El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.

El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).

En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.

Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.

El pasado miércoles (2), la Comisión Europea confirmó su postura para mantener la clasificación de la energía nuclear y gas natural como inversiones “verdes”, pues las considera como elementos claves para la transición energética.

Dicha acción causó polémica entre múltiples actores. Desde la crítica de organizaciones ambientalistas por considerar que fuentes energéticas como el gas son agravantes de la crisis climática, así como posiciones en contra de varios Estados dentro de la Unión Europea (UE) por el historial de accidentes en el manejo de la energía nuclear.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacó que la decisión ayudará a impulsar la inversión privada en los sectores del gas y la energía nuclear. “Nos permitirán abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; en favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”, remarcó la funcionaria alemana.

La Comisión puntualizó que esta decisión es solo por un periodo limitado de tiempo y en condiciones para contribuir a la descarbonización de la economía.

En contraposición, la organización Amigos de la Tierra manifestó su rotundo rechazo a la medida. “Es una broma de mal gusto que un combustible fósil como el gas y que una de las energías más peligrosas y contaminantes, la nuclear, pasen a catalogarse energías sostenibles que pueden promover la transición energética”, declaró mediante comunicado.

“La inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía [de inversiones sostenibles de la Unión Europea] es cada vez más difícil de explicar como otra cosa que un regalo a dos industrias desesperadas con poderosos amigos políticos, y representa el mayor ejercicio de lavado verde de todos los tiempos”, denunció Greenpeace.

¿Sustentables?

La Comisión Europea señaló que basó su decisión con asesoramiento científico, apelando a los avances tecnológicos y a la inversión privada. Según Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, “es necesario utilizar todos los instrumentos a su alcance” para cumplir con la meta de la UE para alcanzar la neutralidad climática en el año de 2050.

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Sin embargo, desde enero, un grupo de países integrado por España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionó en contra de la propuesta de la Comisión Europea. Mediante carta pública, los países indicaron que se corre el riesgo de provocar un bloqueo tecnológico durante décadas debido al amplio ciclo de vida de las instalaciones gasísticas o nucleares.

En el documento, también destacaron los accidentes nucleares ocurridos en Chernóbil (1986) y Fukushima (2011), resaltando el problema para gestionar los desechos radioactivos.

Para Amigos de la Tierra, es especialmente preocupante la energía nuclear pues supone una amenaza para otros objetivos ambientales y no respeta el principio de “no hacer daño significativo”, contemplado en la taxonomía de inversiones sostenibles de la UE.

De acuerdo a la perspectiva del grupo ambientalista, se deben explorar alternativas para la producción energética, tales como las “comunidades energéticas” cuyo objetivo es capacitar a las poblaciones para democratizar la transición energética, colocando los beneficios económicos, sociales y medioambientales como prioridad.

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La reciente propuesta de la Comisión fue presentada tras dos años de discusión interna y pasará a ser definitiva si en un periodo de cuatro meses no se reúne una mayoría que la rechace. Para esto, el Consejo necesita que al menos 20 países, que representen al menos al 65% de la población europea, se posicionen en contra. También el Parlamento Europeo podría rechazar la propuesta si consigue 353 diputados que presenten esta postura.

La empresa Sac-Tun, subsidiaria de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, explota una mina de materiales pétreos para la construcción en la selva de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, mantiene sus operaciones de extracción y envío marítimo, a pesar de que la concesión federal para la exportación ya se le venció.

En la conferencia mañanera el lunes (31), el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la empresa tiene un predio de 4 mil 200 hectáreas dividido en tres concesiones, dos de las cuales están vencidas y una que de forma irregular no tiene plazo de vencimiento. Además, posee la concesión de un muelle para exportar los materiales obtenidos a Estados Unidos, el cual también está operando sin permisos de exportación.

La empres exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava. Una investigación del periodista Xavier Méndez Camacho, realizada para el periódico El Despertador de Quintana Roo, en 2018, demostró que la empresa fornecía material al gobierno de Donald Trump para la construcción del muro a lo largo de la frontera con México.

El terreno en el cual la empresa opera sin permiso está ubicada aproximadamente a un kilómetro del Caribe. Ha extraído tal cantidad de material pétreo que ya acabó con el suelo a tal grado de que, el acuífero que cuza por esa zona, brotó y, ahora inunda gran parte del terreno de la mina con agua de color azul turquesa.

El gobierno federal se niega a renovar las concesiones alegando que la actividad causa daños ambientales, lo que ocasionó que la empresa demandara a México en un tribunal internacional para exigir una indemnización de mil 500 millones de dólares. “No se va a permitir nada de extracción a partir de marzo”, dijo Obrador.

Para evitar que la demanda contra México continúe en tribunales internacionales, el gobierno federal hizo una propuesta a la empresa. “Ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que puedan realizarse con la conformidad de las normas”, dijo el presidente.

De acuerdo con el mandatario, la empresa dará a conocer a sus acciones la propuesta. Si aceptan, se “espera que quiten las demandas y sino vamos a defendernos legalmente como se está haciendo”, sostuvo.

Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.

“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.

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El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.

Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.

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A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.

En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.

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El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.

Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de  Juchitán]”, sostiene.

De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.

Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.

Lo que sigue

Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.

Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.

“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.

Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.

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Antecedentes

Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.

Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.

Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización  Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.

El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.

Energía para la industria

El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.

“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.

En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.

A inicios de 2022 el Banco Mundial (BM) alertó que, al entrar al 3er año de pandemia, las previsiones no son tan buenas. La producción mundial de mercancías y servicios, reflejado en el indicador de “crecimiento mundial”, se desacelerará drásticamente. Los llamados mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), serán las más afectadas. También subrayó que, con el fin de fortalecer la recuperación mundial, se continúa promoviendo “una recuperación verde, resiliente e inclusiva”.

En el informe del BM presentado este año 2022, llamado Perspectivas Económicas Mundiales, puntualiza la necesidad de salir de la crisis a través de políticas económicas verdes. “Dirigir el crecimiento hacia una dirección verde, resiliente e inclusiva requiere un menú de políticas estructurales que faciliten la transformación digital, aceleren la transición verde y aumenten la movilidad laboral”, reza el informe del BM.

La justificación de este organismo supranacional reside en sus proyecciones. “Se espera que el crecimiento mundial se desacelere del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022 y al 3,2 % en 2023”. Se percibe una larga caída que podría rebasar hasta el año 2023.

Además de los rebrotes continuos de COVID-19, una elevada inflación, niveles de deuda sin precedentes y una mayor desigualdad de ingresos para los países en vías de desarrollo, el BM alerta, “estrés financiero relacionado con la deuda; interrupciones por fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales”.

De no implementar el paquete de reformas estructurales, los Estados nación sufrirán caídas económicas severas, señala el BM. “En el mediano plazo, la falta de implementación de mejoras de productividad y otras reformas necesarias obstaculizarán el crecimiento”, dice el documento.

Se prevé que la severidad de los desastres relacionados con la crisis ambiental y climática, se recargará con más agresividad hacia los países llamados MEED. El Banco Mundial advierte que en Centroamérica y el Caribe, los riesgos por las consecuencias relacionadas con la crisis ambiental y climática, van desde “un aumento del nivel del mar, tormentas extremas más frecuentes, inundaciones costeras y erosión en el futuro”, mientras que “partes de América del Sur, incluidas las zonas agrícolas, se enfrentan a un riesgo creciente de sequía”.

Soluciones verdes

Este organismo apela a los gobiernos, a la sociedad civil y a las empresas para trabajar en conjunto para acelerar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (UKCOP 2021) como una solución al conjunto de crisis que actualmente se atraviesa a nivel global.

Lo más apremiante, según el Banco Mundial, es que “la comunidad internacional puede ayudar a ampliar el financiamiento y el desarrollo de capacidades necesarias para fomentar recuperaciones económicas verdes y resilientes en los MEED, incluso mediante el aumento de las inversiones verdes y la facilitación de una transición hacia la energía verde”.

El conjunto de políticas verdes que se han venido implementando, apegados a la Agenda 2030 de la ONU, se han justificado, en primera instancia, para reducir las emisiones de carbono, asegurando que con las “energías verdes” se logrará esto. Pero el ritmo de crecimiento y de explotación de recursos naturales (bienes comunes) no se cuestionan.

Las medidas verdes hacia las empresas y gobiernos más contaminantes han sido permisibles, en nombre del “desarrollo sostenible”. De acuerdo con el documento del BM, lo que se ha implementado son los llamados “impuestos sobre el uso de energía, los impuestos sobre el carbono y los precios de los permisos de emisión negociables”, el organismo argumenta que, estos impuestos (que funcionan como permisos de contaminación) “también son importantes para garantizar una transición ecológica sin problemas”.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, “la extracción mundial de recursos se ha triplicado de 27 mil millones de toneladas en 1970 a 92 mil millones de toneladas en 2017”, una explotación exponencial de recursos que el “desarrollo (sostenible)” continúa exigiendo.  Es ahí dónde se han reflejado los índices de crecimiento económico y las capacidades de consumo.

Contabilidad ambiental

Mientras tanto, según las políticas verdes, existe la necesidad de incrustar a los ecosistemas que restan en el planeta como prestadores de servicios. Desde 2018 la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CENU) implementó el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico 2012 – Contabilidad Experimental de Ecosistemas (SEEA EEA).

Esta iniciativa tuvo por objetivo, hasta 2021, “desarrollar un marco estadístico consensuado para la contabilidad de los ecosistemas, incluida la terminología, los conceptos, las definiciones y las clasificaciones acordadas para los activos y servicios de los ecosistemas tanto en términos físicos como en términos monetarios utilizando un enfoque contable”, anunció la CEPAL al concluir esta meta.

En diciembre del mismo año 2021, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de la CEPAL, en el Foro Nacional sobre la Contabilidad del Capital Natural y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, aseveró que, “la Contabilidad Ecosistémica ofrece un marco que incorpora una visión sistémica, al integrar datos biofísicos; evalúa acervos, flujos e interacciones entre los elementos del capital natural, su integridad y los vincula con actividades económicas”.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL argumentó que, esta iniciativa, pretende visibilizar lo que la economía neoclásica llama, “fallas de mercado”, es decir, los costos que dejan detrás todas las cadenas productivas y nadie se hace cargo. “Se trata de avanzar en la estandarización de datos, modelos y valorización para introducir el capital natural en los sistemas de cuentas nacionales y contabilizar las interacciones con la naturaleza para rebalancear la demanda social con la capacidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios”, expresó Bárcena.

Aquí la pregunta obligada es ¿quién estará a cargo de la administración de estos espacios y de sus supuestos servicios?, la realidad es que, las “comunidades indígenas son las que sostienen el 80% de la biodiversidad remanente del planeta y el 17% de los depósitos de carbono naturales de la Tierra”, como lo documentó la Organización No Gubernamental (ONG) The Nature Consevancy. Esta organización, entre otras, como El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), vienen acaparando tierras indígenas y declarando “Áreas Naturales Protegidas”, “Parques para la Paz”, “Santuarios”, entre otros.

Las medidas que se han tomado en las diversas Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde 1995 hasta el 2021, en ningún momento se ha planteado poner un tope a la producción de mercancías, sino solo impuestos. De la misma forma, no hay una sanción para los mayores contaminantes del planeta. Pero si existen servicios ambientales que funcionan como “permisos de contaminación”, con los llamados “créditos de carbono” que se emiten, por ejemplo, de las Áreas Naturales Protegidas. Así es como se viene materializando la Contabilidad ambiental y las políticas verdes, mercantilizando a tope los últimos ecosistemas que restan en el planeta.