicano atenta contra el artículo dos constitucional, el convenio 169 de la OIT, y tratados internacionales en materia de protección de defensores del territorio, pues un elemento que resalta para declararlo culpable de homicidio calificado es ser representante comunitario legítimo y acompañar las asambleas comunitarias para la defensa de la Matlalcueyetl.
Deslegitimar los cargos tradicionales es atentar contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos, para imponer gubernaturas indígenas de apariencia no partidistas pero que tienen vínculos partidistas, legitimadas desde el INPI donde despacha el traidor de los pueblos, de clientelismo político, pero sobre todo obedientes y serviles al Estado represor y también para legitimar e imponer MEGAPROYECTOS DE MUERTE y aspecto de control social llamado política partidista vinculada al narco Estado capitalista.
A más de 500 años de desprecio, de racismo, de clasismo de invisibilización de los pueblos, desplazados, despojados, criminalizados, perseguidos, desaparecidos de manera forzada, ejecutados extrajudicialmente, torturados sexualmente en muchos de los casos, torturados psicológicamente y físicamente para imponer miedo y terror, cuando ejercemos nuestra autodeterminación, nuestra autonomía y la defensa de nuestro territorio.
Por lo anterior expuesto, nos indigna llegar a la cuarta Asamblea por el Agua y la vida el 23 y 24 de Marzo de 2024 sin nuestro hermano nahua Saúl Rosales Meléndez quien nos ha enseñado con su ejemplo a defender y amar a la Matlalcueyetl, siendo nuestra autoridad comunitaria de San Pedro Tlalcuapan legítima, no impuesta, no elegida por clientelismo político, no elegido con fraudes electorales, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.
Hay una serie de irregularidades en el debido proceso de nuestro compañero Saúl Rosales Meléndez, durante 1 año y 7 meses, el Estado Mexicano lo acusa de homicidio calificado derivado de un hecho presentado en la comunidad en donde, ni siquiera estuvo presente. El día 1 de marzo las juezas Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio lo declararon culpable, a pesar de que después de diecisiete audiencias en las que se ha dividido el juicio oral, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, y a pesar de demostrar en la defensa jurídica, la no participación de Saúl en los hechos a los cuales se le vincula, la impunidad se impone para mantenerlo en prisión.
El argumento jurídico de los jueces que condenan a Saúl Rosales de homicidio calificado es que Saúl Rosales Meléndez era presidente de comunidad cuando sucedieron los hechos y su obligación era defender al hoy occiso, según las juezas. Pero vemos que a nivel de la república existen miles de desaparecidos, comunicadores comunitarios asesinados por el Estado pero no hemos visto que los jueces juzguen a los alcaldes y gobernadores partidistas por no garantizar seguridad y protección en la defensa territorial. Señalamos este ejemplo claro de ejercicio de poder de impunidad, para estigmatizar, hostigar y criminalizar con esta detención arbitraria las representaciones comunitarias como también ocurre frecuentemente con las comunidades zapatistas, recordamos la situación de Manuel Gómez Base de apoyo zapatista.
La injusta sentencia en contra de don Saúl Rosales, no sólo atenta contra sus derechos individuales, también atenta contra todos los pueblos que defendemos nuestro territorio. Es una agresión más en contra de los representantes comunitarios con mensaje muy claro de castigo a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, así mismo atentado a nuestros derechos ancestrales históricos que tenemos los pueblos originarios, impidiéndonos avanzar en el ejercicio de tareas de autogobierno de manera tradicional, sin embargo, le recordamos existimos antes de que existiera el propio Estado y no estamos dispuestos a desaparecer.
La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, exigimos al ejecutivo estatal, federal, jueces, la fiscalía, la CDH y todos aquellos involucrados en fabricar delitos a quienes no estamos de acuerdo con la sobreexplotación de los bienes naturales, a los que no estamos de acuerdo que sigan mercantilizando con una ambición desmedida e insaciable el futuro de nuestros hijos, nietos y parte de nuestra propia existencia como pueblos originarios y que castigan a Saúl Rosales manteniéndolo en prisión para castigarnos a todos los que nos consideramos pueblos originarios, a todos los que apostamos a construir día a día la autonomía como el único camino visible de emancipación comunitaria, de agua y vida, atentan también aparentemente de manera indirecta a todos los que defendemos los cerros, el agua y la tierra pues el mensaje es claro que TODOS somos Saúl Rosales Meléndez.
A los pueblos y comunidades originarias les pedimos difundir, asistir, realizar, registrar diversas actividades encaminadas a realizar una jornada nacional e internacional por la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales.
Jornada de acciones por la libertad de Saúl:
-A partir del martes 5 de marzo, campaña mediática #SaúlNOesculpable#LibertadParaSaúlRosales, envía fotos, carteles, videos, cartas, etc. al correo sambleanacionalporelagua@gmail.com
-Foro virtual: Presxs Políticos de la 4a Transformación
Segunda instancia de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala
Acciones dislocadas por Saúl Rosales, videos de apoyo, pronunciamientos, firmas electrónicas, cartas a las autoridades competentes, foros, mitin, marchas en plazas públicas, poder judicial de cada estado de la República hasta lograr la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales y todos los presos políticos.
ATENTAMENTE
La Autonomía de los Pueblos y la defensa de la vida NO son un crimen
Presos políticos libertad
Un Nosotrxs sin Estado
Alto a la criminalización a la autonomía y autodeterminación de los pueblos
Alto a la estigmatización, señalamiento, hostigamiento y criminalización de representantes comunitarios.
La autonomía es un derecho, la detención arbitraria es un crimen de Estado
Al pueblo de San Pedro Tlalcuapan
A Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala
A los pueblos y comunidades que defienden la vida y el territorio
El día de hoy, 1 de marzo del 2024, se llevará a cabo la audiencia final en la que se definirá la libertad de los compañeros Saúl Rosales y Raymundo Cahuatzi, autoridades tradicionales del pueblo de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala que fueron encarcelados desde el 14 de julio del 2022, acusados de un delito que no cometieron.
Los compañeros han sido cuidadores y defensores del bosque de la Matlalcueitl y sabemos que ésa es la verdadera razón de la privación de su libertad.
La cárcel debería ser para quienes talan y permiten la tala de nuestros bosques, para quienes roban y contaminan el agua, para quienes entregan nuestro territorio al mejor postor y para quienes imponen la muerte para nuestros pueblos y comunidades. NO para quienes defienden la vida.
Para nuestros pueblos los bosques son sagrados, nos proveen de agua y alimentos, es nuestro hogar y el de miles de especies. En nuestros bosques se origina la vida, nuestra historia y cultura. Por ello los defendemos con la vida misma.
Hoy, los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de los compañeros Saúl y Raymundo.
No descansaremos hasta verlos libres.
ATENTAMENTE
La Autonomía de los Pueblos y la defensa de la vida NO son un crimen
En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad
Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.
Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.
De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.
Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.
Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.
Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.
Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.
Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.
“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.
También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.
Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.
Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.
Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.
A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.
“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.
Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.
Protección federal
Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.
Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.
“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.
En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.
Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.
Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.
Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.
Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.
La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.
Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.
En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.
En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.
A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.
Agua que fluye
La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.
“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.
“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.
Prisión preventiva
Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.
“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.
El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.
La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.
La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.
Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.
Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.
Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.
