La Tierra Indígena Yanomami (TIY), en la Amazonia brasileña, fue uno de los territorios más afectados por los “garimpeiros” (buscadores de oro clandestinos) en 2021, de acuerdo con el informe Conflictos en el Campo Brasil 2021, realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Demarcada en 1992, la TIY es la mayor de Brasil en área, con 9,6 millones de hectáreas en donde viven los indígenas Yanomami y los Ye’kwana. También consta la presencia de ocho grupos de indígenas aislados en la selva, uno de los cuales son conocidos como indígenas Moxihatëtëa.

La actividad clandestina de extracción minera está en acelerada expansión en el país por lo menos desde 2012, con impacto significativo sobre la Amazonia. Durante 2020, el Centro de Documentación de la CPT – Don Tomás Balduino había registrado 9 muertes en consecuencia de conflictos del campo, la mayor parte dentro del estado de Amazonas (6).

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En 2021 fueron registradas 109 muertes en consecuencia de conflictos, lo que significa un aumento de 1,110%. Del total, 101 muertes fueron registradas dentro del estado de Roraima, en la Amazonia. Todas de indígenas Yanomamis. Todas causadas por acciones de buscadores de oro clandestinos.

Desde 2020, la Asociación Hutukara alerta a las autoridades de los riesgos de la escalada de violencia en las regiones de la TIY donde la extracción minera ilegal, el “garimpo”, ha avanzado. Según datos obtenidos por el Sistema de Vigilancia de la Minería Ilegal dentro de la TIY, el cauce del río Uraricoera es la región más afectada por la actividad, concentrando un 45% de toda la área degradada por la minería ilegal dentro del territorio indígena yanomani.

Apiaú es otra región que sufre amenazas por la presencia de minería ilegal. En noviembre de 2021, una comitiva de líderes informó a Hutukara sobre el deterioro de las condiciones de vida comunitaria en la aldea Serriña, con distribución de alcohol y de drogas traídas por mineros que usan la comunidad como dormitorio.

En la misma ocasión, los líderes informaron sobre el asesinato de tres indígenas del grupo aislado Moxihatëtëa en agosto de 2021.

Conflicto

En 2021 fueron registrados un total de 1,768 conflictos en el campo en todo el país, involucrando 897,335 personas. De acuerdo con Carlos Pinto, coordinador del Centro de Documentación – Tomas Balduino, de la CPT, el informe considera como conflicto “la relación de disputa por la tierra, por el territorio”.

El agente causador del conflicto es, generalmente, el “latifundiario [gran propietario de tierras]”. En esta relación, “entre opresores y oprimidos”, se da, según Pinto, el conflicto en el campo. “Registramos entonces la violencia en esta relación, en tres ejes: agua, tierra y trabajo”, explica.

Asesinatos

En 2021, la violencia contra personas fue brutal. Sólo dentro de los estados de la Amazonia Legal hubo 28 asesinatos, 80% del total. La actuación de “pistoleros por encargo” y de las llamadas “agromilicias”, así como de agentes públicos, ocasionaron 35 asesinatos por conflictos en el campo en Brasil, durante el año 2021.

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Durante este período hubo, todavía, 27 tentativas de asesinato y 132 amenazas de muerte. También fueron registradas 75 agresiones físicas con diversos heridos, inúmeras intimidaciones y humillantes intentos de subyugación, con 13 registros de tortura practicadas principalmente por agentes privados de grandes propiedades, terratenientes identificados como “fazendeiros”. En este año de 2022, según datos parciales, ya son 14 los asesinatos en conflictos del campo.

El número de personas sin-tierras asesinadas aumentó un 350% de 2020 para 2021, pasando de 2 a 9; y el número de pequeños agricultores sin título de propiedad aumentó 500%, pasando de 1, en 2020, para 6, en 2021. Aumentó, también, el número de torturados, pasando de 9 a 13, un aumento de 44%; y de agredidos, que de 54 pasaron a 75, con aumento de 39%.

Trabajo esclavo

En 2021, la fiscalía del trabajo rescató 1,726 personas. Este es el mayor número desde 2013. Un aumento de 113% en relación a la cifra de 2020. Fueron 169 casos de trabajo esclavo en ambiente rural en 2021, un aumento de 76% en relación al año anterior.

Del total de rescatados de esta práctica criminal, 64 eran niños y adolescentes. Las regiones Sudeste y Centro-Oeste concentraron el mayor número de menores de edad esclavizados, 19 en cada una.

Desalojos

Durante 2021 hubo 2,143 familias desalojadas judicialmente, más de 12% en relación al año 2020. Del mismo modo hubo un aumento de 18% de la cantidad de familias expulsadas violentamente en 2021. El número pasó de 469, en 2020, para 555 en 2021.

Más de 71 millones de hectáreas estuvieron o están en situaciones de conflicto, lo que equivale a 8,35% del territorio nacional. Las tierras indígenas constituyen la mayoría aplastante de estas tierras que sufrieran intrusiones con violencia y agresivos saqueos, correspondiendo a 81% de las áreas en situación de tensión social y conflicto.

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Los llamados sin-tierra constituyen la segunda categoría de identidad con más áreas bajo cruenta presión y conflicto. El total de familias afectadas por las ocurrencias de conflictos de tierra, en el curso de 2021, refleja la creciente tendencia de los últimos cinco años, correspondiendo a 164,782 familias, siendo que 17,706 de las cuales están amenazadas de desahucios judiciales.

Por lo que respecta a los datos sobre el número de familias implicadas en conflictos por tierra en los últimos diez años, hubo aumento de la cantidad de familias que sufrieron invasión de sus tierras desde el inicio del actual gobierno (2019- 2021): 206% más que en relación a 2018.

En cuanto a la ocurrencia de conflictos por tierra en Brasil en el último bienio, entre los cinco primeros estados con mayores números (Pará, Maranhão, Bahía, Mato Grosso e Rondônia), cuatro están en la Amazonia Legal.

En 2021, la Amazonia registró 52% de los conflictos por tierra de Brasil y 61% del número de familias envueltas. Cuando se observa la cantidad de terreno de áreas en disputa, la escala de los conflictos muestra todo el motivo de las disputas por tierras y territorios en la región.

En la Amazonia ocurrieron, todavía, 64,5% de las amenazas de expulsión, 63% de las contaminaciones por agrotóxicos, 78% de la deforestación ilegal, 87% de las expulsiones, 81% de las “grilagens” (acaparamiento ilegal de tierras), 82% de las invasiones, 69% de los registros de sicarios y pistoleros, 73% de las omisiones/connivencias del Estado y 70% de violaciones de las condiciones de existencia.

Resistencia

Las acciones de ocupaciones y retomadas tuvieron un aumento expresivo en 2021. En total pasaron de 29 en 2020, para 50 en 2021, con aumento de 72%, y de 1,391 familias en 2020, para 4,761 familias en 2021. Un aumento de 242%.

Conflictos por agua

En 2021 se registraron 304 conflictos por agua en Brasil, involucrando a 56,135 familias, de acuerdo con los datos de la CPT. En 2020 fueron 350 conflictos con 56,292 familias.

Alrededor de 30% de los conflictos por agua fueron provocados por empresas mineras internacionales, 19% por sectores empresariales, 14% por grandes propietarios de tierras, 10% por instalación de hidroeléctricas, 9% por entidades gubernamentales (federales, estatales y municipales) y 8% por la acción de “garimpeiros” (minería clandestina).

En relación a los principales afectados por los conflictos por agua, destaca el predominio de las comunidades tradicionales.

El Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decidió mantener la suspensión de operaciones que fue impuesta a la mega granja porcícola, de manera que la fábrica de cerdos permanecerá cerrada en lo que concluye el juicio de amparo promovido por niños y niñas mayas de Homún, Yucatán, contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo).

El argumento principal para la suspensión de la mega granja es que viola los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.

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En 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La empresa, entonces, pidió la revocación de la suspensión de sus actividades.

De acuerdo con la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que asesora jurídicamente a la comunidad, el Tribunal determinó que dicha compañía no aportó pruebas de hechos novedosos que “derribaran” los tres pilares que sostienen la suspensión impuesta a la fábrica de cerdos.

El primero, que la planta de tratamiento de aguas residuales no estaba concluida al momento de iniciar operaciones. El segundo, que no se hizo la consulta previa a la población maya de Homún. El tercero, que ante el riesgo de que el funcionamiento de la granja podría afectarse al medio ambiente y por lo tanto, debía aplicarse el principio precautorio.

Sobre el primer pilar, relacionado con la planta de tratamiento, el Juez explicó que la prueba otorgada por Papo, un documento emitido en abril del 2021 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no es novedosa, pues está basada en hechos pasados.  Solamente relata que, en el 2017, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) consideró viable la planta de tratamiento al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de la fábrica de cerdos. Además, no se aportaron exámenes periciales o científicos que garanticen que dicha planta evitará la contaminación del aire u otros impactos ambientales.

Respecto al segundo pilar, la empresa aseguró que en su momento, la Seduma publicó la MIA de la mega granja en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. También alegó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no tiene la obligación de realizar una consulta indígena.

El Juez respondió que la consulta pública realizada por la Seduma no es equivalente a una consulta indígena, la cual, según la normativa internacional, tiene que ser previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe respetando el derecho a la autonomía del pueblo maya y con el fin de obtener el consentimiento del pueblo.

En cuanto al principio precautorio, se resaltó que la empresa Papo tampoco logró comprobar que existen las condiciones para afirmar que el principio precautorio está superado, pues no sólo se debe contemplar la contaminación del suelo y el agua, sino también del aire.

En un comunicado, el pueblo Maya de Homún sostuvo que la resolución “resulta crucial para los pueblos mayas de la península que enfrentan industrias extractivas que imponen proyectos en su territorio y ponen en riesgo la salud, el agua, el aire y al medio ambiente en general”.

El pueblo maya de Homún resalta que las pruebas utilizadas por la empresa, en todos los intentos de eliminar la suspensión, han tenido en común la participación del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, argumentando que la planta de tratamiento de aguas residuales ya está terminada.

“La población de Homún exige al Gobierno del Estado de Yucatán no ser cómplice de la empresa Papo y respetar su derecho a la libre determinación”.

El juicio principal todavía continúa, bajo la medida cautelar que suspende las actividades de la mega granja.

Fuente: Avispa Midia

^{por Thomas Bauer}

^{En portada: Don Antonino, ganadero de la comunidad de Fondo de Pasto de Bom Jardim, en Canudos (Bahía). (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)}

El polvo y el ruido ensordecedor atormentan a las comunidades conocidas en Brasil como Comunidades de Fundo de Pasto en las cercanías de las obras de Voltalia, una multinacional francesa que opera en el sector energético. La construcción de un complejo eólico entre los municipios de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha, en el interior de Bahía, tiene el potencial de causar un daño aún mayor, amenazando el modo de vida tradicional de la población y la preservación del ave conocida como Guacamayo de Lear, en peligro de extinción.

La página web de la multinacional afirma que se fundó en 2005 y está presente en 20 países, con el objetivo de “mejorar el medio ambiente global promoviendo el desarrollo local”. El principal accionista de Voltalia es Creadev – www.creadev.com -, una sociedad de inversión fundada por una familia francesa. Los Mulliez poseen 130 marcas, entre ellas Decathlon y Leroy Merlin, y sus ingresos anuales rondan los 100 mil millones de euros.

Desde que era un niño, Antonino Carvalho ha pastoreado ganado en “terra de eréu”, extensiones de tierra que nunca tuvieron dueño:

“Este lugar nos pertenece a todos. Ahora los cabrones lo han invadido todo y hemos perdido nuestro lugar en esta ‘terra de eréu’. Los de fuera nos están dejando sin futuro. En unos días más, sólo podremos criar gente porque se cría en la casa”, se lamenta.

El ganadero Antonino ha participado en varios documentales y ha dado su testimonio en varios libros sobre ganaderos. Hoy, a la edad de 66 años, está angustiado por el impacto de las obras de Voltalia en la región:

“El ganado no aguanta el ruido. El ganado se asustó y huyó. Ya hemos capturado animales que llegan a [el estado] Sergipe. Y no sólo una vez”, relata.

El drama de los pueblos tradicionales comenzó a finales de 2018, cuando la multinacional energética presentó ante el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos (Inema) la solicitud de licencia previa de instalación. También solicitó la autorización de gestión de la fauna para el complejo, compuesto por 97 aerogeneradores (turbinas que convierten la energía cinética del viento en electricidad) y once parques eólicos.

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El inicio de las obras para la instalación de las turbinas en las centrales Canudos I y II está afectando directamente a las comunidades de Bom Jardim, Angico, Toca Velha, Pedra Sozinha, Toca da Onça, Raso, Rio do Suturno, Alto Redondo, Barriguda, Rosário, Aroeira (Canudos) y Angico Silva (Jeremoabo).

Maria Pereira nació, creció y sigue viviendo en Toca da Onça, y dice que le asustó el repentino interés por las tierras de la región y la cantidad de gente extraña que deambulaba por la localidad.

Su familia sufrió acoso para vender la propiedad:

“Un muchacho estuvo allí. Habló con mis hermanos y les preguntó si no queríamos vender. No podemos vender porque es donde vivimos. Si vendemos, ¿a dónde iríamos?”, cuestiona.

Independientemente de las negativas, se está produciendo un gran movimiento de apertura de caminos y carreteras, de instalación de vallas en la región y de deforestación.

“Mucha gente ya ha vendido su ganado porque no hay otro lugar donde criarlo, ¿verdad? Si terminan de despejar el resto de la vegetación para cercar el bosque, se acabó. No habrá movimiento ni siquiera para el sustento del ganado y para nosotros, que dependemos de la ganadería”, dice María Pereira.

La expresión fundo de pasto tiene un significado similar al de fondo de pateo, donde hay pastizales. Los antiguos habitantes construían sus casas cerca de las fuentes de agua necesarias para la supervivencia. Y contaban con la parte trasera de sus casas que daban a grandes extensiones de terreno para los animales. Además, en estas tierras de uso común, cultivaban pequeños campos de frijoles, yuca, maíz y calabaza, entre otros alimentos.

La historia de los conflictos, a menudo ligados a la especulación, y la presión sobre las áreas de uso común de pastoreo consternan a los residentes que lograron unir la generación de ingresos con la preservación de la catinga (vegetación y ecorregión en el noreste brasileño), asegurando el equilibrio del medio ambiente durante casi dos siglos.

La disputa se intensificó en la década de 1960, con la participación del Estado. Siempre acompañados por el discurso de minimizar los efectos de la sequía en la región semiárida y promover el crecimiento económico, se crearon diferentes programas, entre ellos el Projeto Sertanejo.

Lo explica José Adelson, vecino de Alto Redondo:

“Fue un incentivo. La asignación de préstamos a los pequeños agricultores y productores, de hecho, se quedó sólo en el papel. Quienes accedían a ellos eran personas que no tenían actividad rural y desviaban los fondos. Invirtieron en otra cosa y adquirieron tierras. Una vez que compraban una pequeña área, rectificaban las zonas y empezaban a especular hasta encontrar un comprador”.

La financiación iba acompañada de la “ley del pie alto”, también llamada “ley de los cuatro hilos”. Se trataba de normas municipales que favorecían la ocupación de las tierras por parte de los grandes ganaderos. La nueva normativa obligaba a criar cabras y ovejas sólo en zonas delimitadas, para evitar daños en otras propiedades. En la práctica, la exigencia de cercar la tierra con cuatro hilos de alambre también preveía que los pequeños animales que la sobrepasaran pudieran ser sacrificados. Esto hizo inviable el modo de vida de los pueblos tradicionales de Fundo de Pasto.

“Sabemos que en la región semiárida las lluvias son localizadas. Por lo tanto, si no se dispone de una zona de pastos para la producción, a menudo la lluvia caerá donde los animales no pastan. Pero si lo tienes, se moverán libremente y no tendrás un rebaño pasando hambre y otro con la barriga llena”, garantiza Adelson, que insiste en criar su rebaño de cabras en un espacio cada vez más reducido.

Son principalmente las áreas de pastoreo, utilizadas por los residentes de las comunidades tradicionales de forma colectiva, las que garantizan la supervivencia de todos. En contra de esta realidad y costumbre, en cuanto Voltalia llegó a la región, publicitó una mejora de la vida con la creación de puestos de trabajo. Las cifras anunciadas estaban por debajo de la realidad y la disputa por los pocos puestos de trabajo creó divisiones internas en las comunidades. Según la publicación trimestral “Voltalia Informa”, de diciembre de 2021, se produjo la contratación de unas 400 personas, muchas de ellas procedentes de otras ciudades y regiones. Los empleados equivalen al 16,6% de los residentes de las comunidades tradicionales.

Hábitat de las guacamayas

La iniciativa del proyecto Jardines del Guacamayo Lear es un ejemplo de generación de ingresos de forma sostenible. Junto con las comunidades, buscan alternativas viables a las acciones que degradan el medio ambiente. Según Marlene Reis, de 42 años, integrante del grupo, más de 120 familias participan en el proyecto. Las artesanías producidas se exponen y venden en dos tiendas propias y garantizan los ingresos de los participantes.

“Me preocupa mucho la intención de la empresa francesa de instalar un parque eólico exactamente en el lugar donde se encuentra el Guacamayo de Lear. Es en la región donde más vuelan las aves de un refugio a otro y a las zonas de alimentación” – dice Marlene, mostrando un mapa elaborado por el proyecto.

Ante esta preocupación, los miembros del grupo buscaron a los representantes de Voltalia en 2019.

“Queríamos saber la proporción del parque. Y sugerimos que no estuviera en esta ubicación porque ni siquiera hace falta ser un científico para ver que hay una amenaza para nuestros guacamayos. Pero, desgraciadamente, nuestra opinión no fue respetada por la empresa” – dice Marlene, decepcionada.

La agricultora Maria Ribeiro tiene una pasión especial por el Guacamayo de Lear. Dice que no hay día en que no sobrevuelen su comunidad:

“A veces pasan dos, a veces seis. Siempre las veo moverse”, dice.

María comparte con ellos el maíz que siembra y garantiza que nunca los ha ahuyentado de sus cultivos, porque las aves forman parte de la naturaleza. Cuando se enteró de la posible instalación del parque eólico, pensó inmediatamente que los guacamayos serían los más afectados, así como otras aves.

El primer dibujo de un Guacamayo de Lear fue realizado por el ilustrador Edward Lear a principios de la década de 1830, en un zoológico de Londres. Pronto, los delicados rasgos que representan al ave llamaron la atención de zoólogos y biólogos, que desconocían su origen. Veintiséis años más tarde, el francés Charles Lucien Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón, fascinado por la imagen, describió con detalle la especie a partir de animales disecados. Este zoólogo denominó a la especie Anodorhycus leari. El misterio sobre el hábitat del guacamayo se mantuvo.

Sólo en 1978, por tanto, unos dos siglos y medio después, el ornitólogo alemán, naturalizado brasileño, Helmut Sick¹ se adentró en el sertão (región semiárida del nordeste brasileño), siguiendo las pistas dadas por los lugareños, y descubrió la especie amenazada en las laderas. La expedición de Sick contó con la ayuda de Eliseu Alves, padre de Eurivaldo Caboclo Alves, de 50 años, responsable de la estación biológica de la ONG Biodiversitas, en Toca Velha. Caboclo es uno de los encargados de preservar la zona y proteger la especie. Recuerda que cuando Sick llegó a la Fazenda Angico Descascado, donde vivía Eliseu, vio por primera vez seis guacamayos.

“Mi padre dijo que sabía dónde estaban y lo llevó a Toca”, dice.

Recomendaciones ignoradas

Ante las violaciones practicadas por la multinacional francesa, entidades como la Articulação Estatal de Comunidades Tradicionais de Fundos e Fechos de Pasto, la Asociación de Abogados de los Trabajadores Rurales del Estado de Bahía, el Instituto Regional de la Pequeña Agricultura Apropiada, el Instituto Popular Memorial de Canudos, la Fundación Biodiversitas, la Comisión de Tierras Pastoriles y el Movimiento Salvemos las Montañas han solicitado al Ministerio Público del Estado (MPE) que tome medidas.

Entre las normas violadas por Voltalia se encuentra la no realización de la consulta previa a las comunidades como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la no realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la no divulgación del Informe de Impacto Ambiental (Rima, por sus siglas en portugués), exigido por la resolución 4.579, del Consejo Estatal del Medio Ambiente (Cepram) y requerido para el otorgamiento de una licencia en emprendimientos como éste.

Las denuncias fueron aceptadas por el fiscal regional de Medio Ambiente de Euclides da Cunha, Adriano Nunes de Souza, y la fiscal Luciana Espinheira da Costa Khoury. Ante esto, el 19 de julio de 2021 se emitió la recomendación 01/2021, anexa a la investigación civil ya abierta. En ella, el MPE dice que es necesario reexaminar el proceso de concesión de licencias para suspender o cancelar la licencia medioambiental de Voltalia. También sugiere una consulta previa con las comunidades y recomienda que la empresa se abstenga de implantar el parque eólico.

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La multinacional francesa e Inema hicieron caso omiso de las recomendaciones y las obras se aceleraron. Recientemente, los vecinos de las comunidades fueron sorprendidos por un anuncio difundido por whatsapp, en el que la empresa informa:

“Hola residentes de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha. Voltalia informa de que las obras de los parques eólicos I y II avanzan hacia la fase final. Tras la finalización de la fase de cimentación, estamos iniciando la fase de montaje de las 28 torres eólicas, también llamadas aerogeneradores. Los aerogeneradores están formados por grandes componentes que pueden alcanzar los sesenta y cuatro metros de longitud. Así que esté atento a las grandes cargas que circulan por las carreteras”.

Indignados con la actitud y la falta de respeto de la empresa y de la agencia estatal de medio ambiente, los miembros de las comunidades tradicionales esperan que los tribunales concedan un amparo para suspender la obra, antes de definir la reubicación de la empresa en un lugar que cause menos impacto.

^{1 – Sick es considerado el principal científico brasileño del siglo XX. Antes, sin embargo, fue detenido por el gobierno brasileño, durante la Segunda Guerra Mundial, sospechoso de espionaje sólo por ser alemán.}

^{Edición: Paulo Oliveira – Meus Sertões}

^{Este reportaje forma parte de un trabajo conjunto entre CPT Bahia y Meus Sertões.}

^{Publicado originalmente el 29 de marzo de 2022, en el site de la CPT Nacional. Traducido por Avispa Midia.}

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.

La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.

De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.

“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.

En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.

Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.

Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.

El conflicto

En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.

Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.

En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.

El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.

Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.

“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.

Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.

La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.

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En portada: Ambientalistas protestan contra la deforestación provocada por las obras del tramo 5 del tren maya.

En el seminario Tren Maya: análisis de los impactos desde la academia, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron, de nueva cuenta, sobre los riesgos más allá de las vías férreas, con mayor presión sobre los territorios y bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.

“Por esta razón buscamos con este seminario visibilizar la opinión académica sobre la esencia del proyecto del Tren Maya desde una perspectiva efectiva ecológica, social y jurídica”, dijo la investigadora mexicana, Marisa Mazari Hiriart.

El proyecto se anunció en el 2018, días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara al poder. Desde entonces la comunidad académica se pronunció en una carta para detener la velocidad del plan.

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Los investigadores hicieron análisis de las primeras manifestaciones de impacto ambiental, además de solicitudes para discutir el tema con distintos organismos del Estado, así como para involucrar a la sociedad. Pero nunca hubo respuesta.

Hasta hace unas semanas, dijo el investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano, al recordar la campaña de artistas populares que no fue bien tomada por AMLO. “¿Dónde estábamos hace 30 años? Estábamos peleando por la selva Lacandona. Nada más nos descalifican y no hay paso adelante. Que nos ponga a platicar con quienes él considera que son ambientalistas y san, se acabó”, agregó el investigador del Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín Legorreta.

No hay plan definido 

El Tren Maya recorrerá una distancia de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según la plataforma digital habilitada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para informar, de forma limitada, sobre el proyecto.

Para Medellín Legorreta, los trenes han sido subestimados y sub apoyados por todas las administraciones. La última inversión la hizo Porfirio Díaz en el siglo XX, aún cuando representan una gran posibilidad de detonar el desarrollo sustentable, “si se hace bien”.

Hasta ahora, dijo que no hay un plan definido, no es sustentable ni compatible con el desarrollo socioeconómico de la Península ni con el futuro de sustentabilidad desde el punto de vista de la biodiversidad o de los beneficios de los pueblos mayas.

Incluso, el proyecto incumple con el Marco Jurídico Ambiental, particularmente al no presentar un proyecto íntegro y no segmentado, amplió Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

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Alanís dijo que no se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales, “pero de manera sorprendente ni el promovente ha dicho cómo cumplen”, en los cinco estados donde pasará el tren.

Península heterogénea  

Cualquier megaproyecto debe ser planeado de acuerdo a las características del territorio, “el flujo del agua, como en cualquier territorio, va ser lo que permita la conexión entre ecosistemas”, dijo la también investigadora del Instituto de Ecología, Luisa Falcón.

Puso el ejemplo del corredor transversal costero del sur de Quintana Roo que representa flujo de agua tanto superficial como subterránea y permite la interacción e interconexión de sitios como Laguna Bacalar a través de una serie de canales de otras lagunas tanto en Chetumal hasta llegar al Mar Caribe.

“Entonces hay desplazamiento de un sinfín de especies muchas de ellas endémicas de la Península de Yucatán que van a desplazarse siguiendo estos flujos hidrológicos”. La región es frágil porque la geología es distinta, “es fantástica”.

Además, explicó que el 50 por ciento de sus manglares están a lo largo del litoral, por ello insistió “se tiene que hacer un proyecto que entienda perfectamente bien antes de ocasionar un mal mayor”.

En este entorno, Ana Esther Ceceña del Observatorio Latinoamerica de Geopolítica, consideró la importancia del peso de los dos trenes, de pasajeros y de carga, en un piso que es calcáreo y quebradizo, “no se han discutido los argumentos que llevamos tres años presentando”.

En el caso de Calakmul, Campeche, existe la cueva más importante de murciélagos en la región Neotropical. En términos de números, se trata del refugio de 3,000,000 quirópteros de mayores dimensiones desde el centro de México hasta Argentina.

Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, aproximadamente. El 70 por ciento de estos invertebrados son plagas de la agricultura, expuso Rodrigo Medellín Legorreta.

“Si tiran eso me voy a ir con todo porque están destruyendo uno de los grandes aliados de la agricultura. Tengo entendido que cambiaron el trazo para pasarlo por detrás del cerro donde está la cueva lo que también va a traer montones de destrozos en un corredor donde sabemos que cruzan jaguares porque es la zona cercana a la reserva de la biosfera de Calakmul”.

En esta parte de Quintana Roo, del tramo cinco, tampoco hay Manifestaciones de Impacto Ambiental que puedan ser consultadas, para que los académicos puedan ver las medidas de mitigación que resuelvan las preocupaciones por el mega proyecto.

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Originalmente el trazo estaba planeado para ir entre las carreteras de cuatro carriles que conectan Cancún con Tulum, “luego resultó que, por los hoteleros, no por temas técnicos de ninguna manera, sino por la preocupación de los hoteleros se cambió el trazo para meterse cinco kilómetros dentro de la selva”, agregó Medellín.

La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar publicó artículos que demuestran que la mayor cantidad de jaguares de México están precisamente en la Península de Yucatán. Los investigadores dijeron que, incluso los pasos de fauna, tampoco están bien ideados.

Borrar la historia  

En el 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 7,274 puntos de valor arqueológico en esa región. De acuerdo al Fonatur, cuando iniciaron los trabajos del primer tramo del Tren Maya se encontraron 5,300 hallazgos arqueológicos.

En el mapeo, no se muestran todos los vestigios arqueológicos, porque se descubrieron con el avance del proyecto del tren y, hasta ahora, no hay registro. Se trata de piezas pequeñas y grandes edificaciones que, a la fecha, pueden alcanzar las 13,000, descubiertas durante este proyecto de la “cuarta transformación”.

La investigadora Ana Esther Ceceña, consideró que los hallazgos continuarán en la medida que se vaya ‘rascando’ por la zona, “lo que está puesto en riesgo es de enorme importancia y dimensión desde todos los puntos de vista histórico-cultural”.

“Somos un país que en el momento de la conquista le fue borrada su historia y su historia se está recuperando a través de la experiencia de los pueblos, pero también de los hallazgos arqueológicos qué hoy están realmente amenazados”.

Lo mismo pasa con las poblaciones indígenas que habitan la región, pero al no estar reconocidas en las estadísticas no son consultadas ni visibilizadas, pese a ser parte fundamental de la conservación de la selva.

Ceceña agregó que, de los 68 grupos lingüísticos reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 44 están en esta región que jurídicamente es indispensable que den su consentimiento para el Tren Maya.

Narcotráfico y migración

La académica Ana Esther Ceceña, sumó que no se cuenta con un estudio de factibilidad económica del proyecto, mientras la promoción que se hace del empleo está ligada a la propia construcción de las vías y no al resto de las actividades.

En la zona donde comenzaron los trabajos del tren, existe un incremento de 8% anual de personas asalariadas, pero se trata de trabajo temporal y precario “aunado a esta dinámica urbanizadora, tienden a disminuir la calidad de vida de las personas que están incorporadas”.

Dijo que la región es una de las zonas más ricas del país en la que se pueden generar proyectos sin dañar ni romper las condiciones de sustentabilidad; pero el Tren Maya fue anunciado como proyecto de urbanización.

Recordó que hace 40 años, Cancún tenía 3 mil habitantes y un territorio urbano de mil hectáreas que ahora se extendió a 13 mil, es decir “se comió el área donde se producían alimentos y eso tiende a aumentar la dependencia desde el exterior para la dotación de los mismos”.

Esto, a su vez, provoca intensificación de este tipo de actividades económicas, por ejemplo, la agroindustria que aumenta “el área de colonización urbana”, que contribuye a la contaminación del planeta.

Para la investigadora, a la situación social, económica y ambiental se agrega la presión de Estados Unidos con la política migratoria, pues la zona de detención justamente es la franja transístmica, “además de que Quintana Roo se ha convertido en una de las rutas importantes del narcotráfico”, con Estados Unidos y Europa, por el lado atlántico.

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“En la medida que se va rompiendo el tejido social y la organización comunitaria con todo el contexto tiende hacerse más frágil la defensa de la población frente a estos grupos y quedan en manos del crimen organizado que promueve la trata de personas”.

Ceceña agregó que es un punto estratégico, “habría que imaginar qué pasa si de repente todos los grandes competidores o las grandes licencias del comercio mundial aparecen interesadas en este paso, ¿Qué va pasar con la región? ¿Vamos a entrar en guerra por el territorio o cómo se va diluir el problema?”, cuestionó.

Los investigadores coincidieron que el proceso de restauración ecológica será 10 o 20 veces más caro que la conservación actual del ecosistema, asimismo que el proyecto del tren transístmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, “hay que revisarlo porque también tiene serios problemas”.

La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.

El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.

En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.

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La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.

“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.

Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.

En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.

Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.

Despojo 

El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.

“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.

Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.

Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.

A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.

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El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.

“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.

Discriminación

La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.

Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.

“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.

En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.

Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.

Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.

A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.

Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.

En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.

En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.

En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.

“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.

Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.

Leyes

En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.

En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.

“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.

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Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.

Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.

El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.

El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.

En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.

En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.

A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.

El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.

Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.

“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.

Protección 

La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.

Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.

El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).

En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.

Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.

Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).

“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.

La Suprema Corte de Justicia canceló los permisos ambientales emitidos para la planta de Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del conglomerado suizo-alemán, Proman AG, quien tiene proyectado una inversión de 100,000 millones de pesos para la producción de agroquímicos en Topolobampo, Sinaloa, norte de México.

Yasmín Equivel Mossa, ministra de la Segunda Sala, encargada de sesionar asuntos en materia administrativa y laboral, llevó a votación ante el Pleno de la Segunda Sala de la Corte y, por unanimidad de cinco votos, determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene que reiniciar el proceso para los permisos ambientales.

El amparo 528/2018, fue interpuesto por pescadores indígenas yoreme del campo pesquero Lázaro Cárdenas en el año 2018, contra los permisos que emitió la Semarnat, el 21 de abril de 2014, para la instalación de la planta de amoniaco.

Estos pueblos indígenas apelaron a que, tanto autoridades ambientales como la empresa, pasaron por alto realizar la respectiva consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derecho indígena, del cual es signatario el Estado mexicano.

La sentencia que se desprende del amparo 528/2018, atraído por el ministro Alberto Pérez Dayán, también dictaminó amparar y proteger a los pueblos originarios que promovieron este recurso jurídico, esto implica, por derecho, que se les realice la respectiva consulta indígena, considerando los posibles impactos hacia sus comunidades y áreas de supervivencia.

Por ello, la Corte resolvió dejar sin materia el amparo de revisión que promovió la Semarnat a favor de los permisos emitidos para la empresa.

Proman AG

Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente es la filial mexicana de Proman AG, dirigida en México por Arturo Moya Hurtado. Esta empresa pretende producir 2,200 toneladas por día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes, destinado para los agricultores mexicanos y el resto de Latinoamérica.

Se ha decidido elegir esta región, según la empresa, “porque aquí es dónde tenemos acceso a gas natural y transporte terrestre y marítimo”.

La construcción de esta planta esta proyectada para realizarse en tres fases que incluye, una planta de amoniaco, la producción de 2,200 toneladas de amoniaco diariamente y, la puesta en operación de una tercera planta, donde se producirá metanol. “Garantizamos la seguridad de todas y todos como lo hemos hecho en Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Trinidad y Tobago, Estados Unidos”, anuncia la empresa.

Esta empresa está recibiendo el apoyo del gobierno de Alemania y, entre sus carteras de servicios, también están proyectos derivados del gas natural. Este conglomerado suizo-alemán no solo ha violado el derecho de consulta de los pueblos yoreme, sino que también, la construcción y operación de su terminal portuaria para el transporte de amoniaco se encuentra ubicada en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este puerto, el proyecto considera que dentro de un sitio Ramsar puede “haber unidades de manejo, zonificación y zonas de amortiguamiento que permiten el desarrollo de otras actividades adicionales a la conservación”. Desde el año 2016, el Senado de la República ya había alertado a las autoridades ambientales que, “desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales que habitan o anidan en este humedal”.