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(Español) En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico
Por Ñaní Pinto
En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.
“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.
L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.
En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.
Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.
“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.
Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.
Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.
Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.
¿Diálogo o represión?
“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.
Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.
Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.
En contexto ⇒ Consultas indígenas amañadas para parques industriales en el Istmo
“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.
“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.
Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.
“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.
Negocios con delincuentes
Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.
“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.
Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.
“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.
Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.
A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.
(Español) En Campeche, denuncian amenazas y agresiones por parte de empresa beneficiaria del “tren maya”
Por Ángel Huerta
Ejidatarios de Don Samuel, División del Norte, Haro, Escárcega y Miguel Alemán, en el estado de Campeche, integraron un frente para denunciar extorsiones y amenazas por parte la empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar lo correspondiente al pago por derechos de vía para el proyecto “tren maya”.
En conferencia de prensa, realizada el pasado 2 de junio, Mariana Elena Hernández del ejido Don Samuel comentó que se integraron en grupo de ejidos en la defensa de sus derechos humanos y su territorio “para protegernos, con el fin de apoyarnos, dialogar, de compartirnos información. Estamos aquí para denunciar actos de corrupción, extorsión, engaños y fraudes por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fonatur”.
Hernández señaló que desde que inició el proceso, la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V., “se acercó, sin darnos información clara. Los ejidos y las autoridades de buena fe dejaron entrar y escuchar lo que nos traía el proyecto. Hasta ahí solamente nos comentaban que habría derrama económica, que pronto iniciarán los trabajos y nosotros nos quedamos a la espera de esta información, que hasta la fecha no es clara. No tenemos el alcance de los impactos sociales, ambientales, culturales que nos trae el proyecto, tampoco tenemos un diseño de lo que es el tren, las vías como el diseño final. Los comisariados fueron presionados para firmar convenios”.
En comunicado de prensa, l@s ejidatarios señalaron que “el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales”.
L@s denunciantes comentaron que se presentó una persona en las comunidades identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, quien en todos los casos buscó obtener autorización de las autoridades.
“Levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, hasta el momento no se ha entregado copia a los ejidatarios”, señala el comunicado de prensa.
Entre otras irregularidades, l@s ejidatarios señalaron la entrega de cheques a representantes ejidales, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos.
“El representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa”, denuncia el comunicado.
