El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza el derecho a la protesta social. La actualización legislativa penaliza con cárcel de hasta siete años y multas a quienes interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

También sanciona quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que interrumpan los servicios que operen en estas vías. Así que no se necesita que las vías de comunicación ya estén en funcionamiento, porque también se consideran como parte de estas vías “los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las mismas”, dónde el ejercito y la Guardia Nacional ya están custodiando.

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Esto implica que los campesinos e indígenas, quienes han protestados en las vías generales de comunicación, como los opositores a las megaobras del Tren Maya y el Tren Interoceánico, o las nuevas carreteras que ya se están construyendo, incurrirán en un delito.

Tras la aprobación de la reformas, Organismos de la Sociedad Civil para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) alertaron que “la aprobación de esta reforma por ambas Cámaras contribuye al discurso punitivista hacia el ejercicio de derechos y estigmatiza a quienes ejercen el derecho a la manifestación”.

Además, FLEPS ha remarcado que la protestas en las vías generales de comunicación es uno de los últimos recursos que restan para el derecho a la protesta de personas que viven en condiciones de pobreza, personas defensoras, mujeres y poblaciones racializadas, lo que las coloca en una mayor situación de vulnerabilidad.

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“Debe recordarse que bajo estándares internacionales la toma de las calles y vías, es una otra forma legítima de apropiación del espacio cívico, siendo ésta cualquier acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”, denuncia la FLEPS en un comunicado.

Las más de 20 organizaciones de la Sociedad Civil, quienes vienen documentando diversas violaciones a los derechos humanos, consideran que con este nuevo marco legal se están violentando acuerdos y tratados internacionales que el gobierno mexicano ha signado. “En consecuencia, condenamos la reciente aprobación del dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación”, denuncian.

El martes 14 de diciembre, la reforma fue avalada por la mayoría de senadores con 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El colegiado del Segundo Tribunal de Circuito en Materias Civil y Administrativa revocó la sentencia del juez 4º de distrito de Oaxaca, quien había decidido contra la explotación minera de la empresa Zalamera S.A de C.V, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, en 5 mil hectáreas del territorio del pueblo chontal.

Apegado a marcos jurídicos internacionales, este pueblo originario había apelado a su autonomía y a su autodeterminación, alegando sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía sin haberles informado ni consultado. Por tanto, el juez dictó sentencia favorable al pueblo chontal en febrero del año 2020.

“Esta fue una decisión histórica porque la determinación del juez defendió no solamente las comunidades directamente afectadas por la concesión, sino todo el pueblo chontal”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la organización civil Tequio Jurídico.

Sin embargo, la minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. Mañosamente, desistió de la concesión, “sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio, porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

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Y fue lo que pasó. “El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que el desistimiento de la concesión es algo que beneficia a las comunidades y que, por tanto, no hay ningún riesgo a la comunidad y ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esta concesión”, explicó Olivos.

“No estamos de acuerdo”, refiere la abogada con respecto a la argumentación de los magistrados. “Sabemos que es una estrategia de mala fe de la minera y no es la primera vez que ha pasado”.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía. Al ver que van perdiendo el juicio, desisten de la concesión y, consecuentemente, se suspende el caso, para después volver a hacer el pedido de concesión.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad me’phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio.

“La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, detalla Olivos.

La abogada sostiene que la defesa del territorio chontal debe continuar. “Seguramente no van a desistir del oro, plata, cobre, zinc y plomo que hay en este territorio”.

Por su parte, el pueblo Chontal ya decidió mediante actas que declaran su territorio prohibido para la minería. No quieren esta industria extractiva en su región.

En portada: Miles de migrantes haitianos subsisten en condición de calle, a la espera de transportes del INM para salir de Tapachula. Foto: Santiago Navarro F.    

Representantes de la Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT) exigieron respeto a sus derechos humanos. Denunciaron que las y los migrantes de Haití sufren constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo por parte de distintos organismos migratorios en Chiapas.

“Al llegar a México sufrimos de rechazo, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades. Hay una negativa de garantizar nuestros derechos más básicos, principalmente por parte del INM (Instituto Nacional de Migración), la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidades de Ayuda a Refugiados)”, denunció una integrante de la ARHT mediante conferencia de prensa realizada este miércoles (15).

En dicho evento, también expusieron las condiciones en que ocurre el flujo migratorio de miles de personas, nacionales de Haití, quienes huyen de la situación de violencia generalizada que existe en el país caribeño, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad política.

“Para salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio. Para llegar a México atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde América del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permitió establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte”, contextualizaron.

Durante la conferencia, una de sus principales demandas fue el llamado para la conformación de una mesa de diálogo con el INM, la COMAR y la representación en México de la ACNUR, para con ello construir soluciones a las problemáticas de la comunidad haitiana que se encuentra en Chiapas.

Maltrato

Los representantes de ARHT detallaron que el INM ha sido la institución encargada de frenar y obstaculizar los trámites de regularización de las y los migrantes haitianos, así como la responsable de realizar constantes operativos de detención contra los mismos.

Es durante las detenciones, señalaron, cuando reciben maltratos y arrestos violentos por parte de los funcionarios de migración. Además, enfatizaron que existen testimonios de migrantes quienes, a pesar de contar con documentos legales que garantizan su permanencia en México, estos son destruidos por parte de las autoridades. También denunciaron que los agentes de migración roban su dinero y teléfonos, maltratan a las mujeres embarazadas y a sus hijos, e incluso realizan deportaciones arbitrarias.

“Todo eso, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención, lo que implica que tenemos el derecho a no ser detenidos, ni deportados. Durante nuestros traslados, pasamos mucho tiempo en el autobús, sin comida ni agua potable con nuestros hijos menores de edad”, acusan.

En lo que respecta a la actuación de COMAR, la ARHT acusó que dicho organismo no respeta los plazos legales para iniciar el trámite de refugio, tampoco realiza las entrevistas ni dicta la resolución a sus procedimientos de acuerdo a una valoración adecuada de la situación de cada uno de ellos.

“Vemos que la Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales”, sostienen.

Entre otros detalles, también refirieron que aún cuando realizan el registro para la solicitud de refugio, la COMAR no proporciona fecha para realizar la entrevista para la residencia, por lo cual viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula.

Además, “la forma en que (COMAR) analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista”, denunciaron. De acuerdo a testimonios, las y los migrantes no son escuchados pues no cuentan con traductores ni tampoco se toma en consideración la violencia generalizada que se vive en Haití y que los obliga a migrar.

“Aunque existe violencia generalizada en nuestro país (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro país), COMAR no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien”, aseguraron mediante comunicado leído durante la conferencia.

Referente a la labor de ACNUR, los integrantes de la ARHT aseguraron que la oficina en México de esta agencia perteneciente a Naciones Unidas, ha actuado de manera discriminatoria, “muchos refugiados haitianos duermen en las calles porque la ACNUR no les brinda ayuda y sus hijos están sufriendo. Hemos observado que en la atención, la agencia no nos dan el mismo trato que a los latinos”.

Refugio

La ARHT es una organización conformada en agosto de este año y está integrada por 3,000 haitianos, quienes comparten la idea de residir en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, aún cuando recientemente el INM ha realizado intentos de reubicar a sus connacionales hacia otros estados del país.

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“Nosotros no aceptamos eso tampoco, por eso estamos aquí para luchar junto con ellos (…) vamos a seguir viviendo aquí por mucho tiempo aquí mismo en Tapachula; por eso estamos pidiendo para que nuestros hijos tengan derecho de ir a la escuela”, demandó Wesly Luc, integrante de ARHT, quien hizo énfasis en que debido a la demora en los trámites, existen personas en situación de calle.

La ARHT enfatizó que sólo tres por ciento de los haitianos que han llegado a Tapachula han sido seleccionados para recibir refugio. De acuerdo a datos de la COMAR, los migrantes de dicho país caribeño que solicitaron este trámite en 2021 alcanzó un total de 47,494 personas, quienes permanecen en situaciones precarias en la ciudad fronteriza.

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un comunicado publicado el lunes (13), alerta que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, impulsada por el gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, “se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista”.

El CIG ejemplifica la situación con dos territorios que fueron sometidos por el Estado mexicano y empresas extractivistas a estas estrategias: el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla, con la represión selectiva; la región zoque al norte de Chiapas, con la complicidad con grupos armado.

El Concejo alerta sobre la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.

“En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal”, describe en su comunicado.

El gobierno mexicano, denuncian los pueblos, a través de sus instituciones agrarias, “propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto”.

Denuncian, aun, la represión y persecución en contra de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo, “quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar”.

Los pueblos exigen el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteran su “rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida de nuestros pueblos”.

El pasado 24 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las 11 ministras y ministros del Pleno analizarán la controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial, publicado en mayo 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, ordena a la Fuerza Armada permanente -que incluye al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- “a participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”. Esta participación no puede exceder los cinco años desde la entrada en vigor de las reformas que crearon la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019.

El acuerdo especifica que las Fuerzas Armadas deben participar “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria”. Sin embargo, en el informe, “Poder Militar: La Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que en realidad “el Acuerdo Presidencial no se ajustó ni a la Constitución ni a la sentencia interamericana”.

Sofia de Robina Castro, abogada del Centro Prodh, precisó que el acuerdo de 2020 “en ningún momento establece como este uso es excepcional, como es que está delimitado en una cierta temporalidad, en un cierto espacio geográfico, a que decisiones establece su despliegue y, sobre todo, como es que va a estar subordinado a los elementos civiles.”

En el conversatorio, “Retrocesos en el modelo de seguridad desde los estándares internacionales” puntualizó: “Por el contrario, es una labor de coordinación que cada vez más vemos que va quedando en manos de las Fuerzas Armadas. Y todo este contexto es lo que nos hace suponer que estamos ante un modelo que sigue profundizando la militarización.”

A la controversia se suma una serie de otras acciones y amparos presentados por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil contra leyes y acciones que militarizan la seguridad pública en México. Este modelo de seguridad militarizada impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo es ineficaz, sino que crea condiciones idóneas para la violación reiterada de los derechos humanos, señalan expertas y expertos en la materia.

En lo que sigue, hacemos un recorrido breve por las pasos que han consolidado la militarización como una herramienta clave de la 4T, con la mirada puesta en los recientes acontecimientos.

“Militarización sin precedente”

La militarización de la seguridad pública tiene una larga historia en México. Sin embargo, en el informe “Poder Militar” el Centro Prodh señala que durante el sexenio de AMLO la militarización ha alcanzado “una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”.

Durante el conversatorio sobre los retrocesos en el actual modelo de seguridad, Castro destacó algunos de los principales actos que el mandatario ha tomado en este sentido. “Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas [en diversos ámbitos], pero además una reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional con elementos preponderantemente castrenses. Tenemos las posteriores leyes secundarias en donde de nueva cuenta se les da facultades a esta institución de la Guardia Nacional que confunde elementos de prevención y de investigación que no deberían de ser propias de una institución con esta características. Vemos cada vez más que las autoridades y los elementos que están al frente de cargos de altos mandos en la Guardia Nacional son castrenses”.

Como recuerda la abogada, la Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, cuando se publicó un decreto efectuando una serie de modificaciones constitucionales necesarias para extender las tareas reservadas para los cuerpos policiacos al nuevo cuerpo de seguridad. La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo del mismo año.

Aunque la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su entrenamiento, las plazas, el reclutamiento y las prestaciones, “algo así como el ADN de la institución”, según la investigadora de World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon- han estado a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina.

En su informe publicado en junio de 2021, el Centro Prodh cita varios hechos que desmienten la supuesta carácter civil de la Guardia Nacional. Lo que es más, todos los coordinadores estatales de la Guardia Nacional en los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, para aprobar de jure lo que ya es una realidad de facto, en junio del presente año el presidente adelantó que en 2023 presentará una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

Aunque la Guardia Nacional fue creada por reformas constitucionales y leyes secundarias, cabe señalar que hay instrumentos administrativos que “están teniendo tanta trascendencia como si se tratase de actos legislativos”, según afirma el Centro Prodh. El acuerdo presidencial de mayo de 2020 es uno de ellos. Este acuerdo da facultades a la Fuerza Armada Permanente para realizar doce de las cuarenta y cuatro facultades conferidos a la Guardia Nacional por la ley que la conformó.

Por lo tanto, la Fuerza Armada Permanente puede garantizar, mantener y restablecer el orden así como prevenir la comisión de delitos en una muy amplia gama de lugares que incluye “las zonas fronterizas, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, así como en los parques nacionales y otros lugares de carácter civil.

Las Fuerzas Armadas también están participando en tareas públicas civiles como la edificación de sucursales del Banco del Bienestar, la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 y la participación en programas sociales clave de la 4T como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El informe de Centro Prodh resume: “El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación es hoy la pieza fundamental de una militarización sin precedente.”

Megaproyectos en el sur de México

¿Cuál es el propósito de esta militarización excepcional?

Ana Esther Ceceña, economista y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, propone que los megaproyectos estrella de AMLO en el sureste mexicano jueguen un papel clave. En el informe, “Militarización del Sureste mexicano”, publicado en septiembre de 2021, señala que “la importancia económica, real o potencial, actual y futura de las megaobras proyectadas y, de alguna manera, ya en curso para esta región son una razón de gran peso para entender la creciente militarización, sobre todo por la resistencia organizada de los pueblos y comunidades.

Ceceña y sus colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rastrean la estrecha relación entre la imposición de megaproyectos y la militarización, en el marco de un enfoque regional de “seguridad interna” en el que los gobiernos nacionales ubican a los elementos desestabilizadores dentro de la población. Aunque en principio las políticas de seguridad interna dicen combatir el narcoterrorismo, funcionan sobre todo para proteger “los capitales y la propiedad privada de las grandes empresas frente a quienes resisten el saqueo desde los territorios afectados en nombre del desarrollo y el progreso”, según el informe.

Cabe señalar que López Obrador ha incrementado drásticamente la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación de megaproyectos de infraestructura, así como el presupuesto para esta participación. Este es el caso especialmente de los territorios del sureste, marcados por una alta proporción de población indígena y altamente afectados por el tráfico de personas y de drogas, como se documenta en “Militarización del Sureste mexicano”.

De hecho, el pasado 4 de noviembre AMLO anunció que el Tren Maya, los aeropuertos de Palenque y Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, así como el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México, serán administradas por una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente utilizó un discurso sobre la necesidad de blindar contra la futura privatización de estos bienes nacionales para justificar esta alarmante acumulación de poder en manos castrenses.

Bajó la misma lógica López Obrador firmó el pasado 22 de noviembre un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

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El acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar una autorización provisional de un año que permita al gobierno iniciar estos proyectos sin tener que esperar los dictámenes, permisos o licencias que generalmente se requieren.

Al calificar estos proyectos como integrales para la seguridad nacional, el acuerdo permite al gobierno reservarse la información sobre estos proyectos, restringiendo así el acceso a la información de la ciudadanía en general y de las comunidades afectadas en particular. De esta manera y al otorgar automáticamente la aprobación a los megaproyectos del gobierno, el acuerdo abre paso a la opacidad en la gestión de los proyectos públicos, establece un régimen de excepción en la regulación de los mismos y amenaza los derechos a la tierra y a la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios de los pueblos indígenas y agrarios, como señalan organizaciones de la sociedad civil en un comunicado publicado el mes pasado.

El doble discurso del interés público y la seguridad nacional que justifica este abuso de poder está inextricablemente ligado a la militarización sin precedentes del país por parte del presidente. Concluye Ceceña: “Constatamos con preocupación que no hay ningún intento por detener estas obras a pesar de la demostración de su naturaleza altamente depredadora, y que, para complicar aun más el mosaico de conflictividad, no serán posibles sin una amplia militarización de la zona, que ya está ocurriendo, pero que apunta a un establecimiento más permanente con la multiplicación de cuarteles y la fijación de tropas, y que pone en riesgo a la sociedad, las culturas, historias y           riquezas de las ricas tierras del Sureste”.